“El Estado no puede perdonarse a sí mismo por violar derechos humanos”
CIVICUS conversa acerca de la ley de amnistía recientemente aprobada en Perú con Nadia Ramos Serrano, fundadora e investigadora del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas, una organización de la sociedad civil centrada en el desarrollo democrático y el rol de la mujer en la política.
En agosto, el gobierno peruano promulgó una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de organizaciones de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. La ley afecta la búsqueda de justicia para unas 69.000 víctimas y ha generado condena nacional e internacional por institucionalizar la impunidad.
¿Qué establece la ley de amnistía?
La ley de amnistía exonera de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa procesados o incluso sentenciados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Aunque en teoría la ley excluye delitos de terrorismo y corrupción, en la práctica podría beneficiar a personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
La ley supone revictimiza a las víctimas. Tras más de tres décadas de lucha, el Estado les dice que quienes asesinaron e hicieron desaparecer a sus familiares o los sometieron a tortura no serán castigados e incluso podrían quedar en libertad. Una vez más, es el propio Estado el que daña en lugar de reparar.
La norma no solo perpetúa la impunidad bajo el pretexto de la pacificación, sino que también consolida la discriminación estructural. La mayoría de las víctimas fueron campesinos indígenas quechuas y aymaras, grupos históricamente marginados. Una vez más, familiares y víctimas sienten que el Estado los abandona para proteger a los poderosos, alimentando la frustración, la desafección política y la desconfianza en el sistema.
¿Cumple la nueva ley con el marco legal nacional e internacional?
No. El Estado no puede perdonarse a sí mismo por violar derechos humanos: la justicia no es negociable. Esta ley busca normalizar la impunidad y rompe con el principio de igualdad ante la ley, debilita la rendición de cuentas y envía el peligroso mensaje de que quienes detentan el poder pueden violar derechos fundamentales sin que haya consecuencias.
Esto contraviene el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que no se puede otorgar amnistía en casos de crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es el caso de Barrios Altos vs. Perú, donde la Corte condenó al Estado peruano por asesinar 15 personas y herir gravemente a otras cuatro en 1991. La Corte también ha declarado incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos a las leyes de amnistía que buscan impedir la investigación y sanción de violaciones graves de derechos humanos.
¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil?
La sociedad civil ha respondido con firmeza. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, asociaciones de familiares, instituciones académicas y movimientos ciudadanos han rechazado la ley, a la que consideran un gravísimo retroceso en materia de justicia y memoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con colectivos juveniles y feministas, ha organizado plantones, publicado pronunciamientos y desarrollado campañas públicas para denunciar la impunidad.
Las heridas del conflicto siguen abiertas. Mientras algunos sectores insisten en poner el foco exclusivamente en la lucha contra el terrorismo, invisibilizando los crímenes estatales, miles de familias continúan esperando justicia. La mayoría de los responsables nunca fue juzgada y más de 20.000 personas permanecen desaparecidas. Para sus familiares, esta ley refuerza la falta de justicia y prolonga un duelo que ya dura décadas.
¿Cómo se compara esta situación con otros procesos de justicia transicional en la región?
Perú está experimentando un retroceso, mientras que la tendencia regional es a avanzar en procesos de justicia transicional. Argentina, por ejemplo, anuló las leyes que impedían que se juzgara a los responsables por cometer crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y hoy cuenta con cientos de militares condenados. Chile implementó políticas de reparación y juicios contra responsables de violaciones de derechos humanos. Colombia, con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz como parte del acuerdo de paz con las guerrillas de la FARC, también ha demostrado que es posible buscar justicia y reconciliación sin recurrir a amnistías totales.
La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza frente al retroceso del Perú. La Corte IDH emitió una resolución urgente recordando que el Estado no puede aplicar amnistías en casos de lesa humanidad. Las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalaron que la ley viola principios básicos del derecho internacional, y gobiernos extranjeros y expertos en derechos humanos han advertido sobre el deterioro del Estado de derecho en el Perú.