Un hallazgo macabro en el estado de Jalisco ha expuesto la magnitud atroz de la crisis de desapariciones en México. En marzo, colectivos voluntarios de búsqueda descubrieron en Teuchitlán un extenso rancho de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El sitio contaba con hornos crematorios donde los cuerpos eran sistemáticamente destruidos; solo quedaban restos humanos calcinados y pertenencias como zapatos y ropa, los últimos rastros de las personas desaparecidas. Este espantoso hallazgo puso en evidencia hasta qué punto las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica sistemática en México. El hecho de que el rancho estuviera en las inmediaciones de instalaciones federales de seguridad planteó interrogantes perturbadores acerca de la colaboración entre funcionarios del Estado y el crimen organizado.

El estado de Jalisco registra más de 15.000 desapariciones, la cifra más alta de México, pero esta crisis afecta a todo el país. Para las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos, el trauma de la pérdida se ve agravado por las amenazas y la violencia que reciben por atreverse a buscar la verdad.

Un problema de larga data

La desaparición forzada tiene una definición jurídica precisa en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 1996. Es definida como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Las causas judiciales permanecen abiertas hasta que se determine el destino de la víctima.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el primer precedente de responsabilidad estatal por desapariciones forzadas en una sentencia de 1988 sobre Honduras. El caso involucraba a Manfredo Velásquez, un estudiante hondureño secuestrado en 1981 por hombres vinculados a las fuerzas armadas, cuyo caso no fue adecuadamente investigado por los tribunales. La Corte declaró al Estado de Honduras responsable tanto por la detención de Velásquez como por la falta de protección judicial adecuada.

El problema de las desapariciones en México se remonta a décadas atrás, y su forma moderna surgió durante la represión política de las décadas de 1960 y 1970. El primer caso documentado – que reveló la participación del ejército en detenciones clandestinas – fue el de Epifanio Avilés Rojas, desaparecido en el estado de Guerrero en 1969. Durante este periodo, el gobierno recurrió a desapariciones, prisiones secretas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para sofocar el disenso político.

Con el tiempo, la naturaleza de las desapariciones fue transformándose. Si bien inicialmente funcionaron como arma política contra activistas e intelectuales, hoy forman parte de una compleja economía política en la que se explota a poblaciones consideradas desechables, para luego eliminarlas y así encubrir actividades ilícitas. La crisis se agravó drásticamente a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón militarizó la lucha contra los cárteles de la droga. Esta decisión desató una violencia sin precedentes, y las desapariciones forzadas se convirtieron en una herramienta tanto de las organizaciones criminales como de organismos y agentes estatales. Alrededor del 90% de las más de 121.000 desapariciones documentadas en México se han producido desde 2006. La magnitud de esta catástrofe humanitaria se refleja también en la cifra estimada de más de 52.000 restos humanos sin identificar en todo el país.

Cuando finalmente, en 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pudo acceder al país – tras ocho años de negativas del gobierno mexicano – constató que estas prácticas persistían a nivel federal, estadual y municipal, y que frecuentemente involucraban al crimen organizado. El informe del Comité reveló una impunidad casi absoluta: solo entre el dos y el seis por ciento de los casos de desaparición habían resultado en procesamientos, y solamente había habido 36 condenas.

Un fenómeno a escala nacional

El rancho de Jalisco es una manifestación especialmente atroz de una práctica sistemática presente en todo México. Esta crisis nacional involucra a múltiples actores con motivos diversos. En estados como Jalisco y Tamaulipas, las organizaciones criminales suelen operar con la complicidad de autoridades locales para establecer control territorial a través de desapariciones, a la vez que reclutan mano de obra forzada, eliminan opositores e infunden terror en las comunidades para que no opongan resistencia.

Las fuerzas de seguridad están profundamente implicadas en muchos casos. Dos ejemplos notables de ello fueron el secuestro de 19 trabajadores de la construcción en Nuevo León en 2011 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, quizá el caso con mayor repercusión internacional. Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en el estado de Guerrero mientras se dirigían a una protesta, luego de que la policía local interceptara el autobús en el que viajaban y los entregara a la organización criminal Guerreros Unidos. Las investigaciones posteriores revelaron que había personal militar presente, pero no intervino. Posteriormente hubo un encubrimiento orquestado por funcionarios del gobierno, que incluyó la destrucción de pruebas y la obtención de testimonios bajo coacción, con el fin de ocultar la complicidad del Estado.

Las organizaciones criminales han incorporado la desaparición forzada en sus operaciones económicas. Obligan a las personas secuestradas a trabajar en la producción de drogas u otras actividades, las utilizan como escudos humanos en disputas territoriales y eliminan a quienes se niegan a obedecer, mientras las autoridades estatales miran hacia otro lado, si es que no participan activamente.

Los jóvenes resultan desproporcionadamente afectados. En Jalisco, un tercio de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 29 años. Las mujeres y niñas también se encuentran entre las principales víctimas: muchas desapariciones están vinculadas con redes de trata y explotación sexual. La ciudad fronteriza de Ciudad Juárez se ha vuelto tristemente célebre por los femicidios, con más de 2.500 mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas desde la década de 1990. Muchas de las víctimas eran trabajadoras jóvenes de maquiladoras, y sus cuerpos mostraban signos de tortura y violencia sexual. El caso de Campo Algodonero de 2001, donde se hallaron los cuerpos de tres mujeres en Ciudad Juárez, evidenció la negligencia sistemática de las fuerzas de seguridad. A pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no proteger a las mujeres, la impunidad sigue siendo la norma.

Las personas migrantes en tránsito por México constituyen otro grupo vulnerable frente a las desapariciones. Los cárteles frecuentemente las secuestran para extorsionarlas o reclutarlas a la fuerza. La masacre ocurrida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde el cártel de los Zetas ejecutó a 72 personas migrantes que se negaron a trabajar para ellos, ejemplifica con brutal claridad estas prácticas.

El papel fundamental de la sociedad civil

Ante la complicidad e inacción gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en la documentación de desapariciones, el acompañamiento a las familias de las víctimas y la exigencia de rendición de cuentas. Diversos grupos, como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dan seguimiento a los casos y colaboran con organismos internacionales para documentar la participación estatal en las desapariciones y abogar por reformas políticas. A su vez, algunas organizaciones dedicadas al litigio estratégico, como IDHEAS, han presentado casos ante tribunales internacionales, lo que llevó a activar investigaciones que llevaban mucho tiempo paralizadas.

La respuesta más notable, sin embargo, proviene de los colectivos de base formados por familiares de personas desaparecidas. En todo México, hay cientos de grupos como Guerreros Buscadores que transforman el dolor personal en acción colectiva. Estas organizaciones, dirigidas en su mayoría por mujeres -madres, esposas y hermanas de desaparecidos- llevan a cabo operaciones de búsqueda en zonas remotas para localizar fosas clandestinas, realizan exhumaciones, colaboran con universidades para realizar análisis de ADN, y resguardan sus hallazgos en bases de datos seguras para evitar la manipulación de pruebas. Su persistencia ha permitido descubrir numerosas fosas comunes y ha obligado a las autoridades a reconocer la verdadera magnitud de la crisis.

Estos colectivos familiares organizan regularmente manifestaciones públicas que se convierten en poderosos momentos de memoria colectiva y exigencia de acción. El 10 de mayo, Día de la Madre, los colectivos de madres celebran Marchas de la Dignidad para exigir el regreso con vida de sus hijos. El 11 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, marchan en ciudades de todo México. Cada 28 de septiembre, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos encabezan protestas en Ciudad de México bajo el lema “¡Vivos se los llevaron, con vida los queremos!”.

Tras años de presión de la sociedad civil, en 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que reconoció formalmente la desaparición forzada en el marco jurídico nacional y creó la Comisión Nacional de Búsqueda. Si bien el logro fue significativo, la implementación de la ley ha resultado problemática.

Obstáculos estructurales para la verdad y la justicia

El gobierno de López Obrador, en funciones entre 2018 y 2024, inicialmente priorizó casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, pero el impulso pronto disminuyó. Se lograron algunos avances institucionales, como la creación en 2019 de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para abordar el rezago de restos sin identificar, pero los desafíos sistémicos persisten.

La implementación de la ley de 2017 ha sido desigual en el sistema federal mexicano. Muchos estados carecen de comisiones de búsqueda funcionales, a pesar de los mandatos legales que las exigen. Un exhaustivo informe de monitoreo publicado a inicios de 2025 identificó deficiencias críticas: sistemas de información inadecuados para el registro de desapariciones, capacidad forense insuficiente, abandono de casos antiguos, ausencia de planificación estratégica, esfuerzos preventivos mínimos, personal poco capacitado, participación limitada de las víctimas en el desarrollo de políticas y sanciones insignificantes para los autores.

La escasez de recursos limita la capacidad de procesar a los responsables, mientras que el ejército -implicado en numerosas desapariciones- aún se encuentra protegido por la legislación de seguridad nacional. Las familias que luchan por la justicia frecuentemente enfrentan intimidaciones, y algunos de sus miembros han sido asesinados.

En mayo de 2024, Teresa Magueyal fue asesinada por hombres armados en motocicleta en el estado de Guanajuato. Llevaba más de tres años buscando a su hijo José Luis, desaparecido en 2020. Fue la sexta madre de un desaparecido asesinada en Guanajuato en pocos meses. A pesar de conocer los riesgos, Teresa participaba regularmente en búsquedas sobre el terreno con su colectivo Una Promesa por Cumplir, e investigaba zonas controladas por organizaciones criminales. Otra madre destacada, Norma Andrade, ha sobrevivido a dos intentos de asesinato. Cofundó una organización de madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez tras el asesinato de su hija, Lilia Alejandra, en 2001.

Perspectivas de reforma efectiva

El descubrimiento del rancho de exterminio de Jalisco generó indignación pública sin precedentes y desató protestas en todo el país. En respuesta a esta presión, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la lucha contra las desapariciones es una prioridad nacional y anunció varias iniciativas: fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, reformar la documentación de identidad para prevenir la usurpación de identidad de las personas desaparecidas, crear bases de datos forenses integradas, aplicar protocolos de búsqueda inmediata sin periodos de espera, estandarizar las sanciones penales, publicar estadísticas de investigación transparentes y mejorar los servicios de apoyo a las víctimas.

La presidenta Sheinbaum prometió que el caso de Teuchitlán no quedará impune. Comprometió a su administración a establecer la verdad mediante evidencia científica y a procesar a todos los responsables. Poco después, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la apertura de un procedimiento de urgencia para examinar la crisis de las desapariciones en México, un paso que podría elevar estos casos al escrutinio de la Asamblea General de la ONU. La supervisión internacional resulta necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.

Para lograr avances significativos, México debe emprender reformas integrales que aborden los fundamentos estructurales de la crisis. Entre las medidas fundamentales se incluyen: desmilitarizar la seguridad pública, fortalecer a los fiscales independientes y a las instituciones forenses, garantizar investigaciones transparentes libres de interferencia política y proporcionar apoyo continuo a las familias de las víctimas.

Los últimos acontecimientos -la indignación pública, los compromisos presidenciales y el escrutinio internacional- crean un posible punto de inflexión para abordar este trauma nacional. Si alguna vez existieron condiciones favorables para una acción sustantiva, es ahora.

Lo que resulta evidente es que las madres de los desaparecidos en México continuarán su búsqueda independientemente del apoyo oficial. Su determinación trasciende los cálculos políticos. Buscan porque no tienen otra opción, ya que la alternativa es impensable. Su mensaje a sus seres queridos desaparecidos, y al Estado que les ha fallado, permanece inquebrantable: “Hasta encontrarles, hasta encontrar la verdad”.

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