CIVICUS conversa sobre el problema de las desapariciones forzadas en México con Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). El CEPAD es una organización de la sociedad civil (OSC) del estado de Jalisco que brinda acompañamiento integral a víctimas de tortura y desaparición forzada.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recientemente descubrió un campo de adiestramiento y exterminio presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este hallazgo reavivó el debate sobre la crisis de desapariciones forzadas que experimenta México, donde más de 124.000 personas permanecen desaparecidas, aunque la cantidad podría ser mucho mayor dado que muchas familias no denuncian por temor a represalias. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum promete una investigación exhaustiva, la sociedad civil cuestiona la voluntad y la capacidad del Estado para enfrentar el dominio territorial del crimen organizado.

¿Qué descubrieron los Guerreros Buscadores de Jalisco?

El colectivo Guerreros Buscadores descubrió un centro de tortura, desaparición y asesinato en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán. Hallaron fragmentos de restos óseos, cientos de prendas y casquillos, así como hornos crematorios que tenían la estructura de pozos cavados en la tierra, donde se habrían incinerado los cuerpos para borrar las evidencias.

El hallazgo no solo expuso la brutalidad del crimen organizado, sino también las omisiones, negligencias y encubrimientos que durante mucho tiempo le han permitido operar con total impunidad. No es creíble que un sitio así haya funcionado tanto tiempo sin que las autoridades lo supieran. Ello evidenció la existencia de esquemas de colusión en los que el crimen organizado actúa con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. La línea divisoria entre instituciones públicas y delincuencia organizada es cada vez más difusa.

Tan solo seis meses antes del hallazgo, en septiembre de 2024, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el lugar. Sin embargo, la búsqueda, el aseguramiento del predio y las diligencias periciales fueron irregulares, reflejo de la descomposición institucional y la incapacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.

¿Hay otros casos similares en México?

Lamentablemente, este no fue un caso aislado. Desde 2019, Jalisco es el estado mexicano con mayor número de personas desaparecidas. Otros sitios similares se han encontrado en Jalisco durante al menos cuatro administraciones. Muchos están cerca del Rancho Izaguirre; de ahí que se hable de un “circuito desaparecedor”. También se han identificado campamentos de trabajo forzado con personas reportadas como desaparecidas. Estos sitios suelen estar en áreas rurales de difícil acceso y operan con la complicidad de autoridades locales.

Los cárteles usan violencia, engaño y coerción para reclutar a jóvenes de comunidades excluidas, con pocas oportunidades laborales o educativas. Usualmente les hacen falsas ofertas de trabajo a través de redes sociales y los llevan a campamentos donde reciben entrenamiento táctico. Quienes intentan resistirse o escapar son asesinados. En julio de 2024, colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron esta práctica cerca de la Central Nueva Camionera en Guadalajara, donde documentaron más de 70 casos. Pero el entonces gobernador de Jalisco desestimó las denuncias, calificando las desapariciones como “ausencias voluntarias”.

¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía ante el más reciente hallazgo?

El descubrimiento ha provocado diversas reacciones. En los días siguientes, miles de personas en todo el país participaron en manifestaciones de luto nacional. Estas jornadas buscaron visibilizar la crisis de desaparición de personas en México, expresar la indignación y el dolor colectivos, respaldar a los familiares de personas desaparecidas, y exigir justicia, memoria y medidas inmediatas para que estos crímenes no se repitan. Como elementos simbólicos de protesta se colocaron zapatos y veladoras frente a edificios institucionales estratégicos.

La solidaridad con las familias buscadoras se reflejó en campañas en redes sociales con llamados a garantizar su seguridad y destinar financiamiento para las búsquedas, peticiones ante organismos internacionales y acompañamiento psicosocial y jurídico. También se creó una plataforma digital para facilitar la identificación de víctimas a partir de los objetos encontrados en el rancho.

Sin embargo, también hubo intentos de desacreditar el hallazgo. Grupos con intereses políticos han promovido campañas de desinformación y difamación en contra de las familias, usando discursos oficiales, medios afines, redes sociales, amenazas e incluso inteligencia artificial, con el objetivo de restar gravedad a lo ocurrido, deslegitimar su lucha y frenar las demandas de verdad y justicia.

¿Cuál ha sido la respuesta oficial de las autoridades?

A raíz del hallazgo, por primera vez en la historia, la presidencia de México reconoció públicamente la crisis de desapariciones y la declaró prioridad nacional. La presidenta Sheinbaum anunció medidas y reformas “inmediatas”, muchas de las cuales son en realidad obligaciones legales que el Estado ha ignorado por años. También prometió una investigación exhaustiva.

Tres semanas después, la Fiscalía General de la República tomó el caso y exhibió las omisiones e irregularidades de la actuación de la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, evitó reconocer la existencia de hornos crematorios o del centro de exterminio.

Días después organizó una visita pública al rancho, supuestamente para garantizar transparencia y participación. Pero se trató de un acto de revictimización que las familias calificaron de “circo mediático”, “galería del horror” y “museo de nuestro dolor”. Las familias denunciaron desorganización, falta de información y abandono institucional. También encontraron signos de alteración del suelo y posible manipulación que los llevaron a pensar que la visita buscó legitimar la narrativa oficial que minimiza la gravedad del hallazgo.

Nos preocupa la falta de coordinación entre autoridades y la ausencia de condiciones para que la investigación y la búsqueda se hagan con independencia, exhaustividad, seriedad y debida diligencia. La politización del caso ha desviado el foco y diluido su gravedad. No se garantizan los derechos de las familias a estar informadas y participar del proceso. Desde que la Fiscalía General se hizo cargo del caso, no les ha permitido participar ni observar las búsquedas, ni ha compartido con ellas los avances de la investigación. Esto vulnera directamente sus derechos.

¿Qué medidas se necesitan para combatir la crisis de desapariciones en México?

Las desapariciones forzadas han ocurrido en forma masiva a lo largo de décadas, perpetradas con tácticas criminales cada vez más sofisticadas. Las autoridades se han resistido a reconocer la magnitud del problema y no le han dado una respuesta efectiva.

Para enfrentarlo es prioritario combatir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia. Es indispensable asegurar la autonomía de las fiscalías para que puedan investigar sin presiones ni interferencias. También se necesitan estrategias integrales de prevención que aborden las causas estructurales de las dinámicas delictivas.

El marco legal que se ha construido a partir de la lucha de las familiares de desaparecidos debe ser verdaderamente implementado. México ha sido ejemplar en la creación de leyes garantistas, pero ha fallado en aplicarlas. Se necesita una respuesta seria, coordinada e integral que combine voluntad política, compromiso del Estado, participación de las víctimas y mecanismos extraordinarios que permitan acceder a la verdad, justicia y reparación.