La justicia se hace esperar para las familias de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Los estudiantes regresaban a Ayotzinapa desde la ciudad de Iguala cuando fueron secuestrados y presuntamente asesinados en una operación en que participaron agentes estatales y miembros de Guerreros Unidos, una banda criminal.

Ocho años después, apenas se han encontrado algunos fragmentos de huesos de tres estudiantes desaparecidos, y la secuencia de los acontecimientos desarrollados en la noche de ese 26 de septiembre sigue sin aclararse. Pero recientes revelaciones apuntan en dirección del encubrimiento por parte del gobierno: el ex fiscal general que dirigió la investigación original de 2014, Jesús Murillo Karam, ha sido detenido. Se le acusa de ignorar y alterar pruebas y de fabricar una versión de los hechos que atribuye toda la culpa a la policía local y al crimen organizado, al tiempo que absuelve de toda responsabilidad a las autoridades estatales y a los altos rangos de las fuerzas de seguridad.

Se han dictado órdenes de detención adicionales contra 82 personas, entre ellas mandos y personal militar, agentes de policía y funcionarios locales. Este es, con mucho, el paso más importante que se ha dado hasta la fecha para obligar a los responsables a rendir cuentas.

Noche de infamia

En la noche del 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa regresaba a casa desde Iguala, donde habían tomado unos autobuses que planeaban utilizar para un viaje a la Ciudad de México. Allí iban a participar en la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, cuando las fuerzas armadas abrieron fuego contra civiles desarmados, muchos de ellos estudiantes, que protestaban contra la celebración de los Juegos Olímpicos en México.

Los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa fueron interceptados por la policía municipal y por hombres armados no identificados que dispararon contra los vehículos. Unos 25 o 30 estudiantes fueron sacados de los autobuses y llevados en camiones de la policía.

Mientras los testigos intentaban recoger pruebas y contactarse con medios de comunicación, se produjo una segunda emboscada. Unos pistoleros enmascarados atacaron y secuestraron a más estudiantes. A la mañana siguiente, seis personas fueron encontradas muertas, 25 fueron reportadas heridas y 57 estudiantes fueron reportados como desaparecidos. Trece estudiantes volvieron a casa el 30 de septiembre, pero 43 seguían sin aparecer. Un informante militar que se había infiltrado en el grupo también fue secuestrado y desaparecido.

Según los primeros informes oficiales, policías de Iguala entregaron a los secuestrados a agentes de la vecina localidad de Cocula, que a su vez los entregaron a Guerreros Unidos. Más tarde, sin embargo, investigaciones independientes revelaron que varios funcionarios estatales, incluidos militares y policías, desempeñaron un rol mucho más importante, trabajando en todo momento mano a mano con la banda criminal para desaparecer a los estudiantes y luego cubrir sus huellas.

A pesar de que hubo varias detenciones y algunas condenas, todavía no se sabe mucho sobre los hechos. No se ha determinado un motivo claro, aunque se han propuesto varias teorías. Entre ellas, se ha sugerido que los estudiantes se habían negado a pagar una extorsión a Guerreros Unidos, que los autobuses que habían incautado transportaban contrabando de Guerreros Unidos y que el ataque se produjo como reacción a la planificación de una protesta que tendría lugar durante un discurso de la esposa del alcalde de Iguala.

El paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido, pero hace tiempo se les ha dado por muertos. Sus familias continúan exigiendo verdad y justicia.

Los límites de la investigación inicial

Los informes indican que poco después del incidente 280 policías municipales de Iguala fueron llamados para ser interrogados. Casi todos ellos fueron puestos en libertad sin cargos, pero 22 quedaron detenidos por uso excesivo o letal de la fuerza contra los estudiantes. Miembros de Guerreros Unidos -incluido el líder de la banda, Sidronio Casarrubias Salgado- fueron detenidos un mes después de las desapariciones, y en noviembre el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa fueron detenidos bajo la acusación de haber ordenado el ataque.

Esta primera respuesta pareció sugerir que habría una investigación exhaustiva y que todos los implicados, incluidos los representantes del Estado, rendirían cuentas de sus actos. Pero no fue así. En 2015 empezaron a elevarse acusaciones de encubrimiento, y las familias de las víctimas rechazaron el informe inicial, que afirmaba que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un vertedero. Esta conclusión fue desestimada por expertos forenses tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del Equipo Argentino de Antropología Forense.

El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, trató de desacreditar las conclusiones de los expertos independientes y obstruyó activamente la investigación de la CIDH. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2018 concluyó que los testigos habían sido torturados e intimidados para suprimir pruebas. Nuevas informaciones publicadas en 2022 por la Comisión de la Verdad, un órgano oficial, estableció que los funcionarios del gobierno tenían conocimiento de la participación de los militares, pero habían mentido.

La lucha por la justicia

A lo largo de los años, decenas de movilizaciones han exigido que se realice una investigación cabal de las desapariciones y que los implicados sean llevados ante la justicia. La primera gran protesta, desarrollada el 8 de octubre de 2014, reunió a 15.000 personas en la Ciudad de México. Ese día hubo movilizaciones en al menos 25 estados mexicanos, y las protestas se multiplicaron a medida que el movimiento se extendía por el país y el mundo.

El 5 de noviembre de 2014, grupos de estudiantes mexicanos organizaron en la Ciudad de México un Día de Acción Global por Ayotzinapa al que, según la policía, asistieron hasta 60.000 personas. Quince días más tarde, más de 100.000 personas volvieron a marchar en la Ciudad de México; también se produjeron protestas en otras 250 ciudades mexicanas y en el extranjero, lo que hizo de esta la jornada de movilización más multitudinaria realizada hasta la fecha para demandar justicia para los estudiantes desaparecidos. En el primer año después de los secuestros se contaron 38 días de protestas masivas en varias ciudades, con cifras que a menudo alcanzaban las decenas de miles de personas.

Los trabajadores estatales participaron en huelgas y cientos de voluntarios locales se sumaron al operativo de búsqueda de los estudiantes en las semanas posteriores a su desaparición.

Los familiares de las víctimas encabezaron varias protestas. Aunque el tamaño de las manifestaciones disminuyó con el tiempo, las familias mantuvieron su presencia. El 26 de cada mes siguieron saliendo a la calle para exigir justicia, acompañados de centenares de personas. En gran medida ha sido su resistencia la que a lo largo de años de encubrimientos ha mantenido encendida la esperanza de hallar la verdad.

Las redes sociales también fueron utilizadas para movilizar apoyos. Hashtags como #AccionGlobalporAyotzinapa, #CompartimosElDolor y #AyotzinapaSomosTodos ofrecieron puntos de encuentro.

Muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, incluidos sindicatos y grupos de estudiantes, participaron intensamente en la organización de las protestas y la provisión de ayuda. Entre las más activas se encuentra Tlachinollan, que ha proporcionado asistencia legal y apoyo moral a los familiares de los desaparecidos, el Comité Cerezo, que ha ayudado a denunciar la represión estatal del activismo, y Serapaz, que también ha apoyado a las familias de los desaparecidos y ha propuesto un proyecto de ley sobre desaparición forzada.

Los organismos y OSC internacionales también han desempeñado un rol importante. Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron de las primeras organizaciones internacionales en condenar la desaparición y exigir una rápida respuesta de las autoridades. Menos de dos semanas después, 101 OSC nacionales e internacionales hicieron pública una declaración conjunta en la que condenaban el incidente y pedían al gobierno que tomara medidas. En Estados Unidos, una coalición de sociedad civil organizó una gira de los familiares de los desaparecidos en abril de 2015 para dar a conocer el caso. La CIDH contribuyó a que el gobierno rindiera cuentas, desbaratando los intentos de encubrimiento del Estado al realizar su propia investigación.

Esperanzas de justicia

Dos días después de su toma de posesión en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió una de sus principales promesas de campaña al firmar el decreto que estableció una Comisión de la Verdad encargada de investigar la desaparición.

En el marco de su investigación, el 26 de septiembre de 2020 se dictaron, por primera vez, órdenes de detención contra militares implicados en el caso. El 18 de agosto de 2022, la Comisión de la Verdad presentó su informe, en el que declaró que la desaparición había sido un crimen de Estado orquestado conjuntamente por Guerreros Unidos y agentes de varias instituciones estatales.

La Comisión analizó más de 41.000 documentos y 50 videos que mostraban las torturas a que fueron sometidos los detenidos implicados en el caso. Rechazó la afirmación de la administración anterior de que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un vertedero cercano y, en una revelación demoledora, detalló que seis de los estudiantes permanecieron vivos durante días después de su secuestro, pero luego fueron entregados al ejército local y el coronel José Rodríguez Pérez ordenó su asesinato.

Tras la publicación del informe de la Comisión, la fiscalía anunció la detención de Murillo Karam. En tanto que artífice de la narrativa del gobierno anterior sobre el caso, será juzgado bajo acusaciones de desaparición forzada, omisión de denuncia de torturas y obstrucción de la justicia. La fiscalía reveló que se habían emitido órdenes de detención contra otras 82 personas: 20 militares, 43 policías, 14 miembros de Guerreros Unidos y cinco funcionarios locales del estado de Guerrero.

El presidente López Obrador ha prometido seguir buscando la verdad y prometió que los responsables serán procesados. Pero la lucha aún no ha terminado: en una declaración conjunta, las familias de los 43 expresaron su alivio por la admisión oficial de la participación del gobierno, pero insistieron en que el informe dejaba muchas preguntas sin respuesta.

Un camino incierto

Las familias quieren pruebas concluyentes del destino de sus seres queridos. Quieren saber quién exactamente dio la orden de su desaparición, algo que el informe de la Comisión no establece. Exigen que se revele toda la información relativa al rol que desempeñaron los militares.

Aunque las detenciones y las órdenes de detención ofrecen una señal positiva, es posible que no estén alcanzando hasta lo más alto. En el pasado ha habido condenas, pero hasta ahora no ha habido ninguna de alguien que haya desempeñado un rol directo en la desaparición de los estudiantes. No se sabe si el coronel Rodríguez Pérez está entre los buscados en la última tanda de órdenes de detención.

Hay quienes han visto en el informe de la Comisión un reconocimiento de que el caso podría no resolverse nunca. Es posible que la manipulación sistemática de las pruebas y la obstrucción de la justicia bajo la anterior administración lo hagan poco probable. Y, a pesar de las garantías de López Obrador, es posible que la actual administración quiera restar importancia a la participación militar en el caso y limitar el escrutinio de su rol.

El caso Ayotzinapa es parte de un problema mucho más grande de desapariciones forzadas en México. Estas han ocurrido durante años y su número sigue aumentando. La evidencia apunta a la existencia de densas redes de corrupción y complicidad que implican a funcionarios públicos, policías y militares y al crimen organizado, pero prevalece la impunidad, especialmente entre los altos mandos.

En el caso de los 43 de Ayotzinapa, la muy visible respuesta pública ha empujado al gobierno a actuar. López Obrador hizo una promesa electoral y ha mostrado cierta voluntad de cumplirla. Pero en un país donde ha habido periodistas asesinados por informar sobre el caso, la capacidad de la ciudadanía de ejercer presión pública tiene límites claros, y López Obrador no está facilitándole las cosas.

El mismo presidente que creó la Comisión de la Verdad está ahora dirigiendo ataques intensos contra el ya muy restringido espacio cívico de México. Debería tener cuidado de no repetir los errores de sus predecesores y, en cambio, esforzarse por ser recordado por haber hecho algo inédito: desafiar la impunidad y hacer justicia para los muertos, los desaparecidos y los sobrevivientes.

México se encuentra actualmente en la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor, que identifica a los países que están experimentando un deterioro grave y abrupto en la calidad de su espacio cívico.