CIVICUS conversa sobre el cierre de oficinas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México con el equipo de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana que promueve y defiende los derechos humanos en contextos de movilidad.

En mayo el ACNUR anunció el cierre de cuatro de sus 12 oficinas en México a causa de los recortes de financiamiento producidos tras la decisión de Donald Trump de congelar 700 millones de dólares que Estados Unidos entregaba al organismo, lo cual supone un recorte de casi 200 empleados y una reducción del 30% en su capacidad operativa a nivel mundial. En México, que en 2024 recibió casi 80,000 solicitudes de asilo, esta reducción de capacidad institucional ocurre precisamente cuando la demanda de servicios de protección se intensifica, trasladando una carga desproporcionada hacia OSC que cuentan con recursos limitados.

¿Cuáles son las consecuencias del cierre de oficinas de ACNUR?

La reducción de la presencia de ACNUR ha generado una crisis múltiple. El cierre de varias oficinas ha limitado drásticamente el acceso de las personas refugiadas a asesorías, apoyo legal y servicios básicos como atención médica. Pero el impacto va más allá: ACNUR financia a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y su apoyo resultó disminuido, lo que puede debilitar gravemente la capacidad institucional para responder al aumento de solicitudes de refugio de un organismo que ya registraba importantes rezagos.

El panorama se complica aún más porque el Instituto Nacional de Migración también ha dejado de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias. Esta decisión deja a muchas personas refugiadas sin documentación migratoria, lo que las expone a detenciones arbitrarias y dificulta su acceso a empleos formales. En muchos casos, esta situación las lleva a abandonar por completo el trámite de solicitud de refugio. Es que, mientras que en 2024 una solicitud solía resolverse entre tres días y seis semanas, actualmente hay casos que superan los tres meses de espera. Este deterioro refleja un retroceso institucional que amenaza el ejercicio de derechos fundamentales.

¿Qué riesgos enfrentan las mujeres y niñas refugiadas?

Las mujeres y niñas refugiadas suelen experimentar un círculo de violencia que no se rompe con la migración. Abandonan sus países de origen huyendo de la violencia de género, pero esta violencia continúa en las rutas migratorias. Durante el tránsito carecen de acceso a salud sexual y reproductiva, lo que incluye productos menstruales, atención prenatal y servicios de planificación familiar.

Al llegar a México, enfrentan nuevas barreras para encontrar empleo digno, acceder a cuidados infantiles o continuar su educación. Estas dificultades se agravan por la falta de redes de apoyo locales que les permitan integrarse efectivamente.

¿Cómo está respondiendo la sociedad civil?

Con la reducción del financiamiento internacional, la sociedad civil mexicana ha asumido un rol protagónico en la respuesta humanitaria. Su fortaleza radica en su conocimiento profundo del contexto y de las necesidades de las personas refugiadas, lo que les permite adaptar sus servicios a los distintos perfiles.

Sin embargo, el impacto de los recortes es innegable. Por ejemplo, muchas de estas organizaciones, anteriormente respaldadas por ACNUR, proporcionaban asesoría legal durante el proceso de solicitud de refugio, un servicio que aumentaba significativamente las probabilidades de éxito.

En este contexto, México necesita que la comunidad internacional, y especialmente los países que han adoptado la Declaración de Cartagena – el marco regional para la protección de refugiados en América Latina –, refuercen la cooperación regional para garantizar la protección, integración y regularización de las personas desplazadas. Simultáneamente, el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y asignar recursos propios para atender la movilidad humana, cumpliendo con sus compromisos internacionales con una visión de largo plazo.

¿Existen alternativas locales de financiamiento?

México cuenta con mecanismos que podrían activarse. Una primera opción es reactivar las convocatorias públicas del Instituto Nacional de Desarrollo Social, un esquema en el que OSC compiten por fondos para proyectos de asistencia a personas migrantes y refugiadas. Para que funcione, estas convocatorias deben regirse por principios de transparencia, corresponsabilidad y participación ciudadana.

También hay modelos estatales más innovadores. En Chihuahua, por ejemplo, la Fundación del Empresariado Chihuahuense y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana han logrado canalizar fondos empresariales mediante impuestos hacia fideicomisos supervisados por el gobierno estatal. Estos recursos financian, a través de convocatorias públicas, servicios en áreas como seguridad ciudadana, educación y alimentación. Este modelo podría replicarse en otras entidades del país para crear una red nacional de financiamiento alternativo.