El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, culminaron los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, una campaña global que se despliega cada año para generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres en tanto que violación de los derechos humanos y exigir medidas para acabar con ella.

La campaña se inició con movilizaciones masivas el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las mujeres salieron a la calle en un país tras otro de América Latina, desde Argentina hasta México, y de Europa, de Portugal a Turquía. Las defensoras de los derechos de las mujeres y sus aliados también se movilizaron en algunos países africanos, como Kenia y Sudáfrica, y en Asia, particularmente en Indonesia.

Las protestas fueron pacíficas y la libertad de reunión fue generalmente respetada. Las notables excepciones fueron Turquía, donde se prohibió una protesta prevista en Estambul y las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes y detuvieron a algunos, y Kenia, donde la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta. En ambos casos, lamentablemente, se trató de la reacción policial usual frente a las protestas.

El lema de la campaña de las Naciones Unidas (ONU) fue “Cada 10 minutos una mujer es asesinada. #NoHayExcusa. ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”. La campaña incluyó la presentación de un informe global sobre femicidios publicado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres. Los manifestantes subrayaron las alarmantes cifras de femicidios reportadas por la ONU y las organizaciones nacionales de monitoreo, muchas de las cuales son grupos de la sociedad civil que llevan la cuenta cuando los gobiernos no lo hacen. Exigieron medidas para proteger las mujeres y sancionar los agresores.

Según el contexto, las denuncias de los femicidios estuvieron acompañadas de reivindicaciones centradas en la discriminación legal o laboral, el acoso callejero, el ciberacoso o la violación. La sociedad civil exige tanto respuestas inmediatas, tales como botones de pánico y refugios, como cambios más sistémicos y profundos para desmantelar las normas arraigadas que apoyan, legitiman y perpetúan la violencia de género.

Acción durante todo el año

La fecha oficial designada por la ONU para dar inicio a la campaña global de 16 días sirvió como un punto de encuentro estratégico para coordinar acciones destinadas a visibilizar la violencia de género. Pero las movilizaciones del 25 de noviembre y la campaña subsiguiente fueron apenas la culminación de un año de esfuerzos de base de feministas de todo el mundo para denunciar la injusticia de género y exigir la vigencia efectiva del derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias.

El primer momento global de movilización se produjo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con concentraciones en países de todos los continentes, a menudo centradas en la denuncia de las múltiples formas de violencia de género que perpetúan la desigualdad. Este fue especialmente el caso de México, donde 180.000 mujeres se manifestaron en la Ciudad de México, y muchas más en todo el país, para expresar su indignación frente a los más de 800 femicidios registrados el año anterior. Del mismo modo, en Bogotá, la capital de Colombia, las mujeres salieron masivamente a las calles en respuesta a la reciente oleada de femicidios: 32 casos habían sido reportados en los dos primeros meses del año.

Cuando se movilizaron, tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre, las mujeres de todo el mundo también expresan su solidaridad con aquellas que sufren violencia de género exacerbada por conflictos o viven bajo regímenes opresivos de segregación de género y no tienen libertad para movilizarse.

Más allá de estas fechas emblemáticas, el año estuvo jalonado de movilizaciones contra la violencia de género, a menudo desencadenadas por casos muy mediáticos de femicidio que, gracias a años de trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, son cada vez más reconocidos no ya como datos de una realidad inmodificable sino como flagrantes violaciones de derechos humanos que deben ser erradicadas.

El llamado a acabar con el femicidio en Kenia

En Kenia, enero fue testigo de una ola de protestas bajo el lema #EndFemicideKE, desencadenada por una serie de femicidios que indignaron a la opinión pública. La organización de la sociedad civil Femicide Count Kenya registró 10 femicidios solo en ese mes, y un total de 504 casos entre 2019 y 2024. Otras organizaciones de la sociedad civil, como el Centro para la Educación y la Concientización en Derechos y la Federación de Abogadas, desempeñaron un papel importante en la organización de manifestaciones y campañas de incidencia.

Más de 20.000 personas participaron en marchas en la capital, Nairobi, y en otras ciudades a finales de enero para condenar tanto la crisis inmediata como los problemas históricos en la gestión policial y judicial de los casos de violencia de género y exigir al gobierno que tomara medidas. Paralelamente, la campaña en línea, que incluyó numerosos testimonios y llamados a la rendición de cuentas, tuvo una gran repercusión.

Entre agosto y noviembre, la policía informó de 97 nuevos casos de femicidio. Tras la publicación de un contundente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia el 20 de noviembre, el presidente William Ruto afirmó que la violencia de género era “trágica e inaceptable” y prometió fondos para combatir los femicidios. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue ampliamente criticada a la luz de la fuga de un sospechoso que confesó haber asesinado a 42 mujeres y el uso de violencia policial contra las manifestaciones contra los femicidios del 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

El movimiento de mujeres sigue reclamando una mejor investigación y enjuiciamiento de los casos de violencia de género, la implementación de las leyes que protegen los derechos de las mujeres, la creación de una unidad especial para tratar los casos de femicidio, la creación de programas educativos sobre violencia de género y la financiación de servicios de apoyo a las sobrevivientes.

#NiUnaMenos en Argentina y más allá

Por noveno año consecutivo, las mujeres de las principales ciudades de Argentina se movilizaron el 3 de junio bajo el lema #NiUnaMenos. En un contexto donde la reacción antifeminista, una tendencia regional especialmente visible en Argentina, proviene ahora de las más altas esferas del poder, las manifestantes denunciaron las múltiples formas de violencia, los femicidios, el aumento del discurso de odio, la desinformación antigénero y el retroceso de las políticas de género bajo el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei.

Tres días después, el gobierno anunció el cierre del antiguo Ministerio de la Mujer, previamente había degradado y colocado en la órbita del Ministerio de Justicia. Poco después, el gobierno cerró también el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, al que Milei calificó de “siniestro”.

La habitual marcha #NiUnaMenos también se celebró en el vecino Uruguay, donde los colectivos feministas denunciaron los femicidios, las desapariciones y la violencia sexual, al tiempo que criticaron la actitud del Estado de mirar para otro lado. Asimismo, defendieron la Ley 19.580 sobre violencia de género, promulgada en 2018, frente a propuestas de modificación para debilitarla, y exigieron en cambio su plena implementación.

Dicha ley establece políticas integrales para prevenir la violencia, sancionar a los agresores y proteger, proporcionar atención y dar reparación a las víctimas. Abarca diversas formas de violencia, incluidas las violencias simbólica, obstétrica y laboral, y se aplica explícitamente a todas las mujeres sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o discapacidad. La inclusión de las mujeres trans es una de las principales razones por las que la ley está siendo atacada por grupos antiderechos.

En Costa Rica, el aumento de las denuncias de violencia de género llevó a una coalición de grupos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres, organizaciones de izquierda, estudiantes y activistas independientes, a convocar una movilización masiva contra la violencia patriarcal, bajo el lema #NiUnaMenos, el 13 de julio. Muchas más movilizaciones en todo el continente tuvieron lugar bajo el lema #NiUnaMenos durante 2024, sobre todo el 25 de noviembre.

Australia contra la culpabilización de las víctimas

Australia fue testigo en julio de una oleada de protestas contra la violencia de género, con manifestaciones en varias ciudades como Canberra, Darwin, Gold Coast, Hobart y Melbourne. Las concentraciones organizadas por el grupo What Were You Wearing (“¿Qué llevabas puesto?”) reunieron a cientos de personas, entre ellas sobrevivientes, familiares de víctimas, líderes políticos y miembros de la comunidad. Las manifestaciones se produjeron a la luz de estadísticas alarmantes: 54 mujeres habían sido asesinadas en Australia en lo que iba de año. Los manifestantes hicieron hincapié en la urgente necesidad de acabar con la cultura de culpabilización de las víctimas. Los testimonios ofrecidos por personas directamente afectadas dieron mayor fuerza a las reivindicaciones.

Australia ya había sido escenario de protestas en abril, cuando el número de víctimas de femicidio había llegado a 27, motivando al primer ministro Anthony Albanese a declarar la violencia de género “crisis nacional” y a prometer más fondos para combatirla. Sin embargo, nada cambió, por lo que las movilizaciones resurgieron, exigiendo tanto apoyo práctico inmediato como cambios sistémicos. Entre sus reivindicaciones figuraban el aumento de la financiación para las organizaciones especializadas en violencia doméstica y los centros de acogida para mujeres, formación obligatoria en manejo del trauma para los primeros intervinientes, mayor apoyo a los programas de cambio de comportamiento masculino y leyes más estrictas contra la violencia doméstica.

Los esfuerzos a largo plazo de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres aborígenes también dieron resultados tangibles en 2024. Las mujeres aborígenes australianas tienen siete veces más probabilidades de ser víctimas de homicidio que las no aborígenes, y 33 veces más probabilidades de ser hospitalizadas como consecuencia de la violencia familiar y doméstica. En agosto, una investigación del Senado sobre mujeres y niños aborígenes desaparecidos y asesinados concluyó con diez recomendaciones al gobierno. En septiembre, el gobierno anunció un paquete multimillonario para combatir la violencia de género que incluía unos 124 millones de dólares para mejorar la seguridad de las mujeres y los niños aborígenes. El 25 de noviembre, el gobierno anunció el lanzamiento inminente de un Plan Nacional de Seguridad para las Familias Aborígenes e Isleñas del Estrecho de Torres.

Rechazo de la cultura de la violación en India

En agosto, la violación y asesinato de una joven médica de 31 años en el hospital RG Kar de Calcuta desencadenó protestas masivas en toda Bengala Occidental, que culminaron en una potente marcha nocturna el día de la independencia de India. Bajo el lema “Recupera la noche”, miles de mujeres salieron a la calle, agitando antorchas encendidas y soplando conchas de caracol para exigir justicia y señalar que ya era hora de que también las mujeres consiguieran una verdadera independencia. Señalaron que la víctima había sido agredida mientras descansaba durante una guardia en el hospital, demostrando que incluso las mujeres profesionales que se desempeñan en lugares de trabajo supuestamente seguros están expuestas a la violencia.

El incidente desencadenó huelgas nacionales de médicos que exigieron mejores medidas de seguridad en los hospitales, mientras que la creciente desconfianza en la investigación policial llevó a que el caso fuera transferido a la Oficina Central de Investigación, de nivel federal. El caso puso de manifiesto graves fallos de seguridad, ya que el acusado tenía acceso ilimitado al hospital.

Los manifestantes expresaron su frustración por la falta de avances desde el histórico caso de la violación en grupo de Delhi en 2012, y señalaron los fallos institucionales persistentes en la protección de las mujeres. Arraigada en factores culturales, económicos y sociales profundos, la violencia de género es alarmante por su frecuencia y su magnitud en India. Además, la mayor parte de la violencia no es denunciada: se calcula que el porcentaje de denuncias es tan sólo del 1%. Pero investigaciones realizadas tras el caso de Delhi mostraron un aumento significativo del número de denuncias tras las protestas, y cabe esperar un efecto similar tras las recientes protestas en Bengala Occidental y sus repercusiones en todo el país.

Solidaridad con sobrevivientes de violación en Francia

En septiembre, al menos 2.000 personas se movilizaron en París para apoyar a una sobreviviente de violación y condenar los fallos del sistema en la gestión de los casos de violencia sexual. El caso que desencadenó las protestas fue de un horror indescriptible: Gisèle Pelicot, de 71 años, fue drogada regularmente por su marido durante años, quien permitió que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente, mientras él filmaba las agresiones. En el juicio participaron 52 acusados, entre ellos el marido y 51 hombres sospechados de haber participado en las violaciones. El hecho de que todos ellos fueran percibidos como miembros respetables de la comunidad puso de relieve hasta qué punto la cultura de la violación se ha normalizado.

Pelicot se convirtió en un inesperado icono feminista cuando pidió que el juicio se hiciera público, negándose a sentir vergüenza por lo que le habían hecho y optando, en cambio, por avergonzar públicamente a sus agresores. Las activistas feministas destacaron el impacto inmediato de su decisión: cada vez eran más las mujeres que pedían ayuda utilizando exactamente las mismas palabras “Yo soy Gisèle Pelicot”. La amplia cobertura mediática les demostró que no estaban solas: lo que ellas habían vivido como un calvario individual era un fenómeno social. La situación de impunidad reinante, en la que más del 90% de las denuncias por violación no son aceptadas y sólo el 0,5% acaban en condena, no era inevitable.

El caso podría convertirse en catalizador para una reforma legal. La defensa argumentó que el consentimiento no es un requisito explícito de la legislación francesa actual, que define la violación en términos de “violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. La propuesta legislativa de incluir el consentimiento en la definición legal de violación, hasta ahora estancada, ha recibido un nuevo impulso, con el apoyo del ministro de Justicia. La iniciativa se inscribe en una tendencia regional: 19 países europeos han adoptado definiciones de violación basadas en la ausencia de consentimiento.

Los manifestantes franceses establecieron paralelismos con la gestión que hizo España del infame caso de “La Manada” en 2016, cuando la presión pública resultó en la imposición de penas más severas para los agresores y en cambios legales para definir a toda actividad sexual no consentida como violación. Las manifestantes criticaron el lenguaje utilizado en el juicio de Pelicot y señalaron que las referencias del presidente del tribunal a “escenas de sexo” en vez de hablar de violación reflejaban un problema mucho más profundo de cultura de la violación en el sistema judicial francés. Pero también se mostraron expectantes ante la fuerte presencia de aliados masculinos en las protestas, cuyo apoyo las activistas feministas consideran crucial para combatir y prevenir la violencia sexual.

La lucha continúa

El contexto de las luchas por los derechos de las mujeres es cada vez más difícil en más partes del mundo. Además de las habituales limitaciones de recursos y resistencia institucional que suelen traducirse en respuestas políticas limitadas y lentas, la creciente reacción antiderechos, el retroceso democrático y el aumento de las restricciones del espacio cívico incrementan los riesgos de seguridad para las activistas.

Pero nadie dijo que iba a ser fácil. El activismo feminista lleva mucho tiempo luchando contra la violencia sistémica que sustenta las jerarquías e injusticias de género, tanto frente a mareas políticas de colores diversos como en contextos de conflicto, autoritarismo y represión. Es en condiciones de democracia y paz cuando han logrado los mayores avances, mientras que en tiempos menos favorables se han puesto en modo resistencia para contrarrestar la regresión.

Y seguirán haciéndolo, abriendo ventanas cada vez que una puerta se cierre. Seguirán trabajando en todos los frentes: impulsando reformas legales, buscando cambios culturales y apoyando a las sobrevivientes. Seguirán combinando protestas callejeras, campañas virtuales, educación comunitaria e incidencia política, en la medida en que cada contexto lo permita. Para hacer frente a la enormidad de la tarea que tienen por delante necesitarán todo el apoyo posible, de tantos aliados como logren conseguir.

Para entrevistas o por más información, póngase en contacto con research@civicus.org