Estuvieron la consabida torta con los dos muñequitos de elegante traje, la lluvia de pétalos, los globos rojos brillantes. Los únicos detalles que sugirieron que no se trataba de una boda común y corriente fueron la dirección de la recepción tras la ceremonia -el Palacio de la Moneda, la sede de la presidencia de Chile- y el anfitrión: el mismísimo presidente de la República.

Javier y Jaime se casaron en cuanto tuvieron la oportunidad. Llevan siete años de relación, firmaron un Acuerdo de Unión Civil tres años atrás y tienen dos hijos en común. El lunes 7 de marzo de 2022, en cuanto se abrió el registro, reservaron una cita, y poco después de las 7 de la mañana del 10 de marzo fueron los primeros en hacer sus votos al entrar en vigor en Chile la Ley de Matrimonio Igualitario.

Luego les llegó el turno a Consuelo y Pabla, madres de Josefa, de dos años. Llevan 17 años juntas, y durante esos 17 años soñaron que este momento algún día llegaría.

Muchos más seguirán sus pasos en los próximos días y semanas, a juzgar por los datos de una encuesta que mostró que en Chile casi el 83% de las parejas del mismo sexo estaban dispuestas a casarse – tan solo esperaban que se les reconociera el derecho de hacerlo.

Ese derecho les fue reconocido cuando la Ley de Matrimonio Igualitario fue publicada en el Diario Oficial de Chile; ello ocurrió, quizá no por casualidad, el 10 de diciembre de 2021, Día de los Derechos Humanos. Ambas cámaras del Congreso chileno la habían aprobado apenas tres días antes, convirtiendo a Chile en el séptimo país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en el 32º del mundo, siguiendo los recientes pasos de Costa Rica y Suiza.

La nueva ley modificó el texto del Código Civil, sustituyendo los términos “marido” y “mujer” por el de “cónyuges”, los de “hombre” y “mujer” por la expresión “dos personas” y los de “padre” y “madre” por “progenitores”. Resolvió cuestiones que van desde la adopción, el estatus jurídico de los hijos y la reproducción asistida hasta la no discriminación en materia de derechos laborales por motivos de orientación sexual o identidad de género. También eliminó un indignante elemento de transfobia institucional al suprimir una cláusula que convertía el cambio de sexo registrado en motivo de anulación automática del matrimonio. A partir de ahora, tanto el matrimonio como el divorcio dependerán exclusivamente del consentimiento de las dos personas implicadas.

Se trata de un avance enorme para un país que ha experimentado recientemente un fuerte aumento de la discriminación, el acoso y la violencia contra las personas LGBTQI+. Según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), los abusos contra los derechos humanos de las personas LGBTQI+ aumentaron casi un 15% en 2020. Seis personas LGBTQI+ fueron asesinadas y hubo cientos de instancias de agresiones físicas y verbales, violencia policial, marginación institucional, exclusión de lugares públicos, discriminación laboral y educativa, campañas de odio e incitación a la violencia.

El cambio se produjo con lentitud. Chile no reconoció el divorcio legal hasta 2004 y el aborto siguió estando totalmente prohibido hasta 2017, cuando pasó a ser permitido bajo tres causales muy limitadas: riesgo para la vida de la persona embarazada, violación e inviabilidad del feto. En 2015, Chile reconoció por fin a las parejas del mismo sexo bajo la figura de la “unión civil”, que ofrece algunas de las protecciones del matrimonio, pero no todas. La Ley de Matrimonio Igualitario de 2021 fue precedida por la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2018. Es de esperar que a estos avances sigan mayores cambios en las actitudes, la legislación y las políticas públicas de modo tal de consagrar la igualdad efectiva de todas las personas.

La sociedad civil en acción

El proceso fue impulsado durante años varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) LGBTQI+, y especialmente por Acción Gay, la primera en su clase, fundada en 1987 con foco en el tema del VIH/SIDA; MOVILH, establecida en 1991; y Fundación Iguales, activa desde 2011.

Las organizaciones y activistas desplegaron toda la gama de tácticas. Estudiaron la legislación comparada, redactaron proyectos de ley e hicieron campaña para cambiar la opinión pública dando visibilidad y normalizando la existencia de familias diversas y celebrando eventos en línea, incluidas sesiones de preguntas y respuestas, para disipar la desinformación prejuiciosa. Introdujeron el tema en la agenda electoral, obligando a los y las candidatas a adoptar una postura, e hicieron incidencia ante el gobierno y los legisladores. Recurrieron al litigio y a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Recorrieron todos los tribunales nacionales hasta llegar a la Corte Suprema y, cuando perdieron, denunciaron al Estado ante la CIDH para luego llegar a un “acuerdo amistoso” con sus representantes. Fue este acuerdo el que finalmente condujo a la presentación al Congreso de un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario elaborado por la sociedad civil.

Otros proyectos de ley se habían enviado al Congreso en 2008, 2010 y 2014, pero no habían sido debatidos. A diferencia de la nueva ley, las versiones anteriores no abordaban la situación jurídica de los hijos de las parejas de personas del mismo sexo. El primer proyecto de ley en este sentido fue el redactado por la Fundación Iguales y académicos de Derecho de la Universidad de Chile, presentado a la presidenta Bachelet y al presidente del Senado en 2016.

Tras un evento realizado en 2017, en el que la presidenta firmó oficialmente la presentación del proyecto de ley al Congreso, la Fundación Iguales lanzó una campaña para alentar a la gente a “sumarse a la historia”. La campaña ofrecía un recorrido por los hitos de las luchas por los derechos civiles en Chile, cada uno de los cuales se centraba en la modificación de una ley que discriminaba estructuralmente a un grupo específico, y presentaba al matrimonio igualitario como el siguiente paso lógico. Para conseguirlo, se pedía a la ciudadanía que firmara una petición en Change.org instando a la presidenta a dar impulso al proceso legislativo.

A pesar de los reclamos de la sociedad civil, el proyecto languideció en el Congreso durante años. En julio de 2019, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado lo recibió por tercera vez y organizó otro debate más sobre el tema, en el que los senadores escucharon no solamente los argumentos de los representantes de las OSC representativas de la comunidad LGBTQI+, sino también las opiniones ferozmente opuestas de los grupos antiderechos.

Impulso y aceleración

Mientras el proyecto de ley volvía a quedar estancado, se desató una oleada sostenida de protestas, la pandemia del COVID-19 se apoderó del planeta y Chile emprendió el proceso de reforma constitucional más inclusivo de su historia. Para los activistas LGBTQI+, era ahora o nunca.

La campaña de 2021 comenzó el 14 de febrero, Día de San Valentín – o, como le dicen en Chile, el “día del amor”. El tradicional “picnic por el amor diverso” del MOVILH iba a tener lugar en el parque Balmaceda, en pleno Santiago, pero la pandemia obligó a sustraer la celebración de las calles y trasladarla a las redes sociales. El MOVILH lanzó una campaña con carteles donde aparecían parejas diversas exigiendo el matrimonio igualitario y un video que denunciaba la postura del presidente Piñera, que en ese momento aún se oponía a la ley. También interpeló al Congreso, advirtiendo que “así como el rechazo al matrimonio interracial se llama racismo, la prohibición del matrimonio igualitario se denomina homofobia. Quienes dicen apoyar y tienen poder para cambiar las leyes, pero nada hacen al respecto, son serviles o cómplices”.

La opinión pública ya había cambiado, al menos en parte debido a la dañada reputación de la Iglesia Católica tras el aluvión de revelaciones de 2018 sobre sacerdotes que abusaron sexualmente de centenares de niños durante décadas, con total impunidad. La velocidad del cambio en la relación de los chilenos con la iglesia, y con la religión en general, es realmente sorprendente. Según la encuesta del Latinobarómetro 2021, la confianza en la iglesia entre los chilenos cayó de 72% en 1995 a 31% en 2020. El 35% de los chilenos se declara ahora agnóstico, uno de los porcentajes más altos de la región. Probablemente no sea una coincidencia que una encuesta de junio de 2021 mostrara que el 74% de los chilenos apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 65% respaldaba los derechos de adopción para las parejas del mismo sexo.

En junio, tras el sorpresivo anuncio de Piñera de que aceleraría el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario y en vísperas de las celebraciones anuales del Orgullo, importantes empresas se sumaron a la causa. Una coalición de 30 empresas chilenas y multinacionales lanzaron la iniciativa “Sí, quiero”, declarando su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo a través de anuncios en el periódico de mayor circulación, El Mercurio, y en redes sociales.

En septiembre, la Fundación Iguales lanzó otra campaña para ejercer más presión sobre el Congreso. Esta se centró en un video muy movilizador que relataba la historia de dos hermanas que eran iguales en todo sentido a los ojos de todo el mundo excepto del Estado, que las trataba de forma diferente porque una de ellas era lesbiana. La campaña invitaba a la gente a firmar una petición en línea instando al Congreso a aprobar el proyecto de ley. Dos meses más tarde, la Fundación Iguales hizo entrega de 20.000 firmas al presidente del Senado.

Ante la imposibilidad de organizar concentraciones masivas a causa de la pandemia, las OSC utilizaron medios alternativos para ganar visibilidad pública. Con el apoyo de aliados tales como universidades y municipios, la Fundación Iguales desplegó activistas en siete de las 16 regiones de Chile durante un mes, uniéndose a familias diversas en una ceremonia de iza de la bandera del arco iris en los sitios más emblemáticos de cada ciudad. La gira de los “banderazos” finalizó el 23 de noviembre, con la iza de una bandera gigante frente al edificio principal de la Universidad de Chile en Santiago.

Cambio político

Como parte del cambio impulsado por la ola de protestas iniciada en 2019, la primera legisladora transgénero, la exlíder estudiantil Emilia Schneider, de 25 años, fue elegida para el Congreso en noviembre de 2021. Varias mujeres declaradamente bisexuales y lesbianas accedieron por primera vez a escaños legislativos.

El matrimonio entre personas del mismo sexo ocupó un lugar destacado en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 19 de diciembre. Ambos candidatos trataron de acaparar el centro político, ocupado por votantes que apoyaban ampliamente el matrimonio igualitario. Pero mientras que el eventualmente vencedor, el izquierdista Gabriel Boric, se había alineado desde siempre con las causas feministas y LGBTQI+, el candidato de extrema derecha y católico acérrimo José Antonio Kast se vio obligado a suavizar el tono intolerante que hasta hacía poco había exhibido abiertamente.

Kast tenía un largo historial de prejuicios: había arremetido contra el “adoctrinamiento” de los niños mediante la mal llamada “ideología de género”, había insistido en que una mujer transexual era en realidad un hombre, y años atrás, un día en que el Palacio de la Moneda fue iluminado con los colores del arco iris, había tuiteado airadas acusaciones al gobierno de Bachelet por haberse rendido a la “dictadura gay”.

Durante la campaña para la segunda vuelta, los grupos LGBTQI+ promovieron activamente el voto informado, exponiendo las promesas -o la falta de promesas- de ambos candidatos para las personas LGBTQI+, y exponiendo el largo historial de fanatismo de Kast. Una vez que Boric hubo ganado y nombrado a su futuro gabinete, las organizaciones LGBTQI+ celebraron públicamente dos nombramientos en particular: los de Alexandra Benado, ex jugadora de la selección nacional femenina de fútbol, como ministra de Deportes, y Marco Ávila, un profesor que había desempeñado un rol clave en la incorporación de los temas LGBTQI+ en los programas escolares bajo el mandato de Bachelet, como ministro de Educación.

Próximos pasos

Mientras celebra esta victoria tan esperada y conseguida con tanto esfuerzo, el activismo LGBTQI+ no pierde de vista el camino que queda por recorrer. La discriminación en el acceso a un derecho civil tan básico como el matrimonio, con todo lo que ello implica, es una herida profunda en la dignidad de personas que no son tratadas como merecedoras de igual respeto. Pero la nueva ley no barrerá las desigualdades de fondo.

La Convención Constitucional que actualmente se encuentra sesionando ofrece una excelente oportunidad para seguir presionando: 77 de sus 155 miembros son mujeres, entre las que se cuenta una gran proporción de autodeclaradas feministas, y ocho son activistas del colectivo LGBTQI+. En diciembre, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención recibió a una delegación de activistas LGBTQI+ que exigieron que la nueva Constitución reconociera y protegiera la diversidad sexual.

La Convención ofrece una herramienta innovadora que el activismo LGBTQI+ está aprovechando: una Plataforma Digital de Participación Popular que incluye un mecanismo de iniciativa popular. Hasta principios de enero, la gente fue invitada a presentar hasta siete propuestas. Las iniciativas que recibieran al menos 15.000 firmas de por lo menos cuatro regiones se someterían a debate en la Convención.

Disidencias Unidas Recomponiendo Alianzas Sexopolíticas (DURAS), una coalición de más de 42 grupos LGBTQI+, presentó tres iniciativas en materia de diversidad sexual: sobre el derecho a la identidad, el reconocimiento de las familias diversas y el derecho a la igualdad, la no discriminación y la no subordinación. Las dos primeras superaron el umbral de apoyos y se encuentran ahora entre las 77 propuestas que se debatirán en la Convención. El activismo continuaría abogando por su inclusión en el texto constitucional.

Otros temas pendientes son la reforma de la débil ley antidiscriminatoria y su incorporación a las instituciones del Estado. Conocida popularmente como Ley Zamudio, esta ley fue aprobada en 2012 tras el asesinato de Daniel Zamudio, de 24 años, torturado y golpeado hasta la muerte por el mero hecho de ser gay.

El activismo LGBTQI+ sostiene que la ley es excesivamente punitiva, ya que impone multas por comportamientos discriminatorios, pero no ofrece suficiente refuerzo positivo para cambiar la cultura institucional y los comportamientos individuales. También debería aprobarse sin demora un proyecto de ley que garantice oportunidades reales de trabajo e inclusión para las personas transgénero, actualmente en discusión. Y se necesita hacer mucho más en el terreno de la educación sexual en las escuelas, la sensibilización de género en los lugares de trabajo y la seguridad general de las personas LGBTQI+.

Muchos jóvenes LGBTQI+ no están tan interesados en el matrimonio –al menos no todavía. Lo que realmente quieren es poder salir, conocer gente, construirse un futuro, y hacerlo sin miedo. La violencia persistente refleja una desigualdad implacable: algunas vidas siguen valiendo menos que otras. Solo cuando las personas LGBTQI+ puedan caminar por las calles con la seguridad de que no serán atacadas por su orientación sexual o su identidad de género, la libertad y la igualdad declaradas se habrán convertido en realidad.