El 7 de mayo, los y las chilenas acudieron a las urnas para elegir al Consejo Constitucional que elaborará una nueva constitución para sustituir a la legada por la dictadura de Pinochet, y entregaron el control del proceso a un partido de extrema derecha que nunca quiso realmente una reforma constitucional.

Se trata del segundo intento de reforma constitucional en dos años. El primer proceso fue el más abierto e inclusivo de la historia de Chile. El texto constitucional resultante, ambicioso y progresista, fue ampliamente rechazado en un referéndum. Ahora no hay ninguna seguridad de que el nuevo proceso, mucho menos inclusivo, resulte en una nueva constitución que sea aceptada y adoptada – y cabe, en cambio, la posibilidad de que la nueva constitución sea peor que la que viene a sustituir.

Un camino largo y sinuoso

El proceso constituyente chileno nació de las protestas masivas que estallaron en octubre de 2019, bajo el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera. Las protestas solo se calmaron cuando los líderes de los principales partidos acordaron celebrar un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre si quería una nueva Constitución y, en caso afirmativo, sobre cómo debía redactarse. Aunque modificada desde su promulgación en 1980, con la eliminación de sus rasgos más autoritarios, la Constitución de Pinochet aún no ha sido sustituida por otra que salvaguarde los derechos sociales y económicos fundamentales y reconozca la necesidad de participación pública en la toma de las decisiones importantes.

En la votación de octubre de 2020, casi el 80% de los votantes respaldó el cambio constitucional, y la mayoría optó por dejar su redacción en manos de una Asamblea Constituyente elegida directamente. En mayo de 2021 se eligió la Asamblea Constituyente, con un mecanismo innovador que garantizó la paridad de género y escaños reservados para los pueblos indígenas. El órgano resultante reflejó la diversidad de la sociedad chilena mucho mejor que las instituciones políticas. En un contexto de grandes expectativas, se inició un camino de todo un año hacia una nueva Constitución.

Empujado por los mismos vientos de cambio, en diciembre de 2021 Chile eligió al presidente más joven y menos convencional de su historia: el ex manifestante estudiantil Gabriel Boric. Pero las cosas pronto se torcieron, y el apoyo a la Asamblea Constituyente -a menudo criticada por estar integrada por aficionados inexpertos- comenzó a disminuir, lo mismo que el apoyo al nuevo gobierno.

En septiembre de 2022, el referéndum constitucional arrojó un abrumador rechazo del proyecto de constitución. Aunque era muy progresista en materia de derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, la Constitución propuesta fue criticada por no ofrecer suficiente en materia de promoción de los derechos sociales básicos en un país caracterizado por una gran desigualdad económica y la provisión de servicios públicos deficientes. Durante la campaña también abundó la desinformación.

El segundo intento comenzó en enero de 2023, cuando el Congreso aprobó una ley que establecía un nuevo proceso con un formato mucho más tradicional. En lugar del gran número de representantes independientes que hubo en el proceso anterior, el control regresó a manos de los partidos políticos. Se acortaron los plazos, se redujo el tamaño de la asamblea y se sustituyó la hoja en blanco por una serie de principios acordados. La tarea de elaborar el primer borrador quedó en manos de una Comisión de Expertos, con un órgano técnico que actúa como árbitro. Una de las pocas cosas que se mantuvieron del proceso anterior fue la paridad de género.

En enero, la Comisión de Expertos de 24 miembros seleccionados por los partidos políticos fue confirmada por el Congreso, en el marco de críticas por la falta de transparencia. El Congreso también nombró a los 14 miembros del Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de velar por el cumplimiento de una serie de principios, entre ellos los del republicanismo democrático, el carácter unitario y descentralizado del Estado, el Estado de derecho, la separación de poderes, la bicameralidad, el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de una nación indivisible, la subordinación de las fuerzas armadas y de seguridad al poder civil y la autonomía del Banco Central y otros órganos.

A partir de marzo, la Comisión de Expertos dispuso de tres meses para elaborar un nuevo borrador, que se presentará al Consejo Constitucional para su debate y aprobación. En diciembre se celebrará un referéndum para ratificar o rechazar la nueva Constitución.

El auge de la extrema derecha

En comparación con las elecciones de 2021 para la Convención Constitucional, las elecciones para el Consejo Constitucional se caracterizaron por un bajo nivel de participación pública. Una encuesta publicada a mediados de abril reveló que el 48% de los encuestados tenía poco o nulo interés en las elecciones y el 62% tenía poca o ninguna confianza en el proceso constituyente. Está claro que, tras un par de años intensos, la fatiga ha hecho mella. La única razón por la que aumentó la participación electoral, que llegó al 83% en comparación con el 44% en mayo de 2021, es que el voto fue obligatorio.

Las encuestas también mostraron un creciente descontento con el gobierno: a fines de 2022 los índices de aprobación se habían desplomado al 27%, mientras que el rechazo alcanzaba el 65%. Era probable que se manifestara un voto de protesta contra el gobierno.

Mientras que la campaña de 2021 se centró en la desigualdad, esta vez la atención se enfocó en el aumento de la delincuencia, las dificultades económicas y la inmigración irregular, desplazándose hacia las cuestiones de seguridad. Ganó el partido que mejor reflejó e instrumentalizó estas preocupaciones.

El Partido Republicano, de extrema derecha, liderado por el derrotado candidato presidencial José Antonio Kast, quedó en primer lugar tanto en general como en el 70% de los municipios. Con el 35,4% de los votos, se hizo de 23 escaños sobre los 50 que tendrá el Consejo. La alianza del gobierno, Unidad para Chile, que integra a ocho partidos, quedó en segundo lugar, con el 28,6% de los votos y 16 escaños. Obtuvo una cifra muy inferior al 38% que respaldó el proyecto de Constitución progresista en el referéndum de septiembre de 2022.

La alianza de derecha tradicional Chile Seguro, que incluye a Renovación Nacional, el partido del expresidente Piñera, recibió el 21% de los votos y obtuvo 11 escaños. El populista Partido de la Gente y la alianza centrista Todo por Chile, liderada por el Partido Demócrata Cristiano, no obtuvieron ningún escaño. El centro político ha desaparecido y la polarización va en aumento.

Qué esperar

La Comisión de Expertos entregará su borrador el 6 de junio; sus miembros se incorporarán entonces al Consejo Constitucional con derecho a voz pero no a voto. El Consejo Constitucional dispondrá de cinco meses para trabajar sobre el proyecto. Podrá aprobar, modificar o incorporar nuevas normas con los votos de las tres quintas partes de sus miembros. Esto significa que se necesitarán 31 votos para tomar decisiones, mientras que 21 serán suficientes para bloquearlas.

Con sus 23 votos, el Partido Republicano tendrá poder de veto. Y si consigue trabajar junto con la derecha tradicional, los 34 votos que reunirán entre ambos les permitirán definir el contenido de la nueva Constitución.

Las probabilidades de que el nuevo proyecto de Constitución sea mejor que el anterior son escasas. En el mejor de los casos, sólo se introducirán cambios cosméticos. En el peor, el resultado será un texto aún más regresivo.

La ciudadanía tendrá la última palabra el 17 de diciembre. Si ratifica el texto propuesto, Chile adoptará una Constitución que, en el mejor de los casos, no diferirá mucho de la actual. Si la rechaza, Chile se quedarán con la misma vieja constitución contra la que tantos se levantaron en 2019.

En cualquier caso, parece claro que la posibilidad de mejorar la Constitución ha quedado atrás: se ha perdido una oportunidad única para ampliar el reconocimiento de derechos. Pero hay otros ámbitos donde es posible promover cambios, y aquí es donde entra en juego la sociedad civil. Si las instituciones políticas no son capaces de hacerlo, recaerá sobre la sociedad civil la responsabilidad de seguir presionando por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.