Un día de septiembre de 2021, el mundo se despertó frente a la sorprendente imagen de miles de migrantes haitianos acampados en la frontera norte de México, intentando llegar a los Estados Unidos. Se encontraban muy lejos de su patria insular. ¿Cómo habían llegado hasta allí?

Por lo general, su viaje había comenzado varios años antes. No venían directamente de Haití, sino de mucho más lejos, sobre todo de Brasil y Chile. Habían enfilado hacia el sur, emprendiendo un peligroso viaje durante el cual muchos fueron atacados, robados y asesinados, y un sinnúmero de mujeres fueron violadas, antes de retomar viaje con rumbo norte unos años más tarde.

Muchos de los haitianos reunidos en la frontera entre México y Estados Unidos habían llegado a Brasil atraídos por empleos temporarios en ocasión del Mundial de Fútbol de 2014 o de los Juegos Olímpicos de 2016. Algunos habían ido hacia Estados Unidos y muchos más se habían dirigido a Chile, donde una economía en auge les ofrecía numerosos empleos en la construcción y no se les exigía visado.

Pero en 2018 los vientos políticos en Chile habían cambiado: la presidenta de centroizquierda, Michelle Bachelet, fue sucedida por un presidente de centroderecha, Sebastián Piñera, quien se propuso endurecer las políticas migratorias del país. Piñera promulgó dos decretos ejecutivos, supuestamente destinados a promover la inclusión a través de una migración “ordenada”, que establecían un proceso de regularización y complicados procedimientos de tramitación de visas dirigidos específicamente a migrantes de origen haitiano y venezolano. Ese mismo año, Chile se negó a firmar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Permanecer legalmente y conseguir empleo se hizo cada vez más difícil para los haitianos, que también enfrentaron un aumento del discurso de odio en internet y los ataques racistas. En 2021, al amparo de la pandemia, el número de visados concedidos a migrantes haitianos se redujo a unos 3.000 por año, frente a los casi 126.000 entregados en el pico de 2018.

Otro cambio político ocurrido entonces propulsó a los haitianos en la dirección opuesta, hacia Estados Unidos, con la llegada al poder del presidente Biden. Muchos emprendieron viaje hacia el norte suponiendo que allí serían más bienvenidos que en Chile. Pronto se demostró que estaban equivocados, ya que Biden reinstauró la política de Trump conocida como “Permanecer en México”, en función de la cual Estados Unidos devuelve a las personas solicitantes de asilo a México para que esperen allí mientras sus casos son procesados por el sistema judicial migratorio estadounidense. Esta política convierte a las personas migrantes en blanco fácil para las bandas del crimen organizado que operan en las ciudades fronterizas mexicanas.

Como resultado, los migrantes haitianos permanecieron en el limbo, en condiciones deplorables, acampando bajo un puente en la ciudad fronteriza tejana de Del Río. Quienes conseguían cruzar eran detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses y devueltos a México, puestos bajo custodia o -en virtud de la normativa relativa a la COVID-19, que busca evitar el hacinamiento en los centros de detención- llevados directamente de vuelta a Haití, un país que muchos de ellos habían abandonado muchos años atrás.

Crisis humanitaria en la frontera de los Estados Unidos

El 17 de septiembre, el gobierno local de Del Río, una ciudad de 35.000 habitantes, declaró el estado de emergencia. Unos 14.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, estaban acampados bajo el puente de acceso a la ciudad.

El gobierno federal cerró el puesto fronterizo de Del Río y anunció el despliegue de centenares de agentes de protección fronteriza adicionales y la reanudación de los vuelos de deportación a Haití, que se habían sido suspendidos tras el terremoto que afectó al país en agosto.

Las deportaciones no tardaron en aumentar, aunque Haití seguía atravesando una gran crisis sanitaria, económica y política, especialmente aguda desde el asesinato de su presidente, ocurrido en julio. Muchos haitianos en Texas fueron, según denunciaron, “acorralados como ganado y encadenados como criminales”, y pronto se encontraron de vuelta en un país con el que apenas tenían relación, llevando consigo a niños que eran brasileños o chilenos y hablaban más portugués o español que creole haitiano. Fueron abandonados a su suerte en un país al que uno de los deportados describió como “una zona de guerra” donde el estado de derecho se había derrumbado.

El gobierno estadounidense anunció preparativos para reabrir un centro de detención para migrantes en Guantánamo, cerca del infame campo de prisioneros, un plan que un político demócrata calificó de “absolutamente vergonzoso”. Apenas dos meses después de asumir el cargo, el enviado de Estados Unidos para Haití dimitió en protesta ante el trato dispensado por el presidente Biden a los migrantes haitianos, que calificó de inhumano. Un alto funcionario del Departamento de Estado acusó al gobierno de deportar ilegalmente a los haitianos.

Muchas personas en Estados Unidos compartían estas opiniones y así lo expresaron en las calles. El 26 de septiembre tuvo lugar una protesta en Detroit. Reunidos frente a la estatua del Espíritu de Detroit, los oradores destacaron las contribuciones de los inmigrantes negros del Caribe, mientras los manifestantes ondeaban la bandera de Haití y coreaban en creole y en inglés. En otra protesta por la reforma migratoria celebrada en San Francisco cuatro días después, manifestantes en vehículos bloquearon el tráfico en el Golden Gate.

Mientras tanto, en Chile

Mientras los migrantes haitianos eran detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, otro drama migratorio se desarrollaba más silenciosamente en el extremo sur del continente, donde muchas personas procedentes de Haití, Venezuela y otros países seguían abriéndose paso hacia Chile, uno de los países más ricos de la región.

Algunos chilenos se movilizaron contra ellos. El 25 de septiembre, unas 3.000 personas protestaron contra los migrantes en la ciudad costera norteña de Iquique, principal punto de entrada de los migrantes que ingresan a Chile por vías no autorizadas desde el norte. Con pancartas que decían “no más inmigrantes” y “cierre de fronteras ahora”, exigieron medidas para detener la migración. Durante la protesta, un grupo violento quemó las pertenencias de migrantes venezolanos que habían sido expulsados de un campamento instalado en la plaza de la ciudad.

Unos días más tarde se llevaron a cabo más protestas en Iquique y en la capital, Santiago. Cientos de personas protestaron en Iquique, mientras que decenas se reunieron a pocas cuadras en rechazo de la xenofobia. Mientras que ambas protestas fueron pacíficas, se registraron enfrentamientos con manifestantes violentos y con la policía en Santiago, donde unas pocas personas convocadas por un grupo de extrema derecha protestaron contra la migración “irregular”.

Haitianos y venezolanos en las Américas

Los haitianos no son los únicos que están bajo presión. Lo mismo ocurre con los numerosos venezolanos repartidos por Sudamérica.

Las crisis migratorias reciben mayor atención y son vistas con mayor alarma cuando tienen lugar a las puertas de países del norte global, como es el caso de los haitianos en la frontera de Estados Unidos, a pesar de que estos países están mejor equipados que muchos de sus homólogos del sur para acoger a los migrantes. El discurso dominante sobre la migración -el discurso que da su tono al debate público y a las políticas públicas- se enfoca en la migración de sur a norte y tiende a considerarla como una enorme amenaza social, económica, cultural y de seguridad para los países receptores.

Sin embargo, según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, en las últimas cinco décadas la migración internacional ha aumentado de forma constante pero modesta: las personas migrantes representaban el 3,5% de la población mundial en 2019, frente al 2,3% en 1970. En 2021, a causa de la pandemia, el número de personas migrantes disminuyó. En todo el mundo, la mayoría de las personas vive en sus países de nacimiento.

Aunque los trabajadores migrantes siempre se desplazan hacia donde haya mayores oportunidades, el flujo no siempre sigue una dirección sur-norte, y a menudo los migrantes permanecen dentro de su región en el sur global. La gran mayoría de los refugiados también siguen siendo acogidos en países del sur global.

Esto contribuye a explicar la menor visibilidad global del éxodo venezolano, descripto por un experto de la Organización de Estados Americanos como “la crisis de desterrados más grande en la historia de la región”.

La migración venezolana es diferente de la haitiana. La migración desde Haití -un país con 11,4 millones de habitantes y patria lejana de 1,8 millones de migrantes y refugiados- ha sido impulsada por una combinación de factores estructurales de largo plazo: una economía subdesarrollada que lo convierte en el país más pobre de las Américas, con más de la mitad de su población en la pobreza extrema, una desigualdad extremadamente alta y niveles igualmente elevados de inseguridad y corrupción, desastres naturales y crisis sanitarias que preceden por mucho a la pandemia de COVID-19 pero que se han agravado con ella, rutinaria violencia estatal o sancionada por el Estado y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los haitianos han emigrado en gran número durante generaciones.

En cambio, gracias a su petróleo Venezuela solía ser un país muy rico. El hecho de estar encima de una de las mayores reservas de petróleo del mundo le incentivó a dedicar todos sus esfuerzos a la producción de petróleo, a través de la cual financió el crecimiento del Estado y el bienestar social desde mucho antes de la entrada en escena de Hugo Chávez. Hasta los años ‘70 era el país más rico de Sudamérica y uno de los más ricos del mundo. Pero en las décadas siguientes se vio profundamente afectado por la caída de los precios del petróleo. Impulsado inicialmente por la encomiable intención de distribuir más ampliamente los beneficios de los recursos de Venezuela, Chávez acabó engendrando un Estado autoritario, represivo, ineficiente, despilfarrador y profundamente corrupto.

Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida de 2021, entre 2014 y 2020 el PIB de Venezuela se contrajo un 74%. Los ingresos petroleros se desplomaron debido a factores como la mala gestión de la empresa petrolera estatal y la falta de inversión, agravadas por las sanciones de Estados Unidos. En 2017, la inflación persistentemente alta se convirtió en hiperinflación. La tasa de pobreza se disparó hasta el 94%, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 76%, y dos tercios de los venezolanos experimentaron dificultades para adquirir alimentos básicos. Como es lógico, la delincuencia se disparó, convirtiendo a Venezuela en uno de los países más inseguros del mundo. La COVID-19 golpeó sin piedad, ya que el país carecía de un sistema de salud que funcionara y la mayoría de la población tenía un acceso muy limitado a suministros médicos, equipos de protección, medicamentos y saneamiento.

En cuestión de años, la población de Venezuela -actualmente de 28,4 millones de habitantes- disminuyó considerablemente, ya que varios millones emigraron. Al menos 5,6 millones abandonaron el país desde 2014, un flujo que sitúa a los venezolanos en segundo lugar después de los sirios en la lista Agencia de la ONU para los Refugiados.

La mayoría de los venezolanos se han quedado en la región, fluyendo hacia la vecina Colombia y luego más al sur, hasta Argentina, Chile y Uruguay. En contraste con la hostilidad de los países más ricos, varios países de la región les concedieron rápidamente el estatus de residentes temporarios o permanentes.

La migración llegó para quedarse

A lo sumo, las restricciones a la migración por parte de un país provocan el desvío del flujo hacia otro, pero normalmente consiguen incluso menos: cuando se cierran los canales legales, más personas utilizan rutas ilegales y más peligrosas. Los altibajos económicos son predictores mucho más fiables de los flujos migratorios que las medidas políticas destinadas a contenerlos.

Las múltiples crisis, que se refuerzan mutuamente, que han vivido Haití durante décadas y Venezuela durante años, no tienen un final a la vista. Aunque las políticas migratorias de los países de acogida sigan endureciéndose, haitianos y venezolanos continuarán huyendo de unas condiciones que no pueden imaginar que puedan ser peores, en ninguna parte.

Y hoy son los haitianos y los venezolanos, pero mañana pueden ser otros. La migración es un dato de la historia de la humanidad. Es de esperar que la migración aumente a medida que el cambio climático vuelva inhabitables más partes del mundo. Es irracional creer que un problema desaparecerá si los gobiernos simplemente miran para otro lado. En vez de reforzar las fronteras, lo que se necesita son respuestas coordinadas a nivel regional.

Tenemos que empezar a considerar la migración como un hecho con el que hay que convivir y hacer que funcione, más que un problema que hay que eliminar, y debemos empezar a mirar a los ojos a las personas migrantes, ver en ellos nuestra propia humanidad y tratarlas en consecuencia.