El 4 de septiembre, los y las chilenas acudieron a las urnas para decidir si adoptaban una nueva constitución progresista, instituida en respuesta a insistentes demandas populares y diseñada mediante el proceso más incluyente de la historia del país. La rechazaron de forma abrumadora.

De este modo se detuvo, al menos por el momento, el proceso histórico puesto en marcha el 14 de octubre de 2019, cuando los estudiantes organizaron una evasión masiva de las tarifas del metro en la capital, Santiago, tras el aumento del precio del boleto en 30 pesos chilenos.

Las protestas de 2019 desencadenaron las mayores movilizaciones de la historia reciente de Chile, en las que cientos de miles de personas salieron a las calles durante semanas para cuestionar los perdurables legados de la dictadura de Pinochet.

A lo largo de 17 años de gobierno autoritario, de 1973 a 1990, el general Augusto Pinochet remodeló el país mediante la adopción de un modelo económico neoliberal extremo, privatizando servicios básicos como la salud, la educación y el sistema de pensiones, y dando rienda suelta a las fuerzas del mercado. Ello profundizó las desigualdades que persisten hasta el día de hoy y que fueron un elemento crucial detrás de las protestas de 2019.

El orden económico y social establecido por la dictadura quedó consagrado en una constitución redactada por un “comité de expertos” no elegido por nadie y aprobada en 1980 mediante un plebiscito de dudosa legitimidad. Ese marco constitucional sigue vigente. Sucesivos gobiernos democráticos han tenido que moverse dentro de sus parámetros, logrando con gran esfuerzo abrir espacios crecientes mediante reformas introducidas en 1989 y 2005.

En 2019, una generación nacida y criada en democracia dijo basta e inició el camino que llevó a la elección del presidente más joven y menos convencional de la historia de Chile -él mismo un antiguo manifestante y líder estudiantil- y al lanzamiento del proceso constituyente que produciría un texto constitucional que redefiniría a Chile como un “Estado social y democrático de derecho”.

La Constitución debía ser ratificada mediante un “plebiscito de salida”. Dado el abrumador apoyo recogido en el plebiscito que en 2020 estableció el proceso para elaborar la Constitución, muchos de sus partidarios inicialmente consideraron que se trataría apenas de una formalidad. Esto resultó ser un error fatal.

Crónica de una derrota anunciada

En Chile el voto no es obligatorio y la participación suele ser baja, de entre 45 y 50%. Sin embargo, como parte del acuerdo que condujo al proceso constituyente, se estableció el voto obligatorio y el registro automático de votantes para el plebiscito de salida, con fuertes multas para quienes no se presentaran a votar. De ahí la presencia de un amplio electorado compuesto por gente que no suele votar, en estado de disponibilidad para inclinarse hacia uno u otro lado.

No es de extrañar que el plebiscito de salida registrara la mayor participación de la historia democrática de Chile. Mientras que apenas 7,5 millones habían votado en el plebiscito de 2020, 13 millones lo hicieron en el de 2022.

En 2020, 5,8 millones, alrededor del 78%, votaron a favor de la redacción de una nueva constitución; una cantidad aun mayor optó por encomendar su redacción a una convención constitucional elegida específicamente para ello antes que a un órgano mixto compuesto por ciudadanos y ciudadanas electas y por miembros del Congreso existente.

En 2022, por el contrario, aunque votaron muchos más, fueron menos los que respaldaron la nueva constitución: apenas 4,8 millones optaron por el Apruebo. En 2020, 1,6 millones, aproximadamente 22%, habían votado en contra de redactar nueva constitución, mientras que quienes rechazaron la propuesta surgida de la convención constitucional en 2022 ascendieron a 7,8 millones. Los partidarios de la aprobación perdieron un millón de votos, mientras que los del rechazo ganaron 6,2 millones. La mayoría de los antiguos abstencionistas se inclinó por el rechazo.

La gente votó contra la nueva constitución en cada una de las regiones de Chile, incluida el área metropolitana de Santiago, el epicentro de las protestas. El Apruebo perdió incluso en las comunas populares donde el presidente Gabriel Boric había arrasado en las elecciones presidenciales de 2021.

Los sondeos de opinión no se equivocaron: los apoyos a la nueva constitución alcanzaron su punto máximo -47%- en febrero, para luego descender en forma constante hasta alcanzar su punto más bajo, 32%, en el mes de julio. Las primeras encuestas mostraban que apenas alrededor del 30% rechazaba la nueva constitución; sin embargo, el caudal de rechazo fue creciendo a medida que avanzaba la campaña. En todo momento hubo muchos votantes indecisos, y muchos de ellos acabaron decantando por el Rechazo.

¿Qué fue lo que falló?

Tras el plebiscito de entrada de octubre de 2020, se celebró otra votación en mayo de 2021 para seleccionar a los miembros de la Convención Constitucional. La votación fue diseñada para garantizar una representación equilibrada entre varones y mujeres e incluyó escaños reservados para representantes de pueblos originarios, históricamente marginados.

La Convención Constitucional resultante ofreció una imagen mucho más fiel de la sociedad chilena que cualquier otra institución política existente. La mitad de sus miembros eran mujeres, y las personas indígenas, jóvenes, habitantes de regiones y ajenas a las élites políticas y económicas estaban bien representadas. Elisa Loncón, mujer indígena mapuche, académica y defensora de derechos humanos, fue elegida presidenta del cuerpo.

La mayoría de los escaños estaban en manos de independientes y grupos de izquierda. Los partidos de derecha obtuvieron menos de un tercio de los escaños, lo que les impidió bloquear las decisiones, ya que éstas debían adoptarse por dos tercios de los votos. Grupos que nunca habían tenido un lugar en la mesa ahora podían expresarse con voz fuerte en uno de los más importantes procesos de toma de decisiones.

Esto tuvo varias implicancias.

Puesto que carecían de poder de veto, los grupos de derecha se desvincularon rápidamente del proceso de elaboración de la constitución. Esto abrió mayores espacios para la radicalización de algunos segmentos de izquierda, lo que a su vez alienó a políticos y partidos moderados de centroizquierda. Varios políticos del Partido Socialista acabaron haciendo campaña por el Rechazo, en particular por su aversión a la decisión de la Convención de eliminar el Senado.

Estas figuras procedentes de la centroizquierda se convirtieron en los portavoces más eficaces de la campaña por el Rechazo, que se cuidó de no dar protagonismo al pinochetismo duro, que hubiera ahuyentado al electorado moderado.

Mayormente liberado de la labor de elaboración de la constitución, el bando del Rechazo comenzó su campaña mucho antes de que hubiera siquiera un borrador de constitución que rechazar. Y no se trató de una competencia equitativa. El campo del Rechazo contó con cuantioso financiamiento y tuvo a la mayoría de los medios de comunicación de su lado, obteniendo cobertura desproporcionada de la prensa nacional e internacional. Según una investigación independiente, la campaña del Rechazo recibió casi cuatro veces más financiación privada que la campaña del Apruebo, que se centró en una estrategia de promoción puerta a puerta y celebró numerosas concentraciones masivas, conocidas como “apruebazos”.

Como parte de su deseo de modelar una forma de política diferente a la propia de la desacreditada clase política, la Convención adoptó una política de transparencia radical. Esto acabó siendo contraproducente, porque se convirtió en un espectáculo permanente, donde los conflictos eran magnificados y los temas caricaturizados con fines de entretenimiento – y para extraer réditos políticos. No pasó mucho tiempo antes de que la Convención cayera en el mismo tipo de descrédito que otras instituciones políticas, percibidas como alejadas de las preocupaciones de la gente y ensimismadas en un debate autocomplaciente. “Hoy tenemos dos élites”, concluyó el politólogo Juan Pablo Luna. “Y ambas están fuertemente impugnadas por la ciudadanía”.

Aunque el carácter incluyente de la Convención supuso la presencia en su seno de perspectivas inusuales, incluso excéntricas, las opiniones extremas tendieron a ser marginales y no se reflejaron en el texto final. Lo que es más importante, se mantuvieron elementos clave para la derecha, como la autonomía del Banco Central y la protección del derecho de propiedad. Además, como toda constitución, el texto apenas ofreció lineamientos generales. La definición de los detalles hubiera requerido la aprobación de nuevas leyes, por lo que las decisiones tomadas por la Convención se hubieran visto atemperadas en su paso por el Senado -controlado por la derecha- y la Cámara de Diputados, en situación de empate

El 4 de julio, tras un año exacto de trabajo, la Convención hizo entrega de una constitución muy progresista, un texto del siglo XXI que consagraba la paridad de género y los derechos de los pueblos originarios, los derechos ambientales, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos del colectivo LGBTQI+.

Sin embargo, el espectro de un radicalismo imaginario se extendió mediante una prolongada campaña de desinformación en las redes sociales. Se difundieron mentiras descaradas sobre el borrador del texto constitucional, en particular sobre temas divisivos como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de los pueblos originarios. Se sostuvo que el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional e intercultural dividiría a Chile en varios países, que el aborto se permitiría hasta el noveno mes de embarazo y que se eliminaría el derecho a la propiedad privada.

Más preguntas que respuestas

Pero la campaña de desinformación es apenas una parte de la historia: la verdadera pregunta es por qué semejante campaña de desinformación encontró a tanta gente dispuesta a creerle.

En 2020, el 80% del electorado -es decir, la inmensa mayoría de quienes estaban motivados para votar- expresaron su apoyo a una nueva constitución, sobre todo porque rechazaban la existente, nacida de una dictadura y carente tanto de legitimidad democrática como de capacidad para reconocerles los derechos -a la salud, a la educación, a la tierra y el agua, a una vida digna- que tantos habían reclamado insistentemente en las calles. Solamente en las cinco comunas más ricas del país la idea de redactar una nueva constitución fue rechazada.

Pero rechazar lo que no nos gusta es mucho más fácil que acordar una alternativa para sustituirlo. Y los resultados de la votación de 2022 dejaron claro que la alternativa propuesta no respondía a las preocupaciones de la mayoría.

En su discurso a la nación tras el anuncio de los resultados, Boric se cuidó de no subestimar la inteligencia de los votantes ni cuestionar sus motivaciones. Alabó la alta participación como expresión del compromiso con la democracia y el diálogo, y reconoció que a la mayoría simplemente no le había gustado la propuesta que le había sido presentada. Insistió en que se debe escuchar la voz del pueblo y prometió continuar trabajando para llegar a una nueva propuesta a la altura de las aspiraciones de la ciudadanía. A la mañana siguiente, inició conversaciones con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para determinar los pasos a seguir en la senda del camino constitucional.

Por el momento, el poder de decisión parece estar nuevamente en manos de la clase política cuyo rechazo inició todo el proceso. Todavía no está claro si se convocará a otro plebiscito para iniciar un nuevo proceso, ni quién se encargaría de redactar una eventual nueva constitución. El reciente proceso constituyente puso una vara muy alta en materia de representatividad e inclusión. ¿Podría la gente conformarse con menos?

Lo cierto es que para la inmensa mayoría el orden establecido por Pinochet pertenece definitivamente al pasado, aunque aún no se haya alcanzado un consenso sobre el nuevo orden que habrá de sustituirlo. La sed de cambio no se ha aplacado y no hay vuelta atrás a la época previa a la movilización. De vuelta en el primer casillero, los partidarios del cambio deben reagruparse y volver a intentarlo.