El 13 de junio, durante la votación final de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo, ocurrió algo extraordinario en el salón de actos de Ginebra. Los delegados de 187 países, provenientes de una gran diversidad de sistemas políticos, enfoques económicos y tradiciones culturales, aprobaron de manera unánime el desarrollo de las primeras protecciones integrales del mundo para las muchas personas cuyo trabajo depende de plataformas digitales. Tras dos semanas de negociaciones finales, esta decisión podría redefinir el futuro del trabajo.

La conferencia – reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo de las Naciones Unidas que establece normas internacionales para los trabajadores- también debió enfrentar la embestida actual contra las libertades cívicas y democráticas. Los delegados aprovecharon el encuentro para denunciar a algunos de los mayores represores de los derechos humanos del mundo, entre ellos Bielorrusia, Myanmar y Arabia Saudita. Esto puso de relieve una tensión central: la colaboración sin precedentes para promover los derechos de los trabajadores se produce en un momento en que los pilares democráticos que la hacen posible se encuentran profundamente amenazados.

Un gran paso para los trabajadores de plataformas

El cambio comenzó de manera discreta, con una votación procedimental que pasó prácticamente desapercibida fuera de los círculos diplomáticos de Ginebra. Por primera vez en sus 106 años de historia, los delegados de la OIT acordaron elaborar normas internacionales específicas y vinculantes para los trabajadores en plataformas digitales.

No se trata de un simple avance burocrático. Impulsados por el desarrollo tecnológico, los trabajadores en plataformas – desde repartidores de pedidos y conductores de taxis hasta procesadores de datos – conforman una parte cada vez mayor de la fuerza laboral mundial. A menudo descritos como parte de la economía de bolos o gig economy, estos trabajadores reciben y ejecutan tareas a través de plataformas digitales. Las empresas que los contratan -gigantes tecnológicos valorados en centenares de miles de millones- suelen argumentar que no son empleados, sino contratistas independientes que prestan servicios. Esto significa que no están amparados por protecciones laborales básicas como la licencia por enfermedad, el receso remunerado o el derecho a la huelga.

Con vistas a su aprobación en la conferencia de 2026, actualmente se está desarrollando un Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas – un tratado vinculante que los Estados deberán ratificar – y una Recomendación complementaria – un texto no vinculante que orienta su aplicación. Ambos establecerán derechos laborales fundamentales para estos trabajadores, incluyendo salario justo, protección social, salud y seguridad en el trabajo, y garantías en materia de privacidad y protección de datos. Para personas cuyo empleo puede ser rescindido por sistemas automatizados, cuyos movimientos son rastreados por GPS y cuyos ingresos dependen de decisiones algorítmicas opacas, estas protecciones podrían suponer una gran diferencia. Tal es el caso de Uber, por ejemplo: la empresa ha sido acusada de reducir la remuneración de los trabajadores para aumentar sus ganancias.

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente el entorno laboral, esta iniciativa es crucial. Ya no se trata de si la IA modificará el trabajo, sino de si los trabajadores tendrán voz en esa transformación. Las normas que se están definiendo hoy pueden ayudar a asegurar que el progreso tecnológico priorice la dignidad humana por sobre los beneficios empresariales.

El desafío de la informalidad

Junto al creciente número de trabajadores de plataformas, hay millones de personas empleadas en la economía informal, ese segmento del mercado laboral que opera al margen de la supervisión estatal. A nivel global, más de 2.000 millones de personas trabajan en este sector, sin acceso a protecciones básicas. La resolución exhaustiva de la conferencia sobre la formalización del empleo representa un reconocimiento de que el trabajo decente – aquel que respeta los derechos fundamentales y permite cubrir las necesidades básicas – es difícilmente alcanzable en contextos de informalidad generalizada.

La resolución se centra en grupos tales como cuidadores, recicladores y mineros, que a menudo trabajan en condiciones peligrosas a cambio de salarios de subsistencia. Exige que los Estados desarrollen estrategias nacionales para abordar las causas estructurales de la informalidad: el incumplimiento de la ley, el crimen organizado, la estigmatización y los sistemas de salud inadecuados. También reconoce que el trabajo informal no es exclusivo del Sur global, especialmente dado que en los países del Norte global el trabajo precario en la economía de bolos ha venido aumentando.

La resolución hace hincapié en lo que denomina “derechos habilitantes” – la libertad de asociación y negociación colectiva – como condiciones indispensables para la protección laboral. Reconoce el derecho de las personas a afiliarse a sindicatos y participar en sus acciones. Este enfoque resulta clave, ya que allí donde se atacan las libertades cívicas fundamentales, se les niega a los trabajadores el poder de organizarse colectivamente para mejorar sus condiciones.

Un entorno laboral a prueba de pandemias

Otro de los logros destacados de la conferencia surgió como respuesta a una tragedia agravada por las deficiencias de gobiernos y del sector privado. El Convenio 192 – la primera norma global del mundo para proteger a los trabajadores frente a riesgos biológicos- representa un compromiso colectivo para evitar que se repitan los desastres laborales vividos durante la pandemia de COVID-19.

Durante la pandemia, muchos trabajadores sanitarios murieron a causa de infecciones prevenibles, mientras numerosos gobiernos no proveyeron equipos de protección adecuados y algunas empresas aprovecharon la situación como una oportunidad para la corrupción. Los llamados trabajadores esenciales fueron, en muchos casos, los menos valorados económicamente por la sociedad – por ejemplo, los numerosos trabajadores de la economía de los bolos que prestaban servicios para empresas de reparto, cuyas ganancias batieron récords en este período. Junto con otros, como cajeros de supermercado y conductores de autobús, se vieron forzados a seguir trabajando sin las debidas garantías, exponiéndose permanentemente al virus. Incluso cuando los empleadores trataron de aplicar medidas estrictas de seguridad, carecían casi completamente de orientación internacional.

El Convenio 192 viene a llenar este vacío. Exige que los empleadores colaboren con los trabajadores para aplicar medidas preventivas, y que los gobiernos diseñen políticas nacionales que incluyan evaluación de riesgos, sistemas de alerta temprana y protocolos de respuesta ante emergencias. Su alcance va mucho más allá de la preparación para pandemias, al reconocer que las amenazas biológicas -desde accidentes en laboratorios hasta fallos en la gestión de residuos- están presentes en muchos entornos laborales.

Junto al Convenio, hay una Recomendación que proporciona directrices esenciales para su implementación: abarca desde las vías de transmisión aérea hasta la protección de los denunciantes que informan sobre condiciones inseguras. En conjunto, estos instrumentos legales ofrecen un enfoque integral que reconoce la seguridad biológica como un derecho fundamental en el ámbito laboral, y no como una preocupación secundaria.

Derechos amenazados

A pesar de estos avances, existe una cruda realidad de vulneración de derechos que pone en duda su aplicación efectiva. El Índice Global de los Derechos 2025 de la Confederación Sindical Internacional advierte que el ataque coordinado mundial contra los derechos laborales ha alcanzado proporciones críticas. Solo siete de los 151 países evaluados obtuvieron la calificación más alta en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores. Las calificaciones promedio empeoraron en tres de las cinco regiones del mundo, y tanto Europa como América registraron sus peores indicadores en más de una década.

Cada vez más Estados criminalizan a las organizaciones de la sociedad civil, acusándolas de actuar como agentes de intereses extranjeros cuando reciben financiación internacional. Los sindicatos y los grupos de defensa de los trabajadores están en el punto de mira. Los gobiernos recurren a tácticas represivas como la violencia física contra los sindicalistas, la detención arbitraria de dirigentes sindicales y la supresión sistemática de las huelgas.

Cuando los Estados atacan los derechos laborales, con frecuencia también amenazan la libertad de los medios de comunicación, la independencia judicial y la integridad electoral. Los líderes populistas de derecha, muchas veces alineados con multimillonarios, perciben cada vez más al trabajo organizado como una amenaza inadmisible para sus agendas económicas y políticas.

En este contexto global, los momentos más impactantes de la conferencia surgieron de sus enfrentamientos directos con la represión autoritaria. A través de intervenciones sin precedentes, los delegados demostraron que la comunidad internacional cuenta con mecanismos para hacer frente a las violaciones sistemáticas de derechos y conserva al menos cierta voluntad de activarlos.

Myanmar recibió una sanción grave y poco frecuente: la invocación del artículo 33 de la Constitución de la OIT, que se aplica cuando un Estado miembro no cumple con las recomendaciones de una Comisión de Encuesta o de la Corte Internacional de Justicia. En este caso, la junta militar de Myanmar ha ignorado sistemáticamente los llamados a poner fin al trabajo forzoso e infantil y a la tortura y la violencia contra líderes sindicales, y liberar incondicionalmente a todos los sindicalistas detenidos, retirando las acusaciones en su contra. La resolución– solo la tercera de su tipo en la historia de la OIT- exhorta a gobiernos, empresas y sindicatos de todo el mundo a romper los vínculos económicos que sostienen al régimen.

Bielorrusia, el Estado más autoritario de Europa, también estuvo en el centro del debate. Los delegados escucharon testimonios escalofriantes sobre la disolución de todos los sindicatos independientes. Sus líderes han sido calificados de extremistas, encarcelados por motivos políticos o forzados al exilio. El sindicalismo ha sido completamente despojado de poder político.

Hungría, miembro de la Unión Europea, también fue condenada por socavar los derechos sindicales mediante vigilancia y maniobras legislativas. La eliminación del descuento automático de cuotas sindicales de los salarios – una modificación aparentemente técnica – ha devastado la afiliación y las finanzas sindicales, lo cual demuestra cómo los derechos pueden erosionarse subrepticiamente mediante maniobras burocráticas.

Algunos de los relatos más desgarradores se centraron en el trato abusivo hacia trabajadores migrantes en Arabia Saudita. Los representantes de los trabajadores documentaron un sistema basado en el trabajo forzoso, el robo de salarios, abusos físicos y sexuales y un racismo estructural que equivale a esclavitud moderna. Dado que Arabia Saudita albergará la Copa Mundial de la FIFA 2034, es un buen momento para poner el foco internacional sobre este sufrimiento sistemático.

La brecha de implementación

En este contexto de represión generalizada, el segundo foro anual de la Coalición Mundial por la Justicia Social, celebrado en paralelo a la Conferencia Internacional del Trabajo, reflejó tanto el potencial como las limitaciones del proceso de la OIT. Desde su creación en 2023, la coalición ha reunido a gobiernos, empresarios, sindicatos e instituciones internacionales con el objetivo de colocar la justicia social en el centro de las políticas públicas.

Sin embargo, el foro también dejó en evidencia la enorme distancia entre las declaraciones hechas en Ginebra y la realidad sobre el terreno. La ratificación del Convenio 192 probablemente lleve años y cabe esperar que se enfrente a una fuere resistencia política interna por parte de sectores empresariales y líderes políticos que atacan sistemáticamente los derechos laborales. El convenio sobre normas para trabajadores de plataformas no estará finalizado hasta 2026, e incluso entonces, requerirá la ratificación por parte de los Estados, algo poco probable en aquellos que criminalizan la defensa de los derechos laborales.

Las resoluciones adoptadas durante la conferencia contra Estados autoritarios se enfrentan a una limitación inherente del derecho internacional: su aplicación depende del cumplimiento voluntario de los Estados bajo escrutinio. Y precisamente aquellos gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos suelen ser los más hábiles para ignorar la presión internacional. La junta militar de Myanmar, la dictadura arraigada en Bielorrusia y la monarquía autocrática de Arabia Saudita han demostrado reiteradamente su total indiferencia ante las críticas internacionales, lo que sugiere que la condena moral por sí sola no bastará para impulsar un cambio.

No obstante, la conferencia de 2025 demostró que, incluso en tiempos difíciles para la democracia y el multilateralismo, la cooperación internacional aún puede generar avances significativos. La adopción unánime de normas para proteger a los trabajadores de plataformas y frente a riesgos biológicos evidencia que existen valores humanos compartidos capaces de trascender las divisiones geopolíticas. Estas normas representan marcos fundamentales que pueden servir de punto de apoyo para futuras acciones de incidencia.

La gran pregunta ahora es si estos logros alcanzados en Ginebra sobrevivirán en su viaje de regreso a casa. Eso dependerá de la voluntad de los gobiernos de honrar sus compromisos internacionales, de la capacidad de movilización de los trabajadores para enfrentar la resistencia corporativa, y de la fuerza de la sociedad civil en todo el mundo para defender el espacio democrático que se requiere para la implementación de acuerdos en medio de la actual oleada de ataques.

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