Tomó décadas, pero el primer grupo de víctimas de violaciones de los derechos humanos en demandar a Chiquita Brands, una de las mayores empresas productoras de bananas del mundo, por fin ha obtenido justicia. En junio, un juez de Florida declaró a la multinacional responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El apoyo se prolongó por años, incluso después de que el gobierno estadounidense designara al sanguinario grupo paramilitar de extrema derecha como organización terrorista. Según los abogados de las víctimas, es la primera vez que un jurado estadounidense declara a una gran empresa de Estados Unidos responsable de complicidad en graves violaciones de derechos humanos en el extranjero.

Una larga historia de complicidad

Fundada en 1899 como la United Fruit Company, Chiquita rápidamente se adueñó de prácticamente toda la tierra cultivable en Costa Rica, junto con grandes extensiones de tierra en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Monopolizó de hecho el negocio del plátano, haciendo imposible que los países caribeños pudieran competir.

El poder de la empresa se extendió al terreno político, ayudando a instalar y destituir gobiernos, inclusive mediante la participación en golpes de estado. El primero de ellos ocurrió en Honduras en 1912, cuando financió a un expresidente exiliado para que volviera a la presidencia por la fuerza. Éste le devolvió el favor, otorgando a Chiquita 10.000 hectáreas de tierra.

Su intervención más notoria fue en Guatemala en 1954, cuando presionó al gobierno de Estados Unidos para que tomara medidas contra el presidente del país, alegando que era comunista y, por lo tanto, una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Lo que en realidad estaba en juego era un proyecto de reforma agraria que amenazaba los intereses de la empresa bananera. A continuación ocurrió un golpe de estado orquestado por los Estados Unidos.

Chiquita también ha sido acusada durante mucho tiempo de estar implicada en masacres, empezando por una huelga de trabajadores bananeros en Colombia en 1928. En los años 80, la empresa estuvo presuntamente vinculada a masacres paramilitares en Colombia y Honduras.

Un pacto con el diablo

En los años 90, cuando buscaba expandir sus operaciones en áreas de Colombia donde se desarrollaba el conflicto armado, Chiquita encontró un aliado en los paramilitares desplegados contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La empresa pagó importantes sobornos al gobierno del presidente Ernesto Samper a cambio de la creación de una zona especial libre de impuestos. Los cargamentos de armas destinados a las AUC entraron en Colombia a través del puerto privado de la empresa en esta zona, y el grupo paramilitar las utilizó para tomar el control de la minería ilegal de oro y la producción de pasta de coca. El uso de estas armas se rastreó hasta asesinatos que ocurrieron en casi toda Colombia.

Entre 1997 y 2004, Chiquita proporcionó más de 1,7 millones de dólares en pagos mensuales regulares a las AUC, ayudando a reforzar su presencia y a alimentar la violencia. Los paramilitares figuraban en la nómina de la empresa como empleados en el cultivo de bananas, pero en lugar de recolectar y empaquetar bananas, cometían violaciones de derechos humanos que incluían extorsiones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas.

Las operaciones de los paramilitares permitieron a Chiquita comprar tierras a precios muy bajos y ampliar su negocio. Los paramilitares ayudaron a despejar tierras y se movilizaron para impedir huelgas. Muchas de sus víctimas fueron sindicalistas.

En el juicio, la defensa presentó a la empresa como una víctima de extorsión, obligada a pagar a los paramilitares para proteger a su personal y sus instalaciones, e intentó convencer al jurado de que había actuado como un “empresario responsable” en circunstancias muy complejas. Pero la empresa se vio obligada a admitir que siguió pagando a las AUC incluso después de que el gobierno de Estados Unidos las declarara una organización terrorista en 2001. Durante los siete años que duró el acuerdo, la empresa obtuvo 49,4 millones de dólares en beneficios por sus operaciones en Colombia. Durante esos mismos siete años, los grupos paramilitares fueron responsables del asesinato o la desaparición de más de 100.000 personas.

El camino hacia la justicia

Cuando EarthRights International presentó su demanda contra Chiquita en 2007, el involucramiento de la empresa con los paramilitares ya había quedado demostrado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había procesado a la empresa bajo la Ley Antiterrorista, porque la designación de las AUC como grupo terrorista hacía de su financiaciamiento un delito federal. En ese juicio, Chiquita se declaró culpable y pagó una multa de 25 millones de dólares.

Por tratarse de un caso penal, no hubo compensación para las víctimas, pero el veredicto allanó el camino para que éstas solicitaran compensación por la vía civil. También proporcionó pruebas esenciales para el caso civil que, de otro modo, no habrían estado fácilmente disponibles.

Además de EarthRights, varios bufetes de abogados que representaban a grupos de víctimas presentaron demandas en varios estados de Estados Unidos. Los demandantes eran familiares de trabajadores bananeros, activistas políticos, líderes sociales, sindicalistas y otras personas que fueron torturadas y asesinadas por paramilitares entre 1997 y 2004.

El proceso judicial duró casi dos décadas, durante las cuales Chiquita buscó insistentemente retrasarlo con solicitudes de nulidad y múltiples apelaciones, además de intentar forzar el traslado del caso de Estados Unidos a Colombia. Recién en 2016 un juez federal resolvió que el caso podía ser juzgado en los Estados Unidos. En 2012, los demandantes también llevaron a juicio a varios ejecutivos de Chiquita implicados en el esquema de financiación ilegal.

Hubo varios contratiempos. En 2014, los demandantes añadieron reclamaciones contra los demandados individuales bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, pero éstas fueron desestimadas. Cuando su petición de revisión fue denegada, apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el tribunal se negó a tomar el caso. A partir de entonces, solamente las reclamaciones bajo la ley colombiana continuaron en el Tribunal Federal del Distrito de Florida. En 2019, EarthRights solicitó certificar el caso como una demanda colectiva, pero el tribunal denegó la petición.

Sin embargo, los demandantes también obtuvieron victorias legales en el camino. En 2018, el equipo jurídico de Partners in Justice International presentó una declaración de expertos que aclaraba la práctica, común en los casos de derechos humanos, de tomar declaraciones voluntarias en el extranjero. El tribunal luego rechazó los intentos de Chiquita de desestimar las reclamaciones de los demandantes que no podían viajar debido a la denegación de sus visados, y dictaminó que podían ser interrogados en Colombia. También emitió una orden de protección para preservar sus identidades.

Chiquita presentó más de dos millones de páginas de documentos, pero intentó ocultar parte de su contenido, argumentando que estaba protegido bajo la relación abogado-cliente. El tribunal determinó que este privilegio ya no aplicaba porque los mismos documentos habían sido entregados al Departamento de Justicia durante la investigación penal.

Tras la denegación de la certificación de demanda colectiva, EarthRights presentó nuevos reclamos en varios estados en nombre de demandantes individuales que habrían sido miembros de la demanda colectiva. También avanzó en Florida con nueve demandantes seleccionados cuyos casos fueron considerados particularmente sólidos. Pero justo cuando el proceso pareció estar a punto de acelerarse, quedó suspendido a causa de la pandemia. Numerosos recursos, enmiendas y decisiones judiciales más tarde, el caso de Florida finalmente recibió autorización para proceder a juicio por jurado en 2022. Luego fue nuevamente aplazado, y el juicio finalmente comenzó en abril de 2024.

El 10 de junio, el tribunal declaró a Chiquita responsable de ocho de las nueve muertes incluidas en el caso. También ordenó a la empresa indemnizar con 38,3 millones de dólares a las familias de las víctimas.

Próximos pasos

Esto fue apenas el principio. La demanda de la que se seleccionaron los nueve casos que llegaron a juicio incluía más de cien víctimas, y las múltiples demandas presentadas abarcaban a miles de personas. Chiquita sigue enfrentando numerosos juicios y se espera que se agreguen muchos casos más, a ser resueltos en nuevos juicios o mediante un eventual acuerdo.

Dado que Chiquita ha apelado, en el corto plazo las familias de las víctimas no recibirán indemnizaciones. Pero el veredicto ha enviado una advertencia a las empresas de todo el mundo que lucran a costa de los derechos humanos: les llegará el momento de rendir cuentas.

La todopoderosa Chiquita ha tenido que rendir cuentas tras décadas de abusos de poder. Esto abre la puerta para que otras empresas acusadas de financiar a paramilitares en Colombia, como la empresa minera Drummond y la Coca-Cola, deban enfrentar a la justicia. Muchas otras empresas cómplices de abusos de derechos humanos, en Colombia y en todo Centroamérica y el Caribe, deberán darse por advertidas de que habrá muchos casos más. La sociedad civil seguirá haciendo todo lo posible para obligarles a rendir cuentas.

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