El proceso para elaborar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos ha entrado en su noveno año y debería estar cerca de concluir. Pero las mismas razones por las cuales el tratado es importante son las que están dificultando su consecución: las grandes empresas, junto con muchos de los Estados del norte global donde tienen sus sedes, no quieren quedar atados de manos. Si tiene que haber un tratado, quieren que incluya estándares bajos y mecanismos de implementación débiles. La sociedad civil está trabajando para mantener alta la ambición, aportando al debate su experiencia, sus conocimientos y su capacidad para amplificar las voces de las personas y los grupos más afectados por las violaciones de derechos humanos que cometen las empresas.

No pasa un día sin que nos lleguen noticias sobre violaciones de derechos humanos derivadas de la actividad de grandes empresas: desde casos de denegación de derechos laborales básicos y represalias contra tentativas de los trabajadores de organizarse hasta evidencia de incumplimientos de estándares básicos que provocan catástrofes que dañan el medio ambiente y se cobran vidas humanas.

Pero hay otra historia: la de los esfuerzos de la sociedad civil por conquistar derechos, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y obligar a las empresas a comprometerse a hacer las cosas bien.

Una forma importante que toman estos esfuerzos es el litigio, que a lo largo de los años ha arrojado innumerables victorias. Pero las violaciones que se producen son mucho más numerosas que las que pueden abordarse de esta manera; además, está el desafío de que muchas de ellas son perpetradas por empresas transnacionales y sus filiales, que ahora representan alrededor de un tercio del PIB mundial y dos tercios del comercio internacional, y que se sitúan más allá del alcance de las jurisdicciones nacionales.

De ahí la presión de la sociedad civil para que se elaboren normas internacionales que sometan a las empresas -y sobre todo a las transnacionales- a obligaciones en materia de derechos humanos y las hagan rendir cuentas de sus violaciones. Su prolongada presión dio lugar a un proceso en el marco de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos.

Se trata de un proceso abierto que actualmente cursa su noveno año. Dado que cada día sin el tratado es un día más de impunidad, la sociedad civil está presionando para que los Estados tengan el tratado listo para su firma y ratificación para 2025. Pero aún quedan muchos obstáculos por delante. En particular, los Estados del norte global -donde tienen su sede muchas de las mayores empresas- están intentando retrasar los avances y reducir la ambición del tratado, e incluso cuestionan si acaso debiera ser jurídicamente vinculante.

Voces desde las primeras líneas

Ivette González es directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina.

 

Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.

Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.

El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.

Un tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Ivette. Lea la entrevista completa aquí.

El proceso del tratado

El proceso se inició con una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) en junio de 2014. Ésta creó un grupo de trabajo intergubernamental (GTI) de composición abierta encargado de elaborar un “instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

La presidencia del GTI quedó encargada de preparar un primer borrador del tratado que se convertiría en la base de las negociaciones sustantivas que tendrían lugar a partir de la tercera sesión del GTI.

El proceso se desarrolló según lo previsto, con el GTI presidido por el gobierno de Ecuador, que junto con Sudáfrica había patrocinado el proyecto de resolución del CDHNU. En septiembre de 2017, el presidente del GTI publicó un documento, Elementos para el proyecto de instrumento internacional  jurídicamente vinculante, que se debatió en la sesión celebrada el mes siguiente. A continuación, el presidente del GTI elaboró un borrador cero que recibió nuevos aportes en la cuarta sesión del GTI, celebrada en octubre de 2018.

En los años siguientes se celebraron sucesivas rondas de conversaciones que dieron lugar a borradores revisados, el último de los cuales es el Tercer Borrador Revisado, publicado en agosto de 2021 y debatido en la séptima y octava sesiones del GTI en octubre de 2021 y 2022.

Hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.

FERNANDA HOPENHAYM, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos

En su versión actual, el borrador refleja la influencia de la sociedad civil, pero las objeciones de Estados poderosos amenazan con debilitar el texto o bloquear el proceso. Para garantizar que el resultado sea un instrumento adecuado a su finalidad, la sociedad civil reclama un tratado vinculante que contenga normas claras, incluidos mecanismos operativos de rendición de cuentas y reparación.

Una fuerza para la ambición

La sociedad civil ha desempeñado un rol decisivo a cada paso: presionó para que se iniciara el proceso, mantuvo la ambición a medida que se fue avanzando e instó a que se respetaran los plazos previstos para la finalización del tratado.

Desde el comienzo, la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), una iniciativa de colaboración de más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países que impulsan la justicia económica y social, ha desempeñado un papel fundamental. En 2013, los miembros de la Red-DESC reunidos en su Foro de los Pueblos sobre Derechos Humanos y Empresas dieron forma a la demanda de un enfoque basado en los derechos humanos para regular la actividad empresarial mediante una declaración conjunta que se convertiría en la declaración fundacional de la Alianza por el Tratado.

La Alianza por el Tratado es una coalición de campaña que se moviliza a favor de un tratado que regule a las empresas y ponga fin a las violaciones de derechos humanos, los daños ambientales y la impunidad corporativa. Su declaración, en la que pedía la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental para elaborar el tratado, fue respaldada por más de 600 OSC de todo el mundo. Los miembros y aliados de la Red-DESC movilizaron acciones en más de 20 capitales y se entrevistaron con representantes estatales en Ginebra. La resolución de 2014 del CDHNU por la que se creó el GTI fue la recompensa a estos esfuerzos.

Otro actor clave de la sociedad civil es la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, conocida como la Campaña Global. Creada en 2012, es una red de más de 250 movimientos sociales, OSC, sindicatos y comunidades locales que luchan contra el acaparamiento de tierras, la minería extractiva, la explotación salarial y la destrucción ambiental provocada por las empresas transnacionales.

Una vez ganada la batalla para crear el GTI, la sociedad civil se ha movilizado para intentar garantizar la producción de un tratado sólido. Ha incidido colectivamente en las sesiones del GTI y ha amplificado las voces de las comunidades afectadas; uniendo la experiencia en el terreno con el saber experto, ha revisado borradores y ha coordinado respuestas. Ha insistido constantemente en el impacto desproporcionado de los abusos empresariales sobre los pueblos indígenas, las mujeres y otros grupos excluidos. Y ha exigido más espacios democráticos para que la sociedad civil pueda interactuar con los tomadores de decisiones y mayor liderazgo de los Estados del sur global en el proceso.

Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí.

IVETTE GONZÁLEZ, PODER

La sociedad civil encontró un aliado en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, establecido por el CDHNU en 2011 para promover, difundir y aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Al igual que otros mandatos de la ONU, el Grupo de Trabajo está compuesto por personas expertas independientes que aportan diversas competencias y experiencias en una amplia gama de países, temas y sectores. La mayoría de ellas proceden del mundo académico y suelen simpatizar con la sociedad civil.

Divisiones y desacuerdos

Aun cuando fue aprobada, la resolución que creó el GTI no reflejó un fuerte consenso. La mayoría de los Estados miembros del CDHNU votaron en contra o se abstuvieron: la resolución se aprobó con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones.

Los patrones de voto reflejaron una división permanente entre los Estados del sur y el norte, y entre las potencias económicas más consolidadas y las emergentes. Todos los Estados que votaron a favor de la resolución eran del sur, con predominio de Estados africanos, e incluían a dos potencias del sur, China e India. Todos los Estados que votaron en contra pertenecían al norte, con predominio de Estados europeos, más Japón y Estados Unidos.

Estas líneas divisorias no han variado mucho con el paso del tiempo, aunque los alineamientos se modificaron un poco al cambiar el alcance del tratado propuesto: mientras que inicialmente se centraba exclusivamente en las empresas transnacionales, su alcance posteriormente se amplió para abarcar a otras empresas. Pero en términos generales, muchos Estados del norte global han tomado partido por el sector privado. Intentan evitar la aprobación de un texto al que califican de demasiado rígido o prescriptivo y presionan para reducir el alcance del tratado en cuestiones clave como los derechos de los pueblos indígenas.

La sociedad civil se alinea con el grueso de los Estados del sur global para exigir normas más estrictas y obligaciones claras y ejecutables. También fomenta una participación más consistente de los Estados africanos, que en general se han involucrado mucho menos que los latinoamericanos.

Sin embargo, persisten divisiones entre los Estados en cuestiones tales como la prevención de daños y acceso a reparaciones, las salvaguardas ambientales, los mecanismos de denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional.

Voces desde las primeras líneas

Fernanda Hopenhaym es presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

 

Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.

Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.

Pero creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.

Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.

Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Fernanda. Lea la entrevista completa aquí.

Pero el tratado es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los Estados, y definitivamente no debería quedar sujeto a los intereses empresariales: no cabe esperar que quienes han desempeñado un papel tan importante en la creación del problema sean quienes ofrezcan la solución.

La limitada voz de la sociedad civil en el proceso ha sido un desafío tan importante como la insuficiente convicción de los Estados poderosos. En el marco de estas limitaciones, la sociedad civil aboga tanto por la ambición como por la rapidez, pero tiene claro que la ambición no debe ser sacrificada en aras de una rápida conclusión del proceso, y seguirá exigiendo los más altos estándares posibles.

Al mismo tiempo, la sociedad civil es realista: sabe que el tratado resultante no será una solución mágica. Seguirá debiendo hacer incidencia e involucrándose en todos los frentes. Pero conseguir el mejor tratado posible dependerá de la influencia que la sociedad civil pueda ejercer sobre el proceso. Es necesario habilitar a la sociedad civil para que pueda aportar al debate su experiencia, sus conocimientos y su capacidad para amplificar las voces de quienes resultan más afectados por las violaciones de derechos humanos que las empresas siguen cometiendo día tras día.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • La ONU debe dar mayor acceso a la sociedad civil para que aporte los puntos de vista de las personas y grupos más afectados por las violaciones de derechos humanos cometidas por el sector privado y contribuya a elaborar un tratado que las aborde eficazmente.
  • Los Estados deben trabajar junto con la sociedad civil e integrar su experiencia y conocimientos en sus propuestas.
  • Las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de los países del sur global que han tenido poca participación en el proceso, deben abogar por que sus Estados se hagan oír más a la hora de impulsar un tratado ambicioso.

Foto de portada de Trócaire