La intervención de la administración Trump fue rápida, pero ha generado toda una nueva serie de problemas para la sociedad civil venezolana. El 3 de enero, más de 150 aeronaves militares estadounidenses descendieron sobre Caracas. En cuestión de horas, las fuerzas especiales estadounidenses habían secuestrado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y los llevaban camino de Nueva York, donde enfrentarían acusaciones de narcoterrorismo. Se informó que al menos 24 agentes de seguridad venezolanos y 32 agentes de inteligencia cubanos murieron en la redada.

La operación violó deliberadamente la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) del uso de la fuerza contra Estados soberanos y marcó un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas. Evocó tiempos pasados de intervenciones militares directas de Estados Unidos, e incluso fue más allá, ya que las operaciones militares previas se habían circunscripto a Centroamérica y el Caribe, mientras que la injerencia en Sudamérica se había ejercido de forma más encubierta. La administración Trump ha cruzado ese umbral, estableciendo lo que algunos analistas han llamado el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, una política del siglo XIX que afirmó la primacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Trump ha abandonado todo compromiso retórico con la promoción de la democracia, dando abiertamente prioridad a la hegemonía estadounidense y al acceso a los yacimientos de petróleo y minerales de Venezuela, así como a las oportunidades de inversión.

En la oposición democrática venezolana, muchos esperaban que la destitución de Maduro condujera al traspaso del poder a Edmundo González Urrutia, quien según toda la información disponible fue el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y actualmente se encuentra exiliado en España. En cambio, a las pocas horas de la captura de Maduro, una ceremonia organizada precipitadamente confirmó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La administración Trump no hizo el menor esfuerzo por consultar a los líderes de la oposición, excluyéndolos totalmente de la planificación posterior a la intervención. Al ser interrogado sobre las perspectivas de que la principal líder de la oposición, María Corina Machado, dirigiera Venezuela, Trump la descartó sin ambages. Quizás ofendido por el hecho de que ella, y no él, hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz, argumentó que ella no gozaba del respeto de los venezolanos ni tenía capacidad de liderazgo. Anunció que Estados Unidos “dirigiría” el país, según parece a través de Rodríguez.

La intervención estadounidense depuso al líder del gobierno y generó fricciones significativas dentro del partido gobernante, pero dejó al régimen intacto. Sus estructuras autoritarias —el cuerpo de oficiales militares que saca provecho de la corrupción, los agentes de inteligencia cubanos infiltrados en los servicios de seguridad, las redes clientelares, la burocracia leal y el aparato represivo— siguen en pie.

Apenas asumió el cargo, Rodríguez denunció la operación que la había puesto al mando y prometió que Venezuela “jamás volvería a ser colonia de ningún imperio”. Habiendo sido parte de un régimen que durante años ignoró la voluntad popular y recibió con los brazos abiertos la injerencia de la inteligencia cubana, comerciantes de petróleo iraníes y asesores militares rusos, Rodríguez se arropó con la bandera y presentó la continuidad del régimen como una gesta patriótica contra el imperialismo occidental.

Una década de colapso

La intervención de Estados Unidos se produjo tras una década en que el partido gobernante de Venezuela destruyó sistemáticamente los controles institucionales sobre su poder, criminalizó la actividad de la oposición y aplastó el espacio cívico. La represión recrudeció tras las elecciones legislativas de 2015, que dieron a la oposición una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. El gobierno de Maduro respondió despojando al órgano de sus poderes legislativos. En enero de 2016, el Tribunal Supremo, controlado por el partido gobernante, declaró a la Asamblea Nacional en desacato luego de que esta tomara juramento a tres diputados opositores que habían sido inhabilitados por el poder judicial. En enero de 2017, el mismo tribunal declaró nulas todas las actuaciones de la Asamblea Nacional desde las elecciones y, dos meses después, le retiró sus poderes y a sus miembros la inmunidad, lo que los dejó expuestos a ser procesados, incluso en tribunales militares.

En 2017, el gobierno estableció una Asamblea Constituyente colmada de partidarios leales y con funciones legislativas, lo que supuso la abolición de todo control efectivo. El hecho de que este órgano fuera disuelto unos cuatro años más tarde sin haber elaborado una nueva constitución dejó claro que su único objetivo había sido el de sustituir a la Asamblea Nacional. Las autoridades respondieron a las grandes protestas contra el gobierno con una represión brutal. En lo sucesivo, las movilizaciones fueron, cada vez más, tratadas como amenazas a la autoridad.

El autoritarismo se intensificó con las elecciones presidenciales de 2018, celebradas en medio de un boicot de la oposición y denuncias de fraude. La controvertida reelección de Maduro desencadenó una crisis internacional: en 2019 más de 50 Estados reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. Sin embargo, el régimen sobrevivió gracias a la lealtad militar, asegurada por el clientelismo y el apoyo de los servicios de inteligencia cubanos. A continuación se redoblaron las medidas represivas contra la sociedad civil, que incluyeron el acoso a organizaciones, la detención de periodistas y el exilio forzoso de figuras de la oposición. Para 2020, el régimen había efectivamente criminalizado la labor de la sociedad civil independiente y controlaba todos los espacios democráticos.

La represión política se produjo en un contexto de colapso económico con devastadoras consecuencias humanitarias. A causa de años de mala gestión económica, agravada por los efectos de sanciones unilaterales, entre 2013 y 2020 el PIB de Venezuela se contrajo alrededor de 70%, y servicios públicos como la educación, la salud y el agua y el saneamiento se desmoronaron. Alrededor de ocho millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país, la cifra más alta jamás registrada para un país que no está en guerra. Un número similar de personas que aún viven en Venezuela requieren asistencia humanitaria, y más de cinco millones necesitan ayuda alimentaria urgente. Más de la mitad de los 28,5 millones de habitantes de Venezuela viven en condiciones de pobreza extrema. En 2025, Venezuela tuvo la tasa de inflación más alta del mundo, 269,9%, y su moneda se devaluó 381%.

El proceso se aceleró tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral, en manos de Maduro, ignoró descaradamente la clara victoria de González Urrutia, verificada por observadores electorales independientes y monitores de la oposición. Ante ello estallaron protestas callejeras en toda Venezuela, las cuales fueron reprimidas con un saldo de miles de detenciones y por lo menos 25 muertos. El régimen justificó las detenciones masivas de activistas, manifestantes y usuarios de redes sociales con el argumento de que había habido un “intento de golpe de Estado de carácter fascista”. La arquitectura de la represión se completó con medidas tales como una ley anti-ONG dirigida contra organizaciones financiadas con fondos extranjeros y una ley que tipificó como delito la traición definida de manera suficientemente amplia como para incluir el disenso pacífico.

Pese a que la oposición había logrado una unidad sin precedentes, 2025 no trajo consigo una transición democrática porque Maduro mantuvo el control del ejército mediante privilegios económicos, clientelismo y una estrecha vigilancia. Los altos oficiales se beneficiaban del colapso de la infraestructura, controlando lucrativas operaciones de contrabando y el negocio del petróleo, mientras la población pasaba hambre. Agentes de inteligencia cubanos, infiltrados en los servicios de seguridad, vigilaban la disidencia dentro de las fuerzas armadas e identificaban a posibles golpistas antes de que pudieran actuar, tornando casi imposible una rebelión militar.

Repercusiones globales

La Operación Resolución Absoluta, la acción que derrocó a Maduro, fue precedida por la Operación Lanza del Sur, una serie de al menos 36 ataques aéreos contra embarcaciones presuntamente implicadas en el contrabando de drogas en el Caribe, que causaron la muerte de al menos 125 personas. Los expertos de la ONU dejaron claro que estos ataques eran ilegales según el derecho internacional y podían incluso constituir crímenes contra la humanidad.

La intervención del 3 de enero provocó una reacción internacional mayor, pero también más polarizada. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó sesiones de emergencia y el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la operación en tanto que violación del derecho internacional. Los expertos de la ONU advirtieron que infringía un principio fundamental del orden internacional posterior a 1945. La Organización de los Estados Americanos convocó a una reunión extraordinaria. La mayoría de los Estados rechazó la intervención, considerándola un precedente peligroso y, en particular los de las Américas, una amenaza directa a su soberanía.

La intervención también reavivó la retórica antiimperialista utilizada como excusa del autoritarismo. Cuando los regímenes cubano o nicaragüense justifican su represión y culpan de sus fracasos al imperialismo estadounidense, ahora pueden referirse a ejemplos recientes en vez de agravios históricos. Gobiernos progresistas que habían apoyado las sanciones contra Maduro se encontraron ahora defendiendo la soberanía de Venezuela junto a Estados autoritarios, unidos en su condena de la intervención unilateral de Estados Unidos.

Algunos, incluida la Unión Europea, emitieron declaraciones cuidadosas en las que condenaban tanto la ilegitimidad del gobierno de Maduro como la acción unilateral que eludió los procesos multilaterales. Los defensores más acérrimos de la soberanía fueron potencias autoritarias como China, Irán y Rusia: Estados que violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos expresaron su “solidaridad con el pueblo de Venezuela” y se posicionaron como defensores del derecho internacional. La intervención logró la notable hazaña de colocar a dictaduras en el rol de árbitros morales globales.

La intervención también ha cambiado las prioridades regionales. La cuestión pasó de ser cómo restaurar la democracia en Venezuela a cómo evitar la intervención militar de Estados Unidos en otros países de América Latina. Estados Unidos ha dejado claro que las consideraciones económicas y geopolíticas tienen primacía, y su discurso sobre los principios democráticos y el derecho internacional ha perdido toda credibilidad.

Perspectivas para la democracia

Aunque Maduro ya no esté al mando, la posibilidad de una verdadera transición a la democracia parece tan remota como antes. La operación estadounidense cambió al líder del gobierno, pero dejó el régimen intacto. Rodríguez encabeza la misma maquinaria represiva que su predecesor utilizó para aplastar el disenso.

Cabe esperar que la estrategia de Rodríguez se enfoque en la supervivencia del régimen: que haga lo justo para satisfacer a la administración Trump al tiempo que se posiciona contra el imperialismo pero, a diferencia de sus predecesores, sin nombrar específicamente a Trump ni a otros funcionarios del gobierno estadounidense. Probablemente continúe exigiendo el regreso de Maduro, manteniendo la ficción de que podría volver en cualquier momento, lo que le permitiría evitar la obligación constitucional de convocar elecciones inmediatas. Esto le daría a su gobierno dos años para alcanzar cierta estabilidad económica y respetabilidad internacional, con la ayuda del levantamiento de las sanciones y una relación comercial más favorable con Estados Unidos, sin renunciar al control autoritario. Con el respaldo de una élite empresarial que busca blanquear su dinero y obtener legitimidad internacional, Rodríguez podría entonces declarar formalmente vacante el cargo de Maduro y terminar su mandato sin necesidad de enfrentarse a las urnas durante unos años más.

Un elemento central de este acuerdo es la explotación de recursos naturales. El petróleo y el arco minero del Orinoco, rico en minerales, proporcionan los recursos económicos que sostienen la estructura de poder del régimen. Las declaraciones de Trump mencionaron reiteradamente el petróleo y los metales raros, refiriéndose a Venezuela como un activo estratégico que debe rescatarse de la influencia china, iraní y rusa. Los primeros indicios apuntan a que Rodríguez está negociando acuerdos para dar a empresas estadounidenses acceso preferente a las reservas venezolanas. La democracia es vista como un obstáculo para la extracción de recursos.

Mientras tanto, la oposición democrática afronta una marginalización aún mayor. La bochornosa entrega pública del Premio Nobel de la Paz de Machado a Trump en un intento de ganarse su favor ha acelerado la fragmentación de la oposición, con facciones rivales que cuestionan cada vez más su liderazgo.

La trampa de la soberanía

La intervención de Estados Unidos ha creado una trampa para la sociedad civil. El régimen utiliza el nacionalismo como arma, presentando su continuidad en el poder como una resistencia patriótica a la intervención extranjera. Pero la reacción nacionalista es real. Los activistas venezolanos que abogaban por una mayor presión internacional son ahora acusados de colaborar con poderes extranjeros y su trabajo de años para construir redes de apoyo internacional corre el riesgo de desmoronarse en la medida en que el foco de atención se desplaza de la promoción de la democracia al control de los recursos.

Para la sociedad civil venezolana, el camino a seguir pasa por recuperar la capacidad de acción tanto frente a la represión interna como frente a la injerencia extranjera. En un intento por empezar a recorrer este difícil camino, una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil venezolana ha esbozado recientemente diez demandas urgentes encaminadas a desvincular la lucha democrática de las posturas geopolíticas. Sus prioridades se centran en la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y la derogación de las leyes restrictivas utilizadas para criminalizar el disenso. Exigen el desmantelamiento de los grupos armados irregulares y el restablecimiento del acceso sin restricciones de organizaciones internacionales de derechos humanos y ayuda humanitaria.

Fundamentalmente, la sociedad civil pide una gestión transparente de los recursos públicos y la reinstitucionalización de los poderes del Estado mediante procesos constitucionales creíbles, que culminen en unas elecciones presidenciales legítimas. Mediante el establecimiento de mecanismos de justicia transicional para garantizar verdad y reparaciones, la sociedad civil pretende alejar el debate nacional de las agendas externas, recentrándolo en las demandas y necesidades de la gente de Venezuela. Hasta que ese espacio autónomo no se restablezca, los venezolanos seguirán siendo meros espectadores más que artífices de su propio futuro.

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