Advertencia: este artículo contiene referencias a abusos, agresiones y violaciones sexuales.

La noche del 26 de octubre tuvo lugar una tensa sesión legislativa en el estado mexicano nordestino de Tamaulipas. Desde las galerías, activistas movilizados a favor y en contra de la ley en discusión corearon consignas y gritaron tan fuerte que los legisladores tuvieron que trasladarse a otra sala para terminar el debate y votar.

El recuento final fue de 23 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.

Cuando se conocieron los resultados, los activistas del colectivo LGTBQI+ estallaron en celebración, no solamente en Tamaulipas sino en todo México. El proyecto de ley que acababa de aprobarse modificaba el artículo 132 del Código Civil del estado para establecer la mayoría de edad como único requisito para contraer matrimonio.

Así, Tamaulipas se convertía en el último de los 32 estados mexicanos en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y México en el 32º país del mundo en extender el derecho al matrimonio civil a todas las personas.

El día anterior se había aprobado una ley similar en el estado de Guerrero, con 38 votos a favor y seis en contra. Los estados de México y Tabasco lo habían hecho a principios de mes, mientras que otros tres estados -Durango, Veracruz y Yucatán- lo habían hecho a principios de 2022.

Tras más de dos décadas de lucha sostenida, las últimas piezas terminaron por encajar.

La Ciudad de México, pionera

En 2001, cuando los Países Bajos se convirtieron en el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el terreno de lo posible se amplió de repente. En abril de ese año se presentó en la legislatura del Distrito Federal el primer proyecto de ley de todo México para reconocer las relaciones de convivencia.

Aunque no pretendió ir tan lejos como para modificar la legislación sobre el matrimonio, la iniciativa causó gran controversia. Grupos conservadores como el Comité Nacional ProVida y la Unión Nacional de Padres de Familia rechazaron enérgicamente la medida por considerarla un atentado contra los fundamentos de la vida social y un intento de ‘disfrazar’ el matrimonio entre personas del mismo sexo bajo otro nombre, con el objetivo de eventualmente habilitar la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

La propuesta sufrió reiterados retrasos y acabó siendo rechazada, pero una nueva tentativa dio lugar en 2006 a la Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de México, que reconoció las uniones entre dos personas del mismo sexo mediante un acuerdo que no llegaba a conceder los mismos derechos a la seguridad social ni derechos parentales a las parejas del mismo sexo. El acuerdo tampoco cambiaba el estado civil de las partes, que oficialmente seguían siendo solteras.

Esto último cambió cuando se aprobó una nueva Ley de Sociedad de Convivencia en 2017 – pero para entonces, entrar en una sociedad de convivencia era apenas una opción más disponible para cualquiera, y no la única posibilidad para las parejas del mismo sexo. Varios años antes, en 2009, una reforma del Código Civil de la Ciudad de México había extendido el derecho al matrimonio a todas las personas.

Para abogar por el cambio legal se había formado una coalición de sociedad civil -Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo- que incluía a cientos de organizaciones de la sociedad civil mexicana junto con aliados internacionales como Amnistía Internacional y la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays.

La enmienda del Código Civil aprobada por la Asamblea Legislativa local en 2009 redefinió el matrimonio como una unión libre entre dos personas, sin especificar el sexo o el género de los miembros de la pareja. Concedió a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, incluidos los de adopción, cuentas bancarias y crédito conjuntos, seguridad social y herencia.

La reacción antiderechos

Las reacciones homófobas y transfóbicas que suscitó el debate de la ley de matrimonio igualitario en Ciudad de México resurgieron invariablemente cada vez que el tema fue debatido en los diferentes estados mexicanos durante la década siguiente. Los grupos antiderechos desataron un aluvión de desinformación y prejuicios, y cuando no consiguieron detener los cambios legales, a menudo pasaron a socavar su implementación o intentar su derogación.

Tan pronto como el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República recurrió a la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la Asamblea Legislativa de la ciudad carecía de competencia para legislar sobre el matrimonio. La demanda fue apoyada por el conservador Partido Acción Nacional, la cúpula de la Iglesia Católica y el Colegio de Abogados Católicos. Alegaban que los cambios legales socavaban el principio constitucional de “protección de la familia” y violaban el deber del Estado de salvaguardar el interés superior de la niñez.

La Corte Suprema dictaminó que el órgano legislativo de la Ciudad de México tenía competencia y que el cambio era constitucional. En otras dos sentencias, la Corte también determinó que los matrimonios celebrados en la Ciudad de México debían ser reconocidos en todos los estados mexicanos, y defendió los derechos de adopción consagrados en la legislación local.

El hito de 2015

En los años siguientes, apenas un par de estados siguieron el ejemplo de Ciudad de México. En los estados que no reconocían este derecho, las parejas del mismo sexo empezaron a presentar demandas judiciales cuando les eran negadas sus solicitudes de licencias matrimoniales. Varios recursos llegaron a la Corte Suprema, que falló a favor de los demandantes, permitiéndoles casarse en sus estados.

En 2015, la Corte Suprema dictaminó que las leyes estaduales que definían al matrimonio como una institución exclusivamente heterosexual centrada en la reproducción eran inconstitucionales. Declaró que la finalidad del matrimonio era la protección de la familia entendida en sentido amplio, y que ninguna norma podía restringir los derechos de una persona a causa de su orientación sexual.

Esto hizo que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera técnicamente legal en todo México; sin embargo, a falta de más cambios legales a nivel estadual para adaptar los códigos civiles a la sentencia de la Corte Suprema, los funcionarios de los registros civiles y los jueces siguieron denegando a las parejas del mismo sexo el acceso a este derecho, obligándolas a seguir presentando demandas para que se les reconocieran sus derechos.

La sociedad civil continuó con su estrategia de utilizar el litigio estratégico para forzar avances estado por estado. Poco a poco, los estados empezaron a modificar sus leyes para adaptarlas a la sentencia de la Corte Suprema. Y una y otra vez el activismo LGBTQI+ experimentó fuertes reacciones antiderechos. Los derechos de adopción fueron especialmente controvertidos. La mayoría de los estados acabaron reconociéndolos, pero diez de ellos no lo han hecho.

En la mayoría de los casos los cambios se introdujeron por la vía legislativa, pero algunos estados utilizaron otros medios, tales como sentencias judiciales, decretos ejecutivos y enmiendas constitucionales. En octubre de 2022 solamente quedaban dos rezagados: Guerrero y Tamaulipas.

Asignaturas pendientes

Aunque es un paso fundamental, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo México está lejos de ser una misión cumplida para el movimiento LGBTQI+. Muchas de las actuales leyes estaduales son inadecuadas y deberán ser revisadas, entre otras cosas para garantizar derechos de adopción, proteger a las familias homoparentales y reconocer las identidades no binarias y el derecho a la identidad de las personas trans. En última instancia, las normas sobre el matrimonio y los derechos asociados sólo acabarán armonizándose plenamente cuando pasen a formar parte del Código Civil Federal.

En octubre de 2022, el Senado mexicano aprobó un proyecto de ley para prohibir las denominadas “terapias de reconversión”, que, bajo el pretexto de corregir la orientación sexual o la identidad de género, someten a las personas LGBTQI+ a prácticas asimilables a la tortura, privándolas de su libertad, medicándolas contra su voluntad, aplicándoles electroshocks y abusando sexualmente de ellas. Para convertirse en ley, su prohibición aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.

Por más que se modifiquen las leyes, es de esperar que la reacción antiderechos continúe, ya que conecta con prejuicios sociales muy arraigados. México recibe una puntuación de 74 sobre 100 en el Índice de Igualdad de Equaldex, que clasifica a los países en función de trato hacia las personas LGBTQI+. El índice evalúa tanto el marco legal como las actitudes.

En el componente legal, México obtiene 92 puntos; en cambio, obtiene apenas 57 en el índice de opinión pública. El mensaje es claro: cambiar las leyes y las políticas no es suficiente. Las actitudes sociales van a la zaga y es necesario trabajar mucho más para combatir los prejuicios y la violencia contra las personas LGBTQI+.

Cada hito, incluido el matrimonio igualitario, es una batalla ganada, pero la lucha continúa y solamente se habrá ganado cuando todas las personas, en todas partes, tengan los mismos derechos, independientemente de su identidad de género o su orientación sexual. La sociedad civil mexicana aún tiene mucho trabajo por hacer. Pero al unirse a la actual oleada global de ampliación de derechos, el país ha demostrado que el cambio no solamente es necesario, sino que también es posible, incluso en contextos difíciles: ha enviado al mundo un mensaje de optimismo.