Mientras delegaciones de todo el mundo se reúnen en Nueva York para la semana inaugural de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la organización atraviesa una de sus peores crisis desde su creación hace 80 años. La Asamblea de este año, en teoría centrada en el desarrollo, los derechos humanos y la paz, se celebra en un momento en que las guerras se extienden por varios continentes, los objetivos climáticos se alejan peligrosamente y la institución diseñada para abordar este tipo de desafíos globales se encuentra debilitada por recortes de financiación y retiradas políticas.

Una comisión de la ONU acaba de determinar que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, mientras que el Estado israelí intensifica su campaña de violencia con bombardeos sobre Qatar. Al mismo tiempo, la guerra de Rusia contra Ucrania amenaza con expandirse tras el reciente lanzamiento de drones contra Polonia. Los conflictos persisten en muchos otros países, pese a las aspiraciones fundacionales de la ONU de garantizar paz, seguridad y respeto por los derechos humanos.

La administración Trump abandonó el multilateralismo en favor de acuerdos bilaterales transaccionales y encabezó una retirada de fondos de los donantes que golpea con fuerza tanto a la ONU como a la sociedad civil. El gobierno estadounidense también repudió los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas ambiciosas y progresistas que todos los Estados acordaron en 2015, y que hoy están muy lejos de cumplirse.

Las múltiples y crecientes crisis actuales exigen una ONU eficaz y poderosa, pero al mismo tiempo vuelven ese objetivo cada vez menos probable.

Palestina en la agenda

Los Estados afrontan una primera prueba durante la semana de alto nivel, donde se les instará a adoptar medidas colectivas ante una catástrofe de derechos humanos. La conferencia sobre Palestina y la solución de dos Estados, convocada por los gobiernos de Arabia Saudita y Francia, se celebrará el 22 de septiembre. Se espera que ofrezca la ocasión para que algunos Estados del norte global que aún no han reconocido al Estado palestino lo hagan.

De los 193 Estados miembros de la ONU, 147 reconocen a Palestina, pero muchos del norte global todavía no. Esta situación empezó a cambiar desde que Israel lanzó su actual ofensiva en Gaza en respuesta a los atentados terroristas de Hamás de octubre de 2023: desde entonces, 10 Estados más han otorgado su reconocimiento.

El impulso crece. Arabia Saudita y Francia convocaron la primera sesión de la cumbre a finales de julio. Varios otros Estados expresaron su disposición a conceder el reconocimiento en la declaración de la cumbre, aunque algunos impusieron condiciones. Una resolución de la Asamblea General del 12 de septiembre que respalda la solución de dos Estados – que incluye llamamientos a un alto el fuego inmediato y a la creación de un Estado palestino soberano – obtuvo el apoyo de 142 Estados. Entre los que podrían sumarse a Francia para ampliar el reconocimiento el 22 de septiembre figuran Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Los Estados se enfrentarán a la firme oposición del gobierno de Estados Unidos, que negó visados a funcionarios palestinos para viajar a Nueva York y puede recurrir a su veto en el Consejo de Seguridad para impedir que Palestina se convierta en miembro pleno de la ONU. Aun así, la cumbre del 22 de septiembre ofrece un momento excepcional para aislar a Israel en la escena mundial y para que la ONU demuestre su valor como espacio donde los Estados pueden unirse y asumir una postura moral.

El reconocimiento diplomático de Palestina no impedirá que Israel siga cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Los Estados que lo concedan deberán adoptar otras medidas, en especial suspender el suministro de armas a Israel y congelar la cooperación económica. Sin embargo, el reconocimiento ejerce presión sobre Israel y envía un mensaje de apoyo a la solución de dos Estados. Supone establecer relaciones diplomáticas, lo que podría brindar a las autoridades palestinas más vías para recabar respaldo frente a los ataques a los derechos. Los Estados del norte global que aún se abstienen de reconocerlo deberían aprovechar esta oportunidad.

El clima y la cuestión del financiamiento

Entre los eventos clave de la semana de alto nivel también figura la Cumbre climática del 24 de septiembre, destinada a acelerar la acción antes de la reunión climática COP30 de noviembre. Con solo cuatro horas reservadas para la sesión, es poco probable que se logren avances significativos en los compromisos del Acuerdo de París, que siguen muy lejos de cumplirse. Aun así, la reunión puede servir para presionar a los Estados a presentar por fin sus planes revisados – ya vencidos – para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos climáticos, algo que muchos aún no han hecho.

Ese mismo día se celebra una Cumbre Bienal para una Economía Global Sostenible, Inclusiva y Resiliente, centrada en mejorar la implementación de los ODS. Sin embargo, los procesos globales existentes ya han decepcionado este año: la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo no logró ningún avance significativo. En medio de una crisis de financiación de los donantes, una reunión de un solo día en Nueva York difícilmente cambiará la situación.

El 25 de septiembre comenzará un diálogo mundial sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, un paso potencialmente importante dado que esta tecnología tiene múltiples repercusiones en los derechos humanos y carece de una regulación adecuada. Los sistemas de inteligencia artificial operan a través de las fronteras; los gobiernos nacionales por sí solos no pueden regularla de forma eficaz. Otro evento potencialmente significativo, previsto para el 30 de septiembre, se centrará en las violaciones de derechos humanos de minorías, como el pueblo rohingya en Myanmar, bajo control militar.

¿Qué pasó con el Pacto por el Futuro?

La sesión del año pasado dejó en claro los límites de las cumbres mundiales de la ONU. El evento central fue la Cumbre del Futuro, una reunión especial de dos días que cerró dos años de consultas y negociaciones para acordar tres documentos finales: el Pacto para el Futuro, la Declaración sobre las Generaciones Futuras y el Pacto Digital Mundial.

La cumbre se presentó como una oportunidad para renovar a la ONU en tiempos difíciles y de cambios acelerados. Su objetivo declarado era fortalecer la cooperación internacional ante desafíos clave, corregir las deficiencias de la gobernanza mundial y reafirmar la Carta de la ONU junto con otros compromisos globales esenciales, como los ODS. El nivel de ambición parecía alto cuando el Secretario General António Guterres presentó en 2021 su informe Nuestra Agenda Común para revitalizar la cooperación internacional y reformar la ONU, pero esa ambición se fue diluyendo a medida que avanzaba el proceso.

La sociedad civil, pese a sus fundadas dudas sobre el enfoque amplio y vago de la cumbre y la falta de apoyo de algunos Estados poderosos, intentó participar de forma constructiva. Sin embargo, el proceso careció del carácter abierto, participativo e inclusivo que se necesitaba.

El pacto incluyó algunos aspectos positivos, como la propuesta de ampliar el Consejo de Seguridad- aunque sin una reforma de fondo -, y el compromiso de analizar el impacto del gasto militar en los ODS, que derivó en un informe reciente. Sin embargo, en su mayor parte, el pacto resultó decepcionante: abundó en declaraciones vacías y ofreció pocas medidas concretas. Apenas mencionó al espacio cívico, y las propuestas de la sociedad civil para reformar la ONU fueron en gran medida ignoradas.

Otro problema fue la falta de un plan de implementación. El pacto contenía 56 compromisos, pero ninguna hoja de ruta. En marzo, Guterres creó algunos grupos de trabajo y, en mayo, los Estados intercambiaron ideas sobre la implementación a nivel nacional. La cumbre económica del 24 de septiembre, que se celebrará cada dos años, es uno de los compromisos del pacto. Pero todo esto parece insuficiente frente a las ambiciones iniciales.

Está prevista una revisión de avances en 2028, pero para entonces la ONU tendrá un nuevo secretario general y, sin duda, habrán surgido muchas otras urgencias globales. Sin un plan sólido de implementación y los recursos necesarios para respaldarlo, las cumbres caen rápidamente en el olvido. La inclusión activa de la sociedad civil es clave para mantener vivos los compromisos internacionales y exigir cuentas a los Estados y a la propia ONU. Este proceso careció de ello, y por eso, un año después de aprobado el pacto, el tema prácticamente ha desaparecido de la agenda.

Se avecinan recortes importantes

La atención se ha desplazado hacia la iniciativa ONU80, lanzada en marzo. Presentada como un proceso de reforma para conmemorar el 80° aniversario de la ONU, es en realidad una campaña de eficiencia motivada, evidentemente, por el afán de reducir costos. Los drásticos recortes de la ayuda de los donantes – no solo de Estados Unidos, sino también de otros donantes consolidados como Alemania, Francia y el Reino Unido, a menudo en favor del gasto militar – tienen un impacto global. La ONU sufre tanto por los Estados que no pagan sus contribuciones obligatorias, o las demoran durante largos periodos, como por la falta de financiación de iniciativas que dependen de aportes voluntarios.

En cuanto a las contribuciones obligatorias, los países más poderosos son los principales deudores: Estados Unidos encabeza la lista con una deuda de aproximadamente 1.500 millones de dólares, seguido de China, con cerca de 600 millones. Mientras tanto, la falta de financiación voluntaria golpea con especial dureza a los derechos humanos, históricamente la parte menos financiada del trabajo de la ONU. En junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, anunció que 18 actividades encomendadas por resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no se llevarían a cabo por falta de recursos. En un mundo desgarrado por conflictos atroces, las investigaciones de la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Sudán y Ucrania operan muy por debajo de su capacidad.

La escasez de fondos, agravada por la retirada de la administración Trump de organismos y acuerdos clave, ha obligado a la ONU a planear un recorte presupuestario del 20% para 2026. Esto podría implicar la eliminación de unos 7.000 puestos de trabajo de su plantilla de 35.000 personas, la fusión de agencias, el cierre de oficinas y el traslado de funciones a lugares más económicos.

Sin duda, la ONU es un entramado de instituciones difícil de manejar y excesivamente burocrático, y resulta lógico que puedan lograrse algunos ahorros. Si el personal se traslada de los costosos centros del norte global a sedes más baratas en el sur, esto podría ayudar a los organismos y al personal de la ONU a comprender mejor las perspectivas del sur global. También facilitaría el acceso de grupos de la sociedad civil que actualmente tienen dificultades para viajar a sitios como Ginebra y Nueva York, especialmente ante las nuevas restricciones de viaje impuestas por la administración Trump, aunque esa no sería la razón detrás de la reubicación.

Los recortes obligan a la ONU a reducir su alcance, justo cuando los problemas son más graves que en décadas. Las decisiones sobre las prioridades de la ONU no pueden quedar solo en manos de sus funcionarios o de los Estados. La sociedad civil debe tener voz y voto.

El acceso de la sociedad civil a los procesos de la ONU ya es demasiado limitado. Durante la semana de alto nivel, incluso las OSC normalmente acreditadas para acceder a la ONU quedan excluidas de los eventos. El panorama no es mucho mejor durante procesos de reforma tales como la Cumbre del Futuro. Las propuestas de la sociedad civil para mejorar la situación – empezando por la creación de un Enviado de la Sociedad Civil, una innovación de bajo costo para coordinar la participación de la sociedad civil en toda la ONU – no han sido aceptadas.

Ahora, incluso ese acceso limitado podría restringirse aún más. En nombre de la eficiencia, la ONU corre el riesgo de volverse menos eficaz, más estadocéntrica y menos dispuesta a defender el derecho internacional de los derechos humanos. Solo los Estados que violan sistemáticamente los derechos humanos se beneficiarían de menores niveles de escrutinio.

La sociedad civil es una voz esencial en cualquier debate sobre qué tipo de ONU el mundo necesita y cómo hacer que esté a la altura de sus objetivos. La sociedad civil debe ser incluida para que haya alguna posibilidad de que la organización cumpla su promesa fundacional de servir a “nosotros, los pueblos”.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org