Advertencia sobre el contenido: este artículo contiene descripciones explícitas de violencia de género.

Unas horas antes de que comenzara la cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre, cientos de mujeres sudafricanas vestidas de negro se tumbaron en un parque de la ciudad durante 15 minutos, un minuto por cada mujer que pierde la vida cada día a causa de la violencia de género en Sudáfrica. La protesta fue organizada por la organización de la sociedad civil Women for Change (Mujeres por el Cambio), que reunió más de un millón de firmas para exigir al gobierno que declarara la violencia de género como catástrofe nacional. Unas horas más tarde, el gobierno accedió a esta demanda.

Se trató de una victoria crucial en un año marcado por la violencia brutal y las reacciones políticas violentas. En Argentina, estallaron protestas masivas en septiembre tras la tortura y el asesinato de tres mujeres jóvenes por parte de una banda de narcotraficantes, que fue transmitido en directo a una audiencia exclusiva en un grupo privado en redes sociales. En Brasil, decenas de miles de personas salieron a las calles en diciembre después de que Taynara Souza Santos fuera atropellada por su exnovio y arrastrada por el asfalto durante un kilómetro, lo que le provocó la pérdida de las piernas.

Estos casos de gran repercusión mediática representan solo la punta del iceberg. La sociedad civil lleva mucho tiempo haciendo campaña para que las autoridades reconozcan el feminicidio como un delito específico, definido como el asesinato de mujeres o niñas por su género, con causas y consecuencias que lo diferencian de otras formas de violencia letal. La sociedad civil insta a los Estados a mantener estadísticas que permitan rastrear, cuantificar y prevenir el feminicidio.

Cuando existen datos, estos indican la existencia de una epidemia. Las cifras más altas se registran en África y América Latina, aunque existe una amplia cantidad de casos no documentados, especialmente en los países que no reconocen el feminicidio como un delito específico, o en los que emplean definiciones inconsistentes. Los datos disponibles indican que África tiene la tasa más alta de feminicidios, con tres casos por cada 100.000 mujeres en 2024, y Sudáfrica tiene una de las peores tasas del mundo, con 12,2 homicidios de mujeres por cada 100.000 mujeres en 2022, y 5,5 homicidios cometidos por la pareja o un familiar por cada 100.000 mujeres entre 2020 y 2021, es decir, casi cinco veces el promedio mundial. Se han documentado cientos de feminicidios en Kenia y Nigeria, aunque ambos países carecen de sistemas oficiales de seguimiento exhaustivos, por lo que corresponde a la sociedad civil crear bases de datos a partir de la información difundida por los medios de comunicación.

América Latina ofrece un panorama igualmente sombrío. En 2024, al menos 3.814 mujeres fueron víctimas de feminicidios, lo que se traduce en alrededor de 11 asesinatos por motivos de género al día, según los datos recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Honduras tiene la tasa más alta, con 4,3 casos por cada 100.000 mujeres, seguida de Guatemala y la República Dominicana. Brasil registra el número absoluto más alto de casos, seguido de México.

Estas cifras, que se repiten año tras año sin apenas signos de mejora, han servido de impulso para las movilizaciones contra la violencia de género que han tenido lugar este año en todo el mundo. La campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, que se celebra anualmente desde 1991, volvió a reunir a activistas, organizaciones de la sociedad civil y supervivientes en las calles y en espacios virtuales desde el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

La fecha de cierre de la campaña es altamente simbólica: la elección del Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido para conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pone de relieve que la violencia contra las mujeres no es solo un problema social, sino una violación de los derechos humanos. Las personas activistas afirman que los derechos de las mujeres son derechos humanos y exigen a los Estados que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.

Un año de movilizaciones

A lo largo de 2025, las mujeres se movilizaron en numerosas ocasiones en respuesta a los patrones persistentes de violencia y a casos concretos de feminicidios. El Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, trajo consigo movilizaciones masivas para protestar contra las múltiples formas de discriminación y violencia contra las mujeres y exigir que los Estados adopten medidas para eliminar las desigualdades de género.

En Italia, una serie de brutales asesinatos desencadenó manifestaciones en todo el país. El 3 de abril, los asesinatos de dos estudiantes mujeres de 22 años provocaron protestas y vigilias estudiantiles en varias ciudades. El 29 de mayo, estallaron manifestaciones en Nápoles tras el hallazgo del cuerpo de Martina Carbonaro, de 14 años, asesinada por un chico mayor que ella al que había rechazado sus insinuaciones.

El 3 de junio, Argentina conmemoró el décimo aniversario de Ni Una Menos, un movimiento popular contra los feminicidios que comenzó en 2015 y que desde entonces se ha extendido por toda América Latina y más allá. Las manifestaciones en todo el país denunciaron los recortes presupuestarios en los programas de igualdad de género impuestos por el gobierno de derecha del presidente Javier Milei. Este eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y anunció su intención de suprimir el delito de feminicidio del Código Penal y de derogar la paridad de género en las listas electorales, las cuotas laborales para las minorías sexuales, los documentos de identidad no binarios y una ley que exige formación en materia de género para el personal de la función pública. Los movimientos feministas respondieron con movilizaciones continuas en las calles y campañas en las redes sociales, defendiendo las protecciones que tanto les había costado conseguir y, al mismo tiempo, seguir exigiendo respuestas más eficaces frente a la violencia de género. La movilización más destacada del año tuvo lugar el 27 de septiembre en respuesta a los feminicidios transmitidos en directo por Internet.

En Brasil, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país en diciembre para protestar contra las tasas récord de feminicidios tras varios casos impactantes. Además de la brutal agresión contra Souza Santos, los manifestantes rindieron homenaje a la profesora Catarina Kasten, violada y estrangulada hasta la muerte en un sendero junto a una playa el 21 de noviembre, así como a la administradora escolar cuyo nombre no fue divulgado, asesinada el 28 de noviembre por un compañero de trabajo que no aceptaba responder a jefas mujeres. Los manifestantes llevaban pancartas con el lema “dejen de matarnos” y pedían a los hombres que se unieran a las mujeres en su lucha.

En Turquía, que abandonó en 2021 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, estallaron protestas para exigir justicia por la sospechosa muerte de Rojin Kabaiş, una estudiante universitaria de 21 años. Esto ocurrió en el contexto de la declaración del gobierno nacionalista de derechas de 2025 como el “Año de la Familia”, criticada por los activistas por reforzar los roles tradicionales en lugar de abordar la seguridad de las mujeres.

En Sudáfrica, las mujeres aprovecharon estratégicamente la visibilidad internacional que suscitó la cumbre del G20 para organizar la Huelga de las Mujeres en el G20 el 21 de noviembre. Mientras los líderes mundiales se reunían en Johannesburgo, Women for Change (Mujeres por el Cambio) organizó una acción nacional llamando a las mujeres y a las personas LGBTQI+ a abstenerse de todo trabajo, remunerado y no remunerado, y a no gastar dinero, con el fin de simbolizar el impacto económico y social de su ausencia, así como a vestirse de negro en señal de luto y resistencia. Al mediodía, miles de personas se reunieron en puntos de encuentro en todo el país para guardar 15 minutos de silencio, tumbadas en el suelo. La campaña en línea de color morado se volvió viral en las redes sociales, con monumentos iluminados de ese color, logrando situar la crisis en la agenda mundial en un momento de atención internacional sin precedentes.

La violencia en línea, una nueva frontera

La temática de la campaña de las Naciones Unidas (ONU) de este año fue “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”, lo que refleja el reconocimiento de una forma de violencia de género en rápido crecimiento. La campaña se centró en la violencia facilitada por la tecnología, destacando problemas crecientes como el acoso en línea, el doxeo, la difusión no consentida de imágenes íntimas y el uso de deepfakes y otros contenidos generados por la IA para controlar y silenciar a las mujeres y las niñas. Hizo un llamado a los gobiernos para que aprueben leyes que penalicen la violencia digital, exigió a las empresas tecnológicas que garanticen la seguridad de las plataformas e instó a aumentar la financiación de los servicios de prevención y apoyo a las víctimas.

Las movilizaciones nacionales organizadas durante los 16 días de activismo ampliaron esta agenda global, denunciando la insuficiencia de la protección ofrecida por los Estados, la violencia física, la impunidad sistémica y el papel de la tecnología en la facilitación y amplificación de la violencia de género.

Las mujeres se manifestaron en toda América Latina, especialmente en Argentina, Chile, Guatemala, México y Uruguay. En México, cientos de personas se movilizaron para exigir justicia para las víctimas, protección para las activistas feministas, a menudo criminalizadas, y el derecho al aborto como parte del reconocimiento de la plena autonomía corporal de las mujeres. Algunas llevaban cruces en memoria de las mujeres asesinadas, mientras que otras llevaban fotografías de hombres a quienes acusan de violencia y que no han sido procesados judicialmente.

Europa también fue escenario de numerosas manifestaciones. En Francia, 50.000 personas participaron en una protesta en París. El colectivo feminista Nous Toutes (“Todas nosotras”) organizó una marcha con antorchas frente al Panteón con una pancarta de 20 metros en la que figuraban los nombres de 1.180 mujeres asesinadas desde 2017. Las activistas exigieron una ley integral, respaldada por un presupuesto suficiente, para implementar medidas de prevención y servicios de apoyo.

En España se realizaron más de 40 marchas en varias ciudades para rendir homenaje a las 38 mujeres víctimas de feminicidio desde el inicio del año 2025. Las personas manifestantes rechazaron la hostilidad del partido de extrema derecha Vox hacia los derechos de las mujeres y exigieron la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye cientos de medidas destinadas a proteger a los menores de la violencia vicaria, a combatir la violencia económica y digital, así como a luchar contra la violencia sexual y la trata de seres humanos.

En Turquía, miles de personas se concentraron en Estambul a pesar de las prohibiciones generales impuestas por las autoridades, la suspensión de los servicios de metro, el cierre de los principales lugares de protesta y la instalación de barricadas policiales. Según la plataforma We Will Stop Femicide (Pondremos fin a los Feminicidios), al menos 235 mujeres fueron asesinadas por hombres en Turquía entre enero y octubre, y otras 247 fueron halladas muertas en circunstancias sospechosas. Las mujeres corearon los nombres de las víctimas a lo largo de las marchas.

Progreso en medio del retroceso

El año trajo algunos avances, pero se produjo en un contexto más amplio de regresión, con gobiernos de derechas que calificaron las medidas contra la violencia de género como ideológicas y que tomaron medidas para desmantelar décadas de victorias feministas. Esto obligó a las organizaciones feministas y las defensoras de los derechos de las mujeres a desenvolverse en entornos cada vez más hostiles.

En Kenia, las autoridades utilizaron la violencia sexual como arma contra las mujeres que participaban en las protestas lideradas por la Generación Z para exigir la rendición de cuentas del gobierno. El 25 de junio, cuando la población se reunió para conmemorar el primer aniversario del inicio de las protestas, grupos armados desconocidos violaron en grupo al menos a 14 mujeres. La Federation of Women Lawyers in Kenya (Federación de Mujeres Abogadas de Kenia) condenó los ataques , calificándolos de intentos de intimidar a las mujeres y disuadirlas de participar en la vida política.

En Letonia se produjo un retroceso político, cuando el parlamento votó a favor de retirar al país del Convenio de Estambul menos de un año después de ratificarlo. Los partidos de derechas argumentaron que el tratado promovía “teorías de género” bajo el pretexto de luchar contra la violencia. La votación se llevó a cabo a pesar de una petición a favor del Convenio que reunió más de 60.000 firmas. El presidente Edgars Rinkēvičs devolvió la ley al parlamento para un nuevo examen. Si la ley se aprueba, Letonia será el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en abandonar el Convenio.

Sin embargo, en este contexto, los esfuerzos de la sociedad civil han permitido lograr algunas victorias significativas. España se convirtió en un país pionero de la UE en la criminalización de la violencia vicaria, definida como la violencia perpetrada contra las mujeres a través de personas cercanas, generalmente hijos o familiares. Su nueva ley, aprobada el 30 de septiembre, siguió los pasos de México, que reconoció esta forma de violencia en 2023.

El 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el parlamento italiano aprobó por unanimidad una ley que tipifica el feminicidio como un delito penal independiente punible con cadena perpetua. La ley define el feminicidio como cualquier acto destinado a causar la muerte de una mujer por motivos de discriminación, odio o violencia.

Italia es el cuarto país de la UE en tipificar el feminicidio como delito. Este logro es aún más significativo si se tiene en cuenta la historia reciente: hasta 1981, el Código Penal italiano preveía cierta indulgencia para los “crímenes de honor”, circunstancia atenuante que el Tribunal Supremo no descartó hasta 2007. Sin embargo, Italia sigue siendo uno de los pocos Estados miembros de la UE en los que la educación sexual y relacional no es obligatoria en las escuelas, y una nueva ley propuesta por el gobierno de derechas prevé prohibir la educación sexual y afectiva en la escuela primaria y exigir el consentimiento explícito de los padres para las clases en secundaria.

A nivel europeo, la primera directiva de la UE sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adoptada en mayo de 2024, entró en vigor en 2025. Esto significa que los 27 Estados miembros de la UE deben transponerla a su legislación nacional antes de junio de 2027. La directiva tipifica como delitos la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso en línea y la incitación al odio y a la violencia por motivos de género, con penas de prisión de entre uno y cinco años. Exige medidas integrales de prevención, protección, apoyo a las víctimas y acceso a la justicia, incluidos programas de sensibilización sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. Facilita las denuncias de los delitos por parte de las víctimas, ya que los delitos cibernéticos pueden denunciarse en línea, protege a los niños y niñas que denuncian delitos cometidos por una persona con responsabilidad parental y establece que las pruebas relacionadas con la conducta sexual pasada de las víctimas solo deben admitirse cuando sean pertinentes y necesarias.

La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, celebró esta legislación histórica, pero expresó su decepción por el bloqueo de los Estados miembros a la inclusión de una definición de violación basada en el consentimiento. Alsalem también señaló que la directiva establece una distinción entre la violencia en línea en el ámbito privado y en el público, penalizando únicamente la dimensión pública, lo que podría animar a los autores a actuar con impunidad en grupos privados en línea. Además, la directiva no exige a los Estados que proporcionen la financiación adecuada para su aplicación.

Necesidad de cambios estructurales

La acción colectiva es esencial para forzar el cambio. Cuando las mujeres salen a la calle, reivindican los derechos más fundamentales de la dignidad humana: poder regresar a casa sin miedo, abandonar a una pareja violenta, participar en la vida política sin correr el riesgo de sufrir violencia sexual, existir en Internet sin acoso y tener acceso a la justicia. No se trata de reivindicaciones radicales, sino de los requisitos mínimos para que las mujeres puedan vivir plenamente sus vidas.

Sin embargo, satisfacer estas demandas básicas requiere una transformación estructural. Las mujeres solo encontrarán seguridad cuando las sociedades dejen de considerarlas como objetos que poseer y controlar, cuando quienes buscan escapar del abuso tengan medios para acceder a la independencia económica, cuando los sistemas judiciales traten la violencia contra las mujeres con la seriedad que merece, y cuando las empresas tecnológicas rindan cuentas por las plataformas que facilitan el acoso. Esta transformación exige una inversión sostenida en educación preventiva, servicios de apoyo, formación judicial especializada y mecanismos de rendición de cuentas.

Este año, los retrocesos han sido más numerosos que los avances. Si bien Italia, Sudáfrica y España han dado pasos adelante, en otros lugares los gobiernos han seguido desmantelando las protecciones existentes, calificando las medidas contra la violencia como “ideología de género” en lugar de imperativos de derechos humanos, y obstaculizando la organización y las movilizaciones feministas.

Pero, en medio de la creciente represión y la disminución de los recursos, los movimientos de mujeres siguen documentando las violencias, apoyando a las supervivientes y exigiendo cambios sistémicos. Los Estados tienen la obligación, en virtud de los derechos humanos, de proteger la vida de las mujeres. Los movimientos de mujeres continuarán exigiendo que estas obligaciones se cumplan con la seriedad y los recursos que exigen.

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