Cuando los fondos destinados a hospitales terminan en los bolsillos de los funcionarios, las personas mueren por causas evitables. Cuando la policía exige sobornos, se niega la justicia a las personas pobres. Cuando se manipulan las licitaciones, no se construyen escuelas, los sistemas de agua colapsan y los trenes chocan. La corrupción y los derechos humanos no son cuestiones separadas: son dos caras de la misma moneda.

Esta conexión, que la sociedad civil lleva años señalando, recibió respaldo oficial en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en junio y julio. Entre otras resoluciones clave sobre espacio cívico, cambio climático y derechos de género, la resolución sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos marcó un avance importante. Para la sociedad civil que trabaja en primera línea contra la corrupción, supone un paso prometedor.

Un nuevo marco de lucha contra la corrupción

La resolución representa un cambio significativo respecto a enfoques anteriores. Encarga al Comité Asesor del CDH la elaboración de un estudio exhaustivo que sirva de base para directrices dirigidas a los Estados sobre cómo cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en materia de prevención y combate contra la corrupción. El objetivo es ofrecer orientaciones prácticas que los gobiernos puedan aplicar. El estudio se basará en amplias consultas, incluidas organizaciones de la sociedad civil (OSC), para garantizar que se escuchen las voces de quienes más sufren las consecuencias de la corrupción.

La resolución también busca mejorar la coherencia entre los distintos procesos de la ONU en Ginebra, Viena y Nueva York. Esta es una necesidad real, dado que estas oficinas suelen trabajar de forma desconectada. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, lidera la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), mientras que el trabajo sobre derechos humanos se concentra principalmente en Ginebra, donde tiene su sede el CDH. La Asamblea General, junto con muchos otros procesos, se desarrolla en Nueva York. La resolución establece un mandato para promover una colaboración más efectiva, y alienta a otras iniciativas del Consejo a considerar el impacto de la corrupción en sus mandatos.

La resolución está en línea con la Posición Común de la ONU sobre la lucha contra la corrupción a nivel mundial, adoptada en 2021, que reconoce que frenar la corrupción es clave para facilitar y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta postura también fue reafirmada en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada a principios de julio, que subrayó que combatir la corrupción, junto con la rendición de cuentas, la buena gobernanza, el estado de derecho y la transparencia, es esencial para alcanzar los ODS.

La fortaleza de la resolución radica en reconocer que la corrupción no se limita al intercambio ilegal de dinero, sino que supone una negación sistemática de los derechos humanos. La corrupción debilita las instituciones del Estado y su capacidad para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, especialmente de las personas vulnerables y los grupos excluidos. Al desviar recursos que deberían financiar servicios esenciales como la educación, la salud y la vivienda, la corrupción socava la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Además, al permitir que las empresas eludan normas diseñadas para proteger a la población, erosiona las instituciones democráticas.

La resolución también reconoce que las medidas anticorrupción pueden, en sí mismas, vulnerar derechos humanos, por ejemplo, cuando se ignoran garantías procesales o se aplican programas de vigilancia masiva que violan la privacidad.

La realidad es que, en todo el mundo, los activistas contra la corrupción, las personas denunciantes y los periodistas enfrentan persecución por parte de gobiernos y redes criminales, como parte de una tendencia más amplia de represión del espacio cívico. En muchos países, las autoridades utilizan leyes sobre difamación o “noticias falsas” como herramientas para silenciar voces críticas. Quienes denuncian la corrupción son objeto de arrestos, detenciones, multas, acoso, agresiones físicas e incluso asesinatos. Esta represión viola los derechos humanos de quienes trabajan por erradicar la corrupción y socava esfuerzos fundamentales para protegerlos.

La aprobación de la resolución requirió una diplomacia hábil. Marruecos, el Estado que la promovió, logró reunir una coalición inesperada que incluyó a Argentina, Austria, Brasil, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Polonia y el Reino Unido – Estados que no suelen coincidir en los debates del Consejo. Esta amplia representación geográfica fue clave para alcanzar un consenso unánime.

Es importante reconocer que la estrategia diplomática de Marruecos puede haber buscado, en parte, desviar la atención de su campaña de represión, discriminación racial y violencia contra quienes defienden la independencia del Sáhara Occidental. Pero, más allá de sus motivaciones, su gestión diplomática resultó eficaz.

La campaña de la sociedad civil

Desde que el Comité Asesor del Consejo publicó su primer informe sobre corrupción y derechos humanos en 2015, en respuesta a una resolución de 2013 que introdujo el tema en la agenda, los avances han sido dolorosamente lentos. Durante años, las resoluciones posteriores del CDH encargaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos la organización de mesas redondas, un ejercicio burocrático que daba la impresión de movimiento sin generar resultados reales.

El avance se logró gracias a la acción constante y coordinada de la sociedad civil, que mantuvo el impulso durante casi dos décadas. En el centro de este esfuerzo estuvo la Coalición CNUCC, una red global creada en 2006 que agrupa a casi 400 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de más de 120 países.

Con el tiempo, la Coalición fue adaptando su estrategia. Entre 2006 y 2009, su objetivo principal era garantizar un mecanismo eficaz, transparente y participativo para supervisar la aplicación de la CNUCC. Esta primera etapa culminó en 2009 con la adopción del mecanismo de examen de la aplicación de la convención, que comenzó a funcionar en julio de 2010.

A partir de entonces, la Coalición centró sus esfuerzos en garantizar la participación de la sociedad civil en ese proceso de examen. Con el tiempo, apoyó la elaboración de más de 40 informes sombra, que aportaban una perspectiva de la sociedad civil al seguimiento de la CNUCC. Más de 30 Estados suscribieron su Compromiso de Transparencia, respaldado por una Guía para la transparencia y la participación en el mecanismo de examen de la CNUCC. Su campaña de acceso a la información alentó a cerca de 20 gobiernos a publicar información sobre los exámenes de la convención en sus países, mientras que grupos de la sociedad civil de todo el mundo utilizaron leyes de acceso a la información para solicitar documentos relacionados con los ciclos de revisión. El Rastreador del Estado de Revisión de la CNUCC de la Coalición difundió datos sobre los exámenes de la CNUCC de 189 Estados, lo cual generó presión para impulsar cambios.

Sin embargo, con el tiempo quedó claro que hacía falta una estrategia específica que vinculara explícitamente la corrupción con los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Corrupción de la Coalición, una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias entre la sociedad civil y la academia, resultó crucial para coordinar los esfuerzos de incidencia y avanzar en el desarrollo de leyes y políticas internacionales y regionales. El grupo reunió a personas expertas de organizaciones como Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y diversas redes regionales.

En mayo de 2025, la Coalición lanzó una campaña decisiva. A través de una carta abierta al CDH firmada por 368 OSC y personas expertas de 107 países, pidió la adopción de una resolución firme sobre los efectos negativos de la corrupción en los derechos humanos. La carta subrayaba que las iniciativas anticorrupción deben promover el bien común y la equidad, y salvaguardar las libertades fundamentales, e instaba al CDH a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en la lucha contra la corrupción. La Coalición también coorganizó eventos paralelos en el CDH que reunieron a representantes estatales, funcionarios de la ONU y expertos de la sociedad civil. El primero de estos encuentros tuvo lugar durante la 58ª sesión del CDH, celebrada en marzo.

Lo que finalmente hizo posible el éxito de la campaña fue su evolución estratégica: pasó de una defensa puramente técnica de la lucha contra la corrupción a un enfoque centrado en los derechos humanos, la dignidad y el impacto en las comunidades. Las personas activistas redefinieron su estrategia para centrarse en objetivos alcanzables que pudieran generar cambios más amplios, siempre manteniendo la presión en múltiples espacios dentro del sistema de Naciones Unidas.

En África, la Red de Sociedad Civil CAPAR desempeñó un papel complementario. La Posición Común Africana sobre la Recuperación de Activos (CAPAR), adoptada por la Unión Africana en 2020, ofrece un marco continental para abordar los flujos financieros ilícitos y la recuperación de activos. La Red surgió tras un foro realizado en 2022 para dar seguimiento a su implementación. Desde entonces, ha desarrollado herramientas de evaluación y llevado a cabo estudios en seis países durante 2023 y 2024, promoviendo la inclusión de los derechos de las víctimas en las leyes sobre recuperación de activos.

El enfoque de la red CAPAR pone el acento en la dignidad humana como eje de la lucha contra la corrupción. Tal como se destacó durante el Día Africano contra la Corrupción de 2025, este marco reconoce que la corrupción es, en esencia, un problema de derechos humanos que agrava la pobreza, alimenta la desigualdad y perjudica especialmente a las mujeres y a las personas más excluidas.

El camino por recorrer

La adopción de la resolución llega en un momento clave. Se acerca la 11ª Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC, que ofrece una oportunidad para reforzar los vínculos entre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en todo el sistema de la ONU.

El estudio encargado por la resolución será determinante. Si se lleva a cabo correctamente, con una participación significativa de la sociedad civil, podría generar directrices útiles para que los Estados implementen enfoques basados en derechos humanos en la prevención y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su impacto dependerá de la seriedad con que los Estados asuman sus compromisos, de la capacidad de las OSC para mantener la presión, y de que la ONU pueda seguir cumpliendo con su mandato en un contexto de grave crisis de financiación que ha provocado recortes importantes. Todo esto ocurre en un clima político en que los Estados poderosos están dando la espalda al multilateralismo.

Aún hay margen para avanzar. Establecer una Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre corrupción y los derechos humanos sería un paso que permitiría dar mayor visibilidad, coherencia y escrutinio a las acciones de los Estados. Aun así, la reciente resolución adoptada es un paso en la dirección correcta, ya que proporciona a la comunidad internacional mejores herramientas para asegurar que los derechos humanos estén en el centro de las políticas anticorrupción. La pregunta ya no es si la corrupción vulnera los derechos humanos, sino si los Estados y los organismos internacionales actuarán en consecuencia.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org