“Ninguna solución funcionará si instituciones responsables de abusos están a cargo de implementarla”
CIVICUS conversa sobre el problema de las desapariciones forzadas en México con un miembro de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas.
La crisis de desapariciones en México alcanza dimensiones alarmantes, con más de 52.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes. El 1º de julio el Congreso mexicano aprobó una controvertida reforma de la Ley General en Materia de Desaparición que promete modernizar la búsqueda mediante un sistema biométrico nacional, pero que organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas denuncian que podría establecer un sistema de vigilancia masiva sin precedentes
¿Cuáles son los principales cambios y cómo afectarán las búsquedas?
La reforma busca fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Sus principales innovaciones incluyen la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y una Plataforma Única de Identidad que integrará diversas bases de datos. También se prevé el fortalecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) mediante la incorporación de datos biométricos como escaneo de iris, fotografía y huellas dactilares.
La ley obliga a autoridades y particulares a brindar información útil en los procesos de búsqueda e incorpora al Sistema Nacional de Búsqueda a nuevas instituciones como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. Además, aumenta las penas para el delito de desaparición forzada.
El nuevo sistema pretende garantizar búsquedas más rápidas y eficientes mediante el uso de tecnología y coordinación interinstitucional. Asimismo, prevé el uso de imágenes satelitales y tecnologías avanzadas de identificación, bajo la coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda.
¿Qué riesgos representa el acceso de las autoridades a los datos biométricos?
Hay serias preocupaciones por el hecho de que la reforma otorga a instituciones de seguridad y justicia, incluidas fiscalías, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, acceso inmediato e irrestricto a bases de datos públicas y privadas, incluidas las que contienen información biométrica. El argumento oficial es que esto permitirá agilizar las búsquedas.
Pero la sociedad civil advierte que la Plataforma Única y la CURP biométrica pueden convertirse en instrumentos de vigilancia masiva. Se teme que la información sea usada de manera indebida y que en vez de servir para encontrar a personas desaparecidas se utilice para controlar a la población, poniendo en riesgo el derecho a la privacidad y a la seguridad.
¿Cómo han reaccionado los colectivos de víctimas?
Los colectivos han rechazado la reforma por considerarla opaca y apresurada. Denuncian que, aunque se organizaron mesas de diálogo, estas fueron meramente simbólicas y sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.
Las familias de personas desaparecidas sostienen que la reforma apuesta por soluciones tecnológicas que no atienden los problemas estructurales de fondo: corrupción, amiguismos entre autoridades, crimen organizado e impunidad. Pero ninguna solución tecnológica funcionará mientras las mismas instituciones responsables de abusos y encubrimientos sigan a cargo de implementarla.
Esta ley corre el riesgo de repetir los errores de la Ley General sobre desapariciones forzadas de 2017. Esta fue un avance importante, ya que tipificó el delito, creó el sistema nacional de búsqueda y buscó garantizar la participación de las familias en la localización e identificación de personas desaparecidas. Lamentablemente, nunca llegó a implementarse de manera adecuada. Hay temor de que esta nueva reforma, en ausencia de mecanismos de cumplimiento efectivos, solo profundice la frustración y perpetúe la impunidad.
¿Qué alternativas proponen los colectivos de víctimas?
Sus demandas van más allá de cambios legislativos: exigen verdad y justicia mediante investigaciones exhaustivas, el procesamiento de responsables tanto del crimen organizado como de las instituciones del Estado, y una búsqueda efectiva en campo, con coordinación y participación activa de los colectivos.
Los colectivos también subrayan la urgencia de identificar a las más de 52.000 personas sin nombre en morgues y fosas comunes, para lo cual piden la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Y reclaman protección real para quienes buscan a sus familiares, ya que siguen enfrentando amenazas y agresiones.
Por encima de todo, exigen el fin de la impunidad mediante la desarticulación de las redes de corrupción y colusión entre autoridades y crimen organizado. Como resumió un activista local, al final del día, sin un verdadero Plan Nacional de Personas Desaparecidas, nada de esto funcionará. Cada estado también necesita su propio plan. De lo contrario, seguiremos igual: sin resultados, sin informes y sin respuestas sobre nuestros desaparecidos.