CIVICUS conversa sobre la reciente reforma constitucional en México con Leopoldo Maldonado, director regional de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información.

El 29 de mayo, el Congreso de México reformó la Constitución, introduciendo una cláusula que permite a los órganos electorales anular una elección cuando se acredite injerencia extranjera. Organizaciones de la sociedad civil advierten que la falta de una definición precisa de lo que constituye injerencia extranjera podría usarse para restringir la libertad de expresión y cerrar el espacio cívico.

¿Qué modifica la reforma constitucional?

La reforma suma una nueva causal de nulidad al artículo 41 de la Constitución que regula los procesos electorales. Antes, un comicio podía anularse si la candidatura ganadora había rebasado los gastos de campaña o usado recursos ilícitos. Ahora también podrá invalidarse cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados.

Proteger las elecciones frente a interferencias indebidas es legítimo en cualquier democracia. El problema es que la fórmula aprobada es amplia y ambigua, y podría ser aplicada arbitrariamente. No precisa qué debe entenderse por injerencia extranjera, qué conductas la configuran ni quién puede cometerla. Tampoco distingue una interferencia ilegítima de actividades protegidas, como la cooperación internacional, la defensa de derechos, la libertad de expresión, el monitoreo electoral o el periodismo.

La imprecisión es propia del formato. Un texto constitucional no puede ser exhaustivo en sus definiciones; para eso están las leyes reglamentarias. Sin embargo, apenas se aprobó la reforma, el oficialismo retiró el proyecto de ley y postergó su tratamiento. Como las leyes electorales deben publicarse al menos 90 días antes de que arranque el proceso electoral, en este caso la reglamentación no llegará a tiempo para las elecciones federales de 2027, y regirá recién desde 2030. De modo que, por ahora, la causal permanece en la Constitución sin reglas que la acoten, y su interpretación queda en manos de los órganos electorales, que están capturados por el oficialismo.

¿Quién impulsó la reforma y con qué argumentos?

La impulsaron Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, y sus aliados legislativos, dentro de un paquete más amplio de cambios electorales.

Aunque la han presentado como una defensa de la soberanía frente a presiones externas, el contexto político obliga a leerla con cautela. En México se ha vuelto habitual que el poder acuse a medios, organizaciones civiles, periodistas, personas defensoras y voces críticas de responder a intereses extranjeros. Esto ocurre sobre todo cuando reciben fondos de la cooperación internacional o mantienen vínculos con embajadas, fundaciones, organismos multilaterales o redes globales de derechos humanos. Por eso, aunque formalmente se presente como una medida de protección democrática, en la práctica puede convertirse en una herramienta para deslegitimar, inhibir o castigar voces críticas.

¿Cuáles son los riesgos de injerencia extranjera en las elecciones mexicanas?

Como en cualquier país, existen riesgos de campañas encubiertas, desinformación coordinada, financiamiento ilícito, manipulación digital y presión de gobiernos extranjeros.

México debe tomarse estas amenazas en serio. Sin embargo, no se debe convertir una preocupación legítima en un arma de persecución. El verdadero desafío es regular conductas ilícitas, concretas y demostrables. En cambio, la cooperación internacional, el financiamiento externo a organizaciones de derechos humanos, la investigación académica, el litigio estratégico, la observación electoral o el periodismo no constituyen, por sí mismos, injerencia. Son elementos clave de una sociedad abierta: en una democracia, el poder debe tolerar la crítica, incluso cuando cruza fronteras y especialmente durante los procesos electorales.

¿Cómo afecta la reforma a la sociedad civil, y qué está haciendo esta al respecto?

El principal riesgo es el efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Muchas organizaciones civiles en México trabajan en temas sensibles: corrupción, derechos humanos, desapariciones, justicia, libertad de expresión, medio ambiente, militarización, rendición de cuentas, seguridad y violencia. Como el financiamiento nacional es limitado, buena parte de ese trabajo se sostiene con cooperación internacional. Esos recursos, además, protegen su independencia en contextos de fuerte polarización política.

Si la reforma se interpreta de manera amplia, una organización que documenta irregularidades electorales, un medio que investiga vínculos entre candidaturas y crimen organizado o una red que denuncia agresiones contra la prensa podrían ser acusados de influir de forma indebida en una elección.

La sociedad civil viene advirtiendo sobre los riesgos y exige que toda legislación secundaria fije salvaguardas claras. Fundamentalmente pedimos que la definición de injerencia extranjera excluya expresamente la actividad legítima de la academia, la sociedad civil, los medios, los observadores electorales y los periodistas.

La comunidad internacional puede apoyarnos aportando estándares, observando el proceso legislativo, respaldando a los medios y organizaciones bajo ataque, e insistiendo en que la defensa de la soberanía no es pretexto para restringir derechos.

CIVICUS entrevista a un amplio espectro de activistas, personas expertas y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y otros temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas en las entrevistas son de las personas entrevistadas y no necesariamente reflejan las posiciones de CIVICUS. Su publicación no es una expresión de apoyo a los entrevistados ni a las organizaciones que representan.