La distinción no es del todo útil, porque economía y política van de la mano. Lo que movilizó a los jóvenes no fue una ideología, sino la imposibilidad de construir un proyecto de vida: tener un trabajo estable, emprender sin pagar el “derecho de piso” —la extorsión que los grupos criminales cobran a comerciantes— o incluso salir a la calle con la certeza de regresar. Fue una protesta política en el sentido clásico —preocupación por la vida en común— pero sin la carga ideológica y programática de movilizaciones previas. La Generación Z mexicana no tiene un programa político definido como tenían los millennials, ni busca tranquilidad y certeza en el sistema actual, como los boomers. Tiene un hartazgo existencial ante condiciones que no dan lo que uno espera de la vida.

Tampoco fue una respuesta a una crisis económica global ni a un programa de gobierno concreto, sino a la acumulación de restricciones que impone la violencia normalizada. Y la dimensión de clase no puede ignorarse: a las calles salieron principalmente jóvenes de clase media y alta. Los sectores más golpeados por la inseguridad —y los que históricamente producen los cambios electorales— estuvieron en gran medida ausentes, como suele ocurrir en las protestas mexicanas. La protesta no es igualmente accesible para todas las personas.

La organización fue predominantemente orgánica. La convocatoria circuló por Twitter/X, y la gente se fue sumando a través de sus propias redes de amigos, compañeros de universidad y colegas. No era necesario saber quién estaba detrás ni cuáles eran los fines últimos: bastaba con sentir que valía la pena aparecer.

En las marchas coexistían dos realidades muy distintas: por un lado, jóvenes con una motivación orgánica y auténtica; por otro, grupos más estructurados —organizaciones conservadoras, redes de oposición partidista— que buscaban canalizar la indignación hacia sus propias agendas y aprovechaban para sumar nuevos miembros. En Guadalajara, esos dos universos coexistieron sin converger.

La demanda fue difusa. A diferencia de generaciones anteriores, que dirigían sus exigencias al Estado con relativa precisión, la Generación Z expresó un descontento generalizado a ser resuelto por quien sea que tenga la responsabilidad o la capacidad. No hay confianza firme en el Estado como garante, pero tampoco una alternativa clara. El sentido de la protesta fue más el de una presentación pública —“aquí estamos, también opinamos”— que el de una disputa por una agenda concreta. Una excepción notable a esa desconfianza son las redes de activismo feminista, que para muchas mujeres siguen siendo un espacio de confianza, encuentro y sororidad.

Las redes sociales fueron indispensables: sin ellas, las protestas no habrían tenido la escala que tuvieron, porque la visibilidad masiva generó confianza. Twitter/X fue la plataforma central, por su alto contenido político y la posibilidad de intercambio con cuentas desconocidas: ahí se hizo notar que algo estaba ocurriendo, se formaron expectativas y la convocatoria se volvió visible como fenómeno colectivo.

En la difusión participaron compañeros que nunca antes habían mostrado preocupación política. Otras plataformas cumplieron funciones distintas: Facebook e Instagram llegaron a otros sectores y edades; WhatsApp operó en una dimensión más personal, entre conocidos. El uso fue principalmente comunicativo, no organizativo: se anunciaba una actividad y la gente decidía si sumarse o no. La coordinación estructurada fue mínima.

Los símbolos del movimiento global de la Generación Z —entre ellos imágenes asociadas al anime One Piece, que también circularon en las recientes protestas juveniles de Filipinas, Indonesia y Nepal— aparecieron en las convocatorias mexicanas, pero con recepción ambivalente. Para algunos tenían sentido; para otros resultaban demasiado artificiales como para movilizar realmente. La inspiración de Nepal sí se hizo presente en el discurso —“si fue posible allá, también puede serlo aquí”— pero sin un sentido de pertenencia a un movimiento global unificado.

Los riesgos más generalizados fueron el acoso político y la presión laboral. Antes de las manifestaciones, algunas personas recibieron advertencias informales en sus entornos de trabajo o por contactos del ámbito político, con insinuaciones de despido si participaban.

Para quienes trabajaban como proveedores del Estado o estaban vinculados a estructuras partidistas, las consecuencias llegaron después: relegamiento dentro de sus organizaciones, pérdida de contratos, dificultades laborales. También resultaron afectadas directamente personas del ámbito académico ligadas a consultoras políticas o a la administración pública.

El riesgo de violencia policial directa estuvo presente como telón de fondo, como en cualquier protesta, pero no fue el elemento dominante de este ciclo.

Las protestas no produjeron cambios estructurales, y catalogarlas como un movimiento social sería exagerado. Lo que sí lograron fue la aparición pública de la Generación Z como actor con voz propia, diferenciada de los millennials que habían dominado el discurso opositor. No es poco en un país donde las conversaciones políticas suelen ser monopolizadas por generaciones mayores.

Otro logro fue instalar la seguridad como eje ineludible del debate público. La demanda de certeza —poder salir y regresar, emprender sin ser extorsionado— se volvió criterio de legitimidad para cualquier proyecto de gobierno. Las próximas elecciones presidenciales se leerán también desde esa exigencia.

Para que las protestas esporádicas se convirtieran en un movimiento faltaron dos cosas: claridad sobre qué se quería y liderazgos capaces de estructurar esa demanda y asumir sus costos. Sin una figura o grupo que diera la cara, organizara y rindiera cuentas, la energía movilizada no encontró cauce, y la gente regresó a su vida cotidiana a la espera de una nueva convocatoria. Convertirse en movimiento exigía un compromiso sostenido y un sacrificio personal del proyecto de vida en un entorno de incertidumbre, y la sociedad mexicana aún no ha llegado al nivel de desesperación que lleva a inmolarse por una causa. El momento actual es de expectativa reactiva: se observa lo que hace el gobierno y, si la situación lo amerita, habrá respuesta. Pero por ahora no hay agenda proactiva ni estructura que la sostenga.