CIVICUS conversa sobre la evolución, los desafíos y el futuro de la sociedad civil en América Latina y en el mundo con Anabel Cruz, expresidenta de la Junta Directiva de CIVICUS, copresidenta del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y directora fundadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) en Uruguay. El ICD es una organización de la sociedad civil que defiende el espacio cívico y promueve la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde los años 90, la sociedad civil se articuló globalmente a través de redes internacionales que dieron forma a una voz colectiva frente a desafíos compartidos. Con los años, las agendas se ampliaron desde el combate a la corrupción y el reclamo de transparencia a la lucha contra el cambio cambio climático, el gobierno abierto y la protección de personas defensoras de derechos humanos. Hoy enfrenta presión bajo la forma de recortes presupuestarios, discursos antiderechos y leyes restrictivas, mientras lucha por ser reconocida como pilar fundamental de la democracia.

¿Cómo evolucionaron las agendas de la sociedad civil desde los años 90?

A principios de los 90, la democracia seguía siendo un sistema relativamente joven: habían pasado pocos años desde la caída del Muro de Berlín, el apartheid aún seguía vigente en Sudáfrica y varios países latinoamericanos recién recuperaban la democracia tras largos periodos de dictadura.

Esos años marcaron un punto de inflexión en la articulación internacional. Surgieron redes y alianzas globales como CIVICUS, la Sociedad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector (International Society for Third Sector Research) y Transparencia Internacional, que dieron forma a una voz colectiva frente a desafíos compartidos como la corrupción, la defensa de la democracia y la rendición de cuentas. Fue también una época de auge de la cooperación internacional que permitió fortalecer a muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC), aunque en algunos casos ese apoyo se dio a costa de su autonomía.

Con los años, las agendas se ampliaron y adaptaron a los nuevos desafíos globales. A la transparencia y la anticorrupción se sumaron el cambio climático, el gobierno abierto, la sostenibilidad ambiental y la innovación social.

En la última década, la protección de las personas defensoras de derechos humanos dejó de ser un asunto secundario y pasó a estar en el centro de la agenda, ya que América Latina se convirtió en la región más peligrosa del mundo para quienes defienden derechos, concentrando cerca del 80% de los asesinatos documentados. Frente al aumento constante de ataques y amenazas, las OSC tuvieron que replantear su enfoque y avanzar hacia estrategias de protección mucho más amplias e integrales.

¿Cuándo emergió la sociedad civil organizada en América Latina?

América Latina ha tenido expresiones asociativas desde tiempos inmemoriales. Las comunidades y pueblos originarios tuvieron formas de organización muy importantes, y ya en la época de la colonia hubo muchas experiencias de asociación, de colaboración y de defensa de intereses comunes. Esto se intensificó en los dos siglos transcurridos desde entonces, y tomó nuevo impulso con las transiciones a la democracia durante el último cuarto del siglo XX.

En las décadas de los 60, 70 y 80, muchos países en América Latina sufrieron procesos dictatoriales. En estos años, sindicatos, universidades y movimientos cívicos fueron clausurados o reprimidos. Aun así, lograron mantener vivos los valores cívicos y, cuando la región recuperó la democracia en los años 80 y 90, la sociedad civil reemergió, se reorganizó y buscó su lugar en el nuevo escenario político.

La transición no fue sencilla: implicó pasar de la oposición a la propuesta. Las OSC tuvieron que consolidarse y aprender a trabajar con gobiernos nacionales y locales y luchar para ser reconocidas como actores legítimos.

Durante la llamada ola progresista de principios del siglo XXI, muchos cuadros de la sociedad civil fueron absorbidos por los gobiernos y eso debilitó al sector. Mantener autonomía frente al poder y encontrar maneras de participar e incidir sin perder independencia sigue siendo un gran desafío.

¿Qué ejemplos innovadores existen de colaboración entre gobiernos y sociedad civil?

Un ejemplo alentador es OGP, un espacio donde gobiernos y sociedad civil se sientan a la misma mesa para cocrear políticas públicas que aborden problemas complejos y promuevan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. El objetivo es que, trabajando junto con la sociedad civil y la ciudadanía, los gobiernos funcionen en beneficio de todas las personas y no solo de los grupos más poderosos.

Hoy OGP reúne a más de 70 gobiernos nacionales y 150 locales, junto con miles de OSC y representantes de otros sectores. A pesar del retroceso democrático y de desafíos sistémicos como el cambio climático, los conflictos o la desigualdad, el modelo ha demostrado que funciona y que la colaboración es posible cuando se basa en la igualdad y el respeto mutuo. Los más de 500 compromisos alcanzados a través de OGP no solo son más ambiciosos, sino que también han demostrado generar mayores beneficios para la población que los procesos usuales de formulación de políticas públicas.

Aun así, persisten tensiones. Algunos países, como El Salvador, han sido suspendidos por incumplir estos principios o por cerrar el espacio cívico.

¿Qué apoyos necesita la sociedad civil para fortalecerse?

Para que la sociedad civil sea reconocida como un pilar real de la democracia, debemos reconstruir la confianza y para eso debemos empezar por restaurar la verdad. Mientras siga circulando la narrativa de que las OSC no rinden cuentas o lavan dinero, seguirá habiendo leyes restrictivas que buscan criminalizarlas y silenciarlas. Por eso es fundamental resistir, defender el espacio cívico y demostrar que una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para la democracia.

La sociedad civil debe ser reconocida como un actor legítimo, con participación garantizada y acceso a recursos autónomos, tanto nacionales como internacionales. Para eso, los donantes deben ser más flexibles y confiar más en las OSC. Durante demasiado tiempo, la cooperación internacional ha medido impacto solo con indicadores cuantitativos (por ejemplo, cuántos eventos se hacen y cuánta gente participa) sin valorar el fortalecimiento institucional ni los cambios de largo plazo que generan las OSC. La filantropía debería ser más audaz y apoyar capacidades y procesos en el largo plazo.

Esta entrevista se realizó durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2025, un encuentro de cinco días en Bangkok que reunió a activistas, movimientos y organizaciones que defienden las libertades cívicas y la democracia en todo el mundo. El evento fue coorganizado por CIVICUS y la Asia Democracy Network.