Mi primer informe temático analiza los vínculos entre pobreza y urbanización. Sostiene que el tipo de urbanización que se persigue es una decisión política que puede reducir o profundizar la pobreza, según cómo se planifiquen, gobiernen y financien las ciudades. También examina los procesos de exclusión social y los motores estructurales de la pobreza urbana.

En mi presentación, recordé a los Estados miembros de las Naciones Unidas que erradicar la pobreza es el primer y principal objetivo que ellos mismos acordaron, y los insté a adoptar todas las medidas necesarias para cumplirlo, en colaboración con autoridades locales y actores internacionales. Para lograrlo, deben tomar medidas concretas para combatir las desigualdades, la segregación y la exclusión social, con pleno respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

La evolución de la pobreza varía según el contexto. En algunos lugares aumenta la pobreza extrema, que afecta a quienes no logran cubrir siquiera sus necesidades más básicas, como la alimentación. En otros casos aumentan los niveles de pobreza moderada, que afecta a quienes cubren lo mínimo pero no otras necesidades esenciales. En otros crece la pobreza relativa, es decir, aumenta la cantidad de personas que quedan muy por debajo del nivel de vida de la sociedad en que viven. Por eso es necesario tener en cuenta las particularidades de cada país y región.

Además, la pobreza adopta nuevas formas, vinculadas a desafíos de larga data que aumentan día a día, como la inseguridad o el cambio climático. Hablamos así de pobreza energética, de pobreza estrechamente vinculada al cambio climático y de pobreza ambiental.

Se ha señalado muchas veces la “falta de voz” de las personas que viven en la pobreza y la extrema pobreza, que las vuelve invisibles para los políticos, la administración y la sociedad en general. La falta de recursos y la exclusión que sufren les dificultan organizarse y hacerse escuchar.

Además, la pobreza expone a las personas a insultos, agresiones físicas y criminalización. Esta relatoría lo ha denunciado en varios informes, incluido mi informe sobre ciudades y pobreza. Nadie debería ser criminalizado por actividades necesarias para sobrevivir, como pedir limosna, trabajar en la informalidad o dormir en la calle, o por ser migrante en situación irregular. Y la situación migratoria de una persona nunca debería condicionar el ejercicio de los derechos a las libertades de asociación, expresión y reunión.

Por eso, las políticas contra la pobreza deberían ir más allá de lo material: además de mejorar el acceso a recursos básicos y a derechos sociales esenciales, deben permitir a las personas ser reconocidas como sujetos de derecho, con representación y voz en la sociedad. Para eso es fundamental que quienes viven en la pobreza participen activamente en el diseño y la implementación de esas políticas. Así, sus inquietudes serán contempladas y las medidas responderán a su realidad.

Para combatir la pobreza, el desarrollo económico sigue siendo importante, pero debe ir acompañado de desarrollo social y medioambiental. Cuando los Estados garantizan efectivamente los derechos humanos, en particular los derechos sociales, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social se reducen significativamente. La Resolución 70/1, con la que la Asamblea General adoptó la Agenda 2030, reconoce múltiples derechos sociales, como la educación, el trabajo decente, la vivienda o la salud.

Las ciudades tienen aquí un papel clave, porque es en ellas donde estos derechos se necesitan con especial urgencia. Su vulneración se agrava por problemas típicos de las grandes ciudades, como la falta de transporte accesible, la ausencia de vivienda digna o la precarización del empleo y el desempleo. Países como Corea del Sur impulsan el concepto de “ciudades de derechos humanos”: ciudades sostenibles e inclusivas que sitúan al ser humano en el centro.

Contamos con numerosos instrumentos para mejorar esta situación y crear sistemas centrados en los derechos humanos y en la dignidad de las personas, pero se requiere voluntad y acción política.

La sociedad civil es fundamental para impulsar a los Estados y otros actores a reconocer y proteger los derechos humanos mediante tratados regionales o universales y mecanismos efectivos de garantía. También tiene un papel clave en visibilizar los problemas de las comunidades y generar cambios en la toma de decisiones.

Para mi mandato es valioso participar en eventos que organiza la sociedad civil sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los encuentros con organizaciones de la sociedad civil, en particular con las que trabajan con personas que viven en la pobreza, son muy enriquecedores. Me permiten conocer de primera mano las necesidades reales y los principales desafíos que enfrentan las comunidades, y complementar la información que obtengo de otros actores internacionales.

Necesitamos que la sociedad civil mantenga una posición firme en defensa de los derechos humanos, en particular de los de las personas que viven en la pobreza, para que la erradicación de la pobreza siga siendo una prioridad de la comunidad internacional y se traduzca en acciones concretas.