Los Estados necesitaron dos votaciones registradas para aprobar la declaración ministerial del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de las Naciones Unidas (ONU), reunido en Nueva York el 15 de julio. Hasta hace poco, este documento se aprobaba de forma rutinaria y sin controversias. Uruguay, en nombre del Grupo de los 77 países en desarrollo más China, logró imponer una enmienda que eliminó la referencia al acuerdo climático alcanzado en la COP28. Se aprobó por 82 votos contra 54. Luego, Israel forzó una votación sobre el párrafo relativo a la autodeterminación de los pueblos bajo ocupación colonial y extranjera, que se mantuvo por 113 votos contra uno. Rusia se desmarcó del párrafo sobre paz y seguridad, calificándolo de desequilibrado y ajeno al mandato del foro.

No siempre fue así. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alguna vez contaron con un amplio respaldo. Los 193 Estados miembros de la ONU los adoptaron en 2015 como una hoja de ruta común para la humanidad, a cumplir antes de 2030. Se comprometieron a combatir el cambio climático, el hambre y la pobreza, y a garantizar instituciones que rindan cuentas, energía asequible, agua limpia e igualdad de género. También acordaron revisar los avances cada año en el FPAN, donde los Estados pueden presentar autoevaluaciones, conocidas como Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV), para ser analizadas.

Décimo aniversario

La sesión de este año tuvo lugar del 7 al 15 de julio y se enfocó en los objetivos relacionados con ciudades, energía, industria, alianzas y agua. Coincidió con el décimo aniversario del proceso. 36 Estados presentaron su ENV, haciendo que el total de exámenes realizados desde 2016 llegara a 437. La mitad de esos 36 eran Estados africanos, un dato que da una idea del desequilibrio entre quienes participan y quienes guardan silencio. Togo y Uruguay presentaron este año su quinto examen, y Egipto y Suiza el cuarto. En cambio, hay tres Estados que nunca presentaron ninguno: Haití, Myanmar y Estados Unidos.

Los Estados buscaron destacar temas clave de interés nacional y regional. Los Estados insulares del Pacífico, como Kiribati, las Islas Marshall y Tonga, señalaron el cambio climático y el aislamiento geográfico como sus principales desafíos. La Unión Africana y la ONU copresidieron un evento paralelo por el Día de África en el que se reclamó un enfoque de “nexo” que reconozca que el desarrollo, la paz y la seguridad están entrelazados y no son agendas separadas. El FPAN también tendió puentes hacia otros procesos: por ejemplo, la revisión del objetivo relacionado con el agua se incorporará a los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, prevista para más adelante este año.

Si bien los Estados pueden intervenir, no siempre está claro en nombre de quién lo hacen. Muchos de los que presentaron su examen este año restringen severamente el espacio cívico. En 17 de esos 36 países, el CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de represivo o cerrado, lo que indica restricciones graves y sistemáticas a los derechos de las personas a organizarse, movilizarse y expresar disenso. Estos Estados se presentan como guardianes responsables de los ODS, pero puertas adentro coartan las libertades cívicas que la sociedad civil necesita para ayudar a cumplirlos.

Pueden hacerlo sin consecuencias porque el proceso de los ENV no exige consultar a la sociedad civil ni contrastar la información con datos independientes. Así, muchos Estados tratan el ENV como un mero ejercicio técnico y una oportunidad para destacar sus logros, sin tener en cuenta la agenda de derechos humanos y justicia social que está en el centro de los ODS.

Diagnóstico erróneo

Las discusiones en torno a la declaración ministerial revelaron hasta qué punto el multilateralismo está hoy en disputa y mostraron las posturas de los Estados respecto de la rendición de cuentas y los derechos humanos. Irlanda, en nombre de la Unión Europea (UE), calificó como decepcionante la enmienda de Uruguay sobre el acuerdo de la COP28, un texto que ya había sido acordado. Brasil y Colombia, por su parte, defendieron el acuerdo como un hito en el abandono de los combustibles fósiles. Israel calificó el párrafo sobre la autodeterminación como “un elemento politizado” y rechazó el texto independientemente del resultado de la votación. Rusia argumentó que la declaración les daba un peso desproporcionado a los derechos humanos y a las cuestiones de género. La UE lamentó lo contrario: que no fuera lo suficientemente lejos en la implementación con perspectiva de género, la infraestructura climática resiliente y la participación de la sociedad civil.

El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2026 del secretario general de la ONU concluyó que, de las 139 metas de los ODS con datos confiables sobre tendencias, solo el 15% va por buen camino. Otro 21% avanza moderadamente, el 49% lo hace demasiado lentamente como para ser relevante y el 15% retrocede por debajo de sus niveles de referencia de 2015. El primer día del FPAN, el secretario general António Guterres señaló que cada nueva crisis aleja un poco más los objetivos y pidió que se aceleren los avances “a gran escala y con rapidez”.

En ese contexto, la Cumbre de los ODS del año próximo definirá qué pasará después de la fecha límite de 2030. El mandato de esa cumbre viene del Pacto para el Futuro, un acuerdo de 2024 que buscaba hacer que el sistema internacional fuera más eficaz y estuviera mejor adaptado a los desafíos actuales. Los preparativos ya están en marcha e incluyen un nuevo Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

Algunos Estados están usando la falta de avances como pretexto para atacar los objetivos. Estados Unidos denunció que los ODS promueven un programa de gobernanza global blanda incompatible con la soberanía nacional. Rusia sostuvo que los objetivos eran demasiado ambiciosos. En un evento paralelo que organizó durante el FPAN, su representante dijo que las ambiciones de los ODS resultaron “bastante alejadas de la realidad”. Para Rusia, el problema estuvo en que el diseño era demasiado ambicioso, no en que los Estados no cumplieran.

El avance en algunas metas desmiente esa afirmación. El informe regional de la ONU sobre Asia-Pacífico, presentado junto al FPAN, halló que el trabajo infantil en la región bajó de 49 a 28 millones de niños y niñas entre 2020 y 2025, un logro rápido y muy concreto que marcará una gran diferencia. Esto demuestra que acelerar y cumplir es una cuestión de decisión política, no de diseño.

En la sala, pero no en la mesa

Hay una voz fundamental que no se está escuchando lo suficiente en este debate. Donde la sociedad civil tiene margen para actuar, ayuda a cumplir los ODS. En Colombia, una labor sostenida de incidencia derivó en la ley de 2025 #SonNiñasNoEsposas, que prohíbe el matrimonio infantil. En Gambia, la sociedad civil trabaja para erradicar la mutilación genital femenina y encabeza la campaña que resiste los intentos de revocar la prohibición de 2015. Estos son apenas dos de los muchos logros recientes en el ODS 5 sobre igualdad de género. En Nepal, las organizaciones locales lograron que el monitoreo de los objetivos fuera más inclusivo al proporcionar datos sobre comunidades excluidas que las estadísticas oficiales no registran.

La sociedad civil estuvo toda la semana en el edificio, pero el FPAN casi no le da un lugar formal. CIVICUS coorganizó sesiones sobre el espacio cívico y los ODS, apoyó un foro global sobre el futuro del multilateralismo y dio un taller sobre la agenda post-2030. Pero ninguna de esas actividades le da un lugar en la mesa donde se toman las decisiones.

Asistir también puede ser peligroso. En 2025, la mayoría de los representantes de la sociedad civil de El Salvador se retiraron por miedo a represalias. Activistas de otros países describen amenazas similares por exponer la distancia entre lo que dicen los informes oficiales y lo que ocurre en la práctica. Y, aunque cuenta con directrices que deberían protegerlos, la ONU rara vez los respalda.

El ODS 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, debería ser la base de los otros 16 objetivos. La meta 16.10, que compromete a los Estados a proteger las libertades fundamentales, se ignora constantemente. Desde que los ODS entraron en vigor, el CIVICUS Monitor ha registrado un retroceso año tras año en las condiciones del espacio cívico. Las organizaciones que ayudan a implementar, adaptar localmente y monitorear los objetivos enfrentan restricciones cada vez mayores para hacer incidencia, participar en la vida pública y recaudar fondos. Los activistas que denuncian la corrupción y la impunidad sufren represalias. Donde la sociedad civil no puede operar con libertad, los objetivos que debería ayudar a implementar y monitorear no se cumplen.

Lo que se viene

Las negociaciones formales sobre el marco post-2030 no empiezan hasta la cumbre de 2027, pero las maniobras ya están en marcha. Algunos Estados y funcionarios de la ONU han sugerido simplemente prorrogar los objetivos actuales en lugar de negociar otros nuevos, bajo el argumento razonable de que renegociar los objetivos en el clima político de hoy podría dejarlos más débiles de lo que son. Pero el marco actual no se diseñó para un mundo de autoritarismo creciente, colapso climático acelerado, reacción coordinada contra la igualdad de género, militarización creciente, cooperación multilateral en estado de colapso y desarrollo tecnológico acelerado. Una agenda post-2030 tendrá que tener en cuenta todo esto, además de la presión financiera sobre el sistema multilateral.

La sociedad civil no espera a que le pidan su opinión. Forus, una red de plataformas nacionales de sociedad civil y coaliciones regionales, planteó tres escenarios posibles para el proceso post-2030: continuidad, reinicio o fragmentación. Y sostiene que, sea cual sea el camino que prevalezca, cualquier marco nuevo tiene que poner en el centro la rendición de cuentas, el espacio cívico, la reforma del financiamiento y la localización. La iniciativa UNMute, respaldada por más de 50 Estados, está impulsando reformas que le den más voz a la sociedad civil, tales como establecer un enviado de la ONU para la sociedad civil, trámites de visa viables para activistas del Sur global y un Día Internacional de la Sociedad Civil en la ONU.

Varios eventos próximos pondrán a prueba si esa presión da resultados. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del año que viene, el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social, la Cumbre de los ODS y la revisión del Pacto para el Futuro en 2028 ofrecen otras oportunidades para incorporar a la sociedad civil al proceso, detectar dónde falla la implementación y hacer que la ambición se corresponda con los resultados.

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