“El régimen apuesta a la desaparición de la sociedad civil, pero la gente seguirá organizándose”
CIVICUS conversa sobre la situación de la sociedad civil en Nicaragua con Amaru Ruiz, activista nicaragüense, presidente de la Fundación del Río y de la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (ACDD), exiliado en Costa Rica desde 2018.
En los últimos años, el gobierno de Nicaragua ha intensificado su ofensiva contra la sociedad civil, cerrando más de 5.600 organizaciones y dejando a más de 55.000 personas sin empleo. Estos ataques sistemáticos forman parte de la estrategia del régimen liderado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la “copresidenta” Rosario Murillo, para consolidar su control eliminando toda voz independiente. Esto ha afectado severamente la libertad de asociación, los derechos laborales, la función clave de fiscalización de las políticas públicas y el acceso a servicios esenciales de educación y salud.
¿Cómo justifica el régimen de Ortega el cierre de organizaciones?
El régimen está aniquilando el espacio cívico en Nicaragua. De las 7.227 organizaciones de la sociedad civil (OSC) que había en el país hace una década, ya ha cancelado unas 5.600, lo que representa más del 80%.
El argumento legal que utilizó en un primer momento fue el supuesto incumplimiento de la ley 147, que originalmente regulaba a las organizaciones sin fines de lucro, y las actividades ‘terroristas’ que supuestamente realizaban estas organizaciones. Posteriormente, el régimen estableció la ley 1.115, que impuso un marco regulatorio más estricto y orientado al control, estableciendo nuevas condiciones para constituir OSC y permitiendo su cierre arbitrario. Muchas OSC han querido cumplir con la nueva legislación, pero el ministerio a cargo del control de las OSC deliberadamente obstaculiza la entrega de documentación, forzando así un incumplimiento que luego utiliza para justificar la cancelación.
Además, la nueva ley ha implementado un mecanismo de “disolución voluntaria”. En la práctica, muchas OSC se ven forzadas a optar por esta vía para proteger su patrimonio, ante el riesgo de perderlo todo si son canceladas oficialmente. Lo que se presenta como voluntario es, en realidad, una forma de cierre forzoso.
Algunas organizaciones han sido acusadas de lavar activos o financiar al terrorismo, lo que también ha llevado a su cancelación por supuesto incumplimiento de su misión.
En definitiva, el régimen no quiere que haya ninguna organización ajena al Estado que pueda responder a las necesidades de la gente, para que la gente lo vea como el único salvavidas posible frente a la crisis económica y social.
¿Qué impacto ha tenido en la población la desaparición masiva de organizaciones?
El impacto ha sido devastador y multidimensional. El Estado no tiene la capacidad de reemplazar los servicios esenciales que estas organizaciones proporcionaban. Por ejemplo, han desaparecido servicios de equinoterapia para niños y niñas con discapacidades, operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido en zonas rurales, programas de reforzamiento escolar y asilos y otros servicios gestionados por congregaciones religiosas.
Históricamente la sociedad civil ha sido fundamental en la lucha contra la pobreza y la respuesta a desastres naturales. Un ejemplo claro fue el huracán Mitch en 1998, que causó más de 11.000 muertes. El rol de las OSC fue crucial, especialmente cuando el gobierno de entonces se vio envuelto en casos de corrupción relacionados con el manejo de la ayuda humanitaria.
El cierre masivo también ha tenido un impacto significativo en el empleo formal. Miles de trabajadores han perdido sus empleos, y muchos se han visto forzados al exilio por temor a represalias, lo que ha contribuido al debilitamiento del tejido social del país.
¿Qué acciones está emprendiendo el activismo en el exilio?
El régimen apuesta a la desaparición de la sociedad civil organizada, pero esto nunca sucederá por completo, ya que la gente siempre buscará formas de organizarse frente a las crisis.
Muchas OSC han continuado operando y denunciando las violaciones de derechos humanos desde el exterior. Han presentado tres casos emblemáticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el de la Fundación del Río y Popol Na y el del Instituto de Liderazgo de las Segovias. También mantienen una presencia activa ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus relatorías especiales.
En definitiva, no nos hemos quedado de brazos cruzados y estamos usando todos los mecanismos legales e internacionales disponibles para denunciar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
¿Qué perspectivas hay de obtener justicia a través de estos mecanismos internacionales?
Es prematuro anticipar cómo responderá la justicia internacional. Aunque existen casos presentados en Argentina y declaraciones de la Unión Europea que solicitan investigaciones, hasta ahora no se ha iniciado ningún proceso penal internacional.
Esto se debe, en parte, a que Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no está obligada a cumplir con ciertas normativas internacionales. También influye la falta de voluntad política: ningún Estado se ha atrevido a acusar formalmente al régimen de Ortega-Murillo en tribunales internacionales, pese a la abundante evidencia de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
De modo que no esperamos resultados inmediatos en términos de responsabilidad penal, pero continuamos documentando las violaciones de derechos humanos para fortalecer nuestro llamado a la justicia internacional.
¿Cuáles son las condiciones necesarias para una transición democrática?
A largo plazo, el régimen es insostenible. Aunque mantiene el control de todas las estructuras del Estado y las fuerzas coercitivas, incluyendo paramilitares y policías voluntarios, este control absoluto no puede perdurar indefinidamente. El cambio político real sólo será posible cuando el régimen pierda los pilares económicos y militares de su poder.
La gran mayoría desea un cambio democrático por la vía electoral, pero esto requiere garantías de que el proceso electoral permite la expresión genuina de la voluntad popular. Una transición democrática exitosa necesitaría garantías para la participación ciudadana en los procesos electorales y el establecimiento de mecanismos internos de rendición de cuentas.