Esta es una ley que, bajo la apariencia de proteger la libertad religiosa, institucionaliza la discriminación. Reconoce el derecho de todas las personas a profesar su religión y manifestar sus creencias sin temor a represalias o restricciones arbitrarias. Sin embargo, en la práctica funciona como una licencia para discriminar porque permite que profesionales de la salud, empleados públicos o profesionales regulados por el Estado tales como abogados, psicólogos o asistentes sociales se nieguen a brindar asistencia cuando alegan que hacerlo contradice sus convicciones religiosas.

El impacto ha sido devastador, especialmente para personas trans y no binarias. Aunque el texto prohíbe la discriminación por sexo, edad u orientación sexual, excluye de manera explícita la identidad de género. Esta omisión deliberada no solo facilita la discriminación, sino que también elimina toda protección legal para estas personas. De hecho, ya se han reportado casos de personas que acudieron a un cuartel de policía y no recibieron asistencia porque el único agente presente se negó a atenderlas invocando esta ley.

Todas las asociaciones profesionales afectadas, entre ellas el Colegio de Abogados, la Asociación de Psicología, el Colegio de Trabajo Social, la Asociación de Consejeros y el Colegio de Médicos Cirujanos, se han pronunciado en contra de esta norma porque obliga a sus profesionales a violar sus propios códigos de ética, que prohíben la discriminación.

Se trata de una ley arbitraria, vaga y peligrosa que, aunque se dirige principalmente contra la comunidad LGBTQI+, establece un precedente que podría facilitar la discriminación contra cualquier persona.

La ley es inconstitucional y no vamos a esperar a que se acumulen más denuncias de personas discriminadas para actuar. Por eso hemos decidido una estrategia doble: además de mantener la movilización social en contra de la ley, ya estamos preparando el caso para llevarlo a los tribunales. Con el apoyo de organizaciones legales especializadas, estamos redactando una demanda con el objetivo de lograr que la ley sea declarada inconstitucional.

Pero sabemos que la batalla legal debe ir acompañada de un trabajo de base sólido. Para lograr nuestro objetivo necesitamos el apoyo de la gente. Además, la comunidad debe conocer sus derechos para poder defenderlos. Con este propósito organizamos una asamblea nacional y ocho regionales para informar, escuchar y empoderar a la ciudadanía, capacitándola para que pueda denunciar abusos y confrontar directamente estas agendas discriminatorias.

También aprovechamos los márgenes de autonomía de que disponemos. Aunque Puerto Rico sigue siendo una colonia, tenemos cierto margen para tomar nuestras propias decisiones mientras no haya imposiciones federales. Para aprovechar este espacio, la gente debe presionar a sus legisladores y exigirles un cambio.

Finalmente, nuestra lucha forma parte de un movimiento internacional más amplio. Sabemos que no estamos solos en esta lucha. Hemos trabajado con organizaciones de Argentina, Cuba, España, Estados Unidos y México que enfrentan desafíos similares. Gracias a estas alianzas y a su solidaridad hemos logrado que lo que ocurre en Puerto Rico se dé a conocer fuera de la isla y hemos conseguido apoyo internacional para nuestra causa. Nuestra determinación es absoluta: no vamos a parar hasta que esta ley caiga y se respete la dignidad de todas las personas en Puerto Rico.

El regreso de Trump al poder, con su discurso en contra de la diversidad, la equidad y la inclusión, ha empoderado a los grupos fundamentalistas y les ha otorgado una especie de permiso tácito para atacarnos.

El caso de la comisionada residente Jenniffer González Colón – representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos – ilustra perfectamente esta transformación. Antes de aliarse con Trump era moderada y se posicionaba a favor de los derechos del colectivo LGBTQI+. Ahora, sin embargo, apoya leyes en nuestra contra. Su estrategia es particularmente insidiosa: no lo hace abiertamente como Trump, sino de manera silenciosa, lo que hace que el daño sea igual o incluso peor porque pasa más desapercibido.

Pero nosotros tenemos claro cuáles son nuestros valores. Defendemos nuestros derechos y también los de otras minorías. Nos oponemos a las redadas de migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, rechazamos la pena de muerte y defendemos los valores de solidaridad que están en nuestra Constitución. Esos principios de justicia social y solidaridad no son compatibles con los planteamientos de Trump ni de la extrema derecha estadounidense, pero representan la esencia de Puerto Rico y estamos decididos a defenderlos.