El sistema de pensiones panameño, creado en los años 50, está en quiebra. Como consecuencia de los cambios demográficos, la población ha envejecido y no hay suficientes trabajadores activos para solventar pago de las jubilaciones. Aunque todos los gobiernos conocían este problema estructural, lo evitaron a causa del alto costo político de las medidas para encararlo. La última reforma se hizo en 2005.

Mulino, que llegó al poder de forma inesperada luego de que el candidato favorito, el expresidente Ricardo Martinelli, fuera condenado por lavado de dinero, decidió enfrentar la crisis, ya que no tiene un capital político propio que cuidar. Después de meses de debate, el Congreso finalmente aprobó una versión atemperada del proyecto del Ejecutivo, que no resuelve la crisis sino que solamente la posterga.

Aunque la ley aprobada no aumenta la edad de jubilación como lo proponía el proyecto inicial, sí obliga a las personas a trabajar más años para obtener una pensión similar a las actuales. Esto generó un fuerte rechazo social. La ley también aumentó las contribuciones del sector privado, medida que fue mejor recibida.

También hay actores con motivaciones políticas involucrados en las protestas. Sindicatos poderosos como Sunstrac, del sector de la construcción, y gremios docentes están vinculados a movimientos de izquierda radicales que, aunque no tienen apoyo electoral, sí tienen gran capacidad de movilización y lo que les permitió subir el tono de la protesta.

El gobierno decidió no aceptar la presión de los grupos sindicales, que desde el inicio exigieron la derogación de la ley de pensiones como condición excluyente para suspender la huelga. Paralelamente, reactivó causas judiciales contra dirigentes sindicales que llevaban años paralizadas: el líder de Sunstrac pidió asilo en Bolivia y otro dirigente fue detenido.

Mientras Mulino buscaba apoyo entre empresarios y políticos, las protestas crecían. Los docentes bloquearon calles, incluyendo la Vía Interamericana, la principal carretera del país. El gobierno intentó despejarla con la fuerza pública, desatando enfrentamientos violentos.

El punto crítico llegó cuando los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, la provincia del Caribe panameño donde opera la multinacional bananera Chiquita, se sumaron a las protestas. Como los trabajadores no cedieron, la empresa cerró sus operaciones y despidió a todos sus empleados, intensificando las protestas y la violencia. Con la provincia aislada del resto del país, el gobierno tomó la decisión extrema de declarar el estado de emergencia, suspendiendo las garantías de derechos fundamentales por nueve días.

Lo sucedido durante esos días en Bocas del Toro, donde las fuerza pública pudo actuar sin las limitaciones propias de un Estado de Derecho están siendo ahora investigadas. La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre uso excesivo de la fuerza y ahora la justicia debe pronunciarse sobre las denuncias que se están presentando.

El acuerdo militar con Estados Unidos intensificó las protestas. Si bien Panama ha tenido acuerdos con los Estados Unidos para realizar acciones conjuntas en materia de salud, seguridad, etc. a partir de la partida formal de su ejército en diciembre de 1999, en esta ocasión el acuerdo se produjo en un contexto de amenazas realizas por Trump de recuperar el Canal. Es natural que esto generara malestar y preocupación en todo el país.

Además, la actitud del nuevo embajador estadounidense, que recorre el país repitiendo el discurso de Trump, ha sido vista como una provocación.

Aunque Mulino ha buscado minimizar el acuerdo diciendo que es similar a otros firmados desde 1999, esto se da en un contexto inédito: ningún presidente estadounidense había amenazado con retomar el control del Canal como lo hace Trump.

En cuanto a migración, el gobierno panameño afirma haber cerrado efectivamente el paso del Darién, la ruta migratoria desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Esto redujo el tránsito migratorio, con efectos económicos negativos sobre las comunidades que vivían de esa dinámica. Pero lo que más molestó fue el acuerdo que convierte a Panamá en centro de deportaciones de personas migrantes rechazadas por Estados Unidos. Esa decisión ha generado fuerte rechazo.

Mulino heredó la base electoral de Martinelli, un líder muy popular a causa de la bonanza económica que el país vivió bajo su gobierno. Pero no heredó su carisma ni su aparato político. De hecho, muchos cargos importantes siguen controlados por seguidores de Martinelli, que hoy le es hostil.

Las encuestas muestran fuerte rechazo a su gestión, particularmente a causa del alto desempleo. Aun así, considero que hizo lo correcto al tomar la iniciativa de reformar el sistema de pensiones, ya que era un problema que no podía seguir postergándose y que tiene un impacto directo en las finanzas del país. Resta ver si podrá avanzar en fortalecer las instituciones, reducir la impunidad y enfrentar la desigualdad estructural basada en el clientelismo y la ineficiencia. El contexto es adverso y sus márgenes de maniobra son muy estrechos.