Elecciones en Panamá: ¿ha ganado la impunidad?
Las elecciones panameñas arrojaron resultados mixtos. Ganó José Raúl Mulino, quien compitió en reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena por lavado de dinero. En un contexto de recesión económica, muchos votantes parecieron dispuestos a aceptar la impunidad a cambio de un retorno a la prosperidad. Pero Mulino ganó con sólo el 34% de los votos, con muchos más en contra que a favor. Entretanto, los resultados de las elecciones legislativas, en las que los candidatos independientes obtuvieron más escaños que cualquier partido político, revelaron que mucha gente está cansada de la corrupción de una clase política autocentrada. Si quiere lograr resultados, el nuevo presidente tendrá que trabajar con la sociedad civil y los representantes independientes.
Según expertos regionales, estas fueron las elecciones más importantes de Panamá desde la invasión estadounidense de 1989, que depuso al entonces presidente de facto, el general Manuel Noriega. El país, de 4,4 millones de habitantes, acudió a las urnas en un contexto de inflación y desempleo elevados y con una economía estancada. La corrupción endémica ocupaba un lugar destacado en la larga lista de preocupaciones de la ciudadanía, junto con el acceso al agua, la educación y un sistema de seguridad social en ruinas.
Pero el ganador, el abogado conservador José Raúl Mulino, fue el candidato sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado para presentarse debido a una condena por lavado de dinero. Pese a ello, Martinelli mantuvo su popularidad y consiguió trasladarla a su menos carismático reemplazo. Para quienes apoyaron a Mulino, la nostalgia por la estabilidad y el crecimiento económicos que caracterizaron a la administración proempresarial de Martinelli pareció pesar más que su probado historial de corrupción.
A primera vista, los resultados de las elecciones parecieron demostrar la primacía de las consideraciones económicas en los cálculos de los votantes: las esperanzas de que volvieran las inversiones, el crecimiento y las oportunidades parecieron prevalecer por sobre el hartazgo con la corrupción. Pero las cosas no son tan sencillas.
Libres, justas e inciertas
El 5 de mayo, la ciudadanía panameña acudió a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 71 miembros de la Asamblea Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y representantes locales. Había más de tres millones de personas habilitadas para votar, con 6.876 cargos nacionales y locales en juego.
En Panamá el voto es obligatorio, y en las seis elecciones celebradas en los últimos 30 años la participación ha oscilado entre el 73% y el 77%. La participación más baja se registró en las últimas elecciones, que tuvieron lugar en 2019. En contraste, la participación este 5 de mayo fue relativamente alta, del 77,6%.
Las elecciones fueron indudablemente limpias y transparentes. Su integridad estuvo garantizada por la participación de la sociedad civil en la Junta Nacional de Escrutinio. Este órgano, encargado de contar los votos y proclamar a los ganadores, está compuesto por nueve miembros voluntarios que no tienen afiliación política y no forman parte del Tribunal Electoral, el órgano que organiza las elecciones.
Los resultados se anunciaron rápidamente y todos los perdedores aceptaron los resultados y felicitaron a los ganadores.
Pero el contexto previo a la votación fue mucho menos sencillo. Hasta último minuto, el ahora presidente electo no estuvo seguro de poder competir.
Mulino fue ministro de Gobernación y Justicia y ministro de Seguridad Pública durante el Gobierno de Martinelli, entre 2009 y 2014. Diez años después, siendo en gran medida desconocido para el electorado, se presentó a las elecciones como compañero de fórmula de Martinelli por Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli en 2021.
Pero en julio de 2023, Martinelli fue declarado culpable de lavado de dinero y condenado a diez años de prisión, lo cual le impedía presentarse a elecciones. Apeló, pero recién en marzo, a menos de dos meses de las elecciones, el Tribunal Electoral tomó una decisión definitiva sobre su inhabilitación. Para evitar la cárcel, Martinelli pidió asilo en la embajada de Nicaragua en la Ciudad de Panamá. Mulino ocupó su lugar, pero su candidatura presidencial también fue impugnada porque no había sido elegido en primarias y carecía de compañero de fórmula, como lo exige la Constitución.
Durante los dos meses siguientes, Mulino fue el foco de atención mientras el Tribunal Electoral y el Tribunal Supremo debatían acerca de la constitucionalidad de su candidatura. El 3 de mayo, apenas dos días antes de las elecciones, el Tribunal Supremo dictaminó que podía presentarse. También recibió mucha ayuda de Martinelli, que difundió videos de la campaña y participó en el acto de cierre por internet, desde su refugio en la embajada nicaragüense.
Fragmentación del voto
Ocho candidatos -seis hombres y dos mujeres- compitieron por la presidencia, un puesto con un mandato de cinco años sin posibilidad de aspirar a un segundo mandato consecutivo. Con los partidos políticos desacreditados y la clase política asediada por escándalos de corrupción, sólo cuatro candidatos parecían tener alguna posibilidad de ganar, y ninguno pertenecía a un partido tradicional.
En una votación fragmentada, es probable que el ganador se imponga por mucho menos de la mitad de los votos. En Panamá el resultado se decide por mayoría simple, sin segunda vuelta. Martinelli fue el único candidato en las últimas tres décadas que superó -por 10 puntos- la barrera del 50%.
De ahí que la elección de Mulino con el 34,2% de los votos no fuera un hecho inusual: dos presidentes anteriores recibieron porcentajes igualmente bajos, incluido el presidente saliente, Laurentino Cortizo, del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El competidor más cercano de Mulino fue Ricardo Lombana, un outsider anticorrupción de centroderecha que obtuvo el 24,6% de los votos. En 2019 había competido como independiente, pero esta vez fue el candidato del Movimiento Otro Camino (MOCA). Buscó presentarse como la nueva cara de la política, lo cual le ganó el apoyo de muchos votantes jóvenes.
En tercer lugar quedó Martín Torrijos, otro expresidente y predecesor inmediato de Martinelli, ahora distanciado de su partido original, el PRD. Al frente del democristiano Partido Popular (PP), ofreció promesas de unidad nacional y recuperación económica no muy diferentes de las de Mulino.
El cuarto fue Rómulo Roux, del centroderechista Cambio Democrático (CD). Este partido había sido fundado por Martinelli, quien lo utilizó como vehículo para llegar a la presidencia y en 2020 lo abandonó en medio de disputas por el liderazgo.
A los partidos que habían dominado el panorama político durante décadas les fue muy mal. El Partido Panameñista ni siquiera tuvo candidato presidencial; en cambio, su líder secundó a Roux como compañero de fórmula. El partido gobernante, el PRD, al frente de tres de los últimos seis gobiernos, cayó por debajo del 6%: terminó detrás de la candidata independiente Zulay Rodríguez.
Candidatos independientes en ascenso
En 1998 CD, el partido de Martinelli, fue el primero en desafiar el dominio de los partidos tradicionales. Luego se introdujeron cambios en la ley electoral para permitir las candidaturas independientes. El descontento generalizado con los partidos tradicionales y la clase política se reflejó en su creciente protagonismo.
En las elecciones legislativas del 5 de mayo, los candidatos independientes obtuvieron más escaños que cualquier partido político, llegando a 20, en comparación con los cinco de la elección anterior. El nuevo partido de Mulino, RM, obtuvo 14 escaños. El PRD, antiguo partido mayoritario, perdió 22 escaños y sólo conservó 13. La nueva Asamblea Nacional contará con ocho partidos políticos y 20 legisladores independientes. Esto habla de una sed de renovación que no se corresponde con la opción por la corrupción y la impunidad que parecieran sugerir los resultados presidenciales.
La economía como factor determinante
Durante las tres décadas anteriores a la pandemia, la economía panameña creció a tasas en torno del 6% anual, ayudada por los ingresos del Canal de Panamá y el auge de la construcción y la minería. Pero luego empezaron a acumularse los problemas. La economía se ralentizó. Se perdieron muchos empleos. La inflación aumentó.
Uno de los factores fue el cambio climático. La actividad en el Canal de Panamá se ha visto gravemente afectada por el descenso del nivel de agua. La sequía también ha reducido el acceso a agua potable en algunas regiones del país. Además, la mina de cobre más rentable del país se cerró a finales de 2023, tras meses de protestas masivas contra la minería que desembocaron en una decisión del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la ley que autorizó sus operaciones.
Un aumento sin precedentes del número de migrantes que atraviesan el Tapón del Darién, la traicionera franja de selva en la frontera con Colombia, puso a prueba los recursos del sistema de asistencia humanitaria. El otrora impenetrable Tapón del Darién se ha convertido en una importante ruta para los migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, que se dirigen hacia el norte. Más de medio millón lo cruzó en 2023.
Mulino hizo campaña prometiendo mejorar la economía atrayendo inversiones, desarrollando infraestructura y creando empleo. Prometió mejorar el acceso al agua potable y “cerrar” el Darién, lo que, según los expertos en migración, no sería posible. Hay quienes piensan que podría intentar reabrir la mina de cobre clausurada por su predecesor. Muchos temen que indulte a Martinelli.
Un primer paso
Puede que los votantes de Mulino aceptaran el trato ofrecido, cediendo impunidad a cambio de prosperidad, pero lo cierto es que quienes no lo votaron fueron muchos más que quienes lo votaron. Ganó solamente porque el voto en su contra estuvo muy fragmentado. El número de independientes que ingresaron al Congreso es uno de los muchos indicadores del descontento generalizado con políticos como él.
Mulino tendrá una tarea difícil. Deberá cumplir sus promesas de atraer inversiones y crear empleo y responder a las repercusiones económicas del cierre de la mina y la escasez de agua en el Canal de Panamá. Deberá reducir las desigualdades, por ejemplo mejorando la educación y ampliando el acceso al agua potable. Deberá reforzar las instituciones y luchar contra la corrupción, lo cual plantea el interrogante de qué hará con Martinelli.
Y luego está la situación de la Brecha del Darién, la inseguridad creciente y un sistema de pensiones al borde de la insolvencia.
Los desafíos son muchos y son grandes, y Mulino no está ni cerca de tener mayoría legislativa. La Asamblea Nacional está tan fragmentada que un acuerdo de alto nivel con uno o dos partidos no alcanzaría. Mulino pareció reconocerlo la noche de las elecciones cuando hizo un llamado a la unidad nacional y dijo estar abierto al diálogo y al consenso. Fue un primer paso en la dirección que debería seguir.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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El nuevo gobierno debe comprometerse a respetar el espacio cívico y consultar a la sociedad civil en la elaboración de políticas.
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El nuevo gobierno debe luchar contra la corrupción y respetar la autonomía judicial. El caso Martinelli será su prueba de fuego.
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El nuevo gobierno debe consultar con organizaciones expertas para diseñar una política migratoria eficaz que respete plenamente los derechos humanos.
Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org
Foto de portada de Johan Ordoñez/AFP vía Getty Images