Continúan las conversaciones en Panamá sobre las numerosas cuestiones urgentes planteadas durante casi un mes por las protestas que paralizaron al país. Miles de personas salieron a la calle en las que fueron las mayores movilizaciones de las últimas décadas, indignadas frente al aumento del costo de vida provocado por subas de precios de los alimentos y el combustible.

Preocupación por la corrupción

El 19 de mayo, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, una coalición que incluye a movimientos sociales y sindicatos, entregó al gobierno un listado de 32 demandas. Entre ellas se contaban la limitación de los aumentos de precios, el incremento de los salarios y las pensiones, la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y la suba del gasto en educación.

La necesidad de acción era evidente. Para julio, el precio del combustible había aumentado casi 50% desde principios de año. La inflación en general había subido y el desempleo rondaba el 10%. El presidente Laurentino Cortizo achacó los problemas a la pandemia y a la guerra de Rusia contra Ucrania, pero mucha gente entendió que el gobierno también era responsable a causa de los niveles descontrolados de corrupción.

Los observadores externos suelen describir a Panamá como un caso de éxito económico que contrasta con la situación de la mayoría de sus vecinos. Es uno de los países más ricos de América Latina, pero también uno de los más desiguales. El aumento de precios puede significar poco para la minoría rica, pero pone en apuros a la mayoría.

La capacidad del Estado para responder a las necesidades urgentes se ve socavada por la corrupción y los altos niveles de evasión y elusión fiscal de las élites. Los dos presidentes que precedieron a Cortizo, de dos partidos diferentes, han sido acusados de corrupción en el marco del escándalo de enormes proporciones que implicó a la empresa constructora brasileña Odebrecht. La ciudadanía considera que la corrupción es endémica, independientemente de quién ocupe el poder.

La furia se desató frente a la publicación de un video, ampliamente compartido, que mostraba a políticos del partido oficialista celebrando el inicio de la sesión parlamentaria con botellas de whisky de 340 dólares, un lujo claramente fuera del alcance de casi cualquiera.

Profesores al frente

Los docentes se pusieron a la cabeza de las protestas. El gasto en educación ha sido durante mucho tiempo un tema político candente. Una antigua ley aprobada en 1946 obliga al gobierno a gastar el 6% del PIB en educación, pero la realidad se queda muy corta: según la medición más reciente, el gasto en educación es inferior al 4% del PIB. Esto deja a los docentes en una posición muy precaria y perpetúa la brecha entre los más ricos y los más pobres.

El 6 de julio, los maestros iniciaron una huelga nacional, alegando que el gobierno no había respondido a las 32 demandas que le habían sido presentadas. Inicialmente se previó que la huelga duraría tres días, pero los docentes se mantuvieron fuera de las aulas hasta el 2 de agosto; solamente regresaron cuando el gobierno concedió algunas de las demandas de los manifestantes.

En esas cuatro semanas se produjeron numerosas marchas, cortes de calles y huelgas organizadas por sindicatos y movimientos sociales, a los que pronto se sumaron grupos indígenas que reclamaban por su derecho a la tierra y el fin de los asentamientos en territorios indígenas. Las manifestaciones se concentraron en la provincia central de Veraguas, donde los manifestantes bloquearon la Carretera Panamericana, la arteria clave que conecta a Panamá con el resto del continente. Los bloqueos provocaron escasez de alimentos y combustible.

El gobierno dio marcha atrás por etapas. El 11 de julio anunció un recorte del precio del combustible y un tope para los precios de diez productos básicos. Las protestas continuaron. El acuerdo que alcanzó con algunos líderes de las protestas el 16 de julio, que buscaba eliminar los bloqueos de carreteras a cambio de una segunda reducción del precio del combustible, se vino abajo cuando los jefes sindicales consultaron a los manifestantes y recibieron el claro mensaje de que la movilización debía continuar.

Las manifestaciones vivieron momentos de tensión. Se reportó que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra manifestantes, causándoles heridas en los ojos. Algunos manifestantes atacaron a periodistas. Más de 100 personas fueron detenidas en las tres primeras semanas de protesta. El 23 de julio, dos líderes indígenas fueron agredidos en el distrito de Horconcitos. En el distrito de Pacora, los agricultores se enfrentaron con los manifestantes que bloqueaban la carretera. Los camioneros se declararon en huelga en protesta contra el bloqueo de carreteras y exigieron al gobierno que garantizara su seguridad.

Los bloqueos finalmente terminaron el 26 de julio, cuando el gobierno se comprometió a limitar los precios de 72 productos básicos y a mantener una serie de diálogos con movimientos sociales. El 2 de agosto, los maestros volvieron a clases.

En la serie de conversaciones subsiguientes, mediadas por la Iglesia católica, se produjeron algunos avances, pero muchos asuntos siguen sin resolverse. El gobierno finalmente se comprometió a cumplir la ley que le ordena aumentar el gasto en educación al 6% del PIB para 2024. Pero cuestiones espinosas como la corrupción y los elevados costos de la salud -los precios de los medicamentos en Panamá son los más altos de la región- siguen sin abordarse. Entretanto, los empresarios se quejaron de haber sido excluidos de las conversaciones -tras lo cual fueron invitados a la siguiente fase del diálogo- y de los probablemente elevados costos de los compromisos asumidos por el gobierno.

La tendencia global

Los precios se están disparando y cada vez son más los que luchan para llegar a fin de mes; en consecuencia, en todo el mundo la gente está saliendo a las calles a protestar y a exigir protección a sus gobiernos. Las protestas en Panamá siguen los pasos de las grandes movilizaciones de este año en Ecuador, Irán, Kazajistán, Sierra Leona y Sri Lanka, entre otros países. Seguramente vendrán muchas más.

Como ocurrió en Panamá, la gente empujada al límite suele hacer rápidamente la conexión entre sus dificultades y la corrupción y la mala gestión económica y política. Las protestas por los aumentos de los precios suelen ampliarse enseguida para abarcar problemas más profundos de integridad pública y capacidad estatal.

Quienes se han sorprendido ante la reciente explosión social de Panamá seguramente no habrían estado prestando suficiente atención. Aunque las movilizaciones de 2022 fueron de mayores dimensiones que las de años anteriores, las señales ya estaban allí: en 2021 hubo numerosas protestas contra la corrupción, la mala calidad de la educación y la falta de protección de los derechos laborales.

La pandemia alimentó aún más la indignación: en 2021 los estudiantes protestaron ante cambios en el plan de apoyo social del gobierno, mientras que una investigación periodística reveló que había empresas privadas que estaban desplegando un operativo de vacunación clandestina para quienes pudieran pagarla, cuando menos del 20% de la población estaba vacunada.

El 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, sindicatos y movimientos sociales se manifestaron en reclamo de puestos de trabajo, el aumento del salario mínimo y mejores servicios de educación y salud. El año anterior, los recortes en los presupuestos educativo y sanitario habían desatado protestas masivas lideradas por estudiantes, frente a las cuales el gobierno reaccionó con fuerza excesiva. En 2020 también se produjeron varias protestas contra recortes presupuestarios en las universidades, además de manifestaciones contra las limitadas ayudas para los más afectados por la pandemia y la falta de protección para los trabajadores considerados “esenciales”.

En Panamá se suceden las protestas porque los problemas son más profundos que el actual aumento de la inflación. El escepticismo sobre lo que podrán conseguir las últimas rondas de conversaciones y sobre si el gobierno cumplirá sus promesas parece bien fundado. Solamente la acción decidida para atacar la corrupción y mejorar los servicios públicos esenciales podrá desmentir a quienes creen que el gobierno, independientemente de su color político, está siempre al servicio de los ricos.

Las próximas elecciones tendrán lugar en 2024 y la Constitución impide a Cortizo postularse a un segundo mandato. Si pudiera hacerlo, sería muy improbable que ganara. Un reciente sondeo de opinión mostró que el 81% de la ciudadanía lo rechaza, y el apoyo al vicepresidente es aún menor. A medida que se acercan las elecciones, es posible que la gente empiece a prestar atención a los candidatos populistas que se posicionan como outsiders dispuestos a enfrentarse a las élites enquistadas. La lección para la clase política debería ser clara: actuar ya en respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, o prepararse para que los echen.