Las elecciones llegan en un momento especialmente complejo, marcado por una profunda crisis económica y una fuerte polarización política. El Movimiento al Socialismo (MAS), que dominó la escena política durante casi 20 años con Morales al frente, atraviesa una etapa de fractura interna.

Tiene al menos tres corrientes: la de Morales, que sigue siendo una figura importante a pesar de su renuncia en 2019; la del actual presidente, Luis Arce, que llegó al poder respaldado por el MAS pero mantiene una relación tensa con Morales; y la del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que alguna vez fue visto como el sucesor natural de Morales.

Morales conserva una base fuerte en Cochabamba, donde moviliza a sus seguidores presentándose como el único capaz de revertir la crisis económica que atraviesa el país. Pese a que el Tribunal Constitucional inhabilitó su candidatura, sigue siendo una figura central y marca el tono de la campaña. En los últimos meses, sus seguidores han impulsado protestas y bloqueos en varias regiones, provocando desabastecimiento de combustibles y alimentos y por lo menos seis muertes. Morales insiste en que sin él no puede haber elecciones y denuncia una supuesta exclusión de votantes rurales, su principal bastión.

La oposición también está dividida. Candidatos opositores como Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa no han logrado formar un frente común. También suenan nombres como los de Eva Copa, Eduardo del Castillo, Jhonny Fernández y Andrónico Rodríguez.

Las encuestas registradas ante el Tribunal Supremo Electoral ubican a Doria Medina a la cabeza, con casi 19% de apoyo. Le siguen Quiroga con 18% y Rodríguez con 12%. La diferencia entre los dos primeros es tan ajustada que se habla de un empate técnico. Más abajo figuran Reyes Villa y Paz Pereira, que en conjunto suman poco más del 11%.

Un dato clave es que cerca del 20% del electorado está indeciso o planea votar en blanco. Esto, sumado a que ningún candidato supera el 20%, hace muy probable una segunda vuelta, algo inédito en Bolivia.

En Bolivia la participación suele ser alta: en 2020 votó el 90% del padrón. Esto se debe en gran parte a que el voto es obligatorio y no hacerlo implica una multa. Sin embargo, esta elección presenta una novedad: la mayoría de los votantes serán jóvenes que irán a las urnas por primera vez y conocen poco a los candidatos. Además, circulan rumores, especialmente desde sectores afines a Morales, de que, si él no es habilitado, no habrá elecciones y aumentará la violencia. Esto podría generar miedo y afectar el nivel de participación.

Las redes sociales están jugando un papel clave, especialmente porque la campaña se desarrolla casi por completo en el ámbito digital. A diferencia de elecciones anteriores, ya no hay tanto movimiento en las calles: ahora el foco está principalmente en TikTok, pero también en Facebook, Instagram y Twitter/X. Doria Medina es el que más ha apostado por estas plataformas, colaborando con creadores de contenido para difundir su plan de gobierno.

Pero este giro a lo digital también ha facilitado la difusión de desinformación, tanto para promover candidatos como para atacar a sus rivales. Hemos identificado tres grandes narrativas. Por un lado, está la que se aprovecha del clima de crisis para compartir imágenes y videos de enfrentamientos fuera de contexto para generar miedo en la población. También circulan encuestas falsas o manipuladas, muchas veces difundidas por los propios candidatos, para instalar la idea de que tienen mayor apoyo del que realmente tienen. Y en tercer lugar, circula una campaña que busca generar confusión sobre la habilitación de ciertas candidaturas, en especial la de Morales, quien llegó a afirmar públicamente que estaba habilitado.

La mayoría de las cuentas que difunden estos contenidos son anónimas, pero algunas promocionan sistemáticamente a determinados candidatos y atacan a otros. Todos los partidos participan en algún grado de esta dinámica, pero los candidatos más atacados en el último mes han sido Doria Medina y Rodríguez, seguidos de Copa, Fernández y Quiroga.

Algunos medios también contribuyen involuntariamente a propagar desinformación al priorizar la inmediatez sobre la verificación. Publican contenidos virales sin chequearlos, y si luego se demuestra que son falsos, simplemente los borran sin dar explicaciones. Eso debilita la confianza en el periodismo y alimenta el ciclo de desinformación.

Lamentablemente, la respuesta ha sido bastante limitada. Al ser Bolivia un país pequeño, no tenemos canales fluidos de comunicación con las grandes empresas tecnológicas. En general, las plataformas solo actúan ante casos puntuales. Por ejemplo, Meta intervino y eliminó cuentas falsas que suplantaban al presidente del Tribunal Supremo Electoral y suspendió temporalmente la cuenta de Radio Kawsachun Coca, vinculada a Morales, por difundir desinformación. Pero fueron medidas aisladas e inconsistentes: la cuenta volvió a estar activa poco después.

Además, Meta ha dejado de trabajar con verificadores humanos y hoy depende casi exclusivamente de reportes de usuarios para identificar contenido falso, un modelo que sabemos no funciona bien. TikTok tampoco ha implementado medidas efectivas. Aunque en algunos casos etiqueta videos generados con inteligencia artificial, no hay esfuerzos adaptados al contexto boliviano. Esta inacción deja un vacío que la sociedad civil ha tenido que empezar a cubrir.

ChequeaBolivia apuesta por un enfoque integral que combina verificación de datos, alfabetización mediática y trabajo colaborativo con distintos actores sociales.

Sabemos que desmentir una noticia falsa o engañosa no siempre es suficiente: su alcance suele ser mucho mayor que el de las verificaciones. Por eso, además de verificar contenido todos los días, desarrollamos estrategias para dar herramientas a la ciudadanía, especialmente a jóvenes y personas indígenas, para que puedan identificar y frenar la desinformación por cuenta propia.

Lanzamos una escuela de verificadores jóvenes y creamos campañas como Chequeatuvoto, que ofrece herramientas para promover el pensamiento crítico entre quienes votan por primera vez. También trabajamos con comunidades aymaras, utilizando metodologías como el rastreo de rumores para que puedan identificar patrones de desinformación y responder con información verificada en sus propios idiomas.

En paralelo, estamos impulsando una coalición de más de 15 organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la integridad de la información durante el proceso electoral. Aunque muchas de estas organizaciones no trabajan directamente en desinformación, reconocen su impacto transversal en temas como derechos humanos, violencia digital y discurso de odio.

Además, apostamos por la innovación tecnológica: estamos desarrollando un chatbot que ayude a resolver dudas sobre el proceso electoral y sobre contenidos sospechosos. También hacemos campañas audiovisuales con lenguaje claro y accesible, que permiten a la ciudadanía comprender mejor lo que está en juego.

En definitiva, creemos que la respuesta no puede venir solo desde las plataformas o los medios. Necesitamos que toda la sociedad civil se involucre para construir entornos digitales más sanos, donde la información confiable tenga un rol protagónico.