En una reunión en la Casa Blanca, los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump intercambiaron elogios y bromearon sobre el encarcelamiento masivo mientras discutían un acuerdo sin precedentes, bajo el cual Estados Unidos pagaría a El Salvador 6 millones de dólares anuales por alojar a deportados –de cualquier nacionalidad, incluidos potencialmente ciudadanos estadounidenses– en su Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT), una notoria megaprisión. Este acuerdo marcó la evolución del modelo autoritario de Bukele, que pasó de ser un experimento nacional a un producto exportable atractivo para líderes de mano dura de todo el mundo.

Poco después de la toma de posesión de Trump, Bukele publicó un tuit en el que ofrecía a Estados Unidos la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario. Menos de seis semanas después, cientos de deportados venezolanos fueron enviados al CECOT en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La administración Trump los presentó como integrantes de la banda Tren de Aragua. Sin embargo, el acuerdo estuvo plagado de complicaciones legales: el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros exige una declaración de guerra por parte de Estados Unidos, y pronto quedó claro que la mayoría de los deportados no tenían vínculos comprobados con las pandillas.

Entre ellos se encontraba Kilmar Abrego García, un salvadoreño que había vivido durante 15 años en Maryland. Fue deportado a pesar de haber recibido una orden de protección de un juez de inmigración estadounidense, y finalmente fue devuelto a Estados Unidos, donde se le imputaron cargos por tráfico de personas. Sin embargo, cuando la Corte Suprema estadounidense ordenó a la administración Trump que facilitara su regreso, Bukele se negó, alegando que no “introduciría clandestinamente a un terrorista en Estados Unidos”. Para Trump, esta es otra más de las ventajas de contar con un aliado que desprecia el Estado de derecho tanto como él.

El camino de Bukele hacia el autoritarismo

El asalto sistemático de Bukele a la democracia comenzó tras su victoria electoral en 2019, en la que rompió con el sistema bipartidista de El Salvador, tradicionalmente dominado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda y la Alianza Republicana Nacionalista de derecha. Bukele se presentó con un pequeño partido conservador tras ser expulsado del FMLN, y obtuvo el 53,4% de los votos.

La primera señal clara de su disposición a ignorar las normas democráticas se produjo cuando, frustrado por la negativa de la Asamblea Legislativa – entonces controlada por la oposición – a aprobar un préstamo multimillonario para su programa de seguridad y lucha contra las pandillas, Bukele llamó a sus partidarios, a la policía y al ejército a presionar a los legisladores. Tras las elecciones legislativas de 2021, sin embargo, ya no tuvo que enfrentarse a tales obstáculos, pues su partido obtuvo una supermayoría. Esto le permitió aprobar cualquier ley que deseara y destituir a los jueces que habían rechazado algunas de sus políticas por inconstitucionales. Los nuevos jueces que nombró le dieron luz verde para postularse a un segundo mandato, a pesar de la prohibición constitucional.

La piedra angular del proyecto autoritario de Bukele fue la declaración del estado de excepción en marzo de 2022, tras un repunte de los homicidios atribuidos a las pandillas. Presentado inicialmente como una medida temporal para contener la violencia, el estado de excepción ha sido prorrogado y ampliado en reiteradas ocasiones. Se ha instaurado así una nueva normalidad en la que las fuerzas de seguridad disponen de poderes extraordinarios, mientras que la población ha perdido derechos constitucionales fundamentales, como el debido proceso, la defensa legal y la libertad de reunión.

Bukele ha puesto en marcha una política de seguridad que implica el despliegue masivo de fuerzas policiales y militares. En el marco de estos operativos, las fuerzas policiales y militares rodean comunidades en todo el país para “extraer” a los presuntos miembros de pandillas, que luego son encarcelados en el recientemente construido CECOT, con una capacidad declarada de 40.000 reclusos. Los detenidos permanecen en condiciones de hacinamiento extremo, sin visitas, educación ni programas de rehabilitación y, según las autoridades, nunca serán liberados.

Esta política ha conducido a la detención, sin orden judicial, de más de 80.000 personas, lo que sitúa a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Como resultado, la actividad visible de las pandillas se ha reducido drásticamente, y la tasa de homicidios de El Salvador cayó de un alarmante 105 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 por cada 100.000 en 2024. Estos resultados le valieron a Bukele índices de aprobación superiores al 90% y la reelección en febrero de 2024 con el 85% de los votos.

Desde su reelección inconstitucional, Bukele ha acelerado el desmantelamiento de las instituciones democráticas de El Salvador. El acontecimiento más significativo se produjo el 29 de enero, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que facilita la modificación de la Constitución al eliminar el requisito de que las enmiendas constitucionales deban ser ratificadas por dos legislaturas consecutivas. Esto permite a Bukele modificar la Constitución sin consultas públicas ni debate parlamentario. Se han eliminado así las salvaguardias que protegían normas constitucionales fundamentales, incluidas las que prohibían la reelección presidencial.

A la manipulación constitucional se le ha sumado la captura del poder judicial. En septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa designó a siete nuevos magistrados de la Corte Suprema, a pesar de las críticas de la sociedad civil por la ausencia de transparencia en el proceso y las preocupaciones sobre la falta de independencia de los candidatos.

Asalto al espacio cívico

El deterioro del espacio cívico se ha acelerado drásticamente durante el segundo mandato de Bukele. Ante la creciente evidencia de que el prolongado estado de excepción está socavando el Estado de derecho y reprimiendo el disenso pacífico, El Salvador fue incluido en julio de 2024 en la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor, que monitorea a los países donde el respeto por el espacio cívico está experimentando un grave deterioro.

El Estado ha intensificado su criminalización del activismo de la sociedad civil. En marzo de 2024, Verónica Delgado fue detenida arbitrariamente y acusada de “asociación ilícita” por su labor como integrante del grupo Bloque de Búsqueda, que se dedica a buscar familiares desaparecidos bajo el régimen de excepción. En febrero de 2025, al menos 21 activistas y líderes de la sociedad civil fueron detenidos arbitrariamente en operativos coordinados. Entre ellos se encontraba Fidel Zavala, portavoz de la organización de derechos humanos Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, quien había presentado recientemente una denuncia contra las autoridades penitenciarias por casos de tortura.

Las personas defensoras del medio ambiente también han sido blanco específico de persecución. En febrero de 2025, la Fiscalía General solicitó la recaptura de los cinco líderes comunitarios conocidos como “los cinco de Santa Marta”, absueltos en octubre tras haber sido objeto de criminalización sistemática por su rol en la resistencia a proyectos mineros y su defensa del derecho al agua. Su lucha fue decisiva para que El Salvador prohibiera la extracción de metales en 2017.

El ataque de Bukele a la libertad de prensa ha alcanzado niveles sin precedentes. La Asociación de Periodistas de El Salvador documentó 466 agresiones contra periodistas en 2024, un aumento considerable respecto a las 311 registradas en 2023 y las 187 en 2022. La mayoría de estos incidentes estuvieron vinculados a funcionarios públicos y entidades estatales. Bukele ha atacado directamente a los medios de comunicación independientes. Utilizó su cuenta de Twitter/X para desacreditar a El Faro, un medio digital que investigó los contratos de adquisición durante la pandemia de COVID-19 y que ha trasladado sus operaciones a Costa Rica. La intimidación física también ha aumentado: en diciembre de 2024, cinco agentes de la Policía Nacional Civil allanaron el domicilio de la periodista Mónica Rodríguez y le incautaron discos duros y dispositivos USB, sin orden de allanamiento y sin ningún tipo de explicación legal.

La vigilancia estatal se ha vuelto abiertamente sistemática. Según documentos filtrados en noviembre de 2024, la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador habría vigilado ilegalmente a miembros de la sociedad civil entre finales de 2021 y comienzos de 2022, recopilando datos personales como fotografías, domicilios particulares y laborales, y antecedentes académicos. En septiembre de 2024, el gobierno bloqueó la aplicación de mensajería Telegram mientras los medios informaban sobre la muerte bajo custodia de un ex asesor de Seguridad Nacional. En noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes sobre ciberseguridad y protección de datos que otorgan a las autoridades amplios poderes para eliminar contenidos en línea y exigir la supresión de material considerado “inexacto”, sentando las bases para una censura sistemática.

Ley de agentes extranjeros de inspiración rusa

El ataque de Bukele contra la sociedad civil dio un nuevo y peligroso giro en mayo, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Agentes Extranjeros inspirada en el modelo ruso, con escaso debate y sin consulta pública, pese a haber descartado una propuesta similar en 2021 tras críticas internacionales.

La ley obliga a todos aquellos que reciban financiación extranjera o actúen en interés de una entidad extranjera – sean individuos u organizaciones, locales o extranjeras – a registrarse para operar en El Salvador. Cada pago recibido, ya sea en efectivo, bienes o servicios, estará sujeto a un impuesto del 30%. La ley no especifica cómo se utilizarán estos ingresos fiscales.

La ley crea un nuevo organismo, el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), dotado de amplios poderes para establecer requisitos de registro, aprobar o denegar solicitudes, revocar o no renovar registros, y exigir documentación o información en cualquier momento. Si bien se pueden solicitar excepciones, el RAEX tendrá la última palabra sobre quién puede operar en el país. En la práctica, esto significa esencialmente que el gobierno tendrá un poder de veto sobre las organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que solo las organizaciones alineadas con el gobierno obtendrán exenciones. Aquellas que denuncien corrupción o abusos serán castigadas.

Las organizaciones no registradas no podrán operar, y las registradas no podrán realizar actividades consideradas políticas o que se perciban como una amenaza al orden público o la seguridad nacional. Tampoco podrán utilizar donaciones extranjeras para actividades no declaradas, ni compartir información en nombre de donantes extranjeros sin etiquetarla como tal. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 250.000 dólares y la posibilidad de cierre.

El impacto de la ley será particularmente grave debido a que, ante la escasez de financiación nacional, la sociedad civil salvadoreña depende en gran medida de la financiación extranjera. Muchas organizaciones han criticado las acciones de Bukele contra los derechos humanos y los contrapesos constitucionales, lo que vuelve su labor especialmente vulnerable a ser calificada como política.

Autoritarismo de exportación

El modelo de Bukele ha atraído admiradores de todo el espectro político a nivel global. Su reelección fue celebrada por muchos que buscan emularlo, y goza de altísimos índices de aprobación en otros países de la región, especialmente en aquellos que enfrentan un aumento de la criminalidad.

El acuerdo de deportación entre Trump y Bukele es la manifestación más visible de esta colaboración autoritaria, pero la alianza va más allá de la política migratoria. Trump ha expresado su admiración por los métodos de Bukele, y recientemente anunció sus planes de reconstrucción y reapertura de la famosa prisión de Alcatraz. Sostuvo que el plan le permitiría esquivar a los jueces que no acatan su voluntad. Bukele, por su parte, ha alentado el desafío de Trump a los tribunales: calificó las impugnaciones legales a sus políticas como un “golpe judicial” e instó al Partido Republicano a destituir a aquellos que denomina “jueces corruptos”. El desmantelamiento sistemático de la sociedad civil llevado adelante por Bukele debe resultar inspirador para Trump, quien ve en la criminalización de activistas y el silenciamiento de medios independientes herramientas eficaces para consolidar su poder.

La reacción de la comunidad internacional ha sido notablemente silenciosa, lo que refleja el dilema que plantea la auténtica popularidad de Bukele y sus logros en materia de seguridad. El entusiasmo de observadores internacionales ante lo que consideran el éxito de Bukele evidencia el peligroso atractivo de las respuestas autoritarias a problemas sociales complejos. Su capacidad para lograr avances reales –aunque posiblemente no sostenibles– en materia de seguridad, al tiempo que desmantela sistemáticamente las instituciones democráticas, ofrece un modelo seductor para otros líderes frustrados por las limitaciones de la gobernanza democrática.

La transformación de El Salvador por parte de Bukele, de democracia frágil a Estado autoritario, constituye uno de los ejemplos más dramáticos de retroceso democrático en la América Latina contemporánea. Es, al mismo tiempo, una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y una muestra de cómo el autoritarismo puede adaptarse y extenderse. Cuando los salvadoreños busquen eventualmente alternativas al régimen cada vez más represivo de Bukele, enfrentarán el desafío de reconstruir la maquinaria democrática necesaria para un cambio político pacífico.

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