La mañana del 28 de junio, último día de la Semana del Orgullo de Estambul, la policía antidisturbios acordonó la plaza Taksim con barreras de hierro, restringió el servicio de metro en el centro de la ciudad y prohibió todas las concentraciones del fin de semana en dos distritos donde las personas LGBTQI+ se reagruparon tras el cierre del recorrido previsto para la marcha. Los manifestantes siguieron adelante de todos modos, reapareciendo por las calles laterales cada vez que la policía los dispersaba. Al final del día, la policía había detenido al menos a 50 personas, entre ellas la periodista Müberra Ünsal, que fue detenida a pesar de haberse identificado repetidamente como periodista y haber mostrado una tarjeta de prensa válida.

Prohibido pero imparable

Era la 24.ª edición del Orgullo de Estambul, y la duodécima consecutiva prohibida por las autoridades. Pero esta vez las restricciones fueron más severas que nunca. Días antes de la Semana del Orgullo, el ente de telecomunicaciones turco bloqueó decenas de cuentas de redes sociales de organizaciones LGBTQI+ y de defensa de los derechos de las mujeres.

En vísperas de la marcha principal, las autoridades ordenaron cerrar un conocido bar gay de Estambul. Grupos islamistas venían haciendo campaña contra su dueño, al que acusaban de organizar la escala turca de un crucero para viajeros LGBTQI+. El barco, con 2.000 pasajeros a bordo, tenía previsto atracar el 7 de julio, pero las autoridades le negaron el permiso. En Esmirna, una ciudad sobre la costa turca del mar Egeo, la gobernación prohibió la marcha en nombre de la “moral pública”. La policía detuvo y multó a las 36 personas que marcharon igual.

Ser gay no es delito en Turquía, así que el Estado no puede perseguir a nadie por lo que es. Lo que hace, en cambio, es negarle sistemáticamente el derecho a reunirse y a mostrarse en público. Desde 2015 se repite el mismo patrón. Ese año las autoridades prohibieron por primera vez una marcha que en una década había crecido sin trabas hasta convocar a 100.000 personas. Desde entonces, la secuencia es siempre la misma: se prohíbe la movilización alegando razones de orden público o seguridad, la marcha se hace igual y se produce una ola de detenciones.

Turquía figura en el puesto 47 de 49 países europeos en el mapa de derechos LGBTQI+ 2026 de ILGA-Europa, solo por encima de Azerbaiyán y Rusia. En abril, 11 líderes de una organización turca de derechos LGBTQI+ fueron llevados a juicio acusados de obscenidad y de atentar contra la protección de la familia. Actualmente se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel. El presidente, el nacionalista de derechas Recep Tayyip Erdoğan, suele utilizar a las personas LGBTQI+ como chivo expiatorio y las culpa por el descenso de la tasa de natalidad del país.

En Turquía y en otras partes, buena parte de esta ola represiva responde directamente a los avances logrados por los movimientos LGBTQI+ en las décadas anteriores. Las leyes antidiscriminación, el reconocimiento del matrimonio igualitario y una visibilidad cada vez mayor les dieron a sus adversarios un blanco claro contra el cual movilizarse, y los gobiernos sometidos a presiones económicas o políticas encontraron un chivo expiatorio muy conveniente.

Los ataques de Erdoğan siguen un patrón conocido. Los líderes autoritarios y populistas, ante el descontento por la corrupción, la inflación y el desempleo, redirigen el enojo hacia una minoría a la que pueden atacar sin costo político alguno. Las instituciones religiosas conservadoras hacen algo parecido: como están perdiendo terreno en temas como el divorcio y los derechos reproductivos, encuentran en el rechazo a los derechos de las personas LGBTQI+ y, en particular, a los de las personas trans, una bandera que les devuelve protagonismo y el derecho de dictar la moral de la sociedad. El resultado es una alianza entre el poder político y el conservadurismo religioso, que se sostienen mutuamente y se presentan como defensores de la infancia, la familia y la identidad nacional.

Sin lugar donde marchar

En Turquía, la lucha se centra en conservar un territorio que el Estado quiere borrar. Pero en una porción cada vez mayor del mundo ya casi no queda terreno que defender. En Uganda, un acto público del Orgullo es sencillamente impensable y organizarlo se volvió todavía más peligroso con la Ley contra la Homosexualidad de 2023. La norma, avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional en 2024, castiga la homosexualidad con cadena perpetua y prevé la pena de muerte para el delito, vagamente definido, de “homosexualidad agravada”, que abarca los actos reiterados entre personas del mismo sexo. También incluye penas de hasta 20 años de cárcel por lo que llama “promoción” de la homosexualidad, un delito redactado de forma tan imprecisa que puede aplicarse a cualquiera que defienda los derechos de las personas LGBTQI+, desde personal de organizaciones de derechos humanos hasta donantes.

Desde que la ley entró en vigor, se acusa cada vez más a los colectivos LGBTQI+ de “reclutar” a menores para convertirlos en homosexuales. La Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales disolvió grupos que ofrecían servicios de salud, asistencia jurídica y refugio a personas LGBTQI+. La policía, por su parte, les tiende trampas a través de aplicaciones de citas y redes sociales, y luego las detiene y encarcela de manera arbitraria. También ha habido casos de violencia física contra activistas. En enero de 2024, dos agresores apuñalaron a Steven Kabuye, director ejecutivo de la organización Coloured Voices. El espacio informal que las personas LGBTQI+ ugandesas habían construido para sí mismas —refugios comunitarios, redes de apoyo y un puñado de organizaciones registradas— está siendo desmantelado de forma sistemática, empujándolas a la clandestinidad o al exilio.

Irak avanzó en la misma dirección. En abril de 2024, una reforma a la ley contra la prostitución fijó penas de 10 a 15 años de cárcel para las relaciones entre personas del mismo sexo, de uno a tres años para quienes se sometan a procedimientos médicos de reasignación de género o “imiten a las mujeres”, y un mínimo de siete años para quien “promueva” la homosexualidad o la prostitución. La reforma llegó tras años de violencia impune contra las personas LGBTQI+, con un patrón documentado de grupos armados que las secuestran, violan, torturan y asesinan sin rendir cuentas por ello.

La supresión lingüística abrió camino a la ley represiva. En agosto de 2023, la Comisión de Comunicaciones y Medios de Irak prohibió el uso de la palabra “homosexualidad” en los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales, y ordenó reemplazarla por “desviación sexual”. La criminalización ya estaba en marcha. En 2023, las autoridades imputaron a 14 personas por difundir contenido “indecente” o “inmoral” en las redes y condenaron a seis de ellas a penas de entre seis meses y dos años de prisión. En Erbil, las autoridades arrestaron a dos maquilladoras transgénero, las mantuvieron cinco días encarceladas y las sometieron a exámenes médicos forzados.

En Indonesia, donde ninguna ley prohíbe expresamente las relaciones entre personas del mismo sexo, un resultado parecido surgió de un entramado de normas sobre moralidad, entre ellas varias disposiciones de un nuevo Código Penal vigente desde enero de 2026. La policía tiene un amplio margen para perseguir a las personas LGBTQI+ apelando a las normas de decencia y orden público. En octubre de 2025, la policía de Surabaya irrumpió en una reunión privada que describió como una “fiesta gay” y detuvo a 34 personas, que ahora enfrentan cargos por pornografía. No hubo denuncia alguna de trata, explotación ni violencia: la reunión misma se tomó como prueba del delito.

Los defensores de los derechos humanos describen esto como una forma de control por medio de la intimidación. Los procesos son lo bastante infrecuentes como para que la mayoría nunca llegue a enfrentar cargos, pero lo bastante frecuentes como para disuadir a la gente de reunirse en público, denunciar incidentes de violencia o recurrir a la protección de la ley. A esto se le suma un discurso oficial que presenta la visibilidad LGBTQI+ como una “amenaza no militar” a la seguridad nacional.

La ola de criminalización en África Occidental

El retroceso fue más rápido en África Occidental, donde cuatro Estados penalizaron las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo en los últimos dos años, presentándolo como una defensa de la soberanía nacional frente a la influencia occidental.

El gobierno militar de Mali, en el poder desde el golpe de Estado de 2020, penalizó la homosexualidad en diciembre de 2024. La junta de Burkina Faso hizo lo mismo en septiembre de 2025, con penas de dos a cinco años de cárcel para relaciones entre personas del mismo sexo y para quienes las “promueven”. En Níger, el régimen militar las prohibió en la Carta de la Refundación que adoptó en marzo de 2025 para reemplazar a la Constitución. El mes pasado, un nuevo código penal fijó penas de cinco a diez años de prisión para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, de diez a veinte años por contraer un matrimonio de este tipo y de hasta veinte años por dirigir, administrar o financiar una organización LGBTQI+. En pocas semanas, la prensa reportó hasta 40 detenciones, la suspensión de los servicios de prevención del VIH y una ola de personas que se ocultaban o huían del país.

El problema no se limita a las dictaduras. Senegal es una democracia electoral, pero endureció la aplicación de disposiciones que antes casi nunca se invocaban, luego de que Ousmane Sonko, hasta hace poco primer ministro, las convirtiera en el centro de su campaña electoral de 2024. En marzo, la Asamblea Nacional duplicó la pena máxima por “actos contra natura” y la llevó a diez años. También tipificó como delito la financiación y la “promoción” de las relaciones entre personas del mismo sexo con disposiciones suficientemente amplias como para poner en peligro a abogados, personal médico, responsables de refugios y hasta amigos que brindan contención emocional. Al mes siguiente, un tribunal dictó su primera condena: seis años de prisión para un hombre de 24 años. En los primeros meses de este año, la policía ha detenido a más de 300 “presuntos homosexuales”, entre ellos un conocido presentador de televisión. La hostilidad está empujando a las personas LGBTQI+ de Senegal a esconderse y exiliarse. Lo poco que queda de activismo organizado es, en su mayoría, clandestino.

La situación también está empeorando en Ghana. En mayo, su parlamento aprobó el proyecto de ley sobre derechos sexuales humanos y valores familiares, que castigaría con hasta tres años de cárcel a cualquier persona que se identifique como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o queer, y con penas de tres a cinco años a quien “promueva” actividades LGBTQI+. También obligaría a denunciar ante la policía las presuntas infracciones. El proyecto se aprobó en una sesión caótica y con poca asistencia, lo que llevó incluso a algunos de sus partidarios a pedir que se reconsiderara, y el presidente John Mahama todavía no lo ha firmado. Las organizaciones LGBTQI+ ghanesas quedaron en el limbo: si el proyecto se convierte en ley, tendrán 90 días para disolverse. Y, aunque no prospere, el solo debate ya disparó los casos de extorsión, desalojos, rechazo familiar, crisis de salud mental y discriminación laboral, con gente cada vez más temerosa de buscar atención médica, asistencia jurídica o apoyo psicosocial por miedo a quedar expuesta.

Esta ola regresiva contó con ayuda externa. La sociedad civil documentó la creciente participación de grupos conservadores estadounidenses como el American Center for Law and Justice, Family Watch International y la Fellowship Foundation, en el financiamiento de la militancia antiderechos y en el suministro de modelos de campaña y de litigio en toda África. Días después de aprobar su ley regresiva, el Parlamento de Ghana fue sede de la cuarta Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Valores Familiares y Soberanía, una plataforma con vínculos documentados con esos grupos, cuyas ediciones anteriores promovieron la Ley contra la Homosexualidad de Uganda como modelo para otros países africanos.

Un consenso en retroceso

Los grupos antiderechos estadounidenses ahora le hablan al oído al presidente. Desde que regresó al cargo en enero de 2025, Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que han recortado las protecciones federales para las personas LGBTQI+, apuntando sobre todo contra las personas transgénero. Su gobierno las ha excluido de las fuerzas armadas, ha puesto fin a la cobertura de servicios de salud de afirmación de género a través de programas federales para menores de 19 años y ha obligado a registrar en los pasaportes el género correspondiente al sexo asignado al nacer.

Quienes organizan el Orgullo advirtieron un repliegue empresarial igual de inmediato: cada vez más, las compañías prefieren esquivar el riesgo legal y político que implica mostrarse a favor de las personas LGBTQI+. En 2025, algunos de los principales eventos, como el Orgullo de Nueva York y el de San Francisco, atravesaron dificultades financieras. Muchos se recuperaron buscando apoyo local y de base, pero otros no lo lograron, como el Orgullo de Tampa, que suspendió su marcha de 2026 en respuesta al clima económico y político hostil.

Durante años, activistas agrupados en colectivos tales como la Reclaim Pride Coalition de Nueva York han acusado a las principales marchas del Orgullo de haberse vuelto un producto corporativo teñido de arcoíris. Estos grupos han preferido organizar marchas paralelas, deliberadamente sin financiamiento del sector privado, argumentando que las empresas hacen “pinkwashing” (lavado rosa), es decir, lucran con la visibilidad de la comunidad LGBTQI+ mientras hacen poco y nada para que sus derechos se concreten. Su reclamo central ha sido que el Orgullo vuelva a sus orígenes, en los que era una protesta.

Pero ahora que el dinero de las empresas se está retirando a causa del hostil clima político, se está perdiendo más que dinero. Más allá de sus motivaciones, los aportes de patrocinantes también funcionaban como señal de que una masa crítica de instituciones consideraba que apoyar públicamente a las personas LGBTQI+ era algo normal, seguro y bueno para los negocios. La evaporación de ese respaldo no solamente reduce los presupuestos de los eventos sino que también revela la erosión de un consenso social que llevó décadas construir.

Celebración y rebeldía

En este contexto regresivo, algunos de los eventos del Orgullo más importantes del año fueron actos de rebeldía política. El 27 de junio, decenas de miles de personas se sumaron a la 31.ª marcha del Orgullo de Budapest, la primera desde que el electorado echó al gobierno nacionalista de derecha que la había prohibido en repetidas ocasiones. El año pasado, la marcha había desafiado abiertamente esa prohibición y reunió a entre 100.000 y 350.000 personas, siendo la mayor movilización contra el gobierno en años.

Este año los organizadores recibieron la autorización en mayo, semanas después de las elecciones, pero lo tomaron como un punto de partida y no como una meta. En abril le habían acercado al nuevo primer ministro, Péter Magyar, una lista de 14 reclamos. El primero: derogar una ley de 2021 que, con el pretexto de proteger a la infancia, prohíbe mostrar o hablar de la homosexualidad y la diversidad de género ante cualquier menor de edad. Fue esa ley la que se usó para sustentar la prohibición de las marchas del Orgullo, y el máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó que vulnera los principios de igualdad y derechos humanos. Otras demandas son que se restablezca el reconocimiento legal de género para las personas transgénero e intersex, que se ponga fin a la discriminación contra las parejas del mismo sexo en materia de adopción y derecho de familia, y que con el tiempo se reconozca el matrimonio igualitario.

Magyar dijo estar dispuesto a debatir estos temas, pero no se comprometió a llevar a cabo reformas concretas. Los activistas LGBTQI+ siguen insistiendo en que una retórica más favorable no equivale a un cambio legal.

El Desfile del Orgullo LGBT+ de São Paulo, celebrado el 7 de junio, también tuvo una fuerte carga política. Se realizó bajo el lema “La calle convoca, las urnas confirman”, un llamado a convertir la visibilidad en votos de cara a las elecciones generales de octubre en Brasil. Fue la 30.ª edición de un desfile que ha pasado de reunir a un par de miles de personas a cuatro millones en su pico máximo. Este año, los organizadores calcularon que más de un millón de personas desfilaron a lo largo del día por la Avenida Paulista, de casi tres kilómetros de longitud.

Allí los auspicios cayeron cerca de un 60%, un desplome que los organizadores atribuyeron a la presión de los movimientos conservadores. El apoyo de la comunidad cubrió buena parte del déficit. En un país donde el matrimonio igualitario es legal desde 2013, pero que sigue registrando altos índices de violencia contra las personas LGBTQI+, la marcha fue a la vez una celebración y una desafiante reivindicación de derechos que, en la práctica, siguen siendo objeto de controversia.

Bangkok ofreció la prueba más clara de la temporada de la importancia del reconocimiento legal para la capacidad de una comunidad de reunirse y mostrarse en público. Desde que la ley de matrimonio igualitario —la primera del sudeste asiático— entró en vigor en Tailandia en enero de 2025, el Orgullo de Bangkok ha crecido rápidamente, pasando de unos 20.000 participantes en su relanzamiento de 2022 a 100.000 en 2023, 250.000 en 2024 y 350.000 en 2025. El 31 de mayo, más de 500.000 personas marcharon detrás de una bandera arcoíris de 500 metros, y el activismo desplegó una pancarta con el lema “Road to WorldPride 2030” en respaldo a la candidatura de la ciudad para ser sede del evento mundial.

La temporada del Orgullo continúa

La regresión se está topando con la resistencia. En África, Botsuana muestra que hay más de un camino posible a seguir. En marzo de 2026, tras años de trabajo de la sociedad civil, su gobierno finalmente eliminó del Código Penal las disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo, cumpliendo así con los fallos de 2019 y 2021 que las habían declarado inconstitucionales. En Europa, Hungría ofrece un contrapunto a la historia turca de prohibiciones arraigadas. En ambos países, gobiernos autoritarios bloquearon el Orgullo durante años, pero este año sus caminos se bifurcaron.

Puede que el mes del Orgullo haya terminado, pero la temporada sigue. El WorldPride llega a Ámsterdam entre finales de julio y principios de agosto, coincidiendo con el 25.º aniversario de que los Países Bajos se convirtieran en el primer país en reconocer el matrimonio igualitario. Se espera que su Desfile de los Canales, el 1 de agosto, atraiga a medio millón de personas a los canales de la ciudad.

Para muchas personas LGBTQI+, el valor de estos encuentros nunca fue meramente local. Cuando la hostilidad vuelve impensable celebrar una marcha del Orgullo en su contexto local, las personas miran hacia afuera con la esperanza de que una multitud que marcha libremente en otra parte también lo haga por ellas. Ese es el deber que impone esta temporada del Orgullo a quienes todavía pueden reunirse: el de movilizarse tanto por sí mismas como por las muchas personas que se ven obligadas a ocultar quiénes son.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org