En un momento en que la sociedad civil sufre ataques en todo el mundo, el 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue una prueba clave para determinar si las instituciones internacionales están en condiciones de proteger el espacio para la incidencia y la disidencia. Cuando las actividades concluyeron el 8 de julio, la sociedad civil había conseguido varias victorias. Ahora los esfuerzos se centrarán en tratar de garantizar que estos avances se traduzcan en cambios concretos dentro de un sistema internacional sometido a una enorme presión.

El principal logro de la sociedad civil fue la adopción de una resolución sobre el espacio cívico. El texto señala las crecientes restricciones a nivel mundial y reconoce explícitamente el papel legítimo que cumple la sociedad civil en la prevención de conflictos y la construcción de la paz. La sesión también supuso avances en derechos de género y acción climática, alcanzados gracias a una intensa labor de incidencia de la sociedad civil.

La resolución sobre el espacio cívico abordó las duras realidades que enfrenta la sociedad civil en todo el mundo, como leyes represivas, restricciones digitales, represión de protestas, demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) y represión transnacional.

Reconoció el papel legítimo de la sociedad civil, un desafío directo a los discursos autoritarios que retratan a los activistas como una amenaza política desestabilizadora. Destacó los riesgos que enfrentan las organizaciones de base y las mujeres defensoras de los derechos humanos, y reconoció que las restricciones al espacio cívico afectan de manera desproporcionada a quienes trabajan en temas que el poder considera delicados.

El texto también reconoció la iniciativa de la sociedad civil Declaración +25, que busca complementar la histórica Declaración de las Naciones Unidas de los defensores de los derechos humanos de 1998, en reconocimiento de la necesidad de reforzar las protecciones existentes ante la evolución de las amenazas.

Sin embargo, la resolución dejó importantes vacíos. No abordó las recomendaciones de la iniciativa UNMute, respaldadas por más de 50 Estados, que plantean medidas para mejorar el acceso de la sociedad civil a los espacios globales de toma de decisiones. Entre ellas figuran el nombramiento de un enviado especial de las Naciones Unidas para la sociedad civil, la mejora de los procesos de concesión de visados para las personas de la sociedad civil del sur global, una mejor dotación de recursos para las oficinas de apoyo de las Naciones Unidas, y el aumento de la financiación para la participación en los eventos de la ONU. La resolución tampoco reconoció cómo la actual crisis financiera de la ONU, junto con los recortes que ha realizado el Consejo en respuesta a ello — como la reducción de la duración de las sesiones y la limitación de los eventos paralelos— ha restringido las oportunidades de participación de la sociedad civil.

Durante la sesión también se renovó por tres años el mandato del Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, lo que aporta una continuidad crucial en la defensa de las libertades cívicas fundamentales. Asimismo, una resolución sobre la seguridad de periodistas reforzó aún más la protección del espacio cívico al abordar la libertad de expresión. Aprobada con el firme apoyo de más de 70 Estados copatrocinadores, incluyó referencias a la represión transnacional, la vigilancia y los conflictos armados, reflejo de las crecientes amenazas que enfrentan los periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Una resolución sobre tecnologías digitales nuevas y emergentes instó a los Estados a abstenerse de aplicar sistemas de inteligencia artificial que contravengan el derecho internacional de los derechos humanos, y encomendó ampliar la labor de promoción de los derechos humanos en el ámbito de tecnologías digitales en todo el sistema de las Naciones Unidas.

Derechos de género bajo ataque

Si bien la sociedad civil logró avances para algunos de los grupos que enfrentan las reacciones más intensas, en muchos casos debió centrarse en preservar protecciones ya existentes.

Una coalición notable de 1.259 organizaciones de 157 países y territorios hizo campaña por la renovación del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La renovación se aprobó tras una votación reñida entre los 47 miembros del Consejo, con 29 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones.

La resolución fue presentada por seis Estados latinoamericanos y copatrocinada por 50 Estados de todas las regiones, lo que refutó el falso argumento de que los derechos LGBTQI+ son una imposición del norte global. Es fundamental destacar que fue la primera vez que una resolución del Consejo condenó explícitamente las leyes que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y a las identidades de género diversas, y exhortó a los Estados a reformar las legislaciones discriminatorias. Esto marcó un giro importante respecto del lenguaje diplomático habitual, que hasta entonces solo alentaba a considerar posibles reformas.

El Consejo adoptó seis resoluciones relacionadas con el género, aunque solo tras intensos debates sobre su contenido. La resolución sobre la necesidad de acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas fue aprobada tras el rechazo de intentos de introducir enmiendas hostiles, lo que puso en evidencia que la igualdad de género se ha convertido en un terreno cada vez más disputado en los foros internacionales. Las propuestas opositoras buscaban debilitar el lenguaje sobre la autonomía de las mujeres y los derechos reproductivos, reflejo de esfuerzos más amplios por revertir los avances feministas.

También se renovó el mandato del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, y se aprobó una resolución sobre la eliminación de la mutilación genital femenina, reafirmando el compromiso con la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, incluso algunos términos aparentemente progresistas generaron preocupación: por ejemplo, una resolución sobre el empoderamiento económico de las mujeres empleó lenguaje centrado en la familia y la maternidad, lo que podría usarse para reforzar estereotipos de género en vez de cuestionarlos.

Acción climática y defensores del medio ambiente

Una resolución sobre derechos humanos y cambio climático representó un avance al incluir, por primera vez, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. También instó a las instituciones financieras internacionales a respetar los derechos humanos en relación con el clima. La resolución se alinea con el creciente número de fallos judiciales que reconocen el impacto del cambio climático y la degradación ambiental sobre los derechos humanos.

Sin embargo, estos avances estuvieron limitados por compromisos políticos. La resolución no reconoció explícitamente la necesidad de una transición justa desde los combustibles fósiles ni de protección de personas defensoras de derechos humanos ambientales, a pesar de que reconoció que se encuentran entre los grupos más vulnerables. En este sentido, el texto no fue tan lejos como la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que afirmó que las personas defensoras del medio ambiente desempeñan un papel fundamental frente a la crisis climática.

Problemas de financiación

A pesar de los avances, una realidad inquietante marcó el desarrollo de la sesión. La ONU atraviesa actualmente la peor crisis de financiación de su historia. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos, el principal contribuyente, está impulsando políticas de retirada y recortando fondos de organismos multilaterales, sumándose a los 76 Estados que no han pagado sus cuotas.

Las consecuencias ya son palpables. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos anunció que 18 actividades mandatadas no se llevarán a cabo debido a restricciones presupuestarias, incluida la Comisión de Investigación sobre los graves abusos cometidos en el este del Congo, establecida apenas unos meses atrás. Las investigaciones sobre Palestina, Sudán y Ucrania operan actualmente al 30%-60% de su capacidad, lo que socava los esfuerzos por documentar violaciones y respaldar procesos de rendición de cuentas en medio de conflictos devastadores.

Sin financiación, la rendición de cuentas internacional en materia de derechos humanos se debilitará, y los Estados represivos aprovecharán ese vacío. Eritrea, uno de los Estados más autoritarios del mundo, intentó utilizar la crisis de financiación para poner fin al mandato del Relator Especial que investiga su pésimo historial en materia de derechos humanos. Si bien el intento fracasó, es probable que otros sigan su ejemplo, buscando sacar provecho de las debilidades institucionales.

Mientras la sociedad civil se moviliza a escala global para exigir que la ONU proteja los derechos humanos, las instituciones creadas con ese propósito sufren recortes. Como señalaron diversos grupos de sociedad civil en una declaración conjunta, los Estados miembros de las Naciones Unidas están enviando un mensaje claro: la defensa y aplicación de los derechos humanos son, en el mejor de los casos, opcionales.

El desafío por delante: preservar lo logrado en tiempos de crisis

A medida que la ONU se acerca a su 80º aniversario, la última sesión del Consejo dio motivos de esperanza, pero también de frustración. La sociedad civil demostró que es capaz de asegurar protecciones para los derechos humanos en tiempos turbulentos, mediante una labor coordinada entre regiones, movimientos y Estados aliados.

Sin embargo, la sesión también puso en evidencia cómo los dobles estándares persistentes socavan la credibilidad del Consejo. Si bien se logró consenso sobre el trato del gobierno de Myanmar hacia los musulmanes rohingya y otras minorías, el Consejo guardó un silencio notable frente a otras violaciones graves. La opresión sistemática de los derechos humanos por parte de China continuó sin ser cuestionada, a pesar de las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado. Del mismo modo, la grave situación de los derechos humanos en Egipto no recibió la atención que merece, a pesar de que el país rechazó 134 recomendaciones formuladas por otros Estados durante su Examen Periódico Universal.

La realidad es que los Estados poderosos pueden seguir actuando con impunidad, mientras que las naciones más pequeñas se enfrentan a un escrutinio más riguroso. Esta dinámica amenaza la legitimidad de los procesos destinados a promover y supervisar los derechos. La controversia en torno a Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados- quien en su reciente informe instó a los Estados a cortar sus vínculos con la “economía de ocupación” de Israel y fue sancionada por Estados Unidos- ilustra la perversa dinámica en juego.

La crisis institucional fragiliza los logros de la sociedad civil. La Iniciativa ONU80 —una campaña centrada en la eficiencia y el impacto, vinculada al 80º aniversario de la ONU— podría abrir nuevas oportunidades de cambio, pero también corre el riesgo de reducir aún más el acceso y la influencia de la sociedad civil en nombre de la eficiencia. Dado que el presupuesto revisado de la ONU para 2026 probablemente incluirá recortes significativos en materia de derechos humanos, la sociedad civil reclama que la iniciativa adopte un enfoque centrado en los derechos humanos y amplíe los espacios de participación.

En lugar de impulsar interpretaciones progresistas de los derechos, la sociedad civil se ve cada vez más obligada a defender las protecciones ya existentes. El hecho de que resoluciones basadas en principios fundamentales – como una vida libre de violencia y de discriminación- no fueran adoptadas por consenso, sino por votaciones divididas, muestra hasta qué punto los derechos humanos están siendo cuestionados en el escenario global.

Aun así, la sesión demostró que, pese a las crecientes presiones, la mayor fortaleza de la sociedad civil —su capacidad para movilizarse desde las bases hasta los niveles globales, cruzando fronteras y movimientos— permanece intacta. Ahora, el futuro de la protección internacional de los derechos humanos dependerá de si la incidencia articulada que permitió estas victorias puede adaptarse para enfrentar los desafíos que se avecinan.

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