Cuando Rodrigo Duterte se jactó de su papel en las ejecuciones extrajudiciales, nunca imaginó que acabaría detenido en La Haya. Sin embargo, el 27 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la solicitud de liberación presentada por su defensa, garantizando así que el expresidente autoritario de Filipinas permanezca bajo custodia a la espera de ser juzgado por crímenes contra la humanidad.

La detención, extradición y encarcelamiento de Duterte ofrecen esperanza a las numerosas familias de las víctimas y demuestran que la CPI aún puede hacer avanzar la justicia, incluso en un contexto en el que cuatro Estados se retiran de la corte y otros se niegan a cooperar.

Un avance decisivo en la lucha contra la impunidad

Duterte encabezó lo que él mismo denominó una “guerra contra las drogas” durante su presidencia, entre 2016 y 2022, así como en su etapa anterior como alcalde de la ciudad de Davao. La policía tenía libertad para matar a cualquier persona considerada sospechosa, con incentivos económicos por cada asesinato y la garantía de inmunidad presidencial. Cuando Duterte dejó el cargo, se estimaba que unas 30 000 personas habían sido asesinadas, entre ellas niños. La mayoría pertenecían a los sectores más pobres de la sociedad y muchas habían sido acusadas injustamente.

Duterte se vanagloriaba de esas muertes. Meses después de ganar la presidencia, se jactó públicamente de su participación directa en los asesinatos cometidos en Davao. El año pasado admitió que, durante su mandato como alcalde, mantenía un escuadrón de la muerte integrado por delincuentes organizados que actuaban bajo sus órdenes. Finalmente, el 11 de marzo, la policía filipina lo detuvo en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la CPI.

Los abogados de Duterte sostienen que no debería permanecer detenido debido al deterioro de su salud, alegando que la disminución de sus capacidades cognitivas le impide preparar adecuadamente su defensa, aunque los testimonios de quienes lo han visitado ponen en duda esa afirmación. A sus 80 años, Duterte podría incluso eludir la justicia, ya que la CPI suele tardar años en completar el complejo proceso de recopilación de pruebas, audiencias legales, juicios y recursos antes de que la sentencia quede firme.

Sin embargo, la justicia puede llegar, como lo demuestra una sentencia dictada este año en un caso relacionado con la República Centroafricana (RCA). El 24 de julio, la CPI condenó a dos líderes milicianos a 15 y 12 años de prisión por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Ambos, Patrice-Édouard Ngaïssona y Alfred Yékatom, encabezaban el movimiento Anti-Balaka, implicado en un sangriento conflicto civil tras la toma del poder por parte de la coalición rebelde Séléka en 2013. Séléka reclutaba principalmente a sus miembros entre comunidades musulmanas y, en respuesta, las milicias Anti-Balaka, asociadas a la mayoría cristiana del país, perpetraron ataques contra civiles musulmanes.

Hicieron falta más de una década para que ambos fueran responsabilizados por las atrocidades cometidas en 2013 y 2014. No obstante, el veredicto —que reconoce su responsabilidad tanto por los crímenes cometidos directamente como por aquellos que ordenaron— supone un alivio para los supervivientes y envía una clara advertencia de que la impunidad no puede darse por garantizada. La sociedad civil, que desempeñó un papel clave en la recopilación de pruebas y el apoyo a los supervivientes, volvió a demostrar su importancia.

Al mismo tiempo, la sentencia suscitó críticas por una supuesta justicia selectiva, al acusarse a la corte de centrarse en los líderes de Anti-Balaka y no en los de Séléka. Este tipo de percepciones pueden perpetuar las divisiones y alimentar tensiones entre los distintos grupos religiosos y políticos. Dos altos cargos de Séléka están siendo procesados por la CPI, pero uno de ellos se ha dado a la fuga y el otro enfrenta un juicio iniciado en 2022. También es cierto que algunos antiguos miembros de Séléka ocupan actualmente cargos en el gobierno, lo que les permite ejercer influencia política para obstaculizar las investigaciones.

Justicia fragmentada

El caso de la RCA se inició tras su remisión por parte del propio gobierno a la CPI, lo que puso de manifiesto una debilidad fundamental del sistema: aunque la CPI es excepcional en tanto que no concede inmunidad a los jefes de Estado, su capacidad de actuación depende en gran medida de la cooperación de los Estados. En Filipinas, la orden de detención contra Duterte solo se ejecutó cuando cambiaron los cálculos políticos, tras la ruptura pública entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la hija de Duterte, la vicepresidenta Sara Duterte. De repente, cooperar con la corte pasó a ser conveniente para Marcos, lo que le permitió asestar un golpe a su adversario más combativo.

El patrón de ratificaciones del Estatuto de Roma, mediante el cual los Estados aceptan la jurisdicción de la CPI, da lugar a un sistema de justicia fragmentado y dependiente de la cooperación de los Estados. En total, 125 Estados son partes en el Estatuto de Roma, pero varios Estados clave se mantienen al margen, entre ellos tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) —China, Estados Unidos y Rusia—, así como Israel y otros países donde se registran actualmente graves violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos armados, como Myanmar y Sudán.

Durante sus primeros años, debido a que muchos Estados africanos ratificaron rápidamente el Estatuto de Roma y remitieron casos al tribunal, la CPI se centró principalmente en casos africanos. Al hacerlo, la CPI se apoyó en la disposición de esos gobiernos a cooperar. Con el tiempo, esta dinámica dio lugar a críticas que acusaban a la corte de parcialidad y de reproducir lógicas neocoloniales. Sin embargo, cuando ha intentado enfrentarse a Estados con gran peso geopolítico, como Israel y Rusia, el tribunal se ha topado con límites impuestos por la realidad política internacional.

La CPI aún puede abrir investigaciones si los Estados aceptan su jurisdicción, si la fiscalía decide iniciar un procedimiento o si el Consejo de Seguridad de la ONU lo solicita. No obstante, el bloqueo estructural del Consejo, debido al derecho de veto, hace que esta última vía sea poco probable. En ausencia de cooperación estatal, las figuras más poderosas suelen permanecer en libertad.

Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin están sujetos a órdenes de detención de la CPI: Netanyahu por crímenes contra la humanidad y por el crimen de guerra de utilizar la hambruna como método de guerra en Gaza; Putin, por el crimen de guerra de deportación y traslado ilegales de niños en Ucrania. Ninguno de los dos tiene perspectivas reales de ser procesado, a menos que su situación política se deteriore de forma significativa.

En teoría, estas órdenes deberían al menos restringir su capacidad de viajar, ya que los Estados miembros de la CPI están obligados a ejecutar las detenciones. Pero, en la práctica, los Estados pueden optar por no hacerlo. Netanyahu pudo visitar Hungría en abril, donde fue recibido con honores por el primer ministro de extrema derecha Viktor Orbán, mientras que Putin recibió garantías de que no sería detenido durante su viaje a Mongolia el año pasado. El líder alemán Friedrich Merz también declaró que Netanyahu sería libre de visitar el país. El incumplimiento de estas obligaciones no conlleva consecuencias reales. Putin también ha realizado viajes a países no miembros de la CPI, como India y Corea del Norte, mientras que Netanyahu es un visitante habitual de Estados Unidos y ha afirmado que seguirá viajando a Nueva York a pesar de la promesa del nuevo alcalde, Zohran Mamdani, de detenerlo.

En un plano menos visible, en enero la policía italiana detuvo al jefe militar libio Ossama Anjiem, en cumplimiento de una orden de detención de la CPI, pero un tribunal lo dejó en libertad por un defecto de forma y lo devolvió a Libia. La decisión fue controvertida, dado que el gobierno italiano mantiene estrechos vínculos económicos y políticos con Libia, incluida la cooperación para impedir que migrantes africanos en Libia crucen hacia Italia. Las personas migrantes retenidas en Libia son víctimas de graves abusos de derechos humanos, en los que Anjiem está implicado, lo que habría convertido un juicio en un asunto incómodo para las autoridades italianas. En contraste, en julio las autoridades alemanas detuvieron a otro ciudadano libio, Khaled Mohamed Ali El Hishri, buscado por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y lo trasladaron recientemente a La Haya.

Estados en camino de abandonar la CPI

Actualmente, el número de Estados miembros de la corte amenaza con reducirse. Tras la visita de Netanyahu, Hungría anunció su intención de retirarse de la CPI, un proceso que requiere un año. En septiembre, tres Estados gobernados por juntas militares en África Occidental –Burkina Faso, Mali y Níger— anunciaron de forma conjunta su retirada, alegando que la corte se ha convertido en una herramienta de represión neocolonial y prometiendo la creación de mecanismos judiciales alternativos.

Estas iniciativas reflejan una tendencia cada vez más generalizada de incumplimiento de las normas internacionales, en la que una de las estrategias consiste en abandonar las instituciones multilaterales. Poco después de asumir el poder, la Administración Trump anunció su retirada del Acuerdo de París, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y posteriormente confirmó su salida de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de negarse a participar en la cumbre del G20 celebrada en noviembre en Sudáfrica.

La hostilidad del gobierno estadounidense hacia la CPI lo llevó a imponer sanciones contra nueve funcionarios del tribunal. El temor a ser penalizadas por violar las sanciones hizo que dos organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos se mantuvieran al margen de la reunión anual de la CPI a principios de diciembre. Resulta alentador que numerosos Estados reaccionaran a las sanciones reafirmando su apoyo a la corte.

Argentina, bajo el liderazgo del presidente ultraderechista Javier Milei, siguió el ejemplo de Trump y se retiró de la OMS, mientras que el gobierno autoritario de Nicaragua fue aún más lejos: entre febrero y mayo abandonó la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la UNESCO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Antes de anunciar su salida de la CPI, Burkina Faso, Mali y Níger completaron en enero su salida de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, creando una organización rival, la Alianza de Estados del Sahel.

Muchas de estas decisiones buscan eludir la rendición de cuentas internacional, en respuesta a las críticas formuladas por los organismos multilaterales contra gobiernos y líderes autoritarios. Los dos Estados que abandonaron anteriormente la CPI, Burundi y Filipinas, lo hicieron tras verse afectados por investigaciones de la CPI que incomodaron a los líderes políticos. El proceso de la CPI contra Duterte solo es posible porque los crímenes que se le imputan se cometieron cuando Filipinas aún era Estado parte.

Los recientes casos de retirada y de negativa a cooperar con la CPI resultan especialmente preocupantes, ya que se producen en un momento en el que se cuestiona el principio mismo de la cooperación multilateral y en el que violaciones masivas de los derechos humanos, como las que está cometiendo Israel en Gaza, corren el riesgo de normalizarse.

Se necesita más justicia, no menos

Como tribunal mundial de última instancia, la CPI está llamada a intervenir y juzgar los crímenes más graves cuando los mecanismos judiciales nacionales y regionales no lo hacen. Sin embargo, el poder y la impunidad de la que suelen gozar los perpetradores a nivel nacional, sumados al insuficiente financiamiento de los tribunales regionales, generan una brecha que la CPI no puede cerrar por sí sola.

En la RCA, parte del problema radica en el funcionamiento de su Tribunal Penal Especial —una jurisdicción compuesta por jueces nacionales e internacionales encargados de juzgar los crímenes graves cometidos durante el conflicto—, que se ha visto obstaculizado por la escasez de recursos, retrasos prolongados, maniobras políticas, falta de transparencia y la incapacidad de las autoridades para ejecutar las órdenes de detención. Las críticas que señalan que la CPI no ha llevado ante la justicia a un mayor número de responsables reflejan, en parte, las deficiencias de este proceso judicial paralelo. En Burkina Faso, Mali y Níger, donde los gobiernos militares han adoptado numerosas medidas para limitar la rendición de cuentas de quienes ostentan el poder, resulta poco probable que la creación de nuevos mecanismos judiciales permita exigir responsabilidades a los insurgentes yihadistas, las fuerzas gubernamentales y los mercenarios rusos, todos ellos implicados en la comisión de crímenes.

La justicia es necesaria a todos los niveles: nacional, regional e internacional. La CPI no puede asumir esta tarea en solitario, pero su contribución sigue siendo fundamental. Sin ella, es probable que los responsables de crímenes contra los derechos humanos en la RCA permanecieran en libertad y que Duterte nunca hubiera sido detenido en Filipinas. El tribunal, surgido tras una iniciativa de la sociedad civil y creado tras años de incidencia sostenida, continúa adoptando medidas fundamentales en la lucha contra la impunidad. Para las víctimas, ver cómo perpetradores poderosos son finalmente llevados ante una justicia de la que siempre esperaron que escaparan convierte estas victorias imperfectas en algo de enorme valor.

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