En abril de 2022, cuando se celebró en Chile la primera cumbre anual del Acuerdo de Escazú, un tratado sobre derechos ambientales, la sociedad civil resistió con éxito los intentos de reducir el espacio para su participación y exigió más espacio para las comunidades indígenas. En la región más letal del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, la sociedad civil continúa trabajando para presionar a los gobiernos reacios para que firmen y ratifiquen el acuerdo. La sociedad civil sigue comprometida con el proyecto de largo plazo de garantizar que los Estados traduzcan el acuerdo en acciones efectivas, que incluyan la protección de las personas defensoras de derechos humanos, y trabajará para que los Estados rindan cuentas por sus incumplimientos.

La sociedad civil latinoamericana tiene algo para celebrar: el 22 de abril, a exactamente un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se clausuró la primera Conferencia de las Partes (COP) del tratado con importantes avances en el desarrollo de mecanismos inclusivos para su aplicación.

La primera COP del Acuerdo de Escazú -el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- se celebró en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile. El anfitrión fue el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, quien buscó devolver al país el rol de liderazgo que desempeñó durante la elaboración del tratado, al que la anterior administración renunció al negarse a ratificarlo.

Adoptado en 2018 en la localidad costarricense de Escazú, se trata del único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo ambiental a nivel regional en América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos ambientales, un potencial avance en la región con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Los avances en la reunión de abril no podían darse por sentados: de hecho, la sociedad civil enfrentó intentos de reducir sus espacios de participación, pero luchó con éxito para defenderlos.

La participación de la sociedad civil: hechos, no palabras

La COP1 de Escazú se apartó de las prácticas habituales en este tipo de cumbres internacionales y ofreció al público la oportunidad de participar y presentar sus argumentos junto a los representantes de los Estados. Para canalizar esta participación, se eligieron seis “representantes del público” -en su mayoría activistas socioambientales o miembros de organizaciones que trabajan por la transparencia y la participación en asuntos ambientales- mediante una votación abierta organizada por la CEPAL. Su función fue la de operar como puente entre la sociedad civil más amplia y los representantes de los Estados en la mesa de negociaciones.

Todos los participantes inscriptos tuvieron también derecho a la palabra, y la gran presencia de jóvenes activistas y personas defensoras de las comunidades indígenas hizo del evento un espacio mucho más democrático de lo que es habitual.

La cumbre se centró en tres artículos del acuerdo: las normas para su aplicación, incluidos los mecanismos para una participación pública significativa; el financiamiento necesario para su funcionamiento y aplicación; y el establecimiento de un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que la sociedad civil considera el corazón del tratado: se espera que este órgano vuelva exigibles a nivel nacional las obligaciones internacionales emanadas del acuerdo y garantice la rendición de cuentas de los Estados.

La COP1 acordó los elementos básicos de este comité: estará formado por personas expertas -las cuales serán seleccionadas en la COP2, prevista para el año que viene en Argentina- y trabajará en colaboración con la sociedad civil, la cual podrá llamar la atención sobre los incumplimientos de los Estados. También podrá adoptar medidas de protección para las personas defensoras ambientales que den la voz de alerta sobre las violaciones de las obligaciones de los Estados asumidas en virtud del acuerdo.

Pero el camino no estuvo desprovisto de obstáculos. Algunos representantes estatales, específicamente de Bolivia, intentaron bloquear las negociaciones sobre el comité, alegando que tenían una propuesta alternativa supuestamente acordada con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas bolivianos. Según representantes independientes de la sociedad civil boliviana, las consultas dirigidas por el Estado habían sido opacas y se habían limitado a los grupos alineados con el gobierno. En el ulterior debate, los representantes del Estado boliviano llegaron a insinuar que los representantes indígenas debían ser designados a dedo por el gobierno. La sociedad civil se mantuvo en estado de alerta porque este es un problema habitual, especialmente en contextos muy polarizados, y era de esperarse que resurgiera en el marco de esta reunión.

Al mismo tiempo, se elevaron voces en demanda de mayor inclusión en el proceso de los pueblos indígenas -y no solamente de los grupos alineados con sus gobiernos. Nadino Calapucha, un joven líder Kichwa de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas de Ecuador, destacó que Escazú aún no cuenta con un portavoz de los pueblos indígenas, una omisión flagrante en una región en que los pueblos indígenas están en las primeras líneas del daño ambiental, el activismo y la represión.

Voces desde las primeras líneas

Natalia Gómez es representante del público en el Acuerdo de Escazú y asesora de políticas de cambio climático en EarthRights International, una organización de la sociedad civil (OSC) que emprende acciones legales contra los autores de abusos contra los derechos ambientales, capacita a activistas y trabaja con las comunidades para exigir un cambio significativo y duradero.

 

La primera COP fue muy importante en términos políticos, ya que renovó el compromiso político con el Acuerdo de Escazú.

De ella salieron varias decisiones importantes, como las reglas para el funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. De esta instancia también surgieron las reglas para las futuras COP, las cuales incluyen un capítulo sobre cómo el público -la sociedad civil- puede participar en las conferencias. Adicionalmente, se logró que salga una Declaración sobre el tema de defensores y defensoras ambientales en América Latina y el Caribe, la cual crea un Grupo de Trabajo, un Foro anual, y un Plan de Acción para la implementación de Escazú.

Estos resultados permiten que la implementación de los Acuerdos siga avanzando. Políticamente se vio mucho compromiso. Las reglas adoptadas son muy positivas para la participación de activa de la sociedad civil. Incluso en esta COP, tuvimos una gran participación de sociedad civil, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, de pueblos indígenas. La sociedad civil tuvo voz directa en las negociaciones para llevar sus propuestas.

Presiones de la sociedad civil por la ratificación

El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, está abierto para la adhesión de los 33 países de la región. Sin embargo, hasta ahora solo ha sido ratificado por 12. Otros 11 lo han firmado pero aún no lo han ratificado.

Llama la atención la ausencia de varios países con graves problemas ambientales y conflictos territoriales, como Brasil, Colombia -el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente del mundo-, Guatemala, Paraguay y Perú. Chile, El Salvador y Honduras -el país con el mayor índice de asesinatos per cápita- están entre los que ni siquiera han firmado el tratado.

En todos los países hay redes y grupos de la sociedad civil que trabajan para difundir el Acuerdo de Escazú entre las comunidades y presionar a los gobiernos para que lo firmen, lo ratifiquen y lo implementen. La Red Regional Escazú, que incluye a cerca de 30 OSC de varios países, coordina esfuerzos regionales para generar conciencia sobre la importancia del acuerdo y su ratificación e implementación.

Estos esfuerzos están dando resultados, especialmente en contextos políticos cambiantes donde los giros electorales hacia opciones más progresistas han abierto nuevas oportunidades. Chile, un país que junto a Costa Rica lideró el proceso del tratado durante años, se negó a ratificar Escazú bajo su anterior presidente de derecha, Sebastián Piñera, pero bajo su nuevo gobierno está en camino de hacerlo.

Bajo presión de la sociedad civil, el presidente de Colombia, que transita el final de su mandato, también envió un proyecto de ley de adhesión al Congreso, pero su propio partido se mostró reacio a aprobarlo. Sin embargo, pocos días después del final de la COP1, el Senado finalmente lo debatió y le dio una aprobación preliminar. Si, como predicen sistemáticamente las encuestas, el candidato progresista Gustavo Petro gana las próximas elecciones presidenciales, aumentarán las esperanzas de una rápida ratificación. Petro ha elegido como compañera de fórmula a la reconocida ambientalista afrocolombiana Francia Márquez, y ha hecho de la lucha contra el cambio climático uno de los pilares de su campaña, prometiendo suspender la exploración petrolera, acelerar la transición energética y tomar medidas decisivas contra la deforestación.

Distinto es el caso de El Salvador, donde a pesar de la incansable incidencia de la sociedad civil, el presidente populista Nayib Bukele se ha negado sistemáticamente a ratificar el tratado, arguyendo que algunas de sus cláusulas no se adecuan el contexto de su país. En particular, se ha opuesto a las cláusulas que considera que “afectan al desarrollo”, es decir, que interpreta como una obstrucción a los proyectos de vivienda e infraestructuras. Bajo el mandato de Bukele, el gobierno ha eliminado protecciones medioambientales al tiempo que ha acumulado poderes y restringido el espacio cívico, dejando a las personas defensoras ambientales en un estado de completa desprotección. Desde la perspectiva de la sociedad civil, esto vuelve a la adopción de Escazú más necesaria y urgente que nunca.

Voces desde las primeras líneas

César Artiga es coordinador del Equipo Impulsor Nacional de Acuerdo de Escazú en El Salvador.

 

Las restricciones al espacio cívico se están normalizando de una manera muy peligrosa. La gente piensa que es algo normal suspender derechos y vivir en estado de excepción permanente. Hemos visto una serie de agresiones y campañas de desprestigio y difamación de las OSC, perpetradas por el órgano ejecutivo, pero también por sectores que apoyan a la administración actual.

También hemos visto una intención deliberada de abandonar la dimensión ambiental de la gestión pública. El gobierno impulsa una flexibilización de la normativa ambiental para adaptarla a su estrategia de megaproyectos. Se han violado todos los plazos y procedimientos de consulta pública y participación ciudadana.

En toda América Latina hay una fuerte disputa por el acceso a bienes comunes naturales como el agua y la tierra. Por efecto del cambio climático, El Salvador tiene una situación de agua muy crítica y experimenta eventos climáticos extremos con creciente frecuencia. Todo esto se verá exacerbado por la vulnerabilidad socioambiental que está generando la flexibilización de la normativa y la imposición de megaproyectos.

El Salvador no tiene ninguna normativa sobre personas defensoras de derechos humanos; esta es una figura que no existe aquí. Si bien realizan una tarea clave de bien común, las personas defensoras de El Salvador viven bajo una situación de abandono estatal total. Por eso tiene mucho sentido dotar al país de instrumentos robustos como el Acuerdo de Escazú.

Pero el gobierno de El Salvador mantiene una posición contraria a Escazú y no desea convertirse en un Estado parte. El Estado no garantiza ningún tipo de condiciones, protección o seguridad para el pleno ejercicio de las labores del defensor. No hay un entorno seguro o habilitante. Necesitamos medidas específicas de protección, y nuestro país no las tiene porque ni siquiera reconoce a la figura de persona defensora, ni está dando pasos hacia tal reconocimiento.

Honduras: ¿la luz al final del túnel?

En la vecina Honduras, decenas de grupos comunitarios y OSC han trabajado incansablemente dentro y junto a la Red Hondureña por Escazú para promover y debatir el acuerdo e instar al gobierno a ratificarlo.

Pero un gobierno en connivencia con las empresas extractivas y cómplice de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente y de la violencia contra ellas cuenta con escasos incentivos para adherir a un mecanismo que busca imponerle rendición de cuentas. Mientras estuvo en funciones un gobierno surgido del golpe militar de 2009, bajo cuya mirada fueron asesinadas más de 130 personas defensoras ambientales, no hubo posibilidades de realizar avances.

Pero a principios de 2022 se abrió una ventana de oportunidad: Honduras eligió a su primera presidenta, Xiomara Castro, del partido de izquierda Libre, poniendo fin a un largo periodo de dominio conservador. Elegida con un impresionante 51% de los votos en unas elecciones con récord de participación, pronunció un enérgico discurso de investidura en el cual prometió la pronta libertad de los presos políticos de Guapinol, un grupo de ocho defensores del medio ambiente detenidos por resistirse a un proyecto minero, y justicia para Berta Cáceres, la destacada líder y activista indígena asesinada en 2016. En el marco del cumplimiento de estas promesas, el gobierno ha comenzado a dar señales de su voluntad de unirse a Escazú.

Voces desde las primeras líneas

Edy Tábora es director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho defensores del río Guapinol recientemente liberados.

 

El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Edy. Lea la entrevista completa aquí.

La realización de los derechos ambientales y la protección de las personas defensoras del medio ambiente no empieza ni termina con la ratificación de un tratado. Una vez ganada la campaña por la ratificación, a la sociedad civil le espera otra batalla de largo aliento, de la cual realistamente solo cabe esperar avances palmo a palmo en la domesticación de las normas internacionales y su traducción en acciones que ataquen la raíz del problema de la criminalización y la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente: el modelo extractivista de desarrollo que prioriza la ganancia sobre las personas y el medio ambiente.

El proceso para traducir al Acuerdo de Escazú en acciones concretas ha tenido un comienzo prometedor, pero cabe recordar que es apenas un comienzo. La sociedad civil de toda la región seguirá tomando parte en el proceso de Escazú para defender y ampliar su espacio y transformar las ambiciones del acuerdo en realidad en el territorio, que es donde verdaderamente importa.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • Los Estados de América Latina y el Caribe que aún no han firmado o ratificado el Acuerdo de Escazú deben iniciar el proceso a la mayor brevedad posible.
  • La sociedad civil de toda la región debe seguir colaborando para presionar a los gobiernos reticentes para que firmen y ratifiquen el acuerdo.
  • La sociedad civil debe permanecer alerta para asegurar que los Estados que han adoptado el acuerdo lo traduzcan en políticas y mecanismos implementables, incluida la protección de las personas defensoras.

Foto de portada de Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images