En la medida en que los gobiernos promueven los vehículos eléctricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se está produciendo una carrera global por la extracción de litio, un componente fundamental de las baterías. Sin embargo, la extracción de litio provoca graves daños ambientales y afecta negativamente a las comunidades ubicadas cerca de las minas. La movilización contra la minería consiguió recientemente una victoria en Serbia, donde el activismo forzó la retirada de las licencias mineras. Pero es probable que el mayor impacto de la minería del litio se sienta en América Latina, donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos del mundo, y donde las comunidades excluidas tienen pocas probabilidades de ser escuchadas. Se necesita una reflexión más profunda, ya que las respuestas al cambio climático que mantienen intactos los modelos económicos extractivistas y consumistas no harán más que perpetuar la destrucción ambiental, la exclusión social y las violaciones de derechos.

El activismo serbio ha cumplido un objetivo crucial: ha obtenido una orden de suspensión de los trabajos en una nueva mina que amenaza con tener impactos ambientales devastadores. Pero dado que conocen el celo con que su gobierno ha encarado los proyectos mineros, todavía no bajan la guardia.

Su lucha resuena en las comunidades de todo el mundo que están siendo amenazadas por una nueva ola de extracción con supuestas credenciales verdes: la minería del litio.

La lucha serbia

La mina en cuestión se encuentra en el valle serbio de Jadar, una zona que concentra alrededor de la quinta parte de la producción agrícola del país. La empresa minera a cargo es Río Tinto, una enorme corporación de la industria extractiva global, que en 2004 descubrió allí un mineral al que llamó “jadarita”. Lo que hace valiosa a la jadarita es que contiene borato, comúnmente utilizado en compuestos químicos, y litio, ampliamente utilizado en la producción de baterías.

Río Tinto rápidamente se puso a comprarles sus tierras a los agricultores y a cavar pozos de exploración. Encontró en el gobierno un socio bien dispuesto, que en 2015 aprobó una ley que declaraba la extracción de boro y litio, entre otros minerales, de interés estratégico para el país. La ley facilitó a las empresas la obtención de permisos y presionó a la población para que vendiera sus tierras por poco dinero. Río Tinto parecía estar firmemente encaminada a inaugurar una enorme mina.

Pero mientras que algunos agricultores del Valle de Jadar vendieron sus tierras a Río Tinto, otros se negaron. Una campaña local que subrayó los probables impactos ambientales de la mina suscitó atención nacional. Puso de manifiesto que la mina ponía en peligro a más de 15.000 familias de agricultores, amenazaba la fauna de las dos zonas de conservación de aves de la zona y ponía en peligro importantes yacimientos arqueológicos.

Ya se observaban indicios obvios de daño ambiental. Aunque el secretismo que envuelve al emprendimiento dificultó las investigaciones, éstas revelaron que alrededor de los pozos experimentales no crecía nada. Armados con esta información, los activistas presentaron una denuncia judicial en la que acusaban a Río Tinto de infringir las leyes ambientales serbias.

La campaña y la acción legal se combinaron con la protesta callejera. El pasado mes de diciembre, durante sucesivos fines de semana, miles de personas bloquearon las carreteras en señal de protesta. En respuesta, las autoridades locales del Valle de Jadar suspendieron su plan de desarrollo y Río Tinto detuvo las obras. Como las protestas masivas continuaron, en enero el gobierno retiró las licencias mineras que había concedido.

Pero el activismo todavía no se ha puesto a celebrar. Consideran que el gobierno ha cedido a causa de la cercanía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: el gobierno se estaría distanciando de una política impopular para obtener un beneficio electoral. La coalición gobernante enfrenta una oposición poco organizada y, tras esta corrección del rumbo, confía en conservar el poder.

Sin embargo, una vez superado el obstáculo de las elecciones, es posible que ya no haya nada que impida al gobierno reactivar la extracción de litio. Es por eso que los activistas están presionando para que la extracción de litio sea absolutamente prohibida en Serbia.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Miroslav Mijatović es presidente del Equipo Anticorrupción Podrinje (PAKT), una organización de la sociedad civil que lucha contra la corrupción y promueve y defiende las libertades y los derechos humanos.

 

Actualmente hay 172 permisos de exploración minera en Serbia, y en diez sitios se está explorando el litio. El proyecto que más ha avanzado hasta ahora es el del Valle de Jadar.

En otros lugares de Serbia se están llevando a cabo investigaciones preliminares, por lo que gente de todas partes se ha unido a nuestra lucha por miedo a lo que les espera.

Por ahora, la lucha contra Río Tinto se desarrolla en la justicia. Todavía no hemos entrado en el terreno de la protección del medio ambiente porque aún no está claro qué proceso tecnológico se utilizará para separar el litio y el boro. Según reputados expertos y académicos a los que hemos consultado, es casi imposible extraer el litio y el boro sin un grave impacto ambiental. Los datos disponibles muestran que durante los 60 años estimados de vida de la mina se depositarán en el Valle de Jadar unos 90 millones de toneladas de residuos mineros.

Todos los contratos de Río Tinto están clasificados como “secretos comerciales”. La comunidad local no sabía casi nada del proyecto hasta que salió a la luz un plan espacial para la zona especial de Jadar. No hay ningún control real sobre lo que hace la empresa porque, aunque parezca mentira, Serbia sólo tiene tres inspectores de minas.

Ayudamos a la comunidad local a registrar su asociación, “No abandonaremos a Jadar”, y pronto decidimos iniciar un petitorio en línea. Solicitamos la ayuda de expertos y académicos y activamos al mayor número posible de figuras públicas, incluidos deportistas y actores.

Colaboramos con un diputado de la oposición que consiguió una reunión con la primera ministra. Le mostramos las 300.000 firmas electrónicas que habíamos recogido y le explicamos por qué estábamos en contra de la mina, pero en respuesta nos dijo que estábamos en contra del progreso y ahí se acabó el diálogo.

Sin embargo, los medios de comunicación empezaron a prestar atención, y cuando los canales de televisión extranjeros empezaron a llegar al Valle de Jadar, supimos que ya no estábamos solos.

En cuanto a las acciones legales, ya hay tres denuncias presentadas contra la empresa. La principal está relacionada con la contaminación ambiental a gran escala.

Durante meses recorrimos los pozos de Río Tinto en el Valle de Jadar y comprobamos que alrededor de ellos no crecía nada, ni siquiera maleza. Los organismos de inspección no reaccionaron ante nuestras pruebas, y entonces alguien se dirigió a nosotros con un contrato de indemnización redactado en nombre de Río Tinto, en el que la empresa reconocía la contaminación de los pozos de exploración y se ofrecía a pagar una indemnización al propietario de la parcela. Investigamos y encontramos otros cinco contratos de este tipo, todos ellos clasificados como secretos. Es posible que haya muchos más, porque hay más de 580 pozos exploratorios en el Valle de Jadar.

Presentamos una denuncia contra la empresa ante la Fiscalía, adjuntamos los contratos y solicitamos una investigación pericial independiente para saber cuántos pozos tienen fugas y qué tipo de contaminación producen.

La campaña conectó con la gente, y en la segunda semana de protestas contra el escandaloso proyecto de ley de expropiación, que el gobierno intentó hacer pasar por la Asamblea Nacional mediante el procedimiento de urgencia, hubo más de 120.000 personas en las calles.

Frente al panorama de tanta gente movilizada en un año electoral, el gobierno reaccionó. Primero retiró el proyecto de ley de expropiación. A continuación, revocó el decreto que daba luz verde al proyecto de Río Tinto y dio marcha atrás con el plan de ordenación del territorio destinado a la realización del proyecto, que había sido introducido ilegalmente.

El hecho de que la gente se movilizara en un año de elecciones fue lo que cambió todo. Esto da para pensar que el gobierno accedió a lo que considera un pequeño compromiso temporario para contentar a los manifestantes, pero que todo volverá a la normalidad después de las elecciones de abril.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Miroslav. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.

Competencia global por el litio

Serbia es apenas uno de los muchos lugares donde se libra esta batalla. Hay una carrera global para extraer litio, porque su uso en la fabricación de baterías lo vuelve clave para la transición a los vehículos eléctricos. Todos los planes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero involucran el reemplazo de vehículos impulsados por combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Esto incrementa la necesidad de baterías, y por lo tanto de litio.

Sin embargo, es imposible extraer litio sin causar daños. La extracción de litio requiere del uso de productos químicos tóxicos e insume enormes cantidades de agua. Provoca escasez de agua entre las comunidades circundantes y amenaza con envenenar el agua que queda. Los residuos mineros pueden filtrarse a través del suelo y llegar a los cursos de agua. Esto ya es un gran problema en la llanura aluvial del Valle de Jadar.

Según reputados expertos y académicos a los que hemos consultado, es casi imposible extraer el litio y el boro sin un grave impacto ambiental.

MIROSLAV MIJATOVIĆ

Sin embargo, la demanda de litio no hace más que aumentar. Los vehículos eléctricos son la piedra angular del plan de la Unión Europea (UE) para reducir las emisiones: ésta quiere que para 2030 haya 30 millones de vehículos de este tipo en las carreteras y planea prohibir la venta de nuevos coches alimentados por combustibles fósiles a partir de 2035. En la actualidad, la UE importa todo su litio, mayormente de continentes lejanos, y está buscando fuentes más cercanas. El litio de Serbia ya ha sido reservado por la industria automovilística alemana.

Y no se trata solamente de Europa: la gran potencia económica china quiere que en 2030 los vehículos eléctricos representen el 40% de todas sus ventas automotores. A nivel mundial, las ventas están aumentando: los vehículos eléctricos representan ahora alrededor del 9% del mercado total de automóviles; en apenas dos años ha más que triplicado su cuota de mercado.

En el marco de este auge minero, Portugal se encuentra en una situación similar a la de Serbia: cuenta con importantes yacimientos de litio, y las comunidades locales se oponen a los planes mineros. En 2021, un grupo del distrito de Covas Do Barroso hizo una campaña bajo el lema “no a la mina, sí a la vida”, logrando retrasar la apertura de una mina a cielo abierto para que se pudieran realizar consultas públicas y evaluaciones de impacto ambiental.

Cuando en mayo de 2021 se celebró en Lisboa, la capital de Portugal, la Conferencia Europea sobre Minería Verde, grupos ecologistas y movimientos locales se unieron para presentar un manifiesto contra el litio. Rechazaron la idea misma de que pudiera existir algo así como una “minería verde”, denunciando que se trata de una falsa narrativa de lavado verde.

El triángulo del litio en América Latina

Es posible que las campañas de Portugal y Serbia fueran noticia porque ocurrieron en Europa. Ofrecieron una oportunidad para poner presión sobre las instituciones europeas, incluida la UE. Pero los mayores yacimientos de litio del mundo no están en Europa, sino al otro lado del globo: en una región conocida como el triángulo del litio, que abarca una serie de salares de Argentina, Bolivia y Chile. El proceso de extracción de litio requiere un enorme volumen de agua, mientras que estos son algunos de los lugares más secos del planeta.

La historia del extractivismo en América Latina está plagada de violencia. Una y otra vez, las comunidades que se resisten a la extracción ven violados sus derechos y sus voces no son escuchadas. Son reubicadas a la fuerza u obligadas a convivir con una contaminación devastadora que arruina su salud y destruye sus medios de vida. Los grupos indígenas son despojados de sus tierras ancestrales. Las comunidades nunca ven los beneficios de los emprendimientos. Las personas defensoras de derechos humanos enfrentan enormes peligros. Según Global Witness, en América Latina son asesinados más activistas ambientales que en ninguna otra parte, mayormente en conexión con las industrias extractivas, y especialmente la minería.

Si la fiebre del litio continúa, cabe esperar que se produzcan más abusos de derechos. Las conciencias verdes de quienes disfrutan de los vehículos eléctricos en el norte global probablemente no se verán afectadas por estos lejanos sufrimientos experimentados en el sur global.

Para los países con las mayores reservas de litio, el asunto apenas empieza. Las grandes reservas de Bolivia permanecen hasta ahora mayormente sin explotar. En 2019 unas masivas protestas hicieron fracasar un acuerdo entre el gobierno y una empresa alemana. En agosto pasado, las protestas se reanudaron cuando la gente bloqueó las carreteras en respuesta a la visita de una empresa estadounidense. La minería del litio suele ser considerada una imposición extranjera que aportará pocos beneficios a los bolivianos. Las comunidades cercanas a los posibles emplazamientos exigen mayor participación en la toma de decisiones y una ley que garantice que toda extracción beneficiará a la población local.

La extracción está más avanzada en Chile, que suministra casi una cuarta parte del litio del mundo. Pero su ulterior expansión enfrenta resistencias. Las comunidades indígenas cercanas al salar de Atacama exigen que se suspendan los permisos de explotación de la minera SQM hasta que se acuerde un plan ajustado a estándares ambientales. Después de 11.000 años en estas tierras, las comunidades indígenas se están viendo privadas del acceso al agua necesaria para la vida.

Las comunidades acusan al gobierno de violar los tratados internacionales sobre consulta con los pueblos indígenas. En enero, representantes de las comunidades se reunieron con miembros del Congreso de Chile para pedir que se retrase el proceso de licitación minera. Al igual que los activistas serbios, también están recurriendo a los tribunales: presentaron un recurso de amparo -una solicitud de protección de sus derechos constitucionales- que la Corte Suprema de Chile recientemente aceptó considerar.

En marzo comienza el nuevo gobierno progresista chileno, liderado por un antiguo líder de las protestas, Gabriel Boric. Una convención que incluye representación indígena está elaborando una nueva constitución, la cual se espera que incluya nuevas protecciones ambientales. En un momento potencialmente decisivo de la historia de Chile, una de las primeras pruebas para el gobierno será escuchar las voces de las comunidades indígenas afectadas por la minería del litio.

Urgente búsqueda de alternativas

El litio no es el único problema. Cada vez hay más conciencia de los elevados costos de derechos humanos asociados a la extracción de cobalto, otro ingrediente clave de las baterías para vehículos eléctricos. Los mineros de cobalto en la República Democrática del Congo viven y trabajan en condiciones de esclavitud moderna. También se está prestando atención a los daños ambientales provocados por la extracción de otro componente de las baterías, el níquel. En Indonesia, donde se encuentran las mayores reservas de níquel del mundo, se ha descubierto que las fuentes de agua cercanas a las minas contienen altas concentraciones de sustancias químicas cancerígenas.

En esencia, los gobiernos y las empresas enfrentan el siguiente dilema: cómo efectuar una transición hacia tecnologías que provoquen menores daños al clima mientras se respetan los derechos de las comunidades afectadas por la extracción. Pero hay pocos indicios de que este dilema esté siendo tomado en serio.

Está claro por qué las empresas mineras deciden ignorar el problema. Su atracción por la minería, un sector actualmente en auge, se debe no solamente a razones financieras, sino también al hecho de que, por su conexión con los vehículos eléctricos, ofrece una oportunidad inmejorable para las relaciones públicas. A través de la minería del litio, consiguen posicionarse como empresas “verdes” que están liderando la salida de la crisis climática. Para que este lavado de cara verde funcione, hacen todo lo posible por quitar importancia a los impactos de la minería sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

La sociedad civil desconfía, con razón, de las soluciones propuestas para reducir las emisiones que permiten un mayor crecimiento del sector extractivo. Realmente no existe tal cosa como la “minería verde”.

La avaricia de las empresas -reflejada en la determinación de las grandes empresas de combustibles fósiles de aferrarse a su negocio tóxico durante el mayor tiempo posible- es una de las cosas que ha metido a la humanidad en este problema. Más de la misma codicia no puede ser la solución.

Entre los gigantes de la industria extractiva, Río Tinto tiene un historial especialmente malo en materia de derechos humanos e impacto ambiental. En Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea, su actividad minera contribuyó a desencadenar un sangriento conflicto y luego se negó durante años a reconocer el daño ambiental provocado – lea nuestro artículo aquí. En Australia, la empresa recientemente destruyó antiguos sitios sagrados de las comunidades indígenas para extraer mineral de hierro.

El pasado mes de febrero, una investigación interna de Río Tinto reveló que su perjudicial comportamiento externo iba acompañado de una cultura interna tóxica caracterizada por el racismo, el sexismo y el acoso. No es precisamente una empresa de la cual quepa esperar que respete los derechos humanos y no deberíamos permitirle que se proyecte como salvadora del planeta.

En los anuncios publicitarios, los vehículos eléctricos encarnan la promesa de mitigar el cambio climático sin cambiar nada más: sin ningún cambio en los estilos de vida basados en el consumo. En la reciente cumbre del clima COP26, se prestó mucha más atención a los vehículos eléctricos que a las alternativas con menos emisiones de carbono, como el transporte público y la bicicleta. Las soluciones que reducen la demanda en lugar de satisfacerla se mantienen fuera de la mesa. El actual modelo económico mundial de extracción, producción y consumo permanece intacto.

El debate debe centrarse no solamente en la forma de reducir las emisiones sino también en el tipo de sociedad que queremos, empezando por el reconocimiento de que el modelo económico actual es insostenible.

En última instancia, los incentivos económicos no están alineados con la acción climática. Las empresas mineras tienen enormes incentivos para extraer ya y rápido, mientras el litio está en auge y antes de que despeguen otras alternativas. Pero no debemos contentarnos con ello.

Debemos dedicar más esfuerzos a desarrollar y reproducir a escala alternativas a las baterías de litio que sean menos perjudiciales, así como a recuperar y reciclar el litio de las baterías existentes, que en la actualidad son en gran medida incineradas o van a parar a vertederos. Los incentivos económicos son perversos porque actualmente es más barato extraer litio que reciclarlo.

La sociedad civil está presionando a los tomadores de decisiones para que se opongan a la aprobación de nuevos proyectos mineros y den prioridad al medio ambiente y a los derechos de las comunidades. También está presionando a las empresas y a quienes las respaldan -instituciones financieras, inversores y fondos de pensiones-, incluso mediante acciones legales.

En última instancia, los activistas de Chile, Serbia y otros países no nos instan a optar entre un cambio climático galopante y el sacrificio de sus comunidades y sus tierras. No apuestan a que el mundo continúe igual pero con vehículos alimentados con otro combustible. Lo que reclaman es que la humanidad viva dentro de los límites del planeta y tome decisiones que no hagan recaer los mayores costos del cambio climático sobre los que menos tienen. Es hora de que los escuchemos.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El gobierno de Serbia debería prohibir totalmente la extracción de litio.
  • En lugar de impulsar la “minería verde”, la UE debería liderar el desarrollo de tecnologías para baterías menos dañinas.
  • Los gobiernos de países con yacimientos de litio deben comprometerse a entablar un diálogo abierto e inclusivo con las comunidades locales y a acordar planes para respetar los derechos y ofrecer beneficios a las localidades antes de encarar cualquier proyecto.

Foto de portada de Andrej Isakovic/AFP vía Getty Images