En plena temporada de vacaciones de verano en Europa y Norteamérica, y en medio de una serie de olas de calor provocadas por el cambio climático, multitudes abarrotan playas y centros urbanos en cifras cada vez mayores. Forman parte de una industria gigantesca: el año pasado, los viajes y el turismo aportaron 10,9 billones de dólares a la economía mundial, alrededor del 10% del PIB global. Tras la pandemia de COVID-19, el sector turístico se ha recuperado con más fuerza que nunca.

Pero los residentes de los destinos más visitados conocen bien el lado negativo: aglomeraciones de visitantes, cambios permanentes en sus barrios, conductas antisociales, presión sobre los servicios locales, impacto ambiental (basura y contaminación), y encarecimiento de la vivienda.

Se habla de sobreturismo cuando la industria afecta de manera sistemática a la calidad de vida de los residentes. Es un problema creciente, reflejado en las recientes protestas en varios países, donde grupos de base de la sociedad civil exigen enfoques más sostenibles.

Protestas de residentes

En junio hubo protestas coordinadas en toda Europa. En Barcelona, una ciudad de 1,6 millones de habitantes que recibe 32 millones de visitantes al año, la Asamblea de Vecinos por el Decrecimiento Turístico organizó una protesta en la que se taparon entradas de hoteles, se lanzaron bombas de humo y se dispararon pistolas de agua. En Génova, los manifestantes arrastraron por las estrechas calles del casco medieval la réplica de un crucero para denunciar los impactos del turismo de cruceros. Estas acciones se planificaron en un encuentro celebrado en abril con representantes de Francia, Italia, Portugal y España, donde se constituyó la Red del Sur de Europa contra la Turistificación.

No fueron las primeras protestas. En mayo, miles de personas salieron a la calle en las Islas Canarias, y el año pasado se registraron movilizaciones en varias ciudades europeas. Más recientemente, los vecinos de Montmartre, en París, colgaron pancartas frente a sus casas para visibilizar cómo el sobreturismo está cambiando su barrio.

Los grupos de la sociedad civil también actúan más allá de las marchas. En los Países Bajos, el colectivo Amsterdam Has a Choice, integrado por residentes, amenaza con emprender acciones legales contra el ayuntamiento. En 2021, tras una petición liderada por la sociedad civil que recibió más de 30.000 firmas, el ayuntamiento fijó un límite de 20 millones de pernoctaciones turísticas anuales. Sin embargo, las investigaciones muestran que ese tope ha sido sistemáticamente superado. Ahora el grupo evalúa demandar a la ciudad para que se cumpla.

Las protestas se multiplican en distintos países porque la gente enfrenta el mismo problema: el sobreturismo transforma sus comunidades y, cada vez más, la expulsa de ellas.

Impacto ambiental y social

El turismo puede generar empleo, pero con frecuencia se trata de trabajos mal pagados o estacionales, con escasos derechos laborales. En los destinos más saturados, los negocios orientados a los turistas suelen sustituir a aquellos necesarios para los residentes, y las empresas locales establecidas acaban expulsadas por el alza de los alquileres.

Los impactos ambientales recaen sobre la población local mientras los turistas suelen quedar al margen. En Ibiza, por ejemplo, los activistas denuncian que la escasez de agua genera restricciones para los residentes, mientras que los hoteles no enfrentan limitaciones. Las zonas comunes de las que antes dependían los residentes, como playas y parques, se saturan y se deterioran. Al final, las comunidades corren el riesgo de convertirse en meros escenarios de consumo y extracción, con repercusiones sobre cuestiones intangibles pero esenciales como la identidad y el sentido de pertenencia. No es casual que un movimiento en España se llame “Menos turismo, más vida”.

El problema no es solo la cantidad de turistas, sino también el tipo de turismo. Crece la preocupación por el auge de los cruceros, un sector que ya no es exclusivo de generaciones mayores y que vive un auténtico boom.

Las pequeñas naciones insulares del Caribe conocen desde hace tiempo las consecuencias del turismo masivo de cruceros: elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, vertidos de residuos al mar, urbanizaciones costeras que dañan los ecosistemas, propiedades en manos extranjeras en los lugares más codiciados y oportunidades económicas muy limitadas para la población y las empresas locales.

Quienes llegan en crucero suelen desembarcar en grandes grupos y por periodos cortos, generando molestias pero contribuyendo poco a los negocios locales, ya que la mayor parte de su gasto va a actividades controladas por las compañías de cruceros. El problema, además, está literalmente creciendo: los barcos son cada vez más grandes. Los cruceros actuales son auténticas ciudades flotantes, y los más grandes transportan a miles de personas. Cuando atracan, dominan los paseos marítimos y se convierten en un símbolo inconfundible del sobreturismo.

Problemas de vivienda

El costo de la vivienda es una de las principales preocupaciones en las protestas contra el sobreturismo. En muchos países, comprar o alquilar una vivienda se ha vuelto inaccessible, con precios muy por encima de los salarios. Los jóvenes son los más afectados: deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler, y muchos viven en condiciones precarias y con pocas perspectivas de acceder algún día a una vivienda propia. El tema ha cobrado gran relevancia política, y alimenta la búsqueda de alternativas por parte de los votantes jóvenes, lo que ha beneficiado a políticos nacionalistas y populistas.

La crisis de la vivienda tiene muchas causas, entre ellas las ideologías turbocapitalistas que consideran la vivienda como un activo de inversión antes que una necesidad pública, lo que deriva en ciudades profundamente desiguales donde una minoría rica puede vivir muy bien a costa de los alquileres que pagan los menos afortunados. También influyen el crecimiento de la población urbana, los elevados costos de construcción y la escasez de oferta habitacional.

Pero el turismo agrava el problema al impulsar el uso de propiedades para alquileres vacacionales de corta duración en lugar de residencias permanentes. Antes, la mayoría de los turistas se alojaba en hoteles; ahora, muchos recurren a Airbnb y plataformas similares para alquilar apartamentos gestionados de forma privada. En numerosas zonas turísticas, los residentes han visto cómo viviendas antes viables se compraron como inversión para lucrativos alquileres a corto plazo, reduciendo la oferta de viviendas disponibles y encareciendo las viviendas que quedan.

Quienes viven en edificios convertidos casi por completo en alojamientos turísticos denuncian la desaparición de sus comunidades: ya no tienen vecinos, pero en cambio deben soportar el comportamiento antisocial de visitantes que se la pasan de fiesta. Además, el sector suele estar menos regulado que la hotelería, lo que facilita que los propietarios ignoren normas y eludan impuestos. Se estima que solo en España existen 66.000 apartamentos turísticos ilegales.

En Ciudad de México, el malestar crece por la llegada masiva de nómadas digitales –personas que se trasladan de país en país trabajando en forma remota– y su impacto sobre la vivienda. Desde la pandemia, la ciudad se ha convertido en el hogar temporal de muchos nómadas digitales, sobre todo de Estados Unidos y otros países del norte global, que llegan atraídos por el menor costo de vida. Esto ha disparado el uso de Airbnb y ha favorecido la aparición de empresas dedicadas exclusivamente a este nicho. En julio, la indignación derivó en marchas por el centro de la ciudad en señal de protesta, en las que algunos manifestantes atacaron negocios y pintaron grafitis.

Se calcula que hoy hay unos 40 millones de nómadas digitales en todo el mundo, concentrados en algunas de las ciudades donde la sociedad civil exige medidas contra el sobreturismo, como Ámsterdam, Barcelona y Lisboa. En 2022, Portugal lanzó un programa para nómadas digitales con bajos impuestos para trabajadores extranjeros, tras haber relajado sus normas para atraer inversión extranjera mediante la concesión de permisos de residencia a cambio de la compra de propiedades. Ahora enfrenta una grave crisis de vivienda, y muchos portugueses destinan casi todo lo que ganan al pago de un alquiler.

Medidas necesarias

Las protestas contra el sobreturismo acapararon titulares el año pasado cuando un grupo roció con agua a turistas en Barcelona. Pero, en general, los manifestantes insisten en que no buscan atacar a los visitantes ni se mueven por xenofobia. Su reclamo es claro: quieren un equilibrio justo entre turistas que disfrutan de sus vacaciones y residentes que puedan vivir con normalidad. Exigen que quienes se benefician del turismo paguen la parte que les corresponde para hacer frente a sus impactos.

Las protestas empiezan a dar frutos. Las autoridades están tomando medidas para frenar el alquiler vacacional. El año pasado, un tribunal español ordenó retirar casi 5.000 alojamientos de Airbnb por incumplir la normativa turística. El alcalde de Barcelona anunció planes para eliminar los alquileres turísticos de corta duración en un plazo de cinco años, negándose a renovar ninguna de las más de 10.000 licencias vigentes. Lisboa suspendió la concesión de nuevas licencias para este tipo de alquiler, mientras que Atenas impuso una prohibición de un año para nuevos registros. En 2023, las autoridades de Nueva York introdujeron una regulación estricta para limitar el uso de Airbnb.

Aun así, persisten muchas lagunas regulatorias en distintos países, y los gobiernos nacionales y locales deben trabajar junto con los activistas para reforzar la normativa, en particular sobre los alquileres de corta duración.

Muchas autoridades locales también han implantado tasas turísticas. Venecia, por ejemplo, ha empezado a cobrar una tarifa en temporada alta a los no residentes que acceden al centro, mientras que Atenas ha comenzado a asignar horarios de visita para controlar la afluencia al Partenón. Es fundamental que los impuestos y tasas no se usen únicamente para cobrarles más dinero a los turistas o desincentivar la demanda: los fondos deben destinarse directamente a apoyar a las comunidades afectadas y a mitigar los daños causados por el sobreturismo.

Las autoridades también deben ser más cuidadosas con sus decisiones de marketing y abstenerse de promocionar el turismo de forma demasiado generalizada. Se ha intentado trabajar con influencers en redes sociales para impulsar un turismo más específico, pero en ocasiones esto ha resultado contraproducente, atrayendo multitudes que buscan replicar la “foto perfecta” en los destinos promocionados. Las campañas de marketing deberían sensibilizar a los visitantes sobre los impactos que pueden tener y promover prácticas que los reduzcan.

Los movimientos contra el sobreturismo seguramente seguirán creciendo y uniendo a colectivos preocupados por el medio ambiente, la vivienda y el trabajo, a medida que el problema se agrava y el cambio climático presiona aún más los escasos recursos. La preocupación por el sobreturismo refleja, en última instancia, una frustración más amplia: la de vivir en economías que no funcionan en beneficio de la mayoría. Los Estados y la comunidad internacional deben actuar con urgencia para construir economías más justas, más sostenibles y menos extractivas, y escuchar a los movimientos que hoy encienden la alarma contra el sobreturismo.

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