CIVICUS conversa acerca de la situación de la sociedad civil y las perspectivas para la democracia en Venezuela con Luz Mely Reyes, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, un medio de comunicación que cuenta la realidad y las luchas de las comunidades en Venezuela.

El 3 de enero, una intervención militar estadounidense culminó con la detención y extradición del presidente Nicolás Maduro, atrincherado en el poder tras negarse a reconocer los resultados de las elecciones de julio de 2024, ganadas por la oposición. Sin embargo, el poder no pasó al presidente electo, Edmundo González, quien permanece en el exilio, sino a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en virtud de un pacto que preserva los intereses de los mandos militares, el partido gobernante y la familia presidencial. Las esperanzas de restauración democrática se desvanecen ante un proceso que prioriza el control económico y social.

¿Qué ha cambiado en Venezuela desde el 3 de enero?

Quienes están en Venezuela describen algunos cambios, sobre todo a nivel de expectativas. Hay una sensación de optimismo moderado ante los anuncios de una posible flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos y la posibilidad de que el país vuelva a vender petróleo a precios internacionales, lo que podría mejorar los ingresos nacionales.

También ha tenido un impacto importante la excarcelación de presos políticos. Aunque todavía quedan muchas personas por liberar, se han verificado más de 300 excarcelaciones. Cada liberación representa un alivio enorme para una familia. Si consideramos que por cada persona presa hay al menos cuatro familiares directamente afectados, estamos hablando de miles de vidas marcadas por estas detenciones.

Algunas personas sienten que se ha abierto una pequeña ventana de esperanza. Por ejemplo, los medios han podido cubrir en la calle las demandas de familiares de presos políticos, algo que hace poco era impensable. Es una apertura mínima, pero simbólicamente importante.

Sin embargo, persiste la desconfianza. Estas no son liberaciones plenas, ya que las causas judiciales siguen abiertas y muchas personas salen bajo medidas cautelares, lo que mantiene el riesgo de volver a prisión. Además, la política de detenciones arbitrarias no ha sido formalmente desmontada. Mientras exista la posibilidad de que el sistema penal siga utilizándose como herramienta de control político, estos gestos se perciben como parciales y reversibles.

¿Cuáles son los obstáculos para desmantelar el aparato represivo?

Los obstáculos son enormes. Durante años las bases de la democracia se debilitaron de manera sistemática: se erosionaron los poderes legislativo y judicial, se destruyó el ecosistema mediático y se consolidó un sistema de impunidad. Tras el fraude electoral de julio de 2024, la represión alcanzó niveles muy altos, ejecutada principalmente por cuerpos policiales y grupos civiles armados bajo control directo del Ministerio del Interior.

Desmontar ese sistema implica reconstruir el poder judicial para garantizar el debido proceso, restituir libertades fundamentales como la libertad de expresión y recuperar la confianza en las instituciones. Todo esto en medio de una emergencia humanitaria profunda, con millones de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas, lo que hace a la reconstrucción institucional aún más compleja.

Tras la intervención del 3 de enero, la arquitectura represiva del Estado sigue intacta. Rodríguez ha sido parte de esa estructura, por lo que es difícil pensar que su ascenso pueda representar un cambio de fondo en la forma autoritaria de ejercer el poder. El respaldo que la ha brindado Donald Trump para este periodo de estabilización es un dato político con el que la sociedad venezolana debe lidiar. Pero desde una mirada crítica de la sociedad civil, no estamos ante una transición democrática sino ante un reacomodamiento en la cúspide del poder.

¿Cómo se están reorganizando los movimientos ciudadanos, y cuáles deberían ser los próximos pasos?

El contexto sigue marcado por la conmoción y la incertidumbre, pero distintos sectores de la sociedad comienzan a rearticularse. Gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas políticas y algunos sectores económicos están intentando reorganizarse. Los partidos políticos, en cambio, continúan muy debilitados tras años de persecución, exilio de dirigencias y falta de recursos. El terreno sigue siendo inestable, pero se observan esfuerzos por reconstruir espacios de acción colectiva.

Si quisiera demostrar que tiene voluntad de apertura, en las próximas semanas el gobierno debería restituir libertades fundamentales, derogar leyes represivas como la Ley contra el Odio, avanzar en una amnistía real y poner fin a las detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo, la sociedad civil debería generar un amplio espacio de encuentro entre partidos, sindicatos, gremios y organizaciones sociales para acordar una ruta de transición.

Finalmente, cualquier salida sostenible debe cimentarse en un proceso de justicia transicional que garantice verdad, reparación y no repetición. La reconciliación no es posible sobre el olvido, pero la justicia solo será legítima si se ejerce siguiendo el debido proceso, evitando que el anhelo de justicia se confunda con la revancha.

CIVICUS entrevista a un amplio espectro de activistas, personas expertas y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y otros temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas en las entrevistas son de las personas entrevistadas y no necesariamente reflejan las posiciones de CIVICUS. Su publicación no es una expresión de apoyo a los entrevistados ni a las organizaciones que representan.