CIVICUS conversa acerca de la situación del espacio cívico con Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En su primer informe como relatora, Romero resalta los efectos nocivos de la creciente retórica estigmatizadora de la sociedad civil. El informe advierte que esta tendencia puede conducir a un aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad y a la erosión del espacio cívico y la democracia. Insta a los gobiernos a tomar medidas para cumplir con su obligación de crear un entorno que proteja y promueva el ejercicio de las libertades cívicas fundamentales.

¿Qué obligaciones tienen los Estados en materia de libertad de asociación y reunión pacífica?

Según el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho a las libertades de asociación y de reunión pacífica. Los Estados no solo deben abstenerse de interferir en el ejercicio de estas libertades, sino que también deben garantizar que puedan ejercerse sin obstáculo, ni discriminación.

Incluso los grupos informales o no registrados tienen derecho a existir, a definir sus objetivos y realizar acciones para alcanzarlos, a buscar y manejar recursos, y a dictar sus normas y estructuras internas. Los procedimientos de registro y los requisitos para la operación de las organizaciones deben ser transparentes, no discriminatorios, accesibles, rápidos y económicos.

El Estado también debe facilitar la realización de reuniones pacíficas mediante sistemas de notificación y no de autorización, y debe mantener la neutralidad en relación con su contenido. Las reuniones, ya sean presenciales o en línea, estacionarias o móviles, deben poder realizarse en cualquier lugar – público o privado, cerrado o abierto – y formato – procesiones, demostraciones, plantones, marchas, vigilias, etc. – con la presunción de que son pacíficas, aunque en ellas ocurran actos violentos aislados. Las normas internacionales prohíben el uso de armas de fuego para dispersar asambleas, al igual que el uso de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual incluye el uso indiscriminado de las denominadas armas ‘menos letales’.

Toda restricción a las libertades de asamblea y de asociación debe estar fundada en los principios de legalidad y no discriminación, debe ser necesaria y proporcional a los intereses que pretende proteger, y ponderar el posible daño frente al beneficio resultante.

¿Por qué es alarmante el aumento de la retórica estigmatizadora de la sociedad civil?

Las narrativas hostiles y la estigmatización generan un círculo vicioso porque legitiman la represión y la imposición de leyes restrictivas, y éstas a su vez refuerzan las mismas narrativas estigmatizadoras. El ciclo comienza cuando un actor poderoso vilifica a quienes lo critican, monitorean o expresan intereses opuestos, tratándolos como enemigos, traidores, espías, agentes extranjeros o terroristas. El Estado entonces modifica las leyes para criminalizar sus acciones o utiliza medios extralegales para perseguirlos. La persecución, el acoso judicial y la imposición de penas, a su vez, refuerzan la narrativa estigmatizadora.

Este ciclo no solo reduce el espacio cívico, sino que también pone en riesgo a activistas y personas defensoras de derechos humanos, especialmente a quienes pertenecen a grupos excluidos, como mujeres, jóvenes, personas LGBTQI+, personas indígenas y minorías étnicas y religiosas.

¿Quiénes son los principales blancos, y cuáles podrían ser las consecuencias?

Los principales destinatarios de esta hostilidad son quienes que critican al gobierno o a los poderes económicos, y especialmente quienes promueven los derechos de minorías étnicas y religiosas, los derechos de las mujeres, incluidos los sexuales y reproductivos, y los derechos de la comunidad LGBTQI+; quienes defienden los derechos ambientales y de los pueblos indígenas; quienes promueven la paz y la justicia transicional; y quienes luchan por el estado de derecho, los derechos humanos, la democracia y la transparencia, y contra la corrupción y las irregularidades electorales.

La estigmatización también afecta a niños, niñas y jóvenes activistas implicados en cuestiones ambientales y de justicia social, así como a estudiantes y, en tiempos recientes, a participantes de manifestaciones de solidaridad con Palestina. En diversos contextos, los sindicatos y las asociaciones que defienden los derechos laborales también son blanco de estigmatización.

Las consecuencias son graves. La más extrema es la violencia – física, sexual, psicológica y emocional. Pero los ataques impactan también a las familias de las personas atacadas, incluyendo menores de edad y ancianos. Además, generan un efecto de silenciamiento y autocensura que debilita profundamente a la democracia.

¿Cómo se puede apoyar a la sociedad civil frente a estos ataques?

Una manera de apoyar a la sociedad civil es promover una mayor comprensión del derecho a la protesta, como lo hacen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de resoluciones sobre el derecho a la protesta pacífica y la sociedad civil a través de numerosas campañas y peticiones tales como Protejamos la protesta y Libre de protestar. También es importante crear discursos que refuercen el apoyo público a la0 democracia y los derechos humanos. Hay numerosas campañas en ese sentido, como Defender la democracia y Fe por los derechos.

Es fundamental monitorear las violaciones de estos derechos, como lo hace el CIVICUS Monitor, y sensibilizar a la comunidad sobre los efectos de las narrativas estigmatizantes a través de la recopilación de historias humanas que grafican dichos efectos. Las personas e instituciones que defienden los derechos humanos deben aprender a contar mejores historias para inspirar a más personas a expresar solidaridad y dar apoyo a quienes ven violados sus derechos. Campañas como Sé mi testigo y Ayudemos a liberarlos son buenos ejemplos de ello.

También es fundamental generar espacios seguros para el diálogo y la participación de la sociedad civil, especialmente en las organizaciones multilaterales, como lo reclama la campaña UNMute Civil Society.

Los Estados deben condenar la retórica perjudicial y promover narrativas alternativas, fomentar un diálogo inclusivo en la toma de decisiones, garantizar un marco legal en consonancia con las normas internacionales y generar conciencia de los logros históricos de los movimientos en favor de los derechos humanos.

La comunidad internacional debe exigir el fortalecimiento y la implementación de los marcos normativos internacionales y regionales. También debe denunciar, de manera pública y oportuna, la retórica estigmatizadora empleada para atacar a la sociedad civil y a los manifestantes pacíficos y utilizar la presión diplomática para contrarrestarla. Y debe proporcionar financiamiento y apoyo para mitigar su impacto.