“La sociedad no acepta la indiferencia ante el sufrimiento del pueblo palestino”
CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas de solidaridad con Palestina en España con representantes de SODePAZ, una organización de la sociedad civil que apoya la movilización política y el empoderamiento popular.
Desde septiembre de 2024, España ha sido escenario de intensas movilizaciones en solidaridad con Palestina. Protestas masivas, huelgas generales y acciones directas como la cancelación de La Vuelta ciclista reflejan la indignación ante dos años de un genocidio que ha causado al menos 69.000 muertes palestinas. Los manifestantes exigen coherencia ética de un gobierno que se presenta como defensor de los derechos humanos y su traducción en un embargo de armas y el fin de los acuerdos comerciales con Israel.
¿Qué detonó las manifestaciones y cuáles son sus demandas?
Como en muchos otros países europeos, el detonante fue la negativa del gobierno a actuar para detener el genocidio del pueblo gazatí. Las imágenes de destrucción, hambre y desplazamiento forzado han generado una profunda indignación en amplios sectores de la sociedad española, que perciben la pasividad de las instituciones europeas como una forma de complicidad con las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel.
En España, esa indignación se transformó en movilización ante la incoherencia de un gobierno que se presenta como progresista y defensor de los derechos humanos, pero mantiene acuerdos económicos, comerciales y militares con Israel. Los manifestantes expresan un hartazgo generalizado hacia la doble moral de una Europa que condena agresiones en otros lugares pero evita sancionar a Israel.
Las demandas de los manifestantes son claras y concretas: romper los acuerdos preferenciales con Israel, suspender el comercio de armas, poner fin a toda cooperación logística o militar que contribuya a la ocupación y utilizar la posición de España en la Unión Europea para impulsar una respuesta contundente, coherente con el derecho internacional. Además, reclaman el apoyo a las investigaciones por crímenes de guerra y una política exterior basada en la defensa real de los derechos humanos. No se trata solo de solidaridad, sino de exigir responsabilidad política y coherencia ética frente a la tragedia que vive el pueblo palestino.
¿Por qué la interceptación de la Flotilla Global Sumud por Israel generó una reacción tan fuerte?
La flotilla representaba una de las pocas iniciativas de diplomacia ciudadana pacífica con impacto internacional. Se trataba de un esfuerzo civil para romper simbólicamente el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria. Sus participantes eran activistas de distintos países, incluidos varios españoles.
El hecho de que Israel interceptara la flotilla violentamente en aguas internacionales – aunque no representaba una amenaza – generó una enorme indignación en la opinión pública. La sociedad española percibió ese acto como una agresión directa contra el derecho a la solidaridad y la acción pacífica. Fue un recordatorio de que incluso los gestos humanitarios son criminalizados cuando desafían el statu quo de la ocupación israelí.
El 4 de octubre, cientos de miles de personas marcharon en más de 70 ciudades, incluidas Barcelona, Madrid y Valencia, para condenar la interceptación y exigir el fin del conflicto. Posteriormente, el 15 de octubre, una huelga general y manifestaciones masivas paralizaron decenas de ciudades españolas en apoyo a Gaza.
¿Qué representó la cancelación de la etapa final de La Vuelta ciclista para el movimiento?
Fue un hito para el movimiento de solidaridad con Palestina, que ha estado activo por más de cuatro décadas. En septiembre, activistas interrumpieron repetidamente La Vuelta ciclista en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, logrando finalmente cancelar la etapa final en Madrid el 14 de septiembre. La cancelación simbolizó la capacidad de la ciudadanía para interrumpir la normalidad y llamar la atención sobre una causa justa. Fue una acción pacífica, creativa y altamente visible que permitió poner a Palestina en el centro del debate público.
Estas formas de desobediencia civil no buscan violencia ni confrontación, sino mostrar que la sociedad no acepta la indiferencia ante el sufrimiento del pueblo palestino. En un contexto de saturación mediática, acciones como esta logran captar la atención y abrir espacio para un debate ético y político más profundo.
¿Cómo ha respondido el gobierno español a las demandas de los manifestantes?
La respuesta del gobierno ha sido ambigua. Por un lado, la represión de las manifestaciones ha sido más moderada de lo esperado, lo cual es un punto positivo. Pero en cuanto a las demandas políticas, como la suspensión del comercio de armas o el apoyo activo a la flotilla, la postura ha sido tibia.
Aunque España ha reconocido formalmente al Estado de Palestina, este gesto se percibe como insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. La política exterior española sigue alineada con la prudencia diplomática de la Unión Europea, que en la práctica significa inacción. La sociedad civil esperaba más coherencia y liderazgo en la defensa del derecho internacional humanitario.
¿Qué estrategias utiliza el movimiento para mantener la presión?
Frente a esta respuesta gubernamental limitada, mantener el nivel de movilización no es fácil. Tras el supuesto alto el fuego en Gaza, la cobertura mediática disminuyó drásticamente, y con ello el interés público. Por eso, las organizaciones están recurriendo a estrategias más sostenidas: fortalecer las redes locales de apoyo, impulsar campañas de educación y sensibilización, y articular esfuerzos con movimientos internacionales.
La clave ahora es sostener la conciencia social más allá del impacto inmediato de las imágenes. Desde hace años, trabajamos en la denuncia sistemática de la ocupación, la tortura y el apartheid que Israel impone sobre el pueblo palestino. Hoy contamos con un elemento nuevo: la opinión pública internacional está más informada y consciente. La tarea es convertir esa conciencia en presión política efectiva y en un movimiento duradero por la justicia y los derechos humanos.