CIVICUS conversa sobre la embestida contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ en Argentina con Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización de la sociedad civil argentina de alcance regional.

El 1º de febrero, miles de personas convocadas por organizaciones del colectivo LGBTQI+ y de derechos de las mujeres se movilizaron en las principales ciudades argentinas en rechazo del discurso de odio del presidente Javier Milei. Días antes, Milei había denunciado al “feminismo radical” y la “ideología de género” en el Foro Económico Mundial en Davos. Sus propuestas, en línea con la agenda antigénero de Donald Trump, incluyen el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión y la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal como agravante de las penas por homicidio.

¿Por qué el gobierno busca eliminar la figura legal del femicidio?

La propuesta de eliminar la figura legal del femicidio del Código Penal se basa en el argumento de que esta figura otorgaría un “privilegio” a las mujeres, ya que estaría asignando a sus vidas mayor valor que a la de los hombres asesinados.

Esto no es cierto: en Argentina, la pena por homicidio – de ocho a 25 años – es siempre la misma. Luego, el Código Penal establece diversos agravantes que pueden elevar la pena a prisión perpetua. Algunos de estos agravantes se aplican independientemente de si involucra a personas con relaciones de parentesco o vínculo de pareja y sin importar el sexo de la víctima y del agresor (por ejemplo, si se mata con ensañamiento, o con un veneno; por placer, codicia u odio; o a cambio de un precio o promesa remuneratoria). Otros agravantes ponen el foco en el vínculo previo entre agresor y víctima, como por ejemplo cuando se mata al “ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. En ese caso, se aplica el agravante también si es la mujer la que asesina a un varón. Un ejemplo de ello fue el caso de Nahir Galarza, una mujer joven condenada a cadena perpetua por asesinar a su novio en 2017.

El agravante por femicidio, que por definición refiere al asesinato de una mujer por parte de un hombre, se aplica cuando hay evidencia de violencia de género, elevando la condena a cadena perpetua. Pero, como vimos, no es el único agravante posible.

El rechazo del agravante por femicidio se basa en la negativa a reconocer la existencia de una desigualdad estructural que hace que los femicidios sean diferentes de otros homicidios, a la que el Estado debería dar respuesta. El gobierno intenta borrar esa diferencia. La vicepresidenta, Victoria Villaruel, lo ha dicho muchas veces ya desde la campaña electoral: para ella la violencia “no tiene género” y todos debemos ser “iguales ante la ley”.

El feminismo reconoce que hay distintas formas de violencia y que los hombres también pueden ser víctimas. El problema es creer que todas las formas de violencia son iguales, que responden a las mismas causas y que tienen similares consecuencias. El eslogan de que todos somos iguales ante la ley, aunque atractivo, ignora las diferentes circunstancias en las que se desarrollan las personas y las injusticias que se derivan de tratarlas a todas de la misma manera.

¿Cómo se logró incorporar el femicidio en el Código Penal argentino?

La figura del femicidio surgió en América Latina como respuesta jurídica a un problema social persistente: la violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja. El femicidio es la manifestación más brutal de la violencia contra las mujeres, y se define como la muerte violenta de mujeres por razones de género, frecuentemente perpetrada por personas cercanas a la víctima, pero también como forma extrema de violencia sexual. El término surgió para evidenciar el carácter político de estos asesinatos y la necesidad de un abordaje específico, ya que las políticas de seguridad habituales no resultan efectivas para combatir asesinatos que suelen ocurrir en el ámbito privado.

Durante muchos años, la violencia hacia las mujeres se consideró un problema doméstico en el que el Estado no podía ni debía intervenir. Esto fue cambiando con la aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 y, a nivel regional, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar de la Violencia contra la Mujer, de 1994.

Activistas, académicas y periodistas lucharon durante años para visibilizar la violencia de género y los femicidios. Dejaron bien documentado que, si bien la mayoría de las víctimas de homicidio (8 de cada 10) son hombres, los asesinatos de mujeres tienen una especificidad propia. Las circunstancias y los perpetradores son radicalmente distintos: mientras que los hombres suelen ser asesinados por desconocidos en espacios públicos, a las mujeres las matan personas de su entorno: el 60% de las mujeres son asesinadas por una pareja o un familiar dentro de sus hogares. Poco más del 10% de los asesinatos de hombres ocurren de esta manera.

La figura del femicidio se incorporó al Código Penal argentino como un agravante del homicidio en 2012, siguiendo una tendencia regional que ya incluía a países como Costa Rica (2007), Guatemala (2008) y México (2012).

¿Cómo reaccionó la ciudadanía frente a las palabras de Milei?

La respuesta fue rápida y masiva. El 23 de enero, en su discurso en Davos, Milei afirmó que la llamada “ideología de género” constituye abuso infantil, asoció la homosexualidad con la pedofilia y describió a la “ideología woke” como “un cáncer que hay que extirpar”. Además de anunciar planes para eliminar el feminicidio del Código Penal, anunció que derogaría varias leyes de igualdad de género, incluidas las que garantizan la paridad de género en la representación política y las protecciones laborales para las personas LGBTQI+.

Muy rápidamente, organizaciones y activistas de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+, académicos y artistas se unieron para organizar una Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. La marcha tuvo lugar apenas una semana más tarde y fue masiva y contundente en numerosas ciudades.

Fue particularmente significativo el hecho de que incluso muchas personas que apoyan medidas económicas u otras iniciativas del gobierno expresaron públicamente su oposición a una agenda que es vista como atentatoria contra consensos democráticos y pluralistas muy trabajosamente construidos.

¿Está Argentina experimentando una ola antiderechos?

Estamos viviendo una ola regresiva que forma parte de un movimiento global que se viene gestando hace años, y que no ataca solamente a las feministas sino a toda la sociedad.

Seguiremos viendo tentativas de retroceso disfrazadas de iniciativas de equilibrio fiscal que, en realidad, son decisiones ideológicas. Está demostrado que desfinanciar las políticas de prevención y atención de la violencia de género termina costándole al Estado 22 veces más. La reducción de la inversión en programas de prevención del embarazo adolescente no intencional, por ejemplo, deriva en abandono escolar, dificultades laborales y reproducción intergeneracional de la pobreza.

Frente a estos retrocesos, junto a otras organizaciones estamos trabajando en herramientas legales, estrategias judiciales e iniciativas internacionales. Es fundamental que la sociedad se prepare y actúe colectivamente en defensa de los derechos y la democracia.