“El régimen busca consolidar el control absoluto eliminando toda fiscalización externa”
CIVICUS conversa sobre la retirada de Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras organizaciones internacionales con Wisthon Noguera, activista, estudiante y vicecoordinador de Plataforma Nacional Juvenil de Nicaragua.
En mayo, el gobierno nicaragüense anunció su retirada de la UNESCO luego de que la organización entregara el Premio Mundial a la Libertad de Prensa al periódico nicaragüense La Prensa, medio que opera desde el exilio. El régimen calificó al medio como traidor y lo acusó de fomentar la injerencia extranjera. La decisión del gobierno forma parte de una ofensiva sistemática contra la libertad de prensa y resulta en una nueva pérdida de espacios internacionales para la sociedad civil nicaragüense.
¿Por qué Nicaragua se retiró de la UNESCO?
Esta salida es el último episodio de una estrategia de aislamiento iniciada a principios de 2025. El régimen ha abandonado sistemáticamente los organismos de Naciones Unidas que cuestionan su gestión. Primero fue la Organización para la Agricultura y la Alimentación en febrero, después de que ésta clasificara a Nicaragua entre los países del mundo con mayores niveles de hambre. El presidente Daniel Ortega denunció “tendencias injerencistas” y cerró las oficinas del organismo.
Luego siguió la retirada simbólica del Consejo de Derechos Humanos, cuando sus expertos recomendaron demandar al Estado ante la Corte Internacional de Justicia por despojar de nacionalidad a más de 450 personas. A fines de febrero, abandonó también la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones tras recibir sugerencias de reformas. El patrón se repitió en mayo con la salida de la UNESCO.
La lógica es simple: el régimen rechaza a todo organismo que lo cuestione y busca consolidar el control absolutoeliminando toda fiscalización externa.
¿Qué revela esta decisión sobre la estrategia represiva del régimen?
La estrategia de aislamiento internacional refuerza el control interno que se intensificó tras la represión de las protestasde 2018. Desde entonces, el régimen ha desplegado una ofensiva implacable contra organizaciones sociales, medios independientes y universidades.
El periodismo ha pagado el precio más alto. Casos emblemáticos como el asesinato de Ángel Gahona y la desaparición forzada de Fabiola Tercero ilustran los riesgos de ejercer la libertad de expresión. El resultado es devastador: 283 periodistas han debido exiliarse, medios como La Prensa operan desde el exterior con enormes limitaciones, y dentro del país reina un clima de miedo y autocensura.
El sector educativo también sufre las consecuencias. La salida de la UNESCO debilita programas educativos justo cuando el régimen ha expropiado universidades, eliminado fondos públicos y cancelado la personería jurídica de por lo menos 37 instituciones educativas, incluida la emblemática Universidad Centroamericana.
Paralelamente, el régimen ha llevado a cabo reformas constitucionales para legalizar el autoritarismo, debilitando aún más la separación de poderes y cerrando los pocos espacios que quedaban para la participación democrática. El objetivo es eliminar cualquier forma de fiscalización, interna o externa, y acallar todas las voces críticas, incluso las que resisten desde el exilio.
¿Hay otros países de la región que estén siguiendo la misma trayectoria?
Nicaragua forma parte de una tendencia autoritaria regional preocupante. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ha restringido a las organizaciones civiles con leyes como la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a donaciones externas. Ambos gobiernos utilizan estrategias similares para limitar la libertad de asociación y el financiamiento de medios y organizaciones independientes.
Incluso ambos están colaborando con las políticas migratorias de Estados Unidos para obtener un beneficio: mientras que El Salvador negocia la recepción de personas deportadas de Estados Unidos a cambio de fondos para sus centros penitenciarios, Nicaragua las recibe en secreto. Esta realidad subraya la urgencia de fortalecer redes regionales de sociedad civil y desarrollar estrategias comunes contra el autoritarismo.
¿Cómo resiste la sociedad civil nicaragüense?
La represión ha diezmado a la sociedad civil, pero no la ha eliminado completamente. Desde 2018, más de 5.600 organizaciones han sido canceladas, lo que ha resultado en el casi total desmantelamiento del tejido cívico nacional. Las pocas organizaciones que sobreviven operan bajo estricta supervisión estatal, sin autonomía real.
La resistencia interna es prácticamente inexistente a causa de los enormes riesgos que conlleva, pero en el exilio la diáspora mantiene viva la denuncia internacional. Las organizaciones exiliadas documentan las consecuencias del autoritarismo e insisten en que los gobiernos de acogida adopten medidas más firmes hacia el régimen.
Sin embargo, la resistencia necesita más que declaraciones. La sociedad civil requiere mecanismos eficaces de protección para activistas y periodistas en riesgo, así como financiamiento sostenible para continuar operando desde el exilio. El compromiso internacional con la democracia y los derechos humanos en Nicaragua debe traducirse en acciones solidarias y concretas que refuercen la resistencia cívica, tanto dentro como fuera del país.