Los repertorios políticos nunca son completamente endógenos; existen efectos regionales. El actual contexto regional se caracteriza por la erosión de controles democráticos por parte de populismos tanto de derecha como de izquierda, lo que ha generado un entorno más permisivo hacia liderazgos con estilos autoritarios. Estos suelen presentarse como salvadores frente a élites supuestamente corruptas y anquilosadas en las instituciones y buscan concentrar poder debilitando las instituciones de control.

Costa Rica no es inmune a estas dinámicas. Pero su caso es especialmente preocupante porque se trata de una democracia consolidada desde 1953. No fue parte de la ola de transiciones a la democracia de los años 80, sino que para entonces ya tenía instituciones sólidas, altos niveles de inversión social y un modelo de desarrollo que era motivo de orgullo nacional. El triunfo de un proyecto político abiertamente hostil hacia ese modelo refleja la existencia de un malestar acumulado en amplios sectores de la población.

La crisis de seguridad es innegable. Durante décadas, Costa Rica mantuvo niveles de violencia bajos en comparación con el resto de la región. Pero desde la pandemia el crimen organizado transnacional ha penetrado más profundamente, particularmente en zonas costeras como Limón. En Europa se han reportado reiteradamente cargamentos de exportaciones costarricenses contaminadas con cocaína, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de los controles aduaneros.

En Costa Rica operan grupos vinculados a redes centroamericanas, colombianas y mexicanas, y se ha expandido el sicariato, con el consiguiente aumento de víctimas colaterales. En 2025, al igual que en 2024, el país registro más de 800 homicidios, las cifras más altas de su historia reciente.

En este contexto, el discurso de ‘mano dura’ fue central y efectivo a la hora de capitalizar el temor ciudadano. La candidata presentó como referente al modelo salvadoreño, aunque Costa Rica no tiene ejército, lo que limita la posibilidad de dinámicas represivas como las de otros países.

Pese al aumento de la cantidad de homicidios, durante el actual gobierno no se incrementaron adecuadamente los presupuestos del Organismo de Investigación Judicial, responsable de la investigación criminal. En cambio, el gobierno retiró fuerzas especializadas de control de drogas de zonas estratégicas y hubo controversias a raíz de reuniones de funcionarios con personas que luego fueron detenidas por delitos vinculados al narcotráfico. Aunque se anunció la construcción de una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, el proyecto ha estado rodeado de dudas técnicas y presupuestarias.

Pero el principal riesgo es que, en nombre de la seguridad, se erosionen controles institucionales y garantías democráticas. Ya habido denuncias sobre el presunto uso de inteligencia estatal para intimidar a figuras públicas, así como señales preocupantes de politización de los cuerpos policiales. Durante la campaña, Fernández defendió la posibilidad de aplicar un estado de excepción para hacer frente a la inseguridad, lo que implicaría suspender libertades fundamentales. En toda su historia democrática, Costa Rica nunca ha recurrido a este mecanismo, ni siquiera durante la pandemia.

La movilización social ha sido limitada desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), cuando se aprobó una ley que restringe fuertemente el derecho a huelga, afectando especialmente al sector público.

Durante la campaña electoral surgieron las ‘caravanas multicolor’, integradas por diversos partidos y sectores sociales opositores a Chaves y Fernández. Pero la enorme fragmentación – en estas elecciones hubo 20 partidos en competencia – y los requisitos legales para formar coaliciones – que exigen acordar un plan común y la distribución de puestos y de financiamiento estatal – dificultaron la consolidación de un frente opositor amplio.

En consecuencia, fue Fernández quien fijó la agenda y su campaña electoral dejó fuera debates críticos para el futuro del país. Alrededor de su triunfo electoral quedan preocupaciones por temas como la crisis ambiental, dado que el discurso conservacionista que caracterizó a Costa Rica se debilitó en los últimos cuatro años, mientras se abren espacios para actividades extractivas en áreas protegidas. La educación —históricamente el motor del desarrollo costarricense— también representa un gran desafío por la reducción de la inversión que amenaza el modelo basado en capital humano calificado. Igual peligro representa la crisis del sistema público de salud, caracterizado por listas de espera cada vez más largas, fuga de especialistas al sector privado y hospitales presupuestados que no se construyen.

Finalmente, en política exterior, prácticamente pasaron desapercibidos el viraje hacia el alineamiento con Estados Unidos y el abandono del enfoque diplomático multilateral tradicional. Costa Rica ha quedado alineada con otros países de la región con gobiernos de derecha radical, como Argentina y El Salvador.