El Día Internacional de la Mujer fue posiblemente el único evento anual importante que se desarrolló en condiciones normales en 2020. El 8 de marzo de ese año, las mujeres se movilizaron para reclamar sus derechos en las que resultaron ser las últimas manifestaciones masivas a nivel mundial antes de la pandemia. Apenas tres días después, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como pandemia, y el mundo cambió.

Para el 8 de marzo de 2021, las sucesivas oleadas de infecciones por COVID-19 que se habían abatido sobre la humanidad habían puesto claramente en evidencia la oportunidad y la urgencia de la lucha por los derechos de las mujeres, al tiempo que habían magnificado los obstáculos enfrentados por las movilizaciones que buscan impulsar esos derechos.

En situación de confinamiento, las mujeres habían quedado mucho más expuestas a la violencia de género. La sobrecarga de tareas de cuidados no remuneradas había recaído de forma desproporcionada en las mujeres. Al ralentizarse la actividad económica, las mujeres se habían visto afectadas de forma desproporcionada por el desempleo y la pobreza, dada su sobrerrepresentación en las filas de los trabajadores informales y en los sectores de actividad más golpeados por la recesión económica. A menudo sobrerrepresentadas en la primera línea de la respuesta, pero gozando de una remuneración media inferior a la de sus homólogos masculinos, las mujeres continuaron estando drásticamente subrepresentadas en los procesos de toma de decisiones, incluidos los relativos a la pandemia y sus secuelas. La brecha de desigualdad, que había tardado décadas en reducirse, rápidamente volvió a ensancharse.

Originado en las luchas de los movimientos obreros de principios del siglo XX, el Día Internacional de la Mujer se convirtió en una jornada global de acción cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le dio reconocimiento oficial, en 1977. Cada año, la ONU utiliza la conmemoración para promover la acción en favor de los derechos de las mujeres en torno de un tema específico. No es de extrañar que en 2021 se centrara en el tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”.

En consonancia con declaraciones previas del secretario general de la ONU, António Guterres, quien se autodefine como feminista, la ONU -que hasta ahora nunca ha tenido una mujer como secretaria general- destacó la urgencia de actuar porque, al ritmo actual de progreso, lograr la igualdad de género en las más altas esferas del poder político llevaría otros 130 años.

Este reconocimiento se hizo eco de las preocupaciones de los movimientos de mujeres de todo el mundo: en ausencia de presión para que haya un cambio, se corre el riesgo de que consolidar y reproducir un círculo vicioso. Sin suficientes mujeres en posiciones de poder, los derechos de las mujeres no recibirán la atención que merecen; y en ausencia de un impulso adecuado de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, nunca habrá suficientes mujeres en posiciones de poder como para marcar la diferencia.

Movilización en tiempos de pandemia

En marzo de 2021, algunas partes del mundo habían sufrido tres oleadas sucesivas de infecciones por COVID-19, y muchos países estaban experimentando un nuevo aumento de casos. Esto hizo que las movilizaciones del 8 de marzo, mejor conocido como 8M, fueran menos concurridas que en años anteriores, pero aun así a menudo masivas, incluso en contextos donde las reuniones estaban prohibidas por motivos sanitarios.

En muchos países, entre ellos Uruguay, el 8M fue precedido de controversias sobre las motivaciones detrás de la decisión del gobierno de implementar, para hacer frente a la pandemia, medidas de emergencia que limitaban la libertad de reunión pacífica. Algunos grupos de mujeres organizaron actividades alternativas o trasladaron sus eventos a internet, mientras que otros salieron a la calle de todos modos. La mayoría de las veces, con las notables excepciones de algunos regímenes abiertamente autoritarios, los gobiernos permitieron tácitamente que estas movilizaciones siguieran adelante.

Contra todo pronóstico, el 8 de marzo de 2021 no pasó desapercibido: millones de mujeres expresaron sus demandas de igualdad, autonomía y reconocimiento en las formas más adecuadas a su contexto y circunstancias. En tres regiones del mundo -Asia, Europa y América Latina- se pudo observar una gran diversidad de movilizaciones por los derechos de las mujeres, con sorprendentes similitudes así como puntos de contraste.

En Asia se produjeron algunas manifestaciones masivas e innumerables marchas de menor envergadura, cuyo tamaño estuvo determinado ya sea por el cumplimiento de normas relativas a la COVID-19, ya por el temor a la reacción de regímenes represivos. Las marchas se centraron en diversas formas de desigualdad y reclamaron con insistencia el fin de la violencia de género, a la vez que unieron fuerzas con otras luchas contra el fundamentalismo religioso y variadas campañas de importancia local, tales como la resistencia frente al régimen militar en Myanmar y las protestas en demanda de mejores condiciones de vida de los agricultores de la India.

El arte fue una forma frecuente de expresión del disenso allí donde otros canales permanecían bloqueados, como en Afganistán, donde la artista y activista Rada Akbar organizó una exposición en las calles de Kabul y celebró una performance en homenaje a las víctimas de la violencia de género.

En Europa, las movilizaciones del 8M tendieron a ser pequeñas y, aun en los casos en que fueron masivas, en gran medida no violentas. Se centraron sobre todo en las diversas facetas de la creciente desigualdad inducida por la pandemia. Los asistentes generalmente llevaron máscaras y respetaron las medidas establecidas para evitar el contagio.

La expresión artística a menudo compensó la imposibilidad de reunir a un gran número de personas. Esto se observó en Albania, donde una compañía de teatro reprodujo la instalación “Zapatos rojos” montada por primera vez en 2009 por la artista mexicana Elina Chauvet en homenaje a la hermana que perdió a causa de la violencia doméstica. Métodos similares fueron adoptados en Lituania, donde un grupo de danza de Vilna interpretó una versión lituana de la canción de protesta Bella Ciao frente al palacio presidencial, con el objeto de denunciar la violencia de género e instar al gobierno a ratificar el Convenio de Estambul, un tratado del Consejo de Europa para combatir la violencia contra las mujeres al que los líderes religiosos se oponen.

Lo que distinguió a América Latina fue no solamente el hecho de que se celebraran marchas en la mayoría de los países, sino también que la violencia en las protestas fue relativamente más frecuente que en otros lugares. Incluso en Argentina, donde se acababa de legalizar el aborto a demanda, había tantos motivos para la furia como para la celebración: solamente en los dos primeros meses de 2021 se habían registrado 50 nuevos femicidios, y la agenda del movimiento se había vuelto cada vez más urgente bajo la pandemia, exigiendo la actuación de la justicia para proteger a las mujeres que denuncian a sus agresores, la aprobación de una Ley de Emergencia en Violencia de Género, la provisión de oportunidades de empleo y el establecimiento de espacios de cuidado para los hijos de madres trabajadoras.

La indignación por los femicidios y las desapariciones de mujeres en ocasiones abrió paso a la violencia y a una respuesta estatal a menudo desproporcionada. Las reivindicaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluidos los llamamientos cada vez más explícitos a la ampliación del derecho al aborto, también se extendieron por la región.

Foco en Asia

El COVID-19 no impidió que las mujeres asiáticas protestaran. En varios países, una evaluación sensata de la situación indicaba la existencia de peligros mucho más temibles que la pandemia. Las mujeres de Afganistán, por ejemplo, enfrentaban riesgos crecientes a medida que los combatientes talibanes se acercaban a Kabul, por lo que las refugiadas afganas de toda la región se unieron a las marchas de mujeres en sus países de acogida, como ocurrió en la India.

Asimismo, en Pakistán las mujeres se posicionaron contra los talibanes y se manifestaron para denunciar la violencia contra las mujeres y las minorías de género. La Marcha Aurat se celebró por cuarto año consecutivo, con la participación de miles de personas en múltiples localidades. Las manifestantes exigieron entornos de trabajo seguros e igualdad de oportunidades, seguridad frente a la violencia endémica, aumento del presupuesto de salud y de la accesibilidad a los servicios sanitarios, con especial atención a las mujeres y las personas transgénero, igualdad de acceso a las vacunas, productos menstruales subvencionados y el reconocimiento de la denegación de acceso a anticoncepción por parte de familiares como una forma de la violencia doméstica.

Como en años anteriores, el movimiento se enfrentó a amenazas e intimidaciones, tanto en internet como fuera de ella, antes y durante la marcha, junto con la circulación de desinformación deliberada, que incluyó afirmaciones tales como que el movimiento recibe financiamiento extranjero para promover una agenda occidental y acusaciones como la de “difundir activamente obscenidades y vulgaridades”. Se difundieron videos editados para presentar a las participantes como blasfemas, lo cual en Pakistán configura un delito grave que puede acarrear severos castigos. En una táctica cada vez más utilizada para silenciar el disenso, fundamentalistas religiosos acusaron penalmente a las organizadoras de la Marcha Aurat por haber hecho supuestos “comentarios despectivos” y exhibido “carteles obscenos”.

En la vecina India, miles de mujeres salieron a las calles el Día Internacional de la Mujer, uniéndose a las protestas pacíficas de los agricultores en las afueras de Delhi para exigir la derogación de leyes agrícolas que amenazan sus medios de vida. Según la policía y la organización del evento, más de 20.000 mujeres estuvieron presentes en el lugar, cerca de la frontera de Delhi con el estado de Haryana. Llevaban pañuelos de color amarillo brillante, representación de los campos de mostaza.

También se realizaron en toda la India numerosas concentraciones del 8M mediante las cuales las mujeres reclamaron la igualdad de derechos. En una de ellas, celebrada en la aldea de Sameli, en Dantewada, Hidme Markam -una-activista que trabaja por los derechos territoriales de los pueblos indígenas y contra los impactos de la minería y la violencia policial y estatal- fue detenida y encarcelada en virtud de la ley antiterrorista. Fue llevada por un grupo de paramilitares y posteriormente pasó meses detenida bajo falsas acusaciones relacionadas con supuestos ataques armados.

En Katmandú, Nepal, un numeroso grupo de mujeres de todas las edades se manifestó para exigir toallas sanitarias libres de impuestos, insistiendo en que se trata de un producto de primera necesidad. Unas semanas antes, activistas por los derechos de las mujeres se habían movilizado contra la violencia de género y en oposición a un proyecto de ley que exigiría a las mujeres menores de 40 años obtener autorización de su familia y del gobierno local para viajar al extranjero. El gobierno alegó que el proyecto perseguía el objetivo de prevenir el tráfico de personas, pero las manifestantes lo consideraron una expresión más de un sistema de dominación patriarcal en el cual los hombres pueden decidir lo que es mejor para las mujeres.

En Myanmar, donde el 1º de febrero el ejército dio un golpe de estado e instauró un gobierno militar, las protestas del Día Internacional de la Mujer se solaparon con acciones de desobediencia civil en reclamo del regreso al gobierno civil, con las mujeres frecuentemente colocadas en las primeras líneas. Grupos de mujeres convocaron a un “movimiento sarong” -una táctica utilizada por las mujeres en oposición al golpe, consistente en colgar sus sarongs tradicionales y ropa interior femenina en las calles para ahuyentar a policías y militares supersticiosos-, en tanto que los principales sindicatos de Myanmar iniciaron una huelga nacional. En respuesta a ello, las tropas ocuparon hospitales y campus universitarios e intensificaron las redadas nocturnas; murieron al menos cuatro manifestantes.

Las mujeres de Indonesia también se reunieron para exigir igualdad de derechos, centrándose en la violencia de género y el matrimonio infantil. Manteniendo la distancia y portando máscaras, las manifestantes reunidas en Yakarta exigieron el reconocimiento de la violencia sexual como violación de los derechos humanos, la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, y la aprobación de dos proyectos de ley sobre la erradicación de la violencia sexual y la protección de las trabajadoras domésticas.

En Yakarta también se celebró una protesta ciclista por la igualdad, organizada por Plan Internacional como parte de una iniciativa global implementada en 71 países. En otra ciudad indonesia, Yogyakarta, la protesta del 8M se celebró frente a la Oficina del Gobernador, pero la policía intentó dispersarla bloqueando la carretera y deteniendo manifestantes.

En las cercanas islas Filipinas, más de 150 mujeres se reunieron cerca de la residencia presidencial en Manila para llevar a cabo una protesta con distanciamiento social y tapabocas y una performance pública en denuncia de la “presidencia macho-fascista” del presidente Rodrigo Duterte, empeñado en disminuir a las mujeres y en hacer retroceder los derechos que tanto les ha costado conseguir. Las manifestantes fueron detenidas y acosadas por la policía, que las obligó a dispersarse.

Una de las concentraciones más pequeñas de Asia se celebró en Tokio, Japón, donde un centenar de mujeres se manifestaron contra la discriminación sexual. La igualdad de género adquirió un lugar más destacado en la agenda pública durante la pandemia, que expulsó a muchas mujeres del trabajo y las orientó hacia las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Además, un nuevo movimiento surgió recientemente en respuesta a una sucesión de comentarios sexistas del ex coordinador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori.

Las movilizaciones en Irak, Kazajistán y Kirguistán se centraron en la violencia de género. En Kazajistán fue la primera vez que las autoridades permitieron la realización de una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, por lo que las principales carreteras de Almaty se llenaron de manifestantes pacíficas que reclamaban igualdad de género, especialmente en materia de salarios, y la aprobación de una ley contra la violencia de género que llevaba largo tiempo languideciendo en el Parlamento.

En Medio Oriente se celebró una pequeña movilización en Jerusalén Este, pero la organización que la lideraba, un centro de mujeres palestinas, fue allanada por la policía israelí con el argumento de que se trataba de un evento de la Autoridad Palestina y, por tanto, estaba siendo celebrado en forma ilegal.

Foco en Europa

En gran parte de Europa, las mujeres no celebraron el Día Internacional de la Mujer saliendo en masa a las calles. En muchos países donde se estaban produciendo picos de contagios de COVID-19 y donde seguían en pie las restricciones para las reuniones públicas, las organizaciones feministas cancelaron los principales eventos y realizaron en cambio pequeñas reuniones. Por ejemplo, en Croacia, tras celebrarse durante cinco años seguidos, la Marcha Nocturna fue pospuesta; en su lugar, pequeños grupos de activistas se reunieron en diversos espacios públicos para leer una proclama que destacaba los efectos devastadores de la pandemia sobre las mujeres.

Asimismo, en Italia varios actos más pequeños sustituyeron a la tradicionalmente multitudinaria marcha del 8M. En Roma, Non Una di Meno, la versión italiana del movimiento Ni Una Menos contra la violencia de género, convocó una huelga y celebró una manifestación frente al Ministerio de Economía para poner de relieve los derechos económicos; también se organizaron concentraciones en otras ciudades, como Bolonia y Turín, donde un grupo feminista organizó un flash mob frente al consulado de Polonia en solidaridad con sus pares polacas, enfrentadas a la prohibición casi total del aborto.

En Francia, las activistas denunciaron la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres haciendo un llamamiento a las mujeres para que se declararan en huelga y salieran antes el trabajo. Se celebraron acciones complementarias en todo el país, incluida una multitudinaria marcha en París, con foco en el sexismo y la violencia sexual.

Al igual que en Francia, en Luxemburgo se realizó una huelga nacional de mujeres en reclamo de igualdad salarial y oportunidades económicas; también se celebró una marcha para pedir a las autoridades mayor concientización sobre la discriminación de género y mejoras en las políticas de igualdad de género.

En Alemania, un país con uno de los confinamientos más estrictos, una pequeña multitud de unas 400 personas se reunió en Berlín a primera hora del día, pero su número aumentó sustancialmente con el paso de las horas, hasta llegar a 10.000, según estimaciones de la policía.

En Albania, una protesta simbólica con distancia social fue liderada por la Red de Empoderamiento de las Mujeres. En Bosnia y Herzegovina, manifestantes con tapabocas participaron en Sarajevo en una pequeña marcha con distanciamiento social contra el acoso sexual y la cultura de la violación, celebrada bajo el lema “Ella no se lo buscó”. También se organizaron pequeñas protestas en Kosovo, cuya capital, Pristina, acogió una innovadora marcha en bicicleta que simbolizó la demanda de una mayor libertad de movimiento para mujeres y niñas.

Un grupo de mujeres búlgaras celebró otra pequeña manifestación, bautizada como “8 de marzo negro” en representación del luto causado por la violencia de género, ante el Tribunal de Justicia de Sofía. En Rumania, por su parte, un grupo se reunió ante el Parlamento en Bucarest para poner de manifiesto las crecientes desigualdades de género en el marco de la pandemia, mientras que en Grecia, un grupo algo más numeroso se reunió ante el Parlamento sito en Atenas con demandas centradas en el acoso sexual, ya que el país atravesaba entonces lo que el activismo describió como un tardío “momento MeToo”.

En Ucrania se observó el inusual panorama de una gran concentración: miles de personas marcharon por el centro de Kiev para llamar la atención sobre el fuerte aumento de la violencia de género en condiciones de confinamiento y -al igual que en Lituania- para instar al gobierno a ratificar el Convenio de Estambul. Mujeres bielorrusas que se habían visto obligadas a exiliarse a causa del autoritarismo creciente se unieron a la marcha para expresar en Ucrania los reclamos que no podían manifestar en su país.

Las marchas de mujeres de tres países europeos acapararon la atención internacional a causa de los obstáculos que enfrentaron o las reacciones que experimentaron. Uno de ellos fue Polonia, que ya desde antes estaba en el punto de mira a causa de su ataque sostenido al derecho al aborto y de la campaña igualmente sostenida de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres para resistir a estos retrocesos incluso en las condiciones desfavorables de la pandemia. Como era de esperar, las calles de Varsovia acogieron a una multitud de mujeres movilizadas. La zona estaba acordonada y la marcha estuvo fuertemente vigilada porque las concentraciones habían sido declaradas ilegales, sin embargo, al margen de algunas refriegas, transcurrió pacíficamente.

Mientras que en varias ciudades españolas, como Barcelona, Cádiz y Sevilla, se celebraron sin incidentes marchas del 8M centradas en la violencia de género, en Madrid no se permitió a las mujeres reunirse en virtud de las normas de la pandemia. Unas pocas docenas de manifestantes desafiaron la orden judicial que prohibía las reuniones y celebraron una protesta distanciada en una plaza céntrica. En contraste con la incapacidad de las mujeres para hacerse visibles en el espacio público, la reacción este caso tomó forma gráfica: los murales feministas de la ciudad amanecieron vandalizados con inscripciones que decían “stop feminazis” y “la violencia no tiene género””.

Alrededor de mil mujeres turcas consiguieron movilizarse contra la violencia de género y las desigualdades generalizadas, pero la policía hizo todo lo posible por impedirlo. El transporte público que conducía a la céntrica plaza Taksim de Estambul, donde tuvo lugar la concentración, fue cerrado, y nueve mujeres fueron detenidas por llevar banderas LGBTQI+. Simultáneamente, cientos de mujeres uigures marcharon a lo largo del Bósforo hacia el consulado de China en Estambul, exigiendo el fin del genocidio uigur y el cierre de los campos de detención en la región china de Xinjiang.

Foco en América Latina

En América Latina, donde desde la irrupción en 2015 del movimiento #NiUnaMenos el femicidio y la violencia de género ocupan un lugar destacado en la agenda feminista, gran parte de la movilización en el marco de la pandemia se centró en el agravamiento de este problema y en las insuficientes respuestas brindadas por las políticas públicas. En cada país, la denuncia de la violencia de género fue acompañada de demandas relacionadas con la exclusión interseccional que vuelve a algunos grupos de mujeres -indígenas, negras, pobres, madres solteras- vulnerables a formas específicas de violencia. Las protestas también reclamaron reformas específicas que podrían contribuir a mejorar la situación, como fue el caso del reclamo formulado en Panamá de mayores espacios para las mujeres en las estructuras de toma de decisiones políticas.

Montadas sobre la Marea Verde, un movimiento con una trayectoria de décadas que en diciembre de 2020 había fructificado en la legalización del aborto en Argentina, muchas movilizaciones del 8M en toda la región también exigieron -como lo expresa la campaña regional- “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

La reivindicación del derecho al aborto fue especialmente prominente en la República Dominicana, donde el activismo se fortaleció e inspiró en Argentina. El 8M tuvo lugar en un contexto de disputas políticas en el cual las propuestas de liberalización del aborto por tres causales -violación o incesto, embarazos inviables y peligro para la vida de la embarazada- habían sido repetidamente rechazadas. El 11 de marzo, las activistas feministas acamparon frente al Palacio Nacional, donde permanecieron durante meses, mientras las protestas continuaban, al igual que las contramovilizaciones de sectores fundamentalistas religiosos.

En Ecuador se celebraron pequeñas concentraciones y performances públicas en varias ciudades y pueblos, entre ellas las de mujeres indígenas que exigieron el respeto de su derecho sobre la tierra y condenaron la explotación medioambiental. Las protestas urbanas también reclamaron políticas para hacer frente a los elevados índices de violencia de género del Ecuador y la despenalización del aborto. Un mes después, un proceso de años culminó con una sentencia del Tribunal Constitucional ecuatoriano que despenalizó el aborto para casos de violación. No cabe duda de que el 8 de marzo de 2022 el movimiento feminista ecuatoriano volverá a insistir, decidido a no detenerse hasta que se reconozca a las mujeres como sujetos plenos de derecho, tanto en la ley como en la práctica.

A los temas de la violencia de género y la denegación de los derechos sexuales y reproductivos subyace el mismo problema de fondo que los movimientos por los derechos de las mujeres han señalado incansablemente: las normas de género y las relaciones de poder desiguales que siguen colocando a las mujeres en posiciones subordinadas y les niegan su plena condición de personas y su capacidad de acción. Por ello, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, en América Latina y más allá, intensificaron sus esfuerzos para contrarrestar el aumento de la violencia sexual y la violencia de género provocado por la pandemia, al tiempo que continuaron desafiando, tanto en los procesos de elaboración de políticas como en las calles, los obstáculos más profundos relativos a la subordinación y la desigualdad, que preceden a la pandemia y la sobrevivirán.

En ningún lugar estas protestas fueron más ruidosas que en México, uno de los países con mayor cantidad de femicidios de la región, y donde el movimiento de mujeres ha logrado colocar el tema en la agenda pública. Las activistas estaban enfadadas por lo que consideraban la promesa incumplida del presidente populista de izquierdas Andrés Manuel López Obrador de abordar el tema: las tasas de femicidio no habían disminuido desde su toma de posesión en 2018, y el presidente continuaba apoyando a un candidato a gobernador estadual que enfrentaba acusaciones creíbles de violación. Ante la expectativa de que estallara la violencia, las autoridades de la Ciudad de México levantaron una barrera para proteger el Palacio Nacional y movilizaron a 1.700 mujeres policías para vigilar el evento.

Al menos 20.000 personas se unieron a la protesta. Mientras se desarrollaba el evento, las activistas decidieron dar un buen uso a la barrera, convirtiéndola en un lienzo en el que pintaron los nombres de cientos de víctimas de femicidio. Algunas de ellas, con los rostros ocultos tras pasamontañas y portando armas improvisadas, comenzaron a derribar segmentos de la barrera y provocaron a la policía, cuya reacción represiva, que incluyó el uso de gases lacrimógenos, provocó estampidas entre las manifestantes.

Violencia y reacción

En general, las movilizaciones del 8M fueron pacíficas. Pero en los casos en que hubo violencia por parte de las manifestantes, a menudo se necesitó muy poco para desatar una represión desproporcionada. Aunque la ira legítima se convirtió a veces en violencia injustificada, la violencia de las manifestantes apuntó casi invariablemente a cosas y no a personas. A lo sumo, provocó daños en la propiedad pública, y ocasionalmente en propiedad privada. Pero la represión que siguió se dirigió contra las personas, y muchas resultaron heridas.

En Ciudad de México la policía agredió y retuvo en una estación de metro a cuatro mujeres fotoperiodistas que estaban siguiendo la marcha, a pesar de que se identificaron repetidamente como periodistas. Los policías cerraron el acceso al metro, las patearon, las tiraron del pelo, esposaron a dos de ellas e intentaron quitarles las cámaras.

Extrañamente, el presidente López Obrador acusó a las feministas de ser opositoras conservadoras disfrazadas y afirmó que sólo habían comenzado a protestar cuando él asumió el cargo dos años antes, específicamente para oponerse a él, una afirmación sin sentido que repitió incansablemente durante los meses siguientes. Los ataques del presidente pusieron de manifiesto las múltiples presiones políticas procedentes de todo el espectro ideológico que enfrentan las feministas.

En la vecina Guatemala, otro país con un índice impresionante de muertes violentas de mujeres, las manifestantes exigieron justicia en respuesta a una ola de desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres. La marcha del 8M tuvo lugar en un ambiente caldeado, menos de tres semanas después del asesinato de María Elizabeth Ramírez, una madre que pedía justicia para su hija y otras decenas de niñas que habían sufrido abusos y murieron en un incendio en un hogar de gestión estatal; este caso había dado origen a un movimiento contra los femicidios sancionados por el Estado en Guatemala. La concentración, que se inició en forma pacífica, terminó con actos de vandalismo relativamente livianos que los medios de comunicación se esforzaron en magnificar: las manifestantes prendieron fuego a efigies de papel del presidente Alejandro Giammattei frente al antiguo palacio de gobierno, pintaron consignas con aerosoles en paredes de la ciudad y rompieron vidrios en una estación de transporte público.

En El Salvador, el país más pequeño y más poblado de Centroamérica, más de 5.000 mujeres participaron de una marcha en reclamo de igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y la despenalización del aborto; las periodistas también exigieron cobertura informativa libre de sexismo. La policía intentó detener a una activista por escribir lemas feministas en las paredes del Palacio Nacional, pero otras manifestantes reaccionaron para evitar su detención.

En Colombia se vivieron escenas similares: aunque las marchas fueron en su mayoría pacíficas, varios autobuses y estaciones de autobuses y fachadas de edificios públicos del centro de Bogotá acabaron cubiertos de grafitis. El consejero presidencial de Seguridad Nacional respondió a ello denigrando a las manifestantes en las redes sociales: las acusó de ser “vulgares delincuentes” y de no ser “precisamente unas damas”, y apuntó contra el gobierno de la ciudad por no haber hecho lo suficiente para evitar el vandalismo.

Más al sur, en Chile, la vitalidad de cuyo movimiento feminista ha llamado recientemente la atención del mundo, miles de mujeres con pañuelos violetas y verdes participaron en marchas en varias ciudades. La policía desplegó cerca de 20.000 agentes solamente en Santiago, y posteriormente informó que se habían producido 75 incidentes violentos en todo el país, incluyendo saqueos, vandalismo y un incendio intencional.

En Santiago, una candidata a convencional constituyente, Emilia Schneider, fue detenida bajo acusaciones, desmentidas por la evidencia fotográfica, de “obstaculizar el tránsito” mientras participaba en una intervención feminista; se denunció que otra integrante de su equipo fue agredida por agentes de policía. Más de 80 personas, en su mayoría hombres, fueron detenidas por intentar derribar una estatua. Poco después, la policía disolvió la protesta principal.

En la cercana Bolivia, el 8M tuvo lugar pocos días después de que la policía hallara los restos de cuatro mujeres desaparecidas; los actos celebrados posteriormente en La Paz exigieron políticas para acabar con los femicidios y la violencia de género. En otra protesta realizada el mismo día, estudiantes de la Universidad Católica denunciaron la impunidad por la violencia sexual y compartieron experiencias de acoso en el campus. Otro grupo, Mujeres Creando, protestó cerca del antiguo palacio presidencial y fue dispersado con gases lacrimógenos por la policía.

La movilización tuvo un tono diferente en los países bajo regímenes autoritarios, cuya huella se observó tanto en las formas que adoptaron las movilizaciones del 8M como en las demandas que plantearon. En Nicaragua, decenas de mujeres jóvenes participaron en una manifestación clandestina en la Universidad Centroamericana. Para superar la prohibición de protestar largamente impuesta por el gobierno, el evento se mantuvo en secreto hasta unas horas antes de su inicio. En él se llamó la atención sobre el femicidio y se pidió la liberación de cuatro presas políticas. Varias activistas denunciaron una presencia policial intimidatoria ante sus domicilios, pese a contar con medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo en Venezuela, las manifestantes exigieron la liberación de 17 mujeres consideradas presas políticas y exigieron castigo para los autores de femicidios. Su presencia pública fue más visible que la de sus homólogas nicaragüenses, ya que se reunieron en una plaza de Caracas desafiando la prohibición de realizar reuniones impuesta durante la pandemia.

El camino por recorrer

Los impactos de la pandemia sobre las mujeres vinieron a sumarse y a reforzar la violenta regresión movilizada por políticos y grupos anti-derechos fundamentalistas religiosos, a menudo en respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de las mujeres en sus esfuerzos para ganar visibilidad, conquistar espacios y efectuar cambios. Pero la evidencia reunida desde el inicio de la pandemia también muestra que, lejos de ser víctimas pasivas de circunstancias que escapan a su control, las mujeres continúan luchando por sus vidas y sus derechos.

En ningún momento esto fue más evidente que en el Día Internacional de la Mujer, un momento de acción coordinada de los movimientos de mujeres en decenas de países. Las mujeres se movilizaron de todas las formas posibles para denunciar la discriminación, la violencia y las violaciones de derechos. Con la vista puesta en la gran lucha que continuará después de la pandemia, y frente a las narrativas criminalizadoras y deshumanizadoras, perseveraron en sus esfuerzos a largo plazo para desplazar significados, cambiar perspectivas, articular lo no dicho y hacer visible lo invisible.

En todo el mundo, las luchas que se expresaron el 8M continuarán. Las protestas callejeras seguirán siendo un arma fundamental en el arsenal de la sociedad civil, y será utilizada por un número cada vez mayor de personas a medida que las restricciones pandémicas vayan cediendo. Dada la importancia central de la protesta, los movimientos por los derechos de las mujeres tendrán que velar por la integridad del derecho a la libertad de reunión en todas partes y en todo momento.

Quienes movilizan la reacción contra los derechos de las mujeres también seguirán haciéndolo, por razones ideológicas o de cálculo político, y para hacerles frente será necesario formar coaliciones de sociedad civil amplias e interseccionales. Seguramente se producirán avances, pero también habrá retrocesos. Ellos nos recordarán aleccionadoramente que está en la naturaleza de los derechos el ser el objeto de una lucha sin fin.