Propulsados por factores tanto políticos como económicos, los cubanos están abandonando su país en cantidades récord, ya sea volando a Nicaragua para unirse al flujo de migrantes centroamericanos en un peligroso viaje terrestre con rumbo norte, o lanzándose hacia Estados Unidos por mar. La intensificación de la represión para evitar la repetición de las protestas masivas de 2021 también está obligando a numerosos activistas y artistas a exiliarse. El régimen cubano es incapaz de detener el éxodo, ya que para ello tendría que admitir que existe un problema que sólo puede solucionarse con un cambio de fondo. De modo que, en vez de abordar las causas del descontento, el régimen cubano se contenta con impedir que se exprese.

Andrea no eligió hacer un documental sobre la historia de los balseros cubanos que llegan a la Florida, sino que la historia la eligió a ella, por la mera fuerza de los hechos.

Durante sus vacaciones de verano en Cayo Hueso, el punto de Estados Unidos más cercano a Cuba, Andrea Sambuccetti, artista y cineasta nacida en Argentina y afincada en la Florida, divisó en el horizonte una embarcación rústica que se iba acercando. Recordó las noticias que había escuchado a lo largo de los años, sobre embarcaciones cargadas de cubanos que cada tanto recalaban en los Estados Unidos tras recorrer las famosas 90 millas de océano traicionero. Pensó que haber sido testigo de semejante acontecimiento había sido una gran coincidencia. Pero al día siguiente vio llegar otra balsa. Y luego otra más.

Ese fue el comienzo de un recorrido de investigación que se plasmó en un documental premiado, “The Water Wall” (“El muro de agua”). Lo que Andrea había encontrado sin siquiera buscarlo era apenas la punta del iceberg: la expresión visible de una ola migratoria en curso, que ya llevaba meses y estaba desbordando la capacidad de la Guardia Costera estadounidense, cuyas instalaciones de procesamiento de personas migrantes en la Florida estaban colmadas.

Un éxodo imparable

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, más de 10.000 cubanos intentaron llegar a las costas de la Florida, y 3.000 consiguieron tocar tierra. El número de balseros detenidos, ya sea en el mar o tras llegar a tierra, superó los 5.000, más que el total acumulado en los cinco años precedentes. Tan solo en octubre de 2022, los guardacostas estadounidenses interceptaron a 1.100 personas.

Además, en promedio cada día 891 cubanos cruzaron ilegalmente la frontera terrestre del sur de Estados Unidos durante el mes de septiembre. En total, 224.607 cubanos fueron detectados cruzando por tierra entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, en comparación con 39.300 el año anterior y 14.000 en 2020.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021 y su represión, quedó más claro que nunca que las únicas tres opciones posibles para los cubanos son la prisión, el exilio o la sumisión.

CAROLINA BARRERO

La magnitud del actual éxodo no tiene precedentes. Hasta ahora, el mayor flujo migratorio cubano se había producido a principios de la década de 1980, cuando 125.000 personas abandonaron la isla rumbo a los Estados Unidos.

La emigración cubana y la legislación estadounidense

Las más de seis décadas transcurridas desde la revolución cubana han sido testigo de por lo menos cinco olas migratorias. En los primeros meses, los que se marchaban formaban parte de la vieja élite, a la que pronto se unió un número considerable de personas que habían apoyado la lucha contra la dictadura pero aspiraban a la democracia, y que por tanto se sintieron traicionadas cuando la revolución abrazó el comunismo.

Una segunda oleada siguió cuando muchos empresarios y profesionales de clase media empezaron a marcharse. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 les dio un trato especial bajo la forma de una vía rápida para obtener la residencia legal. Definidos como refugiados políticos, les era concedido automáticamente el estatus de residentes permanentes tras apenas dos años en los Estados Unidos –que en 1976 se redujeron a un año– incluso si habían entrado en el país por rutas ilegales.

La tercera ola, a principios de la década de 1980, comenzó como resultado del diálogo entre el gobierno cubano y representantes del exilio cubano, lo que dio como resultado la liberación de 3.600 presos políticos y la realización de visitas de reunificación familiar. Fue una oleada caótica, ya que los cubanos que vivían en Miami enviaban a buscar a sus familiares en Cuba y los barcos con frecuencia regresaban llenos de presos liberados: no solamente presos políticos, sino también delincuentes comunes que las autoridades cubanas querían sacarse de encima.

La cuarta oleada tuvo lugar durante el llamado “periodo especial” que siguió al colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, el cual trajo aparejada una situación extremadamente dura para los cubanos. Decenas de miles de balseros partieron hacia Estados Unidos. En respuesta, en 1995 el gobierno de Clinton introdujo un cambio importante en la Ley de Ajuste Cubano, conocido popularmente como la política de “pies secos, pies mojados”.

Esto significó que, durante los siguientes 20 años, los balseros interceptados por los guardacostas estadounidenses en el agua (“pies mojados”) eran enviados inmediatamente de vuelta a Cuba o a un tercer país, mientras que a los que conseguían llegar a suelo estadounidense (“pies secos”) se les permitía quedarse.

Aunque su intención era frenar la inmigración, que ahora era considerada más económica que política, y disuadir a la gente de emprender la peligrosa travesía, esta política seguía dando ventaja a los inmigrantes cubanos sobre los procedentes de otros países.

La política de “pies secos, pies mojados” fue terminada por la administración Obama en 2017. Esta decisión, junto con la iniciativa tomada en 2021 por el dictador nicaragüense Daniel Ortega, de permitir a los cubanos viajar sin visado a Nicaragua, dio lugar a un nuevo fenómeno: un número creciente de cubanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos a pie, a la par de los migrantes centroamericanos, tras haber recorrido las mismas peligrosas rutas que ellos.

Durante los últimos cinco años, los inmigrantes cubanos no han tenido ningún estatus especial y para poder ser residentes permanentes deben solicitar la entrada legal en los Estados Unidos. Para evitar ser devueltos, quienes solicitan el estatus de refugiados deben demostrar que tienen un “temor creíble”. Como resultado de los acuerdos bilaterales, el gobierno de Estados Unidos debe conceder 20.000 visados al año a ciudadanos cubanos, pero esa cifra equivale aproximadamente al número de cubanos que cada mes arriesgan sus vidas para atravesar Centroamérica y México y llegar a los Estados Unidos.

Para quienes buscan una salida no son muchas las opciones. Nicaragua es el único país viable al que los cubanos pueden volar sin visado. Otros destinos posibles -tales como otros estados insulares del Caribe- no les servirían para acercarse a Estados Unidos. Los cubanos también pueden viajar a Rusia, a su estado satélite de Bielorrusia y a sus aliados autoritarios de Asia Central, además de a un par de islas del Pacífico y a algunos países africanos. Montenegro y Serbia son los únicos países que podrían ofrecerles una vía de acceso a Europa. Pero el costo que ello implica lo pone fuera del alcance de la mayoría. Solamente activistas o periodistas de alto perfil, con apoyo de organizaciones internacionales de la sociedad civil o doble nacionalidad, encuentran una vía más fácil hacia otros destinos. Varios artistas y académicos perseguidos se han exiliado recientemente en España.

Pero para la mayoría de la gente, la elección es simple: o gasta todo lo que tiene en un billete a Nicaragua y en pagar a contrabandistas para que la lleven por un peligroso recorrido a través de varios países, o se lanza al mar.

Los que se hacen a la mar suelen salir en balsas improvisadas en grupos de cinco a quince personas. En su mayoría son hombres jóvenes, pero los grupos pueden incluir mujeres, niños -a veces con sus padres, a veces no acompañados- y personas mayores. El viaje puede durar apenas un par de días o hasta dos o tres semanas, dependiendo de las corrientes que pueden empujar las embarcaciones hacia el Golfo de México. Muchos migrantes se ahogan o sufren ataques de tiburones cuando las embarcaciones vuelcan, se rompen o se hunden, y otros mueren de deshidratación cuando se quedan sin agua tras semanas a la deriva.

Pero el primer obstáculo está más cerca de casa. Agentes de seguridad cubanos patrullan la costa para evitar que la gente se haga a la mar, y los barcos de la Guardia de Fronteras cubana intentan interceptarlos en aguas cubanas. Esto a veces provoca víctimas mortales. Recientemente, cinco personas murieron después de que su embarcación colisionara con un barco de la Guardia de Fronteras que intentaba detenerlos. Las autoridades cubanas suelen culpar a Estados Unidos de “alentar” la inmigración ilegal y hacen desfilar por televisión a quienes son aprehendidos tratando de salir para advertir a posibles emuladores.

Quienes consiguen llegar a aguas estadounidenses enfrentan uno de dos destinos: si son interceptados por los guardacostas estadounidenses en el mar, reciben comida, agua y atención de emergencia y son enviados de regreso sin más; si consiguen llegar a tierra, son procesados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y retenidos en un centro de detención. Allí deben convencer a las autoridades de que tienen un “temor creíble” a enfrentar represalias en caso de regresar. Si no lo consiguen, son deportados.

Quienes son enviados de regreso a Cuba enfrentan más dificultades que antes de partir. No es de extrañar que muchos lo intenten de nuevo, tantas veces como sea necesario. Andy de la Torre, uno de los balseros retratados en “El muro de agua”, recién logró quedarse en Estados Unidos después de 43 intentos.

Penuria económica

El deterioro de la infraestructura y los servicios sanitarios, la elevada inflación, la escasez de alimentos y medicamentos y el deterioro de la red eléctrica, que provoca continuos apagones, hacen que, para la mayoría, la vida en Cuba sea miserable. Dada la bajísima productividad, incluso los alimentos básicos son difíciles de conseguir y casi imposibles de pagar para las personas comunes. Pocas siguen creyendo que el gobierno tomará decisiones que mejoren las cosas; prevalece la desesperanza, especialmente entre los jóvenes.

Varios factores externos -la crisis económica mundial, el aumento de los precios del combustible, los efectos de la pandemia y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses- están empeorando la situación. Pero el principal problema de Cuba es justamente el que las autoridades son incapaces de reconocer y, por lo tanto, de resolver: un modelo económico y político deslegitimado que ahoga todo atisbo de disenso, creatividad o innovación.

Para los actuales aspirantes a emigrar, Estados Unidos no es ya tanto una tierra de oportunidades como la única opción que queda. Sueñan con una vida libre, no necesariamente con los Estados Unidos, pero se han dado cuenta de que su mayor oportunidad de tener una vida libre está en los Estados Unidos. A pesar de que muchos son muy jóvenes, sienten que no pueden darse el lujo de perder el tiempo. Han visto envejecer a la generación de sus padres mientras esperaban la llegada de la libertad y les parece más realista salir a buscarla en otra parte.

Represión política

Las demandas de cambio económico y social están inextricablemente ligadas a las demandas de derechos civiles y políticos: dado que se le niega el derecho de expresar su desacuerdo, la gente no puede articular alternativas. El gobierno cubano lo sabe, por lo que reprime las protestas independientemente del carácter económico o político de sus motivaciones últimas.

Las mayores protestas de que Cuba tenga memoria tuvieron lugar el 11 de julio de 2021. En las protestas del 11J, como se las conoce, la gente marchó por una serie de razones: contra la creciente desigualdad, la inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, los cortes de luz y la incapacidad del gobierno para controlar la pandemia de COVID-19. Pero también protestó en reclamo del derecho a asociarse libremente, a expresar sus opiniones sin ser condenada al ostracismo en tanto que “agentes del imperialismo” y “enemigos del pueblo”, y a elegir su propio gobierno. Estas protestas marcaron un punto de inflexión porque representaron la pérdida colectiva del miedo.

No es de extrañar que todo lo que han hecho las autoridades cubanas desde entonces haya tenido como objetivo volver a inculcar el miedo. El gobierno está decidido a impedir que se repitan protestas como las del 11J, pero no atendiendo los reclamos de la gente, sino haciendo que expresarlos se vuelva demasiado costoso.

Más de un año después, continúan los procesos judiciales contra los manifestantes del 11J, y las restricciones al espacio cívico se han endurecido aún más. A medida que se acercaba el aniversario de las protestas, las autoridades pusieron especial cuidado en limitar la expresión del disenso tanto en internet como fuera de ella, incluso citando y multando a activistas por sus actividades en las redes sociales y sometiendo a periodistas independientes y otros críticos a un aluvión de restricciones, tales como amenazas, citaciones policiales, arresto domiciliario y bloqueos de internet.

En mayo de 2022, el poder legislativo aprobó un nuevo Código Penal que probablemente se utilizará para criminalizar aún más el activismo y la protesta.

El número de presos políticos condenados ha aumentado constantemente, pasando de 152 antes del 11J a más de mil en la actualidad. En mayo de 2022, los activistas y artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo fueron condenados a largas penas de prisión. Esta presión ha obligado a varios activistas y artistas a tomar el camino del exilio.

Voces desde las primeras líneas

Carolina Barrero es una activista cubana que vive exiliada en España desde febrero de 2022.

 

Mi historia como activista forzada al exilio sigue el patrón utilizado por el aparato de seguridad del Estado para neutralizar a la disidencia. Muchas veces me dijeron que debía irme o de lo contrario sufriría consecuencias penales y eventualmente iría a la cárcel. Ninguna de esas veces cedí. Actualmente tengo cuatro causas abiertas, por instigación a delinquir, conspiración contra la seguridad del Estado, desacato y clandestinidad de impresos. En cada uno de los casos fui amenazada con ser procesada y encarcelada si no cesaba mi activismo. Me instaban a quedarme “tranquila”, un clásico eufemismo que utilizan para decir “sometida”.

El 31 de enero de 2022 fui detenida en una protesta frente al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Era el primer día del juicio de un grupo de manifestantes del 11J. Estaba con otros activistas como Alexander Hall, Leonardo Romero Negrín, Daniela Rojo y Tata Poet, acompañando a las madres de los presos políticos que esperaban para poder ver a sus hijos a la distancia cuando los llevaran al tribunal. Cuando eso ocurrió todos aplaudimos y gritamos “libertad” y “son héroes”. La seguridad del Estado nos detuvo a todos violentamente, a los golpes, y nos subió a un camión jaula para llevarnos a distintas estaciones policiales.

Al igual que las veces anteriores, la seguridad del Estado me dijo que tenía 48 horas para irme de Cuba. Pero esta vez me dijeron que, si no lo hacía, procesarían a doce madres de presos políticos por desorden público. En un primer momento creí que era solo una amenaza vacía, pero me dijeron ‘llevamos 20 años haciéndole esto a las Damas de Blanco’, que desde 2003 se movilizan por sus familiares detenidos. Es decir, estaban dispuestos a ir hasta el final.

La dictadura cubana conoce muy bien cómo presionarnos utilizando a nuestras familias y nuestras vidas privadas porque nos tienen bajo vigilancia y lo saben todo. Por ejemplo, saben si tu madre sufre del corazón y le hacen una visita para obligarte a que te quedes tranquila y no la mates de un infarto. Si cometiste una infidelidad, te amenazan con mostrarle fotos a tu pareja. Si estás en la universidad, te amenazan con la expulsión. Si vives en una vivienda rentada, presionan a tus caseros para que te echen. Su táctica es detectar tu debilidad y chantajearte para someterte. Al final uno se cansa de esta vida y prefiere autocensurarse.

Conmigo esas amenazas no tenían asidero, así que me amenazaron con atentar contra la libertad de terceras personas. Sabían de mis vínculos estrechos con las madres con hijos presos, y particularmente con Yudinela Castro y Bárbara Farrat. La mayoría de las madres vive en una situación de mucha precariedad y no puede denunciar las arbitrariedades que padecen. Muchas tienen a más de un hijo preso, o también a sus esposos, por lo que están bastante solas. Cuando me amenazaron con criminalizarlas y encarcelarlas, decidí que esta vez sí me tenía que ir.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Carolina. Lea la entrevista completa aquí.

También se ha intensificado el uso de las detenciones de corta duración. Como informa Prisoners Defenders, una organización de derechos humanos con sede en España que trabaja en Asia y América Latina, más de 11.000 personas -en su mayoría jóvenes, abrumadoramente negros y sin vínculos con grupos de oposición- han recibido condenas de uno a cuatro años por “peligrosidad social predelictiva”. Sin haber cometido ningún delito, han sido condenados porque se les considera propensos a cometerlos en el futuro, por haber exhibido algún comportamiento, en palabras del Código Penal, “en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.

No es de extrañar que el número de protestas disminuyera bruscamente después del 11J. Sin embargo, hay que señalar que las protestas nunca se redujeron a los niveles previos y, tras una desaceleración, su número ha empezado a aumentar nuevamente.

El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 589 protestas solamente en octubre de 2022, una media de 19 al día, incluyendo cacerolazos, bloqueos de carreteras, marchas y muchas protestas en solitario. Estas articularon tanto la ira económica y social -que dio cuenta del 55% de las protestas- como demandas de derechos políticos y civiles, presentes en el 45% restante.

La lucha continúa

La falta de oportunidades económicas y la represión del disenso son factores indisociables en tanto que motor de la protesta y el exilio porque ambos emanan de la misma fuente: un sistema autoritario que impide que las personas tomen el control de sus propias vidas.

Para el régimen cubano, el éxodo en curso es la expresión pública de un fracaso que no puede asumir, porque si el país funcionara tan bien como lo pregona, ¿por qué tanta gente querría irse?

Muchos disidentes de alto perfil están ahora entre rejas, pero quienes han sido empujados al exilio se están asegurando de que no sean olvidados. Y están golpeando al régimen donde más le duele: en el mito fundacional de la revolución, que es la base de su reputación internacional y de los apoyos que aún logra reunir.

Las medidas cada vez más represivas del régimen cubano delatan su creciente debilidad. La sociedad cubana, otrora controlada por el miedo, cada vez inspira más miedo a su propio gobierno. Pero la intensificación de repertorios de represión largamente ensayados probablemente implique que el cambio aún tardará en llegar. Hasta entonces, cabe esperar que el éxodo continúe, y que algunas de las personas más talentosas, creativas e innovadoras que tiene el país compartan sus habilidades con sus sociedades de acogida en vez de contribuir a la construcción de un futuro mejor para Cuba.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • Las autoridades cubanas deben retirar todas las acusaciones contra manifestantes y liberar a todos los presos políticos.
  • Los Estados democráticos con vínculos diplomáticos y económicos con Cuba deben presionar por la liberación de los presos políticos y la apertura del espacio cívico.
  • La sociedad civil progresista y orientada a los derechos en todo el mundo debe ponerse del lado de la asediada sociedad civil cubana, incluso apoyando los esfuerzos del activismo cubano en el exilio.

Foto de portada de Adalberto Roque/AFP vía Getty Images