El 30 de junio de 2022 se renovó el mandato del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, tras años de incidencia y campañas de la sociedad civil. Desde su creación en 2016, el Experto Independiente ha desempeñado un rol fundamental en la recopilación de pruebas, la labor de sensibilización y la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de los Estados. Los negadores de los derechos de las personas LGBTQI+ siguen intentando obstaculizar su trabajo. Al resistir la reacción antiderechos, la sociedad civil se ha asegurado de que los derechos de las personas LGBTQI+ permanezcan en la agenda de la ONU, conservando un importante aliado internacional y preservando un espacio de incidencia clave.

La pantalla se iluminó y estalló el festejo del activismo por los derechos de las personas LGBTQI+ de todo el mundo: se acababa de renovar el mandato del Experto Independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI, por sus siglas en inglés).

Este resultado no podía darse por descontado, ni el 30 de junio, cuando el mandato se renovó por segunda vez, ni cuando fue renovado por primera vez en 2019, ni mucho menos cuando fue creado, en 2016.

Desde su creación, el mandato del Experto Independiente se ha visto socavado por Estados regresivos y grupos antiderechos. Cada paso ha sido una ardua batalla contra quienes consideran que el marco internacional de los derechos humanos no es aplicable a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya que no creen que los derechos de las personas LGBTQI+ sean derechos humanos.

Antiguas líneas de batalla

El mandato del Experto Independiente fue establecido en junio de 2016 mediante la resolución 32/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), por un período inicial de tres años.

La necesidad era evidente: en 2016 más de 70 de los 193 Estados miembros de la ONU criminalizaban a las personas LGBTQI+. Así que no es de extrañar que el nuevo rol despertara mucha oposición.

La mayoría de los Estados que siguen criminalizando a las personas LGBTQI+ pertenecen al Grupo Africano, uno de los cinco grupos regionales oficiales de la ONU, o a la Organización de Cooperación Islámica (OCI), un bloque político con miembros en cuatro grupos regionales. Estos países trabajaron juntos durante años para bloquear la creación del mandato sobre SOGI y, una vez establecido, para socavar su labor e impedir su renovación.

Procedimientos especiales y mandatos temáticos de la ONU

Una de las formas en que el CDHNU trabaja para proteger y promover los derechos humanos es a través del nombramiento de “procedimientos especiales”. Los titulares de mandatos de procedimientos especiales incluyen a relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo. Existen dos tipos de mandatos: los temáticos -que se centran en cuestiones tan variadas como el derecho al agua y al saneamiento, los derechos de las personas migrantes y la violencia contra las mujeres- y los específicos por países, que incluyen a países como Afganistán, Bielorrusia y Siria.

El Experto en SOGI tiene un mandato temático que consiste en evaluar la implementación de normas de derechos humanos y protecciones para las personas LGBTQI+ contra la discriminación y la violencia, identificar buenas prácticas, generar conciencia, identificar y abordar las causas profundas de la violencia y la discriminación, dialogar y consultar con los Estados y otras partes interesadas para fomentar la protección de las personas LGBTQI+, y facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación de capacidades y cooperación internacional.

El Experto en SOGI lleva a cabo su mandato haciendo llamamientos urgentes y enviando cartas de denuncia a los Estados en relación con casos de violencia y discriminación por causa de orientación sexual o identidad de género, realiza visitas de investigación a los países y presenta informes temáticos al CDHNU y a la Asamblea General de la ONU (AGNU).

El mandato sobre SOGI fue un éxito de la sociedad civil: se materializó tras una campaña que reunió a 628 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 151 países, cinco años después de que el CDHNU adoptara su primera resolución sobre SOGI. Esta resolución pedía a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que realizara un estudio sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y que recomendara cambios en el derecho internacional sobre derechos humanos para ayudar a ponerles freno. La OACNUDH publicó su informe en 2011, seguido de otro informe actualizado en 2015.

Los intentos de establecer el mandato se remontan por lo menos a 2011, pero se necesitaron casi cinco años de negociaciones para que se presentara una resolución a tal efecto. Redactada por un grupo de siete países latinoamericanos -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay- y copatrocinada por otros 41 Estados, la resolución fue eventualmente debatida durante más de tres horas y sometida a no menos de 17 votaciones.

Varios Estados hicieron todo lo posible para bloquear la creación del mandato. Arabia Saudita primero intentó hacer retirar la resolución del orden del día, y luego se unió a sus aliados para argumentar en contra esgrimiendo sus valores culturales. Cuando la votación ya era inminente, varios Estados propusieron enmiendas para eliminar toda referencia a la orientación sexual y la identidad de género, las cuales fueron rechazadas, e intentaron añadir disposiciones sobre el respeto a la soberanía nacional y los valores tradicionales, las cuales finalmente fueron aprobadas.

La resolución 32/2 fue aprobada con 23 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, cifras mucho más ajustadas que las habituales en las votaciones del CDHNU, indicativas de una oposición notablemente mayor, incluso en comparación con otros mandatos polémicos.

El primer experto en SOGI, Vitit Muntarbhorn, fue nombrado en una sesión del CDHNU el 30 de septiembre de 2016, en la que algunos Estados continuaron cuestionando la legitimidad del mandato. En nombre de la OCI, Arabia Saudita argumentó que la cuestión era controvertida, que representaba un conjunto de valores y estilos de vida rechazados en la mayoría de las sociedades y que afectaba a sus sensibilidades culturales y religiosas. Dejó en claro que no interactuaría con el mandato y que lo boicotearía en la medida de lo posible. Rusia también indicó que no cooperaría.

La movida que siguió fue más audaz de lo previsto: los Estados que se oponían al mandato intentaron hacer que la AGNU revocara la decisión del CDHNU. La aprobación de la AGNU de las decisiones del CDHNU es normalmente una formalidad. Pero un mes después del nombramiento de Muntarbhorn, Botsuana, en nombre del Grupo Africano, presentó un proyecto de resolución para bloquear la consideración de la resolución 32/2.

El Grupo Africano afirmó que el mandato invadía injustificadamente la soberanía nacional, y que el hecho de centrarse en la discriminación contra las personas LGBTQI+ desviaba la atención de la discriminación por otras características protegidas, tales como la raza y la religión, y de otros temas que preocupaban al grupo, tales como el derecho al desarrollo. En la sesión siguiente, el representante de Botsuana argumentó que los conceptos de SOGI no estaban consagrados en el derecho internacional.

Esta tentativa fue resistida con argumentos tanto sobre la sustancia del mandato recientemente creado como sobre la importancia de respetar las decisiones del CDHNU. La batalla duró meses y se tradujo en seis votaciones distintas sobre resoluciones y enmiendas, en dos comisiones de la AGNU y en sesiones plenarias. Finalmente, la resolución fue aprobada con 84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones, una victoria estrecha pero decisiva.

Voces desde las primeras líneas

Tamara Adrián es fundadora y directora de DIVERLEX-Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, una OSC venezolana dedicada a la investigación, la formación, la incidencia y el litigio estratégico en materia de diversidad sexual.

 

El experto en SOGI es una figura sumamente importante. El arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización de ciertos grupos y de las violaciones de sus derechos. Esta ha sido la constante en relación con las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías raciales y las minorías religiosas. Mientras los intolerantes puedan decir que el problema no existe, su sistema de poder permanece activo y las cosas no cambian. En el sistema universal de derechos humanos, la visibilidad de lo que los intolerantes quieren mantener invisible se logra mediante el trabajo de personas expertas y relatores independientes.

Las organizaciones que incidimos para que se renovara el mandato hemos actuado juntas desde la campaña para la designación del primer Experto Independiente. Cada vez, el proceso se inicia mucho tiempo antes de la designación. En este caso, lo iniciamos hace unos tres años: prácticamente al año siguiente de la renovación del mandato ya estábamos trabajando para crear el grupo madre para trabajar por una nueva renovación.

Fue un proceso muy difícil, y si bien la votación eventualmente resultó favorable, a lo largo de meses los resultados de las sesiones no generaban demasiada confianza. Observamos resistencias crecientes por parte de países con posiciones fundamentalistas, cada día más aferrados a la idea de revertir derechos.

El poder de los grupos antiderechos va en aumento, lo cual posiblemente esté vinculado con la regresión que está ocurriendo en los Estados Unidos. Efectivamente, en la votación para la renovación del mandato hemos visto delineados dos grupos de países que han opuesto resistencia: por un lado, países que nunca han avanzado en el reconocimiento de derechos y en los cuales hay mucha resistencia al cambio, y por el otro, países que están retrocediendo, como los Estados Unidos.

Estados Unidos ha tenido un rol clave en el financiamiento internacional del movimiento antiderechos y en el desarrollo de nuevas iglesias neo-pentecostales alrededor del mundo, y sobre todo en África y América Latina. También ha influido sobre la formación de un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención: el movimiento de las feministas biologicistas, que niega el concepto de género, con los mismos argumentos que las iglesias más conservadoras.

Esta comunidad de argumentación es altamente sospechosa, y tanto más cuando se observan las corrientes de financiamiento procedentes de Estados Unidos que alimentan a grupos feministas biologicistas en Brasil, Centroamérica, España, el Reino Unido o República Dominicana. El blanco de estos grupos ya no son las personas LGBTQI+ en general, sino específicamente las personas trans. Al sostener el carácter biológico y natural de las diferencias buscan destruir toda la estructura de protección basada en el género.

Creo que no debemos relajarnos. Nos esperan tiempos difíciles. Es probable que muchos derechos que considerábamos ganados sean revertidos en los Estados Unidos, incluso los vinculados con la igualdad racial. Esto tendrá un fuerte impacto a nivel global

Como pasos a seguir pongo el énfasis en la organización. En muchos lugares la gente me dice “tranquila, eso jamás pasará aquí”, pero insisto, no podemos relajarnos. Debemos enfocarnos en la formación de coaliciones y organizar alianzas más fuertes que permitan detener el avance de los grupos neoconservadores y disputarles espacios de poder.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Tamara. Lea la entrevista completa aquí.

Por qué el mandato sobre SOGI es importante

El trabajo del Experto en SOGI tiene como objetivo dar visibilidad y generar conciencia sobre un fenómeno que sus oponentes niegan que exista: la discriminación y la violencia que muchas personas sufren a diario a causa de su orientación sexual o su identidad de género.

El Experto en SOGI se ocupa de identificar las causas de fondo de esta violencia y discriminación y de evaluar la idoneidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos para superarlas. En diálogo con gobiernos, grupos de la sociedad civil y otros actores, identifica las mejores prácticas y elabora recomendaciones para proteger y mejorar la situación de las personas LGBTQI+. Su mandato contribuye a la elaboración e implementación de normas de derechos humanos y proporciona asesoramiento y asistencia técnica.

Aunque ocupó el cargo durante apenas un año, el primer Experto Independiente en SOGI, Vitit Muntarbhorn, llegó a presentar un informe inaugural a la AGNU y un informe al CDHNU centrado en la descriminalización y en la legislación antidiscriminación, realizó una visita a Argentina, celebró consultas con gobiernos, sociedad civil y empresas, y respondió a situaciones preocupantes en Chechenia y en Honduras.

Víctor Madrigal-Borloz, actual titular del mandato, se ha enfocado en el reconocimiento legal de las identidades de género diversas y en su despatologización, con el objeto de cambiar el enfoque que trata a las condiciones transexual y transgénero como enfermedades mentales, así como en las dinámicas de inclusión y exclusión y en los impactos de la pandemia de COVID-19 en las mujeres y las personas LGBTQI+.

A contracorriente: las campañas por la renovación

La cuestión de la legitimidad del mandato sobre SOGI nunca terminó de resolverse, y se ha vuelto a plantear cada tres años en torno de su renovación. Una y otra vez se han esgrimido las mismas tácticas y los mismos argumentos, y cada renovación ha insumido los mismos esfuerzos que la propia creación del mandato.

En el período conducente a la votación en el CDHNU para la renovación de julio de 2019, 1.316 OSC de 174 países y territorios suscribieron una carta de apoyo, pero esto fue apenas la punta del iceberg: la labor de incidencia en el CDHNU se había mantenido constante durante años, y la batalla por la renovación había comenzado poco después del establecimiento del mandato. La primera renovación salió adelante con 27 votos a favor, 12 en contra y siete abstenciones.

En junio de 2021, 27 Estados lanzaron el Grupo de Amigos del Mandato, una agrupación informal de países que trabajan juntos en el CDHNU para apoyar el trabajo del Experto en SOGI. En el período previo a su 50a sesión en junio de 2022, 1.117 OSC de 134 estados y territorios instaron al CDHNU a renovar el mandato. Para mantener el tema en la agenda se llevó a cabo una campaña de sensibilización en redes sociales.

Durante las dos horas que duró el debate sobre la renovación se propusieron más de una docena de enmiendas hostiles que pretendían socavar los elementos fundamentales de la resolución. Éstas incluyeron las propuestas de suprimir totalmente las palabras “orientación sexual e identidad de género” y agregar las “particularidades religiosas y culturales” como motivos de denegación de derechos y reconocimiento a las personas LGBTQI+. Todas las enmiendas propuestas, excepto una, fueron rechazadas.

La renovación del mandato es una gran victoria para la sociedad civil. No solamente se ha mantenido una función que el activismo valora enormemente, sino que se le ha dado más sustancia y margen de maniobra. Aprobada con 23 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones, la resolución A/HRC/50/L.2 es la primera que condena explícitamente las leyes que criminalizan los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo y las identidades de género diversas, y reclama a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Como resultado de ello, los temas centrales del movimiento LGBTQI+ se mantendrán en la agenda del CDHNU. La sociedad civil seguirá contando con un aliado internacional clave y con un espacio global donde podrá continuar abogando por la plena igualdad y el derecho de todas las personas a una vida libre de discriminación y violencia.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • La sociedad civil no debe bajar la guardia y debe seguir trabajando a sabiendas de que dentro de tres años deberá volver a defender el mandato.
  • La sociedad civil debe seguir colaborando con el Experto en SOGI, por ejemplo respondiendo a sus pedidos de aportes para sus informes temáticos.
  • Los Estados que apoyan al Experto en SOGI deben proporcionarle toda la asistencia posible para contrarrestar los esfuerzos de los Estados regresivos para socavar el mandato.

Foto de portada de We Are/Getty Images