La suma en cuestión es astronómica, un monto que sería capaz de lograr un verdadero bien social: en abril, el multimillonario de PayPal, Elon Musk, acordó pagar 44.000 millones de dólares para que Twitter pasara a ser de su propiedad. El acuerdo aún no se ha cerrado y actualmente enfrenta algunos obstáculos, entre los cuales se cuentan la importante caída del valor de las acciones de Tesla, la empresa automovilística de Musk, y un enfrentamiento en curso en torno del número de cuentas falsas, que podrían presagiar una retirada o un intento de negociar un precio más bajo.

En suma, prevalece la incertidumbre. Pero si tiene éxito, el acuerdo tendrá implicaciones potencialmente ominosas, en particular frente a la cercanía de las cruciales elecciones estadounidenses de mitad de período, que tendrán lugar en noviembre. Son muchas las cosas que funcionan bien en Twitter, y ninguna de ellas se arreglaría con esta movida.

Libertad de expresión del odio

Aunque no fue diseñado para ello, Twitter se ha convertido, por utilizar la descripción de Musk, en una especie de “ágora digital” global: una escena de conversación y contestación, un espacio clave donde, entre otras cosas, tiene lugar el debate político.

También se ha convertido en una fuente masiva de desinformación, con consecuencias de gran alcance, en particular en tiempos de elecciones y a la hora de salvar vidas durante la pandemia de COVID-19. Bajo sus actuales propietarios, Twitter ha enfrentado constantes acusaciones de no hacer lo suficiente para combatir la circulación de desinformación y las incitaciones al odio. Sin embargo, ha dado bajo presión algunos pasos vacilantes, tales como la exclusión de Donald Trump tras el intento de insurrección producido en los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Musk ha criticado incluso estas limitadas medidas, posicionándose como un defensor acérrimo de la libertad de expresión. Naturalmente, cuando sus intereses empresariales están en juego la realidad es algo diferente: por ejemplo, se ha informado que los trabajadores de sus empresas Tesla y SpaceX deben firmar acuerdos de no divulgación y se comprometen a no emprender nunca acciones legales contra su empleador. No es extraño que amenace con emprender acciones legales en respuesta a las críticas, y en marzo un empleado de Tesla dijo que había sido despedido después de publicar un video en YouTube donde alertaba sobre los problemas de seguridad de un vehículo autónomo o sin conductor.

Puede que ahora diga que se opone a los bots, pero el perfil y la fortuna del propio Musk se han visto impulsados por ellos. Musk también ha provocado ataques en Twitter contra sus críticos, entre ellos la propia directora jurídica de Twitter, Vijaya Gadde; sus tuits críticos provocaron una avalancha de odio, en parte de carácter racista, por parte de sus seguidores, autoproclamados libertarios.

También ha dicho que Twitter “tiene un fuerte sesgo de izquierda” y ha compartido memes de derecha en apoyo de esta afirmación, incluido uno que sugiere que el espectro político en los Estados Unidos se ha desplazado recientemente hacia la izquierda, una idea que difícilmente resiste un escrutinio serio. Parece claro en qué dirección apunta.

Las voces de extrema derecha ya han prosperado en Twitter, aunque que simultáneamente se afirme que están siendo silenciadas o “canceladas”. Muchas investigaciones evidencian la falsedad de la afirmación de que Twitter y otras plataformas de redes sociales censuran de forma desproporcionada las voces de derecha. Investigaciones realizadas en Estados Unidos indican además que, si bien es cierto que más republicanos que demócratas han sido suspendidos en Twitter, esto se debe simplemente a que los partidarios republicanos difunden mucha más desinformación. El año pasado, Twitter admitió que, lejos de estar sesgado contra las voces conservadoras, sus algoritmos amplifican desproporcionadamente los tuits de políticos y fuentes de noticias de derecha.

La propuesta de adquisición promete más y peor. Musk ya ha dicho que pondría fin a la exclusión de Trump, describiéndola como “moralmente incorrecta”. Trump insiste en que no necesita a Twitter, pero a nadie le sorprendería que reclamara esta plataforma crucial para difundir su discurso tóxico de cara a una probable candidatura presidencial en 2024.

El anuncio de la adquisición por parte de Musk provocó incluso un aumento del número de seguidores de destacadas cuentas de derecha y pérdidas de seguidores para algunas de izquierda, lo que da un indicio de qué tipo de personas se entusiasmaron con la noticia: daría la impresión de que muchas personas de derecha que aún no estaban en Twitter se unieron en anticipación de lo que vendrá, mientras que algunas de izquierda cerraron sus cuentas.

El peligro es que la libertad que Twitter promovería bajo Musk no es otra que la libertad de las voces del odio. Un Twitter sin moderación sería un espacio donde dominarían la desinformación y el discurso de odio, donde los grupos excluidos y quienes desafían al poder político y económico serían atacados de forma aún más implacable que ahora. Las voces a favor de los derechos y la diversidad serían amortiguadas, silenciadas por el abuso, mientras que las voces extremistas se amplificarían.

La moderación, que en la actualidad dista mucho de ser perfecta, debe ser reconocida como una herramienta que promueve la libertad de expresión y la única forma de permitir un debate razonado y de que se escuchen voces diversas.

¿Espacio público o juguete privado?

El poder de Twitter proviene de su multitud de usuarios, para muchos de los cuales se ha convertido en un elemento esencial de la vida cotidiana y en un medio clave para comunicarse y relacionarse con el resto del mundo. Pero para los ultrarricos, cuya riqueza no ha hecho más que crecer durante una pandemia que ha puesto a muchos bajo una gran presión económica, no es sino un activo más con el que pueden hacer sus apuestas.

El acuerdo propuesto convertiría a Twitter, una empresa que cotiza en bolsa y que al menos debe rendir cuentas a sus accionistas, en una empresa privada en la que Musk no debería rendir cuentas a nadie más que a sí mismo. Sería libre de establecer las reglas que quisiera, convertido en el propietario privado de la plaza pública.

Musk es, según algunos, la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado en 221.500 millones de dólares. Su única calificación para desempeñar el rol de árbitro de la libertad de expresión es su riqueza. Esto debería, al menos, incitar a la reflexión sobre cómo se gobierna el espacio virtual, independientemente de que la adquisición siga adelante. Si no es posible confiar en que las grandes empresas de redes sociales se pongan a la altura de la inmensa responsabilidad que conlleva su gran poder, habrá que explorar otras opciones.

Una forma de avanzar sería que los Estados desarrollen regulaciones más fuertes contra la desinformación y la incitación al odio en línea. Estos problemas son tan graves que es correcto que los gobiernos desempeñen un rol en ese sentido. No se puede dejar que las empresas -especialmente las de propiedad privada- decidan por sí solas lo que se puede decir y quién puede decirlo.

Pero al mismo tiempo la regulación estatal involucra numerosos desafíos. En todo el mundo los gobiernos están reprimiendo el espacio cívico, y una de las principales formas en que lo hacen es mediante leyes y acciones que limitan la expresión en internet. Los activistas por la democracia y los derechos humanos están siendo criminalizados mediante leyes sobre ciberdelincuencia y terrorismo y vilipendiados por líderes políticos y ejércitos de trolls profesionales. No se debe hacer nada que empeore esta situación. Los peligros que esto supone solo pueden ser evitados mediante el trabajo en colaboración con la sociedad civil.

Es necesario que más Estados democráticos tomen la iniciativa y desarrollen regulaciones mediante amplias consultas públicas. En ese sentido de están produciendo algunos procesos positivos. Si bien hay esfuerzos en marcha en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) es la que más ha avanzado. En abril aprobó la Ley de Servicios Digitales, que promete nuevas normas para que las principales plataformas -las que tienen más de 45 millones de usuarios en la UE, lo cual incluye a Twitter- evalúen y gestionen los riesgos que conllevan sus servicios. Ello incluye los riesgos de difundir desinformación y discurso de odio. Las empresas de redes sociales tendrán que realizar auditorías anuales y abrirse al escrutinio de la sociedad civil, y pagarán severas multas en caso de incumplimiento.

Si se aplica correctamente, el enfoque de la UE podría marcar la diferencia. La sociedad civil de la UE debería movilizarse para vigilar la implementación de la nueva ley, y la sociedad civil del resto del mundo debería presionar para que se establezcan normas estrictas en materia de desinformación e incitación al odio. No deberían confiar en que Twitter lo haga por sí mismo, ni en su forma actual ni bajo eventuales propietarios futuros.