Puesto que las empresas transnacionales representan más de un tercio del producto bruto interno mundial y la mitad del comercio internacional, es imprescindible establecer normas que las obliguen a rendir cuentas por las consecuencias de su poder. Las actividades empresariales son responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos, que incluyen destrucción ambiental, desplazamientos forzados, explotación laboral y complicidad en conflictos. Estas violaciones afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, activistas ambientales y comunidades del sur global. Aun así, a menudo quedan impunes debido a las lagunas del derecho internacional.

Esta realidad impulsó a la sociedad civil a presionar por la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que trate sobre el rol de las empresas y el respecto a los derechos humanos. La campaña dio lugar a un proceso de negociación dentro del marco de las Naciones Unidas (ONU) que está entrando hoy en su segunda década.

El proceso del tratado

El camino hacia un tratado vinculante comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU adoptó una resolución que creó un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar un “instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Esta resolución representó una importante victoria para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que llevaban años haciendo campañas en favor de mecanismos internacionales más sólidos para obligar a las empresas a rendir cuentas. La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) y la Campaña Mundial para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad jugaron un papel clave a la hora de movilizar apoyos en favor de la resolución.

La resolución se aprobó con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, dejando en evidencia una clara división entre las posturas del sur y el norte global. Mientras que todos los votos a favor provinieron de países del sur global, incluidos China e India, los principales países del norte global, incluidos varios países europeos, Japón y Estados Unidos, lideraron la oposición. Estas posturas no han cambiado mucho con el tiempo, aunque las divisiones fueron algo diferentes cuando el ámbito de aplicación del tratado se amplió para incluir a empresas más allá de las corporaciones transnacionales.

En parte, esta división refleja una brecha persistente entre, por un lado, los países -generalmente del sur global- donde operan las empresas transnacionales y cuyas poblaciones sufren directamente los impactos de sus abusos de derechos humanos y, por otro, los países -en su mayoría del norte global- donde estas empresas tienen sus sedes, los cuales se resisten a imponer regulaciones vinculantes por sus intereses económicos y la influencia política del sector empresarial.

Desde el principio, Ecuador ha presidido el proceso. Ha sido justamente este el país que, junto con Sudáfrica, patrocinó la resolución original. En septiembre de 2017, publicó un documento titulado “Elementos para el proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, que se debatió en la sesión celebrada un mes después. Posteriormente, la presidencia elaboró un Borrador Cero que recibió nuevos aportes en la cuarta sesión del grupo de trabajo en octubre de 2018.

En los años siguientes tuvieron lugar sucesivas rondas de negociaciones que resultaron en nuevos borradores, el más reciente de los cuales es la versión actualizada que se publicó en julio de 2023. Un año más tarde, el CDH adoptó una decisión destinada a fortalecer su apoyo al grupo de trabajo, garantizándole fondos para la realización de consultas entre los períodos formales de sesiones A principios de 2025, la presidencia publicó una hoja de ruta actualizada que incluye cuatro de estas reuniones intermedias para debatir los artículos del borrador y recibir comentarios sobre temas clave. Las reuniones se celebrarán entre abril y agosto y tratarán cuestiones tales como derechos y la protección de las víctimas, acceso a la justicia, prevención, responsabilidades jurídicas, jurisdicción y plazos de prescripción. La decimoprimera sesión del grupo de trabajo se celebrará en octubre.

A lo largo de todo este proceso, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental manteniendo el impulso y la exigencia. Ha trabajado para amplificar las voces de las comunidades afectadas, combinado experiencia en el terreno con conocimientos jurídicos, y abogado por medidas firmes en materia de responsabilidad empresarial, acceso a la justicia para las víctimas y obligaciones de los Estados de regular las actividades de sus empresas en el extranjero. En este esfuerzo, la sociedad civil encontró un aliado en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, creado por el CDH en 2011 para promover, difundir y aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Al igual que ocurre con otros mandatos de la ONU, este grupo está compuesto por personas expertas independientes, en su mayoría procedentes de la academia y cercanas a la sociedad civil.

Las últimas novedades

El grupo de trabajo concluyó su décima sesión en diciembre de 2024. Además de la nueva hoja de ruta, hubo otros avances importantes tales como el nombramiento de un grupo de expertos jurídicos para apoyar al grupo de trabajo y responder a las preguntas planteadas por Estados y OSC.

Paralelamente, el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el mayor evento mundial sobre empresas y derechos humanos, que se reúne desde 2011, celebró su más reciente edición en Ginebra el pasado noviembre. Allí, cerca de 4.000 personas de 156 países debatieron sobre cambio climático, nuevas tecnologías, derechos de los pueblos indígenas, protección de las personas con discapacidad, acceso a la justicia y debida diligencia en materia de derechos humanos. Durante el foro, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado a la inclusión de todas las partes interesadas en los debates y abogó por una “combinación astuta” de medidas tanto voluntarias como obligatorias para las empresas en materia de derechos humanos, tal y como se prevé en los Principios Rectores. El Alto Comisionado también hizo hincapié en que “el mundo espera que las empresas asuman su responsabilidad”.

Influencia empresarial y resistencias del norte global

Aun así, el tratado sigue enfrentando resistencias provenientes de dos fuentes principales: los Estados del norte global y el lobby empresarial. Muchos países del norte global donde las principales empresas transnacionales tienen sus sedes, como Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y varios Estados miembros de la Unión Europea (UE), se han mostrado reacios a participar de forma constructiva en la negociación del tratado y han dejado en claro que prefieren medidas voluntarias en lugar de normativas vinculantes.

La posición de la UE ha sido especialmente controvertida. Ha habido algunas señales positivas, como la votación del Parlamento Europeo en enero de 2024 instando a los Estados a participar activamente en la negociación del tratado y la adopción en julio de la Directiva sobre Debida Diligencia en materia de Sostenibilidad Corporativa para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, resultado de la fuerte labor de incidencia de la sociedad civil. Sin embargo, la UE sigue mostrándose reticente al cambio. Ha concedido a las empresas considerable influencia en los debates y a menudo prioriza los intereses corporativos sobre los derechos humanos.

Lo que es todavía más alarmante, los últimos acontecimientos indican que los líderes de la UE podrían estar dando marcha atrás a compromisos previos, reflejando el giro hacia la derecha que está teniendo lugar en muchos Estados de la UE. En febrero de 2025 se filtró una propuesta “ómnibus” que plantea introducir grandes cambios en la legislación de la UE, incluida la Directiva sobre Debida Diligencia. Aunque la propuesta es presentada como una simplificación de las leyes de la UE, sus críticos sostienen que debilitaría significativamente los derechos laborales y las leyes de debida diligencia para las empresas, a nivel tanto nacional como internacional. El Fondo Mundial para la Naturaleza ha advertido que sería “un golpe devastador para los objetivos ambientales de la UE”.

En respuesta, más de 160 organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos, le reclamaron a la Comisión Europea que protegiera su legislación en materia de rendición de cuentas. La movilización de la sociedad civil se hizo visible el 25 de febrero, cuando el Sindicato Europeo de Servicios Públicos y unos 40 grupos activistas se manifestaron contra este retroceso frente a la Comisión Europea. Aún está por verse si la propuesta ómnibus es adoptada. Este proceso podría demorarse años debido a la larga y compleja naturaleza de los debates en las instituciones de la UE.

Otro desafío importante radica en la participación directa de representantes de las empresas transnacionales en las negociaciones del tratado. Los lobbies empresariales han intentado en varias ocasiones boicotear el proceso, intentando modificar la estructura y alcance del tratado. Una de sus tácticas ha sido presionar para que el tratado englobe a “todas las empresas” en lugar de centrarse específicamente en las transnacionales, lo que muchos miembros de la sociedad civil consideran que podría diluir su efectividad.

Durante las sesiones del año pasado surgió la preocupación de que las empresas capturaran el proceso. Algunos Estados se opusieron firmemente a su participación formal, proponiendo en cambio que todas las partes con conflictos de intereses fueran excluidas de los debates. Sin embargo, esta petición fue desoída.

El camino trazado por la sociedad civil

A pesar de estos desafíos, un tratado ambicioso que garantice la prevalencia de los derechos humanos sobre los beneficios empresariales sigue estando al alcance de la mano.

Además de establecer regulaciones a nivel internacional, un tratado vinculante podría inspirar a los países a formular sus propias regulaciones para fortalecer sus sistemas jurídicos, creando así un círculo virtuoso de rendición de cuentas. Esto se vuelve especialmente relevante si se considera que el contexto global actual está caracterizado por crisis interconectadas, como las del clima, la democracia y la desigualdad económica, donde las que las empresas transnacionales juegan un papel activo como instigadoras y como beneficiarias.

La sociedad civil está desempeñando un papel fundamental, empujando el proceso del tratado, haciendo aportes constructivos y amplificando las voces de las comunidades afectadas. Para lograr un tratado vinculante que garantice justicia para las víctimas, este esfuerzo debe continuar. La sociedad civil debe seguir presionando para que los Estados actúen con mayor urgencia, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas amenazas que enfrentan los activistas que abogan por la rendición de cuentas de las empresas.

El progreso es lento pero constante, y el mensaje de la sociedad civil es claro: las personas deben estar por encima de las ganancias y el tiempo para que las empresas rindan cuentas de manera efectiva llegó hace rato.

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