La comunidad global de derechos humanos puede respirar aliviada. El intento de Rusia de reincorporarse al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el principal órgano mundial de derechos humanos, ha fracasado.

En la votación para designar a los nuevos miembros, celebrada el 10 de octubre, Rusia quedó en un lejano tercer puesto en la competencia para elegir a dos miembros del Consejo procedentes de Europa Central y Oriental. En una votación abierta a todos los Estados miembros de la ONU, sus competidores Bulgaria, con 160 votos, y Albania, con 123, quedaron muy por delante de Rusia, que recibió 83 votos. En consecuencia, Rusia por lo pronto no regresará al Consejo de Derechos Humanos, del que fue suspendida en abril de 2022 como consecuencia de su guerra contra Ucrania.

Hubiese sido una burla permitir la reincorporación de Rusia al Consejo. Sobre Vladimir Putin pesa actualmente una orden de detención de la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra por el secuestro y traslado de niños ucranianos a Rusia. La ONU ha aumentado el escrutinio de la situación de su país, y el Consejo votó el año pasado la creación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania y un relator especial sobre los derechos humanos en Rusia. El último informe de la Comisión encontró continuas pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas, incluido el uso generalizado y sistemático de la tortura y la violencia sexual.

En virtud de la resolución por la que se creó el Consejo de Derechos Humanos en 2006, los Estados, al votar, deben “tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos”. Una vez elegidos, los miembros del Consejo deben “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”. Sería imposible que Rusia cumpliera con estos requisitos.

Al perder esta elección, se le ha negado al gobierno ruso una plataforma clave para promover su visión según la cual los líderes nacionales podrían redefinir los derechos humanos a su conveniencia. Si su candidatura hubiera prosperado, habría podido seguir afirmando que las críticas a su historial de derechos humanos sólo proceden de Estados occidentales que impulsan una agenda política. Pero el hecho es que ha sido rechazada por la mayoría de los miembros – en su mayoría procedentes del Sur global – de la Asamblea General de la ONU, el máximo órgano mundial.

Abusadores de derechos al frente

No son todas buenas noticias. En enero entrarán a formar parte del Consejo algunos Estados responsables de atroces crímenes y represores de los derechos fundamentales de la sociedad civil a organizarse, protestar y expresarse. Nueve de los 15 nuevos miembros imponen graves restricciones al espacio cívico.

China está a la cabeza. Silencia sistemáticamente la disidencia, incluso mediante detenciones generalizadas, censura y vigilancia omnipresente. Ha llevado a cabo una larga campaña represiva contra los defensores de la democracia en Hong Kong y ha cometido graves delitos contra los derechos humanos de la población musulmana en la región de Xinjiang.

El segundo Estado reelegido para el Consejo cuyo espacio cívico es cerrado es Cuba. También es un Estado totalitario con un control social omnipresente en el que los disidentes se encuentran sistemáticamente encarcelados y las protestas duramente reprimidas.

En Burundi, un clima de temor alimenta la autocensura, las leyes restringen gravemente la capacidad de actuación de las organizaciones de la sociedad civil y apenas ha habido rendición de cuentas por las violaciones a gran escala de los derechos humanos cometidas en el pasado por el partido gobernante. El historial de Kuwait no es nada mejor: se criminaliza a los activistas en línea y se persigue a la comunidad apátrida Bedoon y a quienes defienden sus derechos. Indonesia, por su parte, asiste a un deterioro de su espacio cívico: leyes contra la difamación criminalizan la disidencia, la policía hace uso brutal de la fuerza contra manifestantes, y los activistas por la independencia en la región de Papúa son sometidos con frecuencia a acoso, intimidación y persecución.

El resultado de la última ronda de votaciones es un Consejo en el que la balanza se ha inclinado ligeramente a favor de los Estados con un espacio cívico más abierto, pero los Estados que imponen restricciones graves al espacio cívico mantienen su mayoría. Gracias a la reelección de China y Cuba, es probable que la alianza represiva de Estados que se protegen mutuamente y rechazan el escrutinio en nombre de la soberanía siga siendo tan fuerte como siempre.

Elecciones no competitivas

Esto se debe en parte a que la mayoría de los Estados ocupan sus escaños en el Consejo sin oposición. El Consejo tiene 47 miembros con mandatos de tres años, de los que aproximadamente un tercio rota cada año. Sin embargo, los Estados pueden presentarse para un segundo mandato, como han hecho China, Cuba, Francia y Malawi en esta ocasión. Se asignan puestos a cada uno de los cinco bloques regionales de la ONU: África, Asia y el Pacífico, Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados.

Las elecciones no suelen ser competitivas. Esta vez, el resultado estaba en juego en solo dos regiones, ya que África, Asia y Europa Occidental y otros Estados presentaron listas cerradas, con tantos candidatos como escaños disponibles. En Europa Central y Oriental, la competencia fue crucial para evitar que Rusia se hiciera con un escaño. Pero, por otro lado, en América Latina y el Caribe la votación competitiva produjo un resultado decepcionante: Cuba encabezó la votación con 146 votos, y Perú perdió.

Más allá de Cuba, el recuento de votos refleja en cierta medida un intento de la sociedad civil y de los Estados más democráticos de hacer pesar los derechos humanos en las decisiones de voto. Puede que haya tenido efecto la campaña concertada de reducción del nivel de apoyo a China, quien obtuvo menos votos que los otros tres Estados asiáticos en su competencia cerrada. Burundi quedó igualmente en último lugar en el grupo africano, y algunos Estados ejercieron la única opción disponible: abstenerse en lugar de apoyar. Rusia quedó en un lejano tercer puesto, aunque no deja de ser preocupante que 83 Estados la apoyaran y 164 respaldaran a China.

La sociedad civil sigue reclamando elecciones realmente competitivas en cada bloque regional y un mayor escrutinio y debate acerca de los historiales de derechos humanos de los países candidatos. Si bien la adhesión de Cuba demuestra que las elecciones competitivas no dan soluciones mágicas, al menos amplía el ámbito de acción de la sociedad civil.

Violaciones de derechos humanos persistentes

Podría argumentarse que incorporar al Consejo Estados con prácticas regresivas en materia de derechos humanos los expone a un mayor escrutinio de su historial nacional de derechos humanos y los obliga a cumplir normas más estrictas. Pero si alguna vez fue así, ahora es cuestionable.

La última ronda de elecciones, hace un año, incorporó a Vietnam al Consejo, pero su pésimo historial en materia de derechos humanos se ha deteriorado aún más desde entonces, con una reciente oleada de encarcelamientos de activistas medioambientales. Lo mismo puede decirse de India, que se incorporó el año anterior, pero sigue atentando impunemente contra los derechos humanos: este mes fueron atacadas las libertades de los medios de comunicación, lo que incluyó redadas coordinadas en 40 ubicaciones de personas relacionadas con el medio NewsClick, y la detención de personal dirigente. Y desde que Sudán se incorporó al Consejo, ha estallado un conflicto entre facciones militares en el que se han cometido múltiples atrocidades, que ha costado miles de vidas y ha obligado a huir a millones de personas.

Y luego está China. En la inauguración de la Asamblea General de la ONU el mes pasado, el representante de China habló de la necesidad de promover los derechos humanos a través del diálogo y la cooperación – un discurso digno de ser pronunciado por Estados que mantienen su puesto en el Consejo de Derechos Humanos.

Pero no son más que palabras vacías. El año pasado, la ONU publicó un informe en el que investigaba las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por China en Xinjiang. El informe halló evidencia creíble de tortura, violencia sexual y de género, control forzado de la natalidad, detenciones arbitrarias y discriminatorias y discriminación por motivos religiosos y étnicos. Concluía que podría tratarse de crímenes internacionales. Como respuesta, el gobierno chino se esforzó por impedir que se publicara el informe. Y al solo conseguir el retraso de la publicación, hizo todo lo posible para persuadir a los Estados de que impidieran que se debatiera el informe. El pasado mes de octubre, el Consejo votó por escaso margen en contra de una resolución para organizar un debate sobre el informe. China pudo utilizar su papel en el Consejo para impedir, en lugar de promover, el debate y el escrutinio de los derechos humanos. No hay indicios de que las cosas vayan a cambiar.

Un balance mixto

En cuanto al fondo de los debates del Consejo de Derechos Humanos en su última sesión, los resultados fueron desiguales. Se acogió con satisfacción la renovación de los mandatos de algunos relatores especiales clave – expertos independientes que supervisan y asesoran sobre situaciones específicas de derechos humanos – como los de Afganistán, Camboya y Rusia.

La resolución sobre Afganistán se hizo eco de varias de las peticiones de la sociedad civil, como la reinstauración del Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la institución nacional de derechos humanos, abolidos por los talibanes, y la creación de un entorno propicio para la sociedad civil. Hubo una resolución firme sobre Burundi, que reflejaba ampliamente las demandas de la sociedad civil y renovaba el mandato del relator especial. El Consejo también votó la creación de una comisión de investigación de las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en el conflicto de Sudán.

Pero en muchos casos, las resoluciones fueron menos contundentes que las demandas de la sociedad civil. Peor aún, esta vez no se dijo nada sobre China, lo que significa que el Consejo hizo incluso menos que el año anterior, cuando al menos había habido una votación. Una vez más, el Consejo no respondió adecuadamente a la situación de los derechos humanos en el contexto del conflicto de Yemen. Y, lo que es más decepcionante, el mandato de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, creada hace dos años en respuesta al conflicto de la región de Tigray, expiró sin que se votara su renovación. Esto se produjo a pesar de que su último informe concluyó que se habían producido violaciones “graves y sistemáticas” de derechos humanos, las cuales continuaban a pesar del acuerdo de paz alcanzado el pasado noviembre.

El gobierno etíope, que a principios de año también presionó con éxito por el fin de una iniciativa similar de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, se ha salido con la suya, cerrando camino al escrutinio internacional de las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometen mientras el conflicto sigue recrudeciéndose.

A pesar de estos contratiempos, la sociedad civil seguirá aprovechando todas las oportunidades que se le presenten para colaborar con el Consejo de Derechos Humanos e intentar influir en él. Seguirá utilizando sus mecanismos para defender y promover los derechos humanos, abogar por que los Estados mejoren, denunciar sus violaciones de derechos y exigirles rendición de cuentas. Los Estados deben reconocer el papel fundamental de la sociedad civil para alcanzar los objetivos del Consejo y hacerlo más eficaz. Abrir el proceso de elección para que haya más competencia y un mayor escrutinio por parte de la sociedad civil sería un paso adelante de gran utilidad.