El 20 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) asumió un compromiso vital para proteger a las personas de los impactos climáticos, al adoptar una resolución sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. El texto retoma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitida el año pasado, en la que se determinó que los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios a su alcance para prevenir actividades que causen daño ambiental. En la práctica, esto significa que deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los Estados votaron a favor pese a la campaña que la administración de Trump orquestó para bloquearla.

Decisión histórica

La decisión de la CIJ marcó un hito. Por unanimidad, la Corte rechazó los argumentos de los petroestados y de los poderosos Estados del Norte Global, que negaban que se pudiera responsabilizar a cada país por su contribución al daño climático. La decisión reafirmó la importancia del Acuerdo de París, pero fue más allá y sustentó su postura en el derecho internacional consolidado para dejar en claro que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos, porque el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para el goce de los demás derechos. También sostuvo que los Estados deben cooperar de buena fe para alcanzar los objetivos climáticos. Y estableció que incumplir las obligaciones climáticas constituye un acto ilícito intencional y, por eso, los Estados pueden enfrentar acciones legales que los obliguen a cambiar de conducta y a reparar los daños.

El gobierno de Vanuatu llevó el caso ante la CIJ con el respaldo de otros Estados insulares del Pacífico que están entre los más afectados por los daños del cambio climático. Fue también una victoria para la sociedad civil: la campaña se inició a partir del pedido de 27 estudiantes de Derecho que crearon la organización Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático (Pacific Islands Students Fighting Climate Change) para presionar a sus gobiernos a acudir a la Corte.

Las opiniones consultivas de la CIJ no son jurídicamente vinculantes, pero sus argumentos suelen pesar en los litigios nacionales y regionales. Así refuerza las demandas climáticas que la sociedad civil interpone cada vez con más frecuencia contra Estados y empresas para frenar prácticas dañinas y obligarlos a cumplir sus compromisos nacionales e internacionales. La opinión consultiva sobre el clima ya está siendo citada en audiencias judiciales. El año pasado, un juez brasileño la invocó al ordenar el cierre de una mina de carbón y una central termoeléctrica, aunque su sentencia se encuentra actualmente en suspenso a la espera de una apelación.

De la opinión a la resolución

Los Estados poderosos están haciendo todo lo posible por ignorar la opinión consultiva de la CIJ. En la última cumbre climática mundial, la COP30, celebrada en Brasil, el gobierno de Arabia Saudita vetó cualquier referencia a ella. Por eso Vanuatu impulsó la resolución de la Asamblea General para que reconociera la validez jurídica internacional de la opinión y alentara una mayor implementación. La resolución también mantiene la opinión consultiva en el centro de la atención internacional, al exigir que el próximo año se presente ante la Asamblea General un informe sobre cómo avanzar en el cumplimiento de las conclusiones de la CIJ.

La aprobación distó mucho de ser unánime. Como parte de su amplia campaña en defensa de los intereses de las empresas de combustibles fósiles, la administración de Trump instó a sus aliados a presionar a Vanuatu para que retirara la resolución. También ha abandonado el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se ha retirado de numerosos organismos internacionales sobre el clima y el medio ambiente y ha bloqueado un acuerdo sobre las emisiones del transporte marítimo mundial.

Vanuatu se negó a dar marcha atrás, aunque la oposición lo obligó a hacer concesiones y a retirar algunas partes del borrador, entre ellas una propuesta para crear un registro de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático que podría haber reforzado los reclamos de indemnización. El activismo criticó a los Estados de la Unión Europea por no apoyar la resolución con suficiente contundencia.

Aun así, ocho Estados votaron en contra: Arabia Saudita, Bielorrusia, Estados Unidos, Irán, Israel, Liberia, Rusia y Yemen, una lista de Estados petroleros, de países que ignoran sistemáticamente las normas internacionales y de sus aliados más cercanos. La administración de Trump ha emitido un comunicado en el que pone en duda la legalidad de la resolución y sigue cuestionándola. Otros 28 Estados se abstuvieron; entre ellos, países de peso como Argentina, India, Nigeria y Sudáfrica.

Impulso y resistencia

Aunque el apoyo a la resolución no es unánime, los Estados que la respaldaron han dejado claro que actuar frente a la crisis climática no es cuestión de conveniencia política, sino de respeto al derecho internacional.

La resolución se suma además al creciente impulso de la acción climática, a pesar de los intentos de un puñado de Estados poderosos por hacer retroceder al mundo. Las energías renovables ya generan alrededor del 30% de la electricidad mundial, y las inversiones en renovables, que en 2025 ascendieron a 2,4 billones de dólares, duplicaron con creces las destinadas a los combustibles fósiles. La Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, celebrada en abril, reunió a 57 Estados que se comprometieron a elaborar hojas de ruta nacionales para eliminar progresivamente la producción y consumo de combustibles fósiles.

Estas medidas están surtiendo efecto. En mayo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que asesora científicamente sobre las políticas climáticas, descartó su peor escenario sobre los posibles efectos del cambio climático: el que preveía un aumento de las temperaturas mundiales de hasta 4,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Lo hizo porque las reducciones de emisiones logradas hasta ahora han marcado la diferencia.

El estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, fue bloqueado durante la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ese bloqueo ha dejado cada vez más claro que la dependencia de los combustibles fósiles solo beneficia a unos pocos Estados petroleros y deja vulnerables a todos los demás. La guerra ha provocado, por ejemplo, un fuerte aumento de las ventas de vehículos eléctricos en Europa y una notable expansión de los planes de energía solar en Corea del Sur.

Activistas en el punto de mira

El caso ante la CIJ es solo un ejemplo del papel decisivo de la sociedad civil para impulsar la acción climática. Con tácticas muy diversas que incluyen protestas callejeras, acción directa no violenta, campañas públicas y litigios, los activistas exigen medidas más ambiciosas y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, y se oponen a nuevos proyectos de combustibles fósiles. Con ello están dejando en claro que la acción climática implica mucho más que reducir las emisiones: se trata de proteger los derechos humanos y reequilibrar el poder para hacer del mundo un lugar más igualitario y justo.

Pero lo están pagando caro. Los activistas climáticos y ambientales y las personas defensoras de los derechos indígenas y de la tierra se enfrentan a una dura represión. Las empresas de combustibles fósiles y los Estados que han caído bajo su control están contraatacando, tratando de retrasar lo más posible la eliminación gradual de los combustibles fósiles, porque cada día de demora significa más beneficios. Y lo hacen aunque cada fracción de grado de calentamiento agrava la situación de millones de personas. Están utilizando la criminalización y la violencia para intentar acallar las voces de la sociedad civil.

El Centro de Empresas y Derechos Humanos constató que, en 2025, tres cuartas partes de los casi 800 ataques documentados contra personas que se pronunciaron contra las empresas se dirigieron contra quienes se movilizaron por cuestiones climáticas, ambientales y de derechos sobre la tierra.

Los ataques se están dando en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur Global, incluso en países que intentan presentarse como defensores del clima pero no hacen lo suficiente para predicar con el ejemplo. El gobierno francés ha difamado repetidamente a los activistas ambientales y ha facilitado la criminalización y la violencia policial contra sus protestas. El año pasado, el gobierno alemán inició una investigación sobre la financiación pública de los grupos ecologistas, el Parlamento neerlandés aprobó una moción que declaraba a Extinction Rebellion una “organización ilegal, perturbadora de la sociedad y vandálica”, y el gobierno portugués incluyó a grupos ecologistas en una sección sobre terrorismo de su informe anual de seguridad. Las autoridades de Australia y Nueva Zelanda han detenido a numerosas personas en protestas climáticas y ambientales, incluidas las de oposición a la minería del carbón.

En 2024, diez activistas del grupo ecologista Mother Nature Cambodia recibieron duras condenas como represalia por alertar a la población sobre los efectos de los proyectos extractivos y de infraestructura. Hoy, siguen en prisión y se los declaró culpables, entre otros cargos, de insultar al rey y conspirar contra el Estado. En México, Kenia Hernández, líder del movimiento campesino Zapata Vive, que defiende los derechos sobre la tierra, cumple una condena de diez años y medio por cargos falsos de robo con violencia.

En Uganda, las autoridades detuvieron a 11 activistas en 2025 por protestar contra la construcción del oleoducto de crudo de África Oriental. En Perú, la policía utilizó gases lacrimógenos y armas no letales contra quienes bloqueaban una carretera en protesta contra una mina. Un tribunal indonesio encarceló a 11 integrantes de una comunidad indígena por obstaculizar la minería de níquel. En enero, la policía registró el domicilio de Harjeet Singh, uno de los activistas ambientales más destacados de la India y firme defensor de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. En Chile, donde el gobierno ha debilitado las leyes ambientales, las activistas indígenas sufren intimidación, acoso judicial y ataques violentos por oponerse a proyectos a gran escala.

La resolución de la ONU deja claro que la criminalización y la violencia son incompatibles con las obligaciones de los Estados, y que todos tienen un papel que desempeñar en la acción climática. La misma insta a los Estados a “garantizar la participación plena, significativa e igualitaria de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las personas de ascendencia africana, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables en la toma de decisiones sobre la acción climática”.

Los Estados que respaldaron la resolución están atacando a las mismas personas con las que se les exige que colaboren. No podrán cumplir sus obligaciones climáticas a menos que dejen de reprimir a la sociedad civil. La resolución debería dar un nuevo impulso a los reclamos de la sociedad civil para sustituir la represión por la colaboración.

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